No a la impunidad. La necesidad de defender y fortalecer la justicia internacional penal

Carlos Gil Gandía

Todos los Estados del mundo vulneran los derechos humanos en diversos grados, la diferencia radica en que algunos los vierten de forma sibilina por sus alcantarillas, que son tapadas por la retórica jurídica y política. De ahí que los Estados deban cumplir sus obligaciones internacionales y que existan mecanismos jurídicos que controlen tal cumplimiento.

El 17 de julio se celebra el Día Mundial de la Justicia Internacional en honor a la adopción del Estatuto de Roma (tratado fundacional de la Corte Penal Internacional), cuya adopción se llevó a cabo el día y mes señalados de 1998 y entrada en vigor en 2002, por un amplio consenso internacional tanto de la sociedad civil como de los Estados y organizaciones internacionales.

La lucha contra la impunidad no solamente es un principio jurídico, sino es también un deseo de que la lógica de la justicia en tanto valor se imponga a la del olvido, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional.

En el ámbito internacional se está articulando normativa e institucionalmente la justicia internacional penal desde los juicios de Núremberg (1946) hasta la operatividad de la Corte Penal Internacional (2003). A lo largo de ese período se han redoblados los esfuerzos internacionales en la lucha contra la impunidad y, por consiguiente, en la protección y promoción de los derechos humanos, sistematizando en el marco de las Naciones Unidas las obligaciones generales existentes en relación con no a la impunidad. Estas obligaciones ponen de relieve la existencia de crímenes internacionales más graves de trascendencia para la comunidad internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ecocidio, crimen de agresión); por consiguiente, su gestión es un imperativo categórico que nos corresponde a todos, sin distinción de cargo jurídico-político, porque los crímenes mencionados son tan graves que son imprescriptibles.

¿Por qué se necesita una justicia internacional penal si están las justicias nacionales? Porque en muchas ocasiones las personas que cometen crímenes internacionales ─utilizando el aparato estatal la mayoría de las veces─ forman una tribu opulenta cuyo poder les permite, en la mayoría de los casos, lograr la ansiada impunidad (esta es la mayor vulneración de los derechos humanos: ejemplos varios tenemos todavía en España en relación con determinados personajes oscuros del franquismo). En este sentido, el contenido de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad quedan diluidos en el olvido a través de ejercicios y maniobras de manipulación y relativización en los diferentes contextos nacionales en los cuales se ha logrado incluir en la agenda pública la reconciliación y la paz en detrimento de la justicia y la lucha contra la impunidad, amén de deslegitimar o acallar las voces de las víctimas por mor de la tergiversación de los lenguajes institucionales en cuyos postulados retóricos subyace el refrán borrón y cuenta nueva.

Para evitar lo anterior, se necesita una justicia internacional penal fuerte, lo que supone la defensa y apoyo de instituciones como la Corte Penal Internacional. De esto modo, se demuestra el apoyo a la lucha contra la impunidad, la defensa de los derechos humanos y la reivindicación de un Estado de Derecho y Democrático que defiende los derechos de las víctimas reconocidos en instrumentos internacionales. Lo contrario implica la imposición en clave interpretativa de la narrativa del victimario, invisibilizando a la de la víctima.

En defensa de la Corte Penal Internacional

Carlos Gil Gandía

El nacimiento de la Corte Penal Internacional (1998) supuso un avance considerable en el proceso de humanización que el Derecho Internacional fue experimentando desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un hito histórico por dos razones: la primera, era el primer tribunal internacional de naturaleza penal nacido del consenso (120 votos a favor, 7 en contra ─Estados Unidos, Israel, China, Irak, Libia, Qatar y Yemen─, y 21 abstenciones), ya que los anteriores más cercanos en el tiempo (Tribunal Internacional Penal para la antigua Yugoslavia y Tribunal Internacional Penal para Ruanda) se crearon por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; la segunda, su operatividad, aunque limitada por su capacidad de actuación material y temporal, implica un gran paso cualitativo y cuantitativo en la lucha contra la impunidad a nivel universal, en general, y en la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, en particular, porque los tribunales internacionales penales predecesores las invisibilizaron por no reconocerlas como sujetos de pleno derecho. Resulta evidente, entonces, que este tribunal supuso un soplo de esperanza para aquellas víctimas que no logran, por los motivos que fuere, justicia, verdad y reparación a nivel nacional, amén de que su mera existencia ejerce un papel disuasorio del crimen.

            En el último año la Administración Trump ha comenzado una “guerra” sin paragón contra la Corte Penal Internacional: retirada del visado a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sanciones contra los funcionarios de la Corte, diplomacia de amigo-enemigo con aquellos Estados que se muestren partidarios del tribunal… Tal es la magnitud de los ataques que, por primera vez y de forma pública, se ha emitido un manifiesto, US attacks against the International Criminal Court a threat to judicial independence – UN experts, avalado por expertos y personas de relevancia vinculadas a las Naciones Unidas y activistas de derechos humanos, como son, entre otros, Fabian Salvioli (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición), Mary Lawlor (Relatora Especial sobre la situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos) o Fernand de Varennes (Relator Especial sobre cuestiones de las minorías).

¿Por qué actúa así Estados Unidos? Porque su intención no es otra que proteger a sus soldados y sus intereses políticos, económicos y geopolíticos en Afganistán (la causa palestina también suena de fondo porque se está llevando a cabo examen preliminar sobre presuntos crímenes cometidos en territorio palestino ocupado por fuerzas israelíes, incluida Jerusalén Oriental, desde el 13 de junio de 2014), pues la Corte ha abierto investigación por posibles crímenes de guerra, señalando la fiscalía a las tropas norteamericanas.

La hostilidad activa de Estados Unidos y de sus voceros contra la Corte no es nueva. Comenzó durante la Administración Clinton (puso enormes trabas a los borradores del Estatuto de Roma). Se agravó con la Administración de Bush Jr. (retiró la firma de su predecesor del Estatuto de Roma, gesto sin precedentes en las relaciones internacionales), presionando al tribunal por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (bloqueando investigaciones), firmando tratados bilaterales de no extradición o no entrega de hijos patrios-soldados por parte de Estados cómplices o sumisos a los Estados Unidos en donde tuviera situados sus tropas, y articulando, por ende, todo un entramado legislativo nacional para arrogarse la competencia en crímenes internacionales al margen del tribunal. Continuó con Obama (Premio Nobel de la Paz discutible) y se prorroga de forma más zafia y ruin con Trump. En el fondo, esta actitud no es más que hija del mantra político de Kissinger la dictadura de los jueces, que son tiranos si no se someten al hegemón que piensa que no solo la historia les pertenece, sino también conceptos como la libertad, la democracia y combatir la tiranía.

La sinrazón del agravio que padece una institución de suma importancia para las víctimas de crímenes internacionales se hace inmediatamente extensivo a la necesidad de que la UE y sus Estados miembros, fieles defensores de la Corte Penal Internacional desde sus inicios, se pronuncien en su defensa. De lo contrario, se mostrarían, una vez más, misericordiosos y complacientes con los desmanes de la Administración Trump y harían gala (¿reiterada?) de la doble moral europea: retórica de política de derechos humanos y operatividad de política con los derechos humanos, instrumentalizando así la máxima nulla ethica sine aesthetica como instrumento para tener razón.

Posiblemente esta crisis sanitaria, política, medioambiental (el tribunal penal internacional podría jugar un gran papel de reconocerse el Ecocidio como quinto crimen internacional ─junto con el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión─ bajo su jurisdicción) y económica global lo cambie todo. La cuestión radica en el cómo. Por ello, la defensa de la Corte Penal Internacional en tanto instrumento principal de la justicia internacional penal y marco de fortalecimiento en la lucha contra la impunidad y en la garantía de los derechos humanos es un imperativo categórico moral de cuestión global. Se necesitan hechos y voluntad política de los Estados, y no retórica publicitaria como sinónimo de la mentira esencial hecha cultura en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos.

Ante el silencio de los Estados parte de la Corte corresponde a la sociedad civil y a la Academia alzar la voz para agitar a los espíritus acomodados con el objetivo de reconducir la voluntad política para la satisfacción de un bien (y valor) colectivo como es la Corte Penal Internacional.