Transparencias las menos

Pepe Reig Cruañes

La entrada en funcionamiento del Portal de la Transparencia a finales de 2014 es la primera, o quizá segunda, concreción práctica de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Un hito de modernidad en un país empedernidamente opaco desde mucho antes de aquel “vuelva usted mañana” con que Larra nos tenía retratados.

Esa opacidad, medio ambiente natural del autoritarismo, tenía su reverso en una administración ineficaz, redundante y sórdida, que tenía por costumbre no sólo negarte información que te concierne, sino pedirte por duplicado documentos que producía ella misma.

Sin título

La ley, aprobada en su día con votos del ala derecha (PP, CiU, PNV, CC, UPN y Foro), viene a democratizar las relaciones del ciudadano con la Administración. Democratizar significa, según creemos saber, ajustar las procedimientos a los derechos de quienes los ejecutan y, sobre todo, de quienes los sufren. Y aquí es, justamente, donde emerge la primera objeción de fondo a la Ley que nos ocupa. Como recuerda Juan Luis Manfredi, investigador principal de un proyecto interuniversitario sobre transparencia local, que la ley no se tramite como orgánica ya es un indicio de que no se considera el acceso a la información como un derecho fundamental, pese a que así lo considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 2009 y el Comité de Derechos Humanos de la ONU desde 2011. Sigue leyendo

Charlie es libertad de expresión, no incitación al odio

Ana Valero

Lo sucedido en París el pasado 7 de enero nos debe conducir a plantearnos, una vez manifestado nuestro profundo dolor, indignación y solidaridad con las víctimas de la brutalidad cometida contra la Revista satírica Charlie Hebdo, si deben aplicarse límites a la libertad de expresión cuando ésta vulnera las creencias o los sentimientos religiosos de otras personas o comunidades. Y mi respuesta es un rotundo no, pero vayamos por partes.

El Consejo de Europa aprobó, poco después de la publicación de las viñetas de Mahoma en el periódico danés Jyllands-Poste, en el año 2006, una Resolución en la que afirmaba que la libertad de expresión, tal y como está protegida en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no debe ceder ni un ápice ante las exigencias derivadas de las crecientes sensibilidades de ciertos grupos religiosos. Ahora bien, la incitación al odio o el hate speech contra un determinado grupo religioso no es compatible con los derechos fundamentales y las libertades garantizadas en el Convenio. Lo cual exige, para determinar adecuadamente el ámbito de protección de la libertad religiosa, una graduación de las injerencias que en ella pueden producirse.

Con dicho fin, el Consejo de Europa en el año 2007, a través de su Recomendación 1805, estableció una importante distinción entre “blasfemia”, “insultos religiosos” y “discurso del odio contra las personas por razón de su religión”. Sigue leyendo

Investigar los abusos policiales es proteger el Estado de Derecho

Patricia Goicoechea 

La noticia: la Fiscalía ha acusado por un delito de homicidio a los ocho Mossos d’Esquadra imputados por la muerte de Juan Andrés Benítez en el barrio barcelonés de El Raval el día 5 de octubre de 2013. El Ministerio Fiscal atribuye también a otros dos agentes un delito de obstrucción a la justicia, por haber limpiado los restos de sangre, lo que podría suponer un acto de destrucción de pruebas. Asimismo, se atribuye un delito de coacciones a otra agente por haber obligado a una testigo a borrar las imágenes en las que se veía la actuación del resto de Mossos.

La buena noticia: este caso es todo un ejemplo de cómo deberían actuar siempre jueces y fiscales en supuestos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se ha cumplido con el deber de investigar que corresponde a todos los órganos e instituciones estatales, respetando así la obligación que pesa sobre los poderes del Estado de proteger la seguridad personal de los ciudadanos.

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1.- El derecho a la seguridad personal

El derecho a la seguridad personal es un derecho humano, reconocido, entre otros, en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo encontramos también en el artículo 17 de nuestra Constitución, regulado como derecho fundamental y, por tanto, especialmente protegido.

Se trata del derecho tenemos todos los individuos a que se proteja nuestra integridad física y mental y, por supuesto, nuestra vida, frente a cualquier ataque y, en particular, frente a una vulneración de estos derechos por parte del Estado y sus agentes. Esto implica que cuando los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado infligen injustificadamente lesiones corporales a alguien, incluidas las lesiones mortales, incurren en una violación del derecho a la seguridad personal, y ello independientemente de que la víctima esté o no detenida.

2.- El uso desproporcionado de la fuerza es una violación del derecho a la seguridad personal

El Estado, sus instituciones y sus agentes gozan de poderes y privilegios que se justifican por las tareas que la sociedad les ha encomendado. Ahora bien, esos poderes y privilegios llevan aparejadas obligaciones ineludibles y, la primera de ellas, es velar por el respeto y protección de los derechos de todos, incluidos por supuesto quienes son sospechosos de haber cometido un delito. Si bien el uso de la fuerza por agentes de policía puede resultar necesario para proceder a la detención de un sospechoso, tal intervención ha de hacerse siempre de forma compatible con el respeto a la integridad física y a la vida del detenido y en ningún caso recurriendo a la fuerza bruta.

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El recurso a la fuerza queda limitado por el principio de proporcionalidad, de modo que únicamente será legítimo cuando la fuerza empleada sea la estrictamente necesaria para cumplir con la obligación que tienen encomendada los agentes de proteger los derechos e intereses públicos. Como ha recordado recientemente el Tribunal Supremo, romperle a porrazos varias costillas a un ciudadano excede lo necesario para reducirlo y proceder a su detención.  En tales supuestos no cabe, por tanto, que los agentes se amparen en el cumplimiento de un deber para justificar su extralimitación en sus funciones, ni la violación de derechos de los ciudadanos.

3.- El deber de investigar las violaciones al derecho a la seguridad personal

La obligación que incumbe al Estado de proteger la seguridad personal implica, en primer lugar, poner los medios para evitar cualquier acto que pueda menoscabar tal derecho. Se trata de una protección preventiva y previa; es lo que se conoce como vertiente material del derecho. Esto supone que el Estado debe hacer lo posible para evitar que tenga lugar, como en el caso de El Raval, una muerte violenta.

En segundo lugar, la obligación de proteger exige remediar las violaciones de derechos humanos, llevando a cabo una investigación efectiva; esto se conoce como vertiente procesal del derecho. Es decir, que una vez sucedida la muerta violenta, deberá llevarse a cabo una investigación que permita esclarecer los hechos, identificar al culpable, sancionarle y reparar a la víctima.

Este deber de investigar adquiere una importancia mayor cuando se trata de vulneraciones de derechos cometidas por agentes del Estado. Por ello, cuando se denuncia que las Fuerzas de Seguridad han provocado lesiones, infligido torturas o causado la muerte de un individuo, es esencial que se ponga en marcha una investigación seria y efectiva. Por ello, el Consejo de Europa elaboró en 2011 las Líneas Directrices para la Eliminación de la impunidad por violaciones graves de los Derechos humanos, aplicables a los actos u omisiones de los Estados y de sus agentes. En ellas se pone claramente de manifiesto que si “los Estados tienen el deber de luchar contra la impunidad” es “con el fin de hacer justicia a las víctimas,” pero también “de disuadir de la comisión futura de violaciones de Derechos Humanos y de preservar el Estado de Derecho, así como la confianza de la opinión pública en el sistema judicial” (Sección I, párr. 3).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene dicho que estas investigaciones han de ser rápidas y deben ser llevadas a cabo en profundidad. Esto significa que las autoridades han de esforzarse seriamente en descubrir qué ocurrió realmente. El poder judicial debe por tanto tomar todas las medidas razonables para obtener pruebas relativas al incidente en cuestión, incluidas, entre otras, declaraciones de testigos oculares y pruebas periciales (véase Sentencia del TEDH en el asunto El Masri c. ExRepública Yugoslava de Macedonia, párr. 183).

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Por lo que respecta al grado de cumplimiento en España de la obligación de proteger la seguridad personal, hace unos meses se pronunció el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, en su Informe publicado tras su última visita a España (3-7 de junio de 2013). Afirma en él su “gran inquietud (…) [por el hecho de] que los jueces suelen desestimar los cargos relativos a alegaciones de malos tratos infligidos por las fuerzas del orden” (párr. 132). Y añade que “está firmemente convencido de que las autoridades deben cerciorarse de que todos los casos de abuso de confianza (sic) o de malos tratos infligidos por las fuerzas del orden sean condenados con firmeza, y sean investigados y sancionados de manera adecuada por las autoridades competentes, con el fin de evitar la recurrencia y de potenciar el papel esencial que desempeñan las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a la hora de salvaguardar el Estado de derecho” (párr. 131).

Decíamos al principio que este asunto es una buena noticia, si bien sólo lo es parcialmente. De resultar probados los hechos por los que los diez Mossos han sido acusados, no cabe duda de que tales comportamientos son inaceptables en un Estado de Derecho. Inaceptables porque para reducir a alguien hay que aplicar siempre la mínima fuerza imprescindible. Y ocho agentes golpeando a un hombre que gime en el suelo hasta quedar inconsciente parece exceder lo imprescindible. Inaceptable porque un agente de la autoridad, cuya obligación es velar por el cumplimiento de la legalidad, no puede en ningún caso destruir pruebas, como podría ser el caso de la limpieza de los restos de sangre de la calzada. Inaceptable, en fin, porque los agentes no pueden coaccionar a un testigo, obligándole a borrar imágenes de agentes del estado en el ejercicio de sus funciones y tomadas en la vía pública.

Por todo ello es de especial importancia que en este caso se haya llevado a cabo una investigación seria y rápida por parte del órgano de instrucción, cumpliendo así con la obligación de investigar, con el deber de proteger la seguridad personal, y, en definitiva, con los valores propios de un Estado de Derecho.

justicia, no impunidad

Los derechos en España también son derechos humanos

Patricia Goicoechea y Lydia Vicente

La situación de los derechos humanos en España en 2013 ha llamado la atención de varias organizaciones internacionales de las que nuestro país es miembro. El Relator Especial de la ONU sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia visitó España en enero. En junio fue el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa y, unos días después, llegaba la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que aprovechó la celebración en Madrid del Congreso Mundial contra la pena de muerte para informarse de primera mano de la situación en España. A finales de septiembre, vinieron en misión oficial el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y una delegación de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

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El objetivo de estas visitas era comprobar el grado de protección de los derechos humanos en España y el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos. Es necesario recordar que nuestro país forma parte de la Comunidad Internacional, es miembro de la ONU, Estado parte del Consejo de Europa y uno de los fundadores de la OSCE, lo cual implica el deber de cumplir con las obligaciones y compromisos que le corresponden. Es cierto que España ha ratificado la mayor parte de los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Pero este es sólo el primer paso y, quizás, el más fácil de asumir. Ser miembro del sistema internacional de protección de los derechos humanos implica, sobre todo, adecuar las normas y prácticas internas a esos convenios o tratados internacionales para garantizar que las personas puedan beneficiarse de los derechos reconocidos. También significa informar de forma honesta y veraz a los órganos constituidos por comités de expertos, encargados de supervisar la aplicación del tratado en cuestión, sobre los progresos y dificultades a la hora de aplicarlos. Tales comités, así como otros procedimientos especiales del sistema –como Relatores y Grupos de Trabajo– emiten recomendaciones para ayudar y guiar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones.

El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa visitó Madrid y Sevilla a fin de evaluar el impacto que la crisis y las medidas de austeridad están teniendo sobre los derechos de los ciudadanos. En su Informe, publicado el día 9 de octubre, se incluyen varias conclusiones y recomendaciones a las autoridades. Merece destacarse que en este informe se reitera una protección insuficiente de los derechos humanos en nuestro país, en particular respecto del derecho a la libertad de reunión y de la impunidad de los funcionarios de policía que cometen malos tratos o torturas. A este respecto, señala el Comisario que

“los malos tratos por los miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la impunidad de la que dichos miembros gozan es una cuestión de derechos humanos sumamente inquietante y de larga data en España”.

Subraya el informe que

“en una serie de casos llevados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité contra la tortura de Naciones Unidas se ha concluido que España ha incumplido las normas de derechos humanos que prohíben la tortura”.

tortura

Precisamente, en mayo de este mismo año, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa hizo públicos dos informes sobre visitas realizadas a España en 2011 y 2012. El Comité ponía de relieve las mismas trabas encontradas en años anteriores para acceder a algunos centros y, en particular, expresaba preocupación por lo poco o nada que se había hechoen relación con ciertas recomendaciones clave hechas en informes previos”.

Ante la preocupación sobre la posible existencia de vulneraciones al derecho a la libertad de reunión, la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR) de la OSCE solicitó permiso a las autoridades españolas para enviar una misión de observadores internacionales, con ocasión de la manifestación que tuvo lugar en Madrid el pasado 28 de septiembre. Estas misiones de observación tienen por finalidad comprobar cómo se protege el derecho a la libertad de reunión en los países miembros de la OSCE, identificar posibles restricciones al ejercicio de este derecho y, en su caso, emitir recomendaciones a los estados. Cuando los seis miembros de la delegación se encontraban ya en Madrid, apenas veinticuatro horas antes de que comenzara la manifestación y tras haber obtenido previamente permiso de las autoridades españolas, el Ministerio de Asuntos Exteriores les comunicó que el Gobierno había cambiado de opinión y ya no deseaba que realizasen sus labores de observación. El Director de ODIHR emitió un contundente comunicado expresando su decepción y sorpresa por esta decisión de último minuto. En efecto, es decepcionante y muy preocupante. El compromiso estatal con la defensa de los derechos humanos supone proteger el ejercicio de los mismos, pero también aceptar que las organizaciones a las que el estado pertenece puedan vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, informar sobre ello y, en su caso, realizar las observaciones que consideren apropiadas.

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Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha examinado las principales iniciativas y políticas respecto de las desapariciones forzadas o involuntarias de personas y, en concreto, las cuestiones relativas a la justicia, verdad y reparación. Tras su visita, el Grupo puso de relieve que si bien ha habido avances, éstos han sido gracias principalmente a iniciativas de familiares de las víctimas o de la sociedad civil, y que el “Estado debería asumir su responsabilidad para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política de Estado comprensiva, coherente y permanente”. El Grupo ha resaltado que “es lamentable la situación de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura. No hay ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada” por lo que también instó a “priva[r] de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977, como ya ha sido recomendado por distintos organismos internacionales.” Igual de contundente ha sido el Comité contra la Desaparición Forzada tras examinar en noviembre el informe de España, al

“exhorta[r] a[l Estado español a] que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”.

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Inquietantes son también las conclusiones a las que ha llegado el Relator de Naciones Unidas sobre Racismo tras su visita a España. Tras poner de manifiesto que la crisis económica ha causado el retroceso de los avances en relación con los derechos humanos de los migrantes, señala que “la legislación que ha restringido su acceso a la sanidad es una novedad lamentable”. Es la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) la que supone, para el Relator, el mayor reto en materia de derechos humanos, dada la ausencia de criterios objetivos respecto de las condiciones de quienes están allí internados, de asistencia sanitaria o de la asistencia letrada. Asimismo, por lo que respecta a las denuncias por malos tratos sufridos por internos, el Relator recomienda que se instaure un sistema de acceso periódico a estos centros por parte de actores independientes, como las ONG de derechos humanos.

La responsabilidad fundamental en la protección de los derechos humanos la tienen las instituciones y poderes del Estado, pues los tratados internacionales contienen obligaciones que son jurídicamente vinculantes para ellos. Este es el punto de partida y el de llegada. Los estados son los que pueden y deben crear los mecanismos y llevar a cabo las reformas necesarias para cumplir con dichas obligaciones. Y, en el cumplimiento de este objetivo, es de gran importancia la asistencia de las recomendaciones emitidas por las organizaciones internacionales. En el recordatorio al gobierno sobre la indisponibilidad de los derechos fundamentales tiene un papel importantísimo no sólo tales recomendaciones sino las aportaciones de la sociedad civil. Así nos lo dijo la Alta Comisionada de la ONU este verano, quien aseguró priorizar el trabajo con las ONG para que éstas recuperen los espacios que les han sido recortados en la esfera política.