A favor del pistoletazo en medio de un concierto

Fernando  Flores

Es probable que si el Nueva Economía Forum hubiera podido, habría sancionado al agricultor valenciano Vicent Martí por pegar la bronca a los asistentes en la presentación de la conferencia de Mónica Oltra (video aquí). Pero al parecer no hay norma interna que prevea el supuesto de que alguien exprese de forma abrupta, en una reunión de guante blanco, su indignación ante el comportamiento de políticos y empresarios, y hacerles pasar un mal rato en lo que debía ser un desayuno informativo placentero. Algo así como lo que Stendhal llamó “un pistoletazo en medio de un concierto”. De modo que el Forum ha debido calmar la indignación de algunos de los asistentes que se sintieron “insultados y vejados” (no sé si muchos o pocos, pero relevantes seguro), pidiendo disculpas públicamente (aquí el comunicado oficial).

Hace dos semanas el diputado de Amaiur Sabino Cuadra rompió un par de páginas de la Constitución en una intervención en la tribuna del Congreso de los Diputados. Como aquí sí hay norma que castiga la “ofensa o la falta de decoro a los demás diputados o a las instituciones del Estado” (art.103.1 del Reglamento del Congreso), esa intervención ha dado lugar, con sorprendente retraso (pues no ha tenido lugar hasta anteayer, cuando Cuadra subió de nuevo al estrado), a una primera medida disciplinaria, la expulsión de la tribuna del diputado vasco tras ser llamado tres veces al orden “por no retirar la ofensa” proferida entonces (algo que había sido exigido por la Mesa del Congreso para no sancionarlo). Esa medida abre la puerta a que puedan aplicársele otras, como la suspensión temporal en sus funciones o, incluso, la atribución de un delito. Sigue leyendo

La Infanta real y la Igualdad simulada

Fernando Flores

El 8 de febrero la infanta Cristina bajará la conocida rampa de la Vía Alemania que da acceso a la Audiencia Provincial de Palma, donde debe declarar como imputada en el Caso Noos. No lo hará por el garaje, a salvo de flases, periodistas y ciudadanos cabreados. Lo hará andando (como ya ha hecho dos veces su marido), o en coche hasta la misma puerta dela sede judicial. Así lo ha decidido el juez decano de Palma, tras una reunión con la Policía.

Dice la Constitución que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón… de cualquier condición o circunstancia personal o social”. Por eso, si se pretende tratar de forma diferente a personas que se enfrentan a una misma situación (aquí hablamos de acudir a declarar como imputadas a un juzgado), debe ofrecerse argumentos sólidos que justifiquen dicha diferenciación.

En el caso de la Infanta tres han sido los argumentos que han aportado quienes aconsejan y justifican una discriminación a su favor, es decir, que entre por el garaje o que, al menos, pueda llegar en coche hasta la entrada del juzgado.

La rampa

En primer lugar, razones de seguridad. Alguien podría aprovechar los metros de exposición pública para atentar de alguna manera contra Cristina de Borbón. En segundo lugar, lo que el Ministro de Justicia ha descrito eufemísticamente como la necesidad de evitar “situaciones de carácter previo”. Dicho en castellano viejo: evitar que la Infanta se vea en la desagradable situación de oír los abucheos e insultos de los allí presentes, es decir, la llamada “pena de paseíllo”. Por último, huir del daño mediático que lo anterior proyectará sobre la imagen de la institución monárquica, bastante menoscabada a estas alturas. A mi modo de ver son tres argumentos rebatibles.

En cuanto a la seguridad, es razonable -más aún, obligado-, adoptar las medidas policiales necesarias para defender a las personas de posibles agresiones. Dependerá de las circunstancias de cada caso. En cuanto a la Infanta, ésta es sin duda merecedora de esas medidas, por su relevancia pública y por el revuelo social que ha provocado el Caso Noos. Ahora bien, parece obvio que la policía tiene capacidad de sobra para asegurar la integridad física de la Infanta en el improbable caso de que alguien tratase de dañarla en el breve trayecto de la rampa, sin necesidad de favorecerla con una privilegiada entrada a escondidas por el garaje, o de permitirle que acceda en vehículo hasta las mismas puertas del juzgado (como así se ha decidido).

En realidad, esto último (permitirle que llegue en coche hasta el umbral) tiene que ver con el segundo de los argumentos: evitar la vergüenza de los previsibles abucheos. Dice Esperanza Aguirre (emparejada a Gallardón en su clasismo), que le parece “estupendamente” que la Infanta entre por el garaje de la Audiencia, “porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal no impone la pena de paseíllo”. Y justifica ese trato diferente a Cristina porque “todos somos iguales ante la ley, pero no ante los medios de comunicación”. No cabe duda de que sabe de lo que habla quien ha tenido durante años bajo su autoritario servicio un canal público de televisión, Telemadrid. Sin embargo, a lo que engañosamente se refiere Aguirre (lo que le resulta intolerable) no es a la tendenciosidad antimonárquica de algunos (muy pocos y minoritarios medios), sino a la posibilidad de que éstos, simplemente, graven y difundan una realidad bochornosa y discutible: los insultos directos a la Infanta.

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Pero entonces, quizás, la pregunta es: ¿tiene derecho la gente congregada en las inmediaciones de un juzgado a insultar gravemente y en público a una persona por el solo hecho de haber sido imputada en un juicio? Personalmente, creo que no. Soy consciente de la respuesta clásica, y acertada en parte, según la cual una cosa es la presunción de inocencia judicial y otra bien distinta es la percepción social (en ocasiones influida por los medios) de esa inocencia o culpabilidad. Hasta ahí no hay problema. Pero lo discutible no es esa diferenciación (obvia en lo jurídico y lo sociológico), sino si el hecho de que yo tenga la convicción de que alguien es culpable de algo me da derecho a injuriarlo y calumniarlo públicamente. Mi opinión, insisto, es negativa. Pero negativa e igualitaria. Es decir, que pienso que no existe ese derecho ni contra la Infanta ni contra otros imputados (o sus familiares) desconocidos (y por lo general de clases bajas) cuando entran al juzgado por casos como el de Marta del Castillo o la niña Mari Luz… Sin embargo en estos casos nadie reclama por ellos, porque son ciudadanos de segunda. Y es que parece que el Ministro de Justicia, Esperanza Aguirre o el portavoz de Zarzuela solo caen en la cuenta de que la Justicia es un martirio y dramáticamente lenta (lo es para todos), o que la LECrim no impone la pena de paseíllo (a nadie, ni al más desgraciado de los ciudadanos), cuando extrañamente toca a los de su clase. Solo entonces, cuando las imperfectas leyes generales y las imperfectas políticas públicas afectan a “los suyos”, estos “servidores públicos”, reclaman y teorizan, tratando de superar con privilegiados tratos de favor la igualdad ante las normas… No puede ser. Así las cosas, mientras estos problemas no se resuelvan para todos, no cabe resolverlos ad hoc, para una sola persona, por Infanta que sea.

En tercer lugar tenemos el argumento de la imagen de la monarquía, que en el fondo es un argumento de razón de Estado: no debe dañarse a la Corona, si ésta cae, España como nación, como Estado, está en peligro. O la Corona o el precipicio. Pero toda defensa de la razón de Estado es un canto al trato desigual en casos iguales y, habitualmente, protege más los intereses establecidos (cierto orden establecido que beneficia a algunos) que el interés general (el orden público que es la ley igual para todos). En mi opinión, toda monarquía lleva en su ADN el credo de la desigualdad y el escepticismo hacia la democracia, y por eso es, desde la teoría, rechazable como forma de gobierno. Llegados a la práctica, una monarquía que no puede soportar la imputación de un miembro de la familia real sin retorcer el Estado constitucional merece ser desterrada inmediatamente del contrato social. Eso es lo que está sucediendo con el Caso Noos. De hecho, los comportamientos de la Fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial, de la Agencia Tributaria, los inspectores de Hacienda, hasta de RTVE…  todos parecen estar dirigidos a contradecir las palabras del discurso de Navidad de Juan Carlos I: “la ley es igual para todos”. A la vista está que no es así.

En último término, el tema de la rampa y el paseíllo de la Infanta no es más que una anécdota, muy reveladora, de la idea de igualdad (y hablamos de la igualdad formal, la liberal, ni siquiera de la igualdad material, la socialista) que han defendido en el pasado y defiende en la actualidad, no solo la Casa Real, sino otros organismos, estamentos, poderes y castas, bien conocidos. Una igualdad simulada. Vivimos un momento histórico en el que está teniendo lugar el pulso (desigual) entre quienes tratan de desterrar no solo la igualdad como igualdad de oportunidades sino también la mera igualdad ante la ley, y entre quienes defienden que no habrá Estado democrático ni ciudadanos libres si no se recuperan ambas.

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De derechos y privilegios: a propósito del auto del juez Castro

Por Javier De Lucas

El auto emitido por el juez Castro el pasado 3 de abril, por el que se accede a la solicitud de la acusación particular en el caso Noos para llamar a declarar a doña  Cristina de Borbón en calidad de imputada y que acaba de ser impugnado por el representante del Ministerio fiscal, merece a mi juicio una entrada en este blog colectivo sobre derechos humanos.

Buena parte de los comentarios sobre el mismo se han centrado en su repercusión política, que resulta indiscutible. Pero el documento del juez Castro es ante todo un recurso jurídico que tiene como objetivo esclarecer una cuestión procesal muy concreta que, desde luego, guarda relación con la garantía de los derechos de la persona afectada, la hija menor del rey Juan Carlos. Aunque no es esa, tampoco, la cuestión relevante para este blog.

En efecto, no trataré aquí de elucidar los fundamentos técnico jurídicos de ese auto, contrapuestos a los del escrito del fiscal Horrach, una tarea que tendrá que resolver la Audiencia Provincial, para decidir si procede o no la imputación de la infanta (que no su inocencia o culpabilidad, pues ésta no se dirime ahora). A mi juicio, lo más interesante es que, precisamente por las características del caso, en la argumentación del juez Castro subyace una idea central para la comprensión de la lógica de los derechos humanos, de su estatuto y función. Me refiero a la importancia de la dimensión conflictual del Derecho y de los derechos, de la centralidad del esfuerzo por hacerlos justiciables venciendo todo obstáculo. Es una noción de la que encontramos muchas referencias en la cultura jurídica y política. Desde el fragmento de Heráclito en el que nos recuerda que un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas, al leit-motiv de Ihering, “la lucha por los derechos”, o el conocido argumento de Hannah Arendt sobre la necesidad de hacer valer el “derecho a tener derechos”, entendido como el primero de los derechos humanos. Es también la idea que hay detrás de algunas obras maestras de la literatura y del cine, desde el Shylock de Shakespeare al Michael Kohlhaas de von Kleist o a la bellísima película Qiu-Ju, la historia de una mujer china, de Zhang YiMou.

Porque por encima del tema concreto de la implicación o no de la hija del rey, hay algo que me parece menos coyuntural en los argumentos del juez Castro. Más allá también de una prosa que a veces parece querer dar razón a las consabidas denuncias sobre las limitaciones y aun el carácter abstruso y rudimentario del lenguaje de los juristas (expresiones como “utilitarista figuración”, para referirse a la razón de la presencia de la infanta y del “asesor de la Casa de S.M. el rey”, o “interrogando a quienes pudieran tener razón de ciencia al respecto”), hay un mensaje importante, que a mi juicio responde cabalmente a la tarea de un juez.

Desde el primero de los fundamentos de Derecho el juez trata de presentar su trabajo como un esfuerzo argumentativo presidido por dos ideas que se encuentran en tensión: de un lado, la necesidad de respetar los derechos y garantías procesales de la afectada y, de otro, la exigencia de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley, algo en lo que coincide con el núcleo de la argumentación del fiscal, pues éste le reprocha precisamente que ha discriminado a la infanta con su decisión, carente de suficiente fundamento al no incorporar nuevos indicios sobre los que justificaron el rechazo de tal imputación en el auto de marzo de 2012.

Lo que se dirime en el fondo es dejar claro que ante el Derecho no puede haber trato de favor, ni tampoco de prejuicio (en la versión del fiscal), máxime en un caso en el que lo sustancial es ésto, la existencia o no de ilícitos cometidos gracias a privilegios, a la negación de la igualdad. Privilegios que hacen posible un tráfico de influencias y que tienen un coste para los ciudadanos en la medida en que los beneficios se han obtenido mayoritariamente sobre fondos públicos.

Pues bien, en los fundamentos jurídicos del auto no hay, a mi juicio, ni obsesión por cubrirse de la crítica de la calle, ni tampoco la pretensión de utilizar a la infanta como chivo expiatorio. Se trata de hacer valer la igualdad. A través de las declaraciones de los testigos (desde ese pintoresco secretario que firma actas de asambleas a las que no ha asistido, a los socios despechados, pasando por un emisario real y  un asesor que acepta ser tesorero y quiere que conste su condición de cargo de la Casa Real) y de las sucesivas entregas de emails el juez ha llegado finalmente a la conclusión de que hay razones para pensar que se utilizó una posición de privilegio para obtener unos beneficios conforme a un diseño ad hoc. Y por eso explica a lo largo del fundamento 5º que hay indicios suficientes para que sea necesario que la infanta declare –y que lo haga como imputada, condición que le ofrece garantías de defensa- sobre su papel en esa utilización de posiciones privilegiadas (esa “utilitarista figuración” del cargo de la casa real y de la propia infanta de la que se habla en el fundamento tercero), las que indudablemente tienen hoy los miembros de la casa real en España.

Porque una cosa es que –mediante la Constitución y las leyes- los ciudadanos hayamos acordado otorgar un status de privilegio a quienes desempeñan una función muy relevante y otra que algunos de quienes gozan de ese status privilegiado no les parezca suficiente y quieran obtener más beneficios, prevaliéndose de esa posición privilegiada y a costa del erario público. Aún más sangrante si quienes contribuyen a ese erario público lo hacen ahora en condiciones particularmente gravosas, que incrementan la relación de desigualdad con esos privilegiados.

El auto del juez Castro  es también una forma de pedagogía de los derechos. No prejuzgo si finalmente su interpretación será la que se considere mejor fundamentada. Pero su esfuerzo justificativo es acorde con este argumento clave: la historia de los derechos humanos es la de la lucha por la igualdad en su reconocimiento. Y eso supone ante todo luchar contra la discriminación, contra los privilegios, para rescatar la igualdad para los más débiles. Para limitar el abuso de los poderosos.