No acatar ideológicamente la Constitución es un derecho fundamental

Ana Valero

Un año más conmemoramos el aniversario de la Constitución, pero este no es un aniversario cualquiera, la crisis catalana ha hecho que no lo sea.

Muchos somos los que pensamos que ésta nos ha conducido a una auténtica crisis constitucional, pues ha puesto en jaque el pacto del 78; otros, sin embargo, se envuelven en la bandera de la Constitución para defender posturas inmovilistas; los más osados se atreven a afirmar que aquel pacto nació muerto por ser de herencia franquista y que ha llegado la hora de desprenderse de sus ataduras.

Sea como fuere, lo cierto es que la crisis catalana ha llevado a buena parte de la esfera política y mediática, tanto española como catalana, a generalizar una maniquea distinción entre ‘partidos constitucionalistas’ y ‘partidos soberanistas’. Mientras este último término es empleado para referirse a los partidos políticos que defienden la independencia, el término ‘constitucionalistas’ se emplea con alusión a aquéllos que se oponen a ella. Se trata de una distinción manipuladora que está haciendo creer erróneamente a la opinión pública que dentro de nuestra Constitución sólo caben determinadas líneas políticas.

Sin embargo, esto no es así, pues, a diferencia de la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución española vigente no exige la adhesión ideológica hacia sus principios fundamentales. Es cierto que para el acceso a determinados cargos públicos resulta necesaria una declaración pública en forma de juramento o promesa de acatar la Constitución, pero, incluso en este caso, como ya señaló el Tribunal Constitucional, estamos ante una declaración formal que no entraña necesariamente una adhesión ideológica o una conformidad a su total contenido.

El Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el deber de lealtad constitucional sólo puede ser entendido desde una perspectiva procedimental, esto es, en el deber de acatamiento de los procedimientos previstos por la Constitución para defender cualesquiera fines políticos, incluso aquellos contrarios a la misma. Por lo que, en nuestro modelo cabe la defensa de ideologías que pretendan, por ejemplo, instaurar la pena de muerte, defender la separación de una parte de España o acabar con el propio sistema democrático, basta con que se respeten los procedimientos constitucionalmente previstos para alcanzar dicha aspiración.

De tal modo que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, sólo cabe ilegalizar aquellos partidos que incurren en alguno de los supuestos tasados en el artículo 515 del Código Penal (ilicitud penal), esto es, los que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidos, promuevan su comisión, empleen medios violentos o fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia; o en el artículo 9 de la Ley 6/2002, de Partidos Políticos (la llamada ilicitud civil), que se resumen de la siguiente manera: la promoción, justificación o exculpación de los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o la persecución de éstas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual; el fomento, propicio o legitimación de la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas; o complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines. Supuestos en los que no incurre, en ningún caso, la propuesta soberanista.

Por lo que se hace evidente que, tras el uso político y mediático que se está dando al término “constitucionalista” con motivo de la crisis catalana, se esconde la voluntad política manipuladora de defender una determinada interpretación de la Constitución en lo relativo a su organización territorial. Y ello porque, en la medida en que en el ordenamiento jurídico español cabe la defensa de cualesquiera ideas o fines políticos, los partidos que defienden la independencia de una parte de su territorio no dejan de estar fuera de la Constitución, -como no lo están los que defienden su unidad-, incluso si para alcanzar dicho fin defienden la necesidad de desbordar el marco jurídico vigente abogando por la desobediencia civil o por una declaración unilateral de independencia, pues el límite que no se puede traspasar se encuentra en la defensa del uso de la violencia para alcanzar dicho fin.

Algo distinto, evidentemente, es la puesta en práctica del método propuesto, pues, en la medida en que, como he afirmado, el principio de “lealtad constitucional” es de carácter procedimental, esto es, requiere del respeto de los procedimientos constitucionalmente previstos para alcanzar cualesquiera fines políticos, la subversión de estos hará que reaccionen legítimamente los resortes del Estado de Derecho. Sin embargo, lo que no puede perseguir el Estado es la mera reivindicación de la desobediencia.

Estos días estamos asistiendo a grandes debates en este sentido, siendo necesario arrojar algo de luz sobre los límites que el principio de lealtad constitucional establece en nuestro ordenamiento, junto con cómo deben interpretarse determinadas libertades de los actores implicados en el Procés.

En este sentido, el desaparecido Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, condicionó su petición de prisión provisional del expresidente Oriol Junqueras y los ocho exconsellers del Govern al acatamiento de la Constitución y a la búsqueda de sus objetivos políticos dentro de los cauces legales. Algo que ha reiterado el Auto del Magistrado del Tribunal Supremo que actualmente instruye la causa contra ellos y contra los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Pablo Llanera. Haciendo depender de dicha declaración, entre otras cosas, el riesgo de reiteración en los delitos de rebelión y sedición imputados.

Desde mi punto de vista, resulta cuando menos sorprendente que se haga depender de un “acto de fe” constitucional, claramente atentatorio de la libertad ideológica de los investigados, su propia libertad personal, teniendo en cuenta además que junto a ella se vulnera un derecho tan importante como el de negarse a declarar, ya que de no hacerlo en ningún caso deberían derivarse consecuencias sancionatorias como la prisión, incluso la provisional. Además, cuando los investigados comparecieron ante la Judicatura evidenciaron que reconocían la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por lo que exigirles una manifestación verbal expresa al respecto, condicionante de su libertad, es una clara vulneración de su libertad ideológica. Libertad, esta última que, de acuerdo nuevamente con la jurisprudencia constitucional, se ve vulnerada por el mero hecho de que se deriven consecuencias de proceder o no a la declaración de las propias ideas o creencias.

Ahora bien, que no se lleven a engaño aquellos que afirman que Junqueras y los exconsellers están en prisión –a día de hoy se mantienen el exvicepresidente, el exconseller de interior y los dos Jordis– por sus ideas políticas. Pues lo están por sus actos que, en opinión del magistrado instructor de la causa, son constitutivos de los delitos de rebelión y sedición, con independencia de la opinión negativa que personalmente me merezca tal presunción. Cosa distinta es que éste, en una interpretación restrictiva de la libertad personal de los investigados, haga depender de su libertad ideológica y con carácter cautelar, algo que es perfectamente defendible en una campaña electoral, la vía unilateral hacia la independencia. Algo que, mientras no implique violencia en el método, tiene cabida en una Constitución no militante como la nuestra.

Justicia militar ¿Justicia del siglo XXI?

Fernando Flores

Poco a poco se van apagando los ecos del Caso Cantera, pero en la retina de muchos permanecen las imágenes del tribunal militar que lo juzgó, con unos jueces y un fiscal visiblemente incómodos ante la circunstancia de tener que condenar a un teniente coronel. El simple hecho de que sean militares los que juzguen militares, sumado a la clara percepción de que, en ese juego de equilibrios que es el proceso, el peso de la jerarquía del acusado (y de algunos testigos que lo apoyaron) ha influido en el comportamiento del tribunal, y quizás determinado su decisión, trae o debería traer a la sociedad el debate sobre la existencia misma de la justicia militar.

¿Por qué existe una justicia militar diferenciada de la justicia ordinaria? ¿Quiénes son las personas que componen sus tribunales? ¿Son imparciales? ¿Qué conflictos conocen y por qué esos y no otros? ¿Hay garantías de que respeten rigurosamente los derechos procesales que exige la Constitución?

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En España existe un régimen jurídico de la justicia militar, configurado como una jurisdicción especializada por razones del ámbito en que se ejerce (el castrense) y por el derecho específico que aplica (diversas normas específicas para lo militar). Desde 1987 (Ley 4/1987, de 15 de julio) la justicia militar se integra en el Poder Judicial único del Estado, de acuerdo con el principio de unidad jurisdiccional que exige el artículo 117.5 de la Constitución.

El origen de este “compartimento estanco” es histórico. La justicia entre militares nació con los ejércitos, con el objetivo de mantener un control férreo sobre sus miembros, y se mantuvo a lo largo de la historia con argumentos sostenidos en la singularidad de su organización (en la que disciplina y jerarquía son esenciales) y de sus funciones (la defensa del territorio y el uso de la fuerza). Partiendo de esta base resulta comprensible que triunfase la idea según la cual “quien manda debe juzgar”, y que la jurisdicción militar se configurase como una justicia no judicial que aplicaba un derecho penal propio. La consolidación hacia principios del siglo XVIII de un ejército permanente no hizo sino fortalecer ese esquema, un esquema según el cual la justicia militar era competente (con vis atractiva en perjuicio de la justicia ordinaria) para conocer de todos aquellos casos que presentasen un “elemento militar”, fuera éste subjetivo (personal militar), objetivo (materia sujeta al derecho penal militar) o espacial (en lugares militares).

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La llegada del constitucionalismo y la configuración progresiva de los Estados de Derecho, sociales y democráticos comenzó a revertir la situación, es decir, a delimitar la justicia militar al ámbito estrictamente castrense. Ahora bien, esa voluntad transformadora encontró tanta resistencia por parte de los ejércitos, que hasta la Constitución de 1931 no se suprimió el triple criterio competencial (subjetivo, objetivo y territorial). Por lo demás, esta civilización de la Justicia duró poco, pues el régimen franquista devolvió a la jurisdicción militar su poder anterior a la República, un poder, corregido y aumentado, que había de ser coherente con la función de control social que se atribuyó a los ejércitos.

Tras la dictadura, la Constitución de 1978 tampoco consiguió (como sí sucedió en Alemania, Austria, Francia, Noruega, Holanda, Dinamarca…) deshacerse de la “peculiaridad institucional de los ejércitos”. Así que tras proclamar en el art.117 que “el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización de los Tribunales”, a párrafo seguido admitió que la ley regulase “el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”. Es decir, se optó por mantener la posibilidad (bien es cierto que vía legislativa) de una justicia especial cuya justificación en un Estado democrático ya no era (ni es) tan clara. Dado el contexto de la Transición (en el que debe enmarcarse el difícil proceso de democratización de los ejércitos españoles), sólo en la segunda mitad de los ochenta comenzó a legislarse para adaptar la justicia militar a los principios constitucionales por los que había de regirse. A día de hoy los cambios han sido importantes (el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional consideran que la justicia militar en España se ajusta a los parámetros de la Constitución), pero todavía cabe plantear, aunque sea brevemente y a modo de planteamiento del debate, algunas preguntas y reflexiones.

¿Exige la singularidad del mundo militar, del “ámbito castrense”, una jurisdicción propia?

Como se ha comentado antes, esa singularidad vendría definida, en primer lugar, por el aspecto organizativo y por la función propios de las Fuerzas Armadas. Desde esta perspectiva se plantea que la justicia castrense, así como el derecho penal militar propio, resultan esenciales para mantener la disciplina y la eficacia de las misiones atribuidas a los ejércitos. Argumentos que merecen una reflexión detenida, pero que de entrada resultan discutibles, ya que, de una parte, las faltas de disciplina u otros delitos cometidos por militares también pueden ser, además de contenidos en un Código Penal común, revisadas eficazmente por jueces ordinarios. Por otro lado, no queda claro en qué puede influir una jurisdicción común (siempre que sea eficiente) en el incumplimiento de las funciones militares.

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Por lo demás, y aunque es cierto que en los últimos años se ha ido reduciendo sus límites (en esa dirección han ido las decisiones tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional), es evidente que todavía no queda del todo claro qué debe entenderse por “ámbito estrictamente castrense”, pues, por ejemplo, resulta más que dudoso que un delito de acoso sexual o laboral (como el del Caso Cantera), o una falta de hurto en un cuartel, deban conocerse por la justicia militar y no por la ordinaria.

¿Hay garantías de que en la justicia militar se respeten rigurosamente los derechos procesales que exige la Constitución?

De entrada, los principios procesales constitucionales relativos a la legalidad de los delitos y faltas disciplinarias, la libertad personal, la publicidad, la oralidad, el derecho a la defensa y los derechos que de ella se derivan, la motivación de las sentencias, el derecho a un recurso… todos tienen fiel reflejo en las leyes militares (Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar). Por ello debe deducirse que desde la perspectiva de la legalidad formal la garantía de esos derechos se cumple. Sin embargo, la eficacia de esa garantía esta directamente relacionada con la respuesta a la siguiente pregunta.

¿Están garantizadas la independencia e imparcialidad de los jueces militares?

En el Estado de Derecho la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado debe estar encomendada a un único conjunto de jueces, independientes e imparciales. Esa unidad jurisdiccional, establecida por unas normas de competencia y procedimentales previamente establecidas con carácter general por las leyes, se conecta directamente con la exigencia de independencia e imparcialidad, y es por ello que no caben manifestaciones de jurisdicción ajenas a ella.

Obviamente la justicia militar es una excepción admitida –no exigida, sino puesta a disposición del Legislador– por la Constitución, pero como toda excepción a la regla general, debe estar muy bien argumentada y muy bien delimitada. Más aún cuando se encuentran en juego derechos fundamentales de los ciudadanos, sean estos militares o civiles. En este sentido, cabe proponer dos reflexiones.

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La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de que los jueces (y los fiscales, ambos se extraen del Cuerpo Jurídico Militar) que conozcan los asuntos militares deban ser militares, un aspecto que se suele vincular a la necesidad de una “especial sensibilidad para la singularidad castrense”. De entrada, no queda claro que esa “especial sensibilidad” tenga que ser algo positivo (¿deben tener los jueces mercantiles ‘sensibilidad’ por lo comercial, o es suficiente con que tengan formación jurídica para resolver los conflictos que en esta materia se les plantean?); al contrario, podría pensarse que esa ‘empatía’ esconde intereses corporativos, intereses habitualmente favorables a los más fuertes (a los mandos de más alto rango).

La segunda tiene que ver directamente con su independencia e imparcialidad. Ciertamente, la Ley establece que los miembros de los órganos judiciales militares serán independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Su nombramiento, designación y cese se hará en la forma prevista en la Ley y no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni retirados, sino en los casos y con las garantías establecidas en las leyes. Además, si se consideran perturbados en su independencia, pueden ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial a través de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central. A partir de aquí, una vez más puede afirmarse que, en este ámbito y desde una perspectiva formal, la justicia militar española cumple con los requerimientos básicos, tanto los constitucionales como los establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: necesidad de dedicación permanente de los jueces, formación jurídica de los mismos, etc.

Sin embargo, la realidad muestra que esas garantías formales en muchos casos no pueden superar los pecados inevitablemente vinculados a toda endogamia, también la militar: amistades forjadas en promociones, confianza y protección de los oficiales de más alto rango, desconfianza en quien denuncia, valor de los testigos y sus declaraciones según su posición jerárquica, temor a no obtener apoyos de los superiores para ascensos o traslados, declaraciones que se realizan más ante un superior jerárquico militar que ante un juez o un fiscal… Aunque en la mayoría de los casos estas circunstancias no pueden probarse, la verdad es que existen, y vierten dudas legítimas sobre el cumplimiento de la exigencia de que el tribunal o juez esté “subjetivamente libre de sesgos y prejuicios personales” (así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Morris vs Reino Unido).

Concluyendo. Incorporadas plenamente las Fuerzas Armadas al siglo XXI, y en tiempos de paz, resulta discutible que argumentos de carácter organizativo y funcional justifiquen la configuración de una justicia militar separada de la justicia ordinaria. En realidad, es posible que el objetivo de dichas explicaciones sobre la singularidad castrense sea en algunos casos el de mantener un grado de autonomía poco compatible con el orden constitucional, antes que el de garantizar el buen orden y funcionamiento de los ejércitos.

La justicia debe ser absolutamente igual para todos, y solo argumentos muy poderosos pueden matizar o explicar desviaciones de ese principio. Sobre todo cuando con esa desviación se pone en juego algo tan esencial para los ciudadanos –sean estos militares o civiles– como el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Constitucion-1978

Para saber más:

– Beatriz López Lorca, Algunas reflexiones para la reforma de la Justicia Militar

– Francisco Fernández Segado, La reforma del ámbito competencial de la jurisdicción militar.

– Pablo Contreras, Independencia e imparcialidad en sistema de justicia militar: estándares internacionales comparados

– Consejo Económico y Social, Informe Decaux

Prisión permanente revisable: Reforma o contrarreforma

Diego Blazquez 

Ayer El País titulaba “Salto hacia atrás” su editorial sobre la aprobación por el Congreso de los Diputados de la denominada pena de privación de libertad permanente revisable.

En mi opinión es algo mucho más grave. Y es que a pesar del carácter simbólico (o no) que pudiera tener esta decisión legislativa, estamos ante la destrucción del espíritu y la cultura constitucional del 78. Precisamente por ese carácter simbólico (o no) creo que ayer se ha culminado un proceso de contrarreforma frente a lo que fue el espíritu humanista, democrático y social de la Constitución del 78. Sigue leyendo

La fe no se impone: la “libre” formación de la conciencia de los menores de edad

Ana Valero

                                 “El hombre sólo es digno cuando en todo, también en su religiosidad,                        camina por sí mismo (KANT: ¿Qué es la Ilustración?)

La semana pasada tuvimos conocimiento de que la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla dictó un Auto que obliga a un niño de ocho años de edad a hacer la primera comunión según el rito católico y a que asista a las clases preparatorias de catequesis, pese a la oposición de su madre y del propio menor.

En la fundamentación jurídica del Auto la jueza, apelando al “interés superior del menor”, se alinea con la opinión del Ministerio Fiscal, según el cual, que los progenitores se hubieran casado según el rito católico y que hubiesen bautizado al niño eran motivos suficientes para atribuir la decisión última al padre, titular de la patria potestad, respecto a si su hijo debe o no recibir clases de catequesis para la preparación de la primera comunión.

Con esta resolución la jueza y el Ministerio Público dejan de lado las últimas interpretaciones que, en materia de patria potestad, derechos educativos paternos y libertad de conciencia de los menores de edad, han dictado distintas Cortes Constitucionales, incluida la española, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sigue leyendo

¡Birlibirloque! De sanidad universal a modelo de aseguramiento

Birlibirloque es una expresión que remite a la magia, pero también, sin permiso de la RAE, a la habilidad de “birlar” o robar sin que nadie se percate. Se acaba de cumplir un año de vigencia del Real Decreto 16/2012 que excluía de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, para ahorrar 7000 millones de euros en el gasto sanitario. El efecto inmediato es la salida de 873.000 personas del sistema de salud (cifra oficial de tarjetas retiradas). En su primer mes de aplicación, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana ya documentó una “punta del iceberg” de más 78 denuncias por desatención sanitaria. En junio de 2013, Médicos del Mundo presentó ante el Congreso más de 700 casos.

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Violentando la Constitución, que en su artículo 43 establece el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos las “medidas preventivas” y las “prestaciones y servicios necesarios”. Y entrando a saco en la Ley General de Sanidad, para excluir del sistema a una parte de la población. Desde el año 1986, año de la Ley que lleva la firma del ministro Ernest Lluch, existe en España un derecho universal a la sanidad: por el mero hecho de ser persona, de residir o transitar por el territorio nacional, se tiene acceso a la atención sanitaria. Un avance civilizatorio reconocido en todo el mundo. Pero hete aquí que, ¡Birlibirloque!, en un año se ha sustituido el concepto de derecho a la salud por el de “asegurado”. Los asegurados son trabajadores, pensionistas, parados con subsidio y demandantes de empleo. Sus familiares directos (hasta los 26 años), extranjeros comunitarios y los no comunitarios que tengan permiso de residencia, se consideran beneficiarios. Inmigrantes ilegales y mayores de 26 no cotizantes, quedan fuera. O estás en el sistema público o te buscas un seguro a quien se le pueda facturar, de lo contrario estás fuera. Lo que veíamos en las películas yanquis, lo tenemos ya ante nosotros, justo ahora que los norteamericanos empiezan a descubrir el derecho universal a la sanidad. Unos van y otros volvemos.

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La estadística del empeoramiento de la salud del colectivo excluido no es aún muy conocida, pero va aflorando un goteo de casos: Mª Concepción (Honduras) a la que dieron un alta muy dudosa cuando se evidenció que carecía de papeles. Fátima (Marruecos) cuyo tumor hepático no será analizado, si no puede pagarlo. Mamadou (Senegal) murió de un cáncer de próstata e intestino mientras era atendido por Médicos del Mundo, ya que no podía sufragar su tratamiento. Alfa Pam (Senegal) que murió de tuberculosis  tras negarle asistencia un Hospital de Baleares. Y tantos otros casos cuyo nombre y circunstancias no han llegado a la prensa. Para no asumir el coste de imagen pública de sus decisiones, el gobierno intenta cargar estos casos sobre las espaldas de los profesionales, con acusaciones de negligencia o errores médicos. Una estrategia que resulta consonante con el ataque de la caverna mediática a los supuestos privilegios de los funcionarios, que se viene utilizando para legitimar el recorte de derechos impuesto por la reforma laboral.

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A vueltas con la religión en la escuela: aclaraciones desde la Constitución

Por Ana Valero

El viernes pasado, el Gobierno del PP aprobaba el Proyecto de Ley de lo que será la séptima reforma educativa de nuestra democracia con toda la comunidad educativa y el resto de los partidos políticos de la Cámara en contra. Entre otras novedades, el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), establece que tanto la asignatura de Religión como su alternativa -Valores Culturales y Sociales, en Primaria y Valores Éticos, en Secundaria- serán evaluables y su nota contará para la media del curso “a todos los efectos”, ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, “como el resto de las asignaturas”.

profesor religión

El documento “Orientaciones pastorales para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe”, hecho público ayer por la Conferencia Episcopal Española contiene la siguiente frase

“Los profesores deben ser conscientes de que la enseñanza religiosa escolar ha de hacer presente en la escuela el saber científico, orgánico y estructurado de la fe, en igualdad académica con el resto de los demás saberes”.

Y hace un mes la misma Conferencia Episcopal presentaba bajo el título “Una asignatura apasionante” el vídeo promocional de la asignatura de Religión en la escuela. En el citado vídeo aparece un profesor que le dice a los estudiantes que con la asignatura de religión van a aprender y a comprender las obras de autores como Leonardo da Vinci  o Newton, o que la misma “les puede dar las claves para evitar crisis como la que estamos viviendo”.

¿Está la Iglesia Católica Española intentando obtener carta de naturaleza científica para la religión como trataran de hacerlo las doctrinas del “Creacionismo” y del “Diseño Inteligente” en Estados Unidos?

Mientras los herederos del “Creacionismo” han articulado toda una doctrina considerada pseudociencia por la comunidad científica para tratar de sortear los límites constitucionales que exigen una absoluta separación entre Iglesia y Estado en USA, y así colarse en el currículo educativo de algunos Estados, en España la estrategia parece la inversa: primero obtener la carta de naturaleza académica, para después justificar su incursión en el currículo educativo de la escuela pública mediante el revestimiento de la materia de pretendidos tintes científicos.

En Estados Unidos la polémica se remonta a los años sesenta, cuando su Corte Suprema tuvo que pronunciarse por primera vez sobre una ley que promovía la enseñanza del “Creacionismo” en las escuelas como una teoría que debía ser incluida en el currículo educativo con el mismo estatus que el “Darwinismo” o Teoría de la Evolución de las Especies. Como es sabido, la primera defiende una explicación del origen del mundo basada en uno o más actos de creación por un dios personal, por lo que fue considerada por la Corte Suprema como un intento de incluir la enseñanza de la religión en la escuela pública, algo terminantemente prohibido por el principio de separación Iglesia-Estado previsto por la Constitución Americana.

Los defensores del origen creacionista del Universo han perfeccionado con el tiempo su teoría, derivando en lo que hoy se conoce con el nombre de “Diseño Inteligente”, teoría según la cual el origen o evolución del Universo, la vida y el hombre, es el resultado de acciones racionales emprendidas de forma deliberada por uno o más agentes inteligentes.

Sus partidarios defienden que se trata de una propuesta científica legítima y capaz de sustentar un programa de investigación metodológicamente riguroso. Sin embargo, esto no es aceptado por la comunidad científica y su inclusión en el currículo educativo de la escuela pública ha sido declarada inconstitucional por un Tribunal federal en el año 2004 por vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución, sosteniendo que enseñar el Diseño Inteligente es enseñar religión y no ciencia.

Volviendo de nuevo a España, y a la nueva reforma educativa, cabe señalar que con la obtención de un carácter evaluable y computable de la asignatura de religión y su alternativa, el Gobierno claudica a una de las históricas pretensiones de la Iglesia Católica española. Esta previsión tendrá como consecuencia lógica, o así lo pretende esta última, paliar el descalabro de cifras de matriculación de alumnos en la asignatura producido en los últimos años en España, pues, según cifras oficiales ofrecidas por el Ministerio de Educación, en los últimos diez años se han reducido diez puntos.

Los defensores de la enseñanza de la religión en la escuela pública tradicionalmente han sostenido que garantizar por parte de los poderes públicos la libertad de optar por dicha materia significa dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 27.3 de la Constitución, según el cual,

“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

Algo que es completamente incorrecto, pero veámoslo con detenimiento.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones es un derecho de “libertad” frente al Estado y nunca de “prestación”. Esto supone que la escuela pública nunca podrá impartir en su sede contenidos curriculares de carácter adoctrinador que contradigan las creencias o ideas paternas, pero esto no significa, en ningún caso, que esté obligada a satisfacer dichas convicciones mediante la inclusión en el currículo educativo de materias dogmáticas que den prolongación en el ámbito escolar a las creencias transmitidas en el ámbito familiar. Es más, este argumento llevado al extremo podría conducir al absurdo de que el Estado estuviese obligado a crear tantos modelos educativos como distintas convicciones pudieran encontrarse entre los padres, algo totalmente inviable.

Así pues, el primer equívoco (intencionado) que procede aclarar, es que no existe una obligación constitucional de incluir la enseñanza de la religión en la escuela pública, obligación que deriva, eso sí, del “Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales” suscrito entre el Estado español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979. Este Acuerdo prevé que “Los planes educativos (…) incluirán la enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.

Es preciso destacar que el Acuerdo con la Santa Sede tiene naturaleza concordataria y, en consecuencia, es considerado un tratado internacional. Esto último implica que el legislador español, al regular las cuestiones relativas a la enseñanza, debe respetar su contenido y no puede modificar lo establecido en su articulado, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 96.1 CE. A este respecto, conviene señalar el carácter “demagógico” de las palabras del Secretario General del PSOE cuando afirma que si el Gobierno sigue adelante con su ley, denunciarán los Acuerdos con la Santa Sede. De sobra sabe Rubalcaba que esa posibilidad, que dicho sea de paso, sí que es una verdadera obligación constitucional en la medida en que los Acuerdos firmados con la Santa Sede contradicen claramente los principios de laicidad y de igualdad, sólo está en manos de quien gobierna, que además, en estos momentos, tiene mayoría absoluta en sede parlamentaria. Así pues, de nada sirven las intenciones oportunistas de quien ha tenido en sus manos la posibilidad de denunciar y/o renegociar tales acuerdos en cualquiera de los momentos en los que ha ocupado el gobierno estatal.

Debe quedar claro, por tanto, que sacar la asignatura de religión de la escuela pública requiere la renegociación de los Acuerdos en la materia con la Santa Sede. Ahora bien, esto no significa que la materia necesariamente deba ser evaluable y computable para la nota media. Esta sí es una opción del legislador, la que ha elegido el PP para satisfacer las exigencias de la Conferencia Episcopal. Opción claramente contraria al principio de laicidad constitucional, así como a los derechos de libertad de conciencia, igualdad y no discriminación. Y ello porque, con esta solución, se atribuye efectos académicos a una evaluación, la de la asignatura de religión, hecha con criterios confesionales y no académicos.

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Además, la existencia de una asignatura alternativa a la religión, como prevé el Proyecto de Ley llamado Wert, no es obligada ni por la Constitución ni por el “Acuerdo sobre Educación y Asuntos culturales con la Santa Sede”. No se vulneraría ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico si no existiera. Ni siquiera el Tribunal Supremo español ha sugerido, en sus numerosas sentencias sobre el asunto, que sea una derivación de la fórmula “equiparables” que establece el Acuerdo.

Procede advertir, por último, que la inclusión de la enseñanza confesional de la religión en el currículo formativo de la escuela pública no es la más acertada de las opciones desde una perspectiva que en muchas ocasiones parece no tenerse en cuenta, la de los derechos de los estudiantes, y más concretamente, de su “derecho a la libre formación de la conciencia”. Y ello porque, incluir en los programas escolares una materia que contenga contenidos dogmáticos -que son los que contiene la asignatura de religión por mucho que se empeñen los obispos en convencer de lo contrario- debería desempeñar, para respetar tal derecho, una función estrictamente educativa. Nunca, por tanto, una función aleccionadora o con vocación dogmática a la que parece acercarse, más bien, la presencia en los planes de estudio de una asignatura que tiene por objeto la exposición apologética de una determinada religión y cuyos contenidos, profesores y libros de texto son determinados y seleccionados por una Iglesia concreta.

Foto: Ángel Cantero.

Viñeta: Ferrán Martín