Negando a Montesquieu, ese pijo ácrata

Patricia Goicoechea

Tiene gracia que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, haya criticado a los magistrados de la Audiencia Provincial por “dejarse llevar por el sentir de la calle (…) algo propio de la Revolución francesa”. Curioso que se le viniera a la cabeza, precisamente, la Revolución francesa.

En 1789 se inició, en el continente, el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la lucha contra el poder absolutista. El éxito no fue inmediato e hicieron falta varias revoluciones a lo largo del siglo XIX para que el liberalismo se asentara. Sí, el liberalismo, esa doctrina política que giraba en torno a dos ejes fundamentales: el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos –plasmados en los textos constitucionales y de obligado respeto por el estado– y la separación de poderes, como protección frente al autoritarismo y la arbitrariedad que habían caracterizado al Antiguo Régimen. Así, sobre estas dos bases, se configuró el Estado de derecho.

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Natural por tanto que, para que esto no sea un desmadre y nos creamos con derecho a presentarnos ante las instituciones con nuestros cuadernos de quejas –como aquellos franceses revolucionarios con sus Cahiers de Doléances–, Ana Botella les haya recordado a los jueces que lo que tienen que hacer es “aplicar leyes emanadas del Parlamento”. Y se preguntarán ustedes: ¿pero es que los tres magistrados de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid no se han basado en leyes emanadas del Parlamento para confirmar que un escrache pacífico no es delito? Quédense tranquilos porque, sí, efectivamente, se basaron en leyes emanadas de nuestro Parlamento; concretamente, en el Código Penal y la Constitución, como ya ha contado muy bien aquí Joan Carles Carbonell Mateu hace unos días.

 Si la alcaldesa recurrió a esa linda y desacertada referencia a la Revolución francesa fue probablemente porque no supo ser tan sincera en sus deseos como algunos de sus compañeros de partido. Sí lo fue la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que apenas unas semana antes nos regaló la siguiente declaración de principios: “los jueces interfieren con sus actuaciones en decisiones que son políticas”.

Si alguno de ustedes sabe en qué consiste esa categoría de “decisiones políticas” que estarían por encima de la ley y habrían de ser incuestionables, le estaré muy agradecida de que me lo explique. Porque a mí lo que me contaron en las facultades de Derecho por las que pasé es que la separación de poderes no quiere decir que cada poder del Estado hace lo que le viene en gana y los demás callan. De lo que se trata es de que el ejecutivo toma sus decisiones, sabiendo que el poder judicial puede y debe ejercer un control de la legalidad de esas decisiones, de su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. En ese ordenamiento se incluyen la Constitución, las leyes emanadas del Parlamento –ahí sí tiene razón Botella–, las normas de rango inferior a la ley y, por supuesto, las normas de origen internacional que han sido debidamente ratificadas por nuestro país.

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Hay que reconocer que quien se lleva la palma en sinceridad es Esperanza Aguirre. La semana pasada, compartía sus deseos en Twitter: Espero que el ministro de Justicia deje bien claro que este tipo de autos y sentencias no se pueden producir.” En esta ocasión se refería al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el escrache a la Vice-Presidenta. Pero no es la primera vez que Aguirre reclama al Ministro de Justicia (poder ejecutivo) que le pare los pies a uno o varios jueces, que le baje los humos al poder judicial y que les deje clarito que lo de la separación de poderes no había que tomárselo al pie de la letra. También preguntó Aguirre hace unos meses, “¿Por qué no hemos destituido a López Guerra?, refiriéndose al juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, tras la sentencia que acabó con la Doctrina Parot.

Muy lógico. En una democracia asentada en un Estado de Derecho es inconcebible que el poder ejecutivo no vaya por ahí poniendo y quitando jueces, a su antojo, para asegurarse de que sus decisiones no sean sometidas a ningún control. Algo parecido ha sugerido también el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que los jueces españoles han de dejar de meterse donde no deben y abstenerse de tratar de proteger los derechos de los trabajadores para no frustrar los objetivos de la reforma laboral. Normal, porque no vaya a ser que mientras uno anda tomando decisiones políticas tenga además que preocuparse de cumplir con las normas. Que así no hay quien trabaje.

Los ataques de sinceridad de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, como las referencias históricas de Ana Botella, o los despropósitos del FMI, dan mucho juego. Inspiran chistes muy agudos, viñetas ocurrentes y amenizan las tertulias. Pero francamente no tienen ninguna gracia y deberían hacernos reflexionar sobre la preocupante tendencia que reflejan.

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Las críticas a los jueces y a las decisiones judiciales son necesarias en una sociedad democrática. Como poder del estado que son están necesariamente expuestos a las opiniones de la colectividad. Las opiniones pueden ser ofensivas, como aquello de pijo ácrata que le espetó Hernando al juez Pedraz. Pueden ser misóginas, como mucho de lo que se ha dicho de la juez Alaya. Pueden ser, en definitiva, una falta de respeto a la persona que hay debajo de la toga.

Pero aquí no se trata sólo un problema de respeto, ni a la persona ni a su función. De lo que se trata en cada una de esas declaraciones que he reproducido más arriba es de un grave desprecio a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Desprecian la independencia de los jueces porque sólo conciben un poder judicial que intervenga para refrendar sus decisiones. Un poder judicial al que se le pueda decir “ahora no toca” y éste se cuadre, se abstenga de tratar de velar por el respeto de la legalidad, de proteger los intereses de la sociedad y los derechos de todos. Quieren una justicia sumisa, a su medida. A sus órdenes.

 Esta voluntad es la que subyace a la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recortar, hasta casi eliminar, la competencia de los tribunales españoles para investigar y juzgar crímenes internacionales. Con esa reforma pretenden, entre otras aberraciones, que las causas actualmente abiertas sean inmediatamente archivadas. Esa voluntad de callar al poder judicial está presente en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que buscan darle a la Administración la capacidad de multar por comportamientos que los jueces se han negado a sancionar, considerándolos lícitos y necesarios en una sociedad democrática. Su deseo no disimulado de controlar la función judicial está, también, presente en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se pretende traspasar la instrucción a los fiscales, añadiendo a ello además un principio de oportunidad.

Desprecian el Estado de Derecho y tratan de sustituirlo por un Estado de su derecho. Allí donde las normas traduzcan sus postulados ideológicos, donde la crítica no tenga cabida y en el que únicamente seamos libres para estar de acuerdo con ellos. El problema lo tienen, en fin, con la propia democracia: el autoritarismo del que hacen gala, y que ya ni se molestan en disimular, da mucho juego para la sátira y el humor, pero nos está llevando por una senda muy peligrosa.

Si Montesquieu viviera hoy en España, saldría Cifuentes a decirle que se deje de sandeces, que los jueces no deben entorpecer “lo político” con sus inoportunas sentencias. Hernando lo llamaría pijo ácrata. Aguirre le pediría a Gallardón una reforma del Código Penal rapidita para poder meterle un paquete y callarle de una vez. Quizá el propio Fernández Díaz nos diría, muy circunspecto, que detrás de este ilustrado y sus amigos están en realidad grupos itinerantes de radicales de extrema izquierda con la oscura agenda de hacer peligrar la paz social.

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Disculpen si molestamos: precisiones sobre el derecho de reunión en Democracia

Por Patricia Goicoechea

Desde hace cuatro años hemos escuchado en innumerables ocasiones que una crisis es una oportunidad. Y esta que vivimos lo está siendo, entre otras cosas, para calibrar la solidez de nuestra democracia. O, mejor dicho, está dándonos a los ciudadanos la oportunidad de comprobar que muchos de quienes desempeñan funciones y cargos públicos no se sienten cómodos cuando ejercemos algunos de nuestros derechos fundamentales, inherentes a todo régimen democrático. En fin, que quizá con lo que no se sienten cómodos algunos de nuestros políticos es con el propio concepto de democracia.

Ello ha quedado especialmente patente con el ejercicio del derecho de reunión. Derecho fundamental, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 21, y derecho humano reconocido y protegido por multitud de instrumentos internacionales de los que España es parte y que, por ello, han de ser obligatoriamente respetados por las administraciones y autoridades. Este derecho de reunión al que se refieren la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no es el derecho a reunirse, en privado, para una celebración familiar. Este derecho a la libertad de reunión que protegen la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales no es el derecho a juntarse en un lugar apartado, lejos de la vista de terceros, y en silencio. El derecho humano a la libertad de reunión, el derecho fundamental de reunión, incluye evidentemente la posibilidad de que los ciudadanos nos manifestemos, nos concentremos, nos unamos para reivindicar, protestar, quejarnos o apoyar aquello que consideremos oportuno, siempre que lo consideremos necesario y allí donde nos parezca apropiado. En definitiva, lo que se protege es una forma de ejercer el derecho a la participación en asuntos públicos a través del derecho de reunión y manifestación. Ello tiene una contrapartida para los poderes e instituciones del Estado: su obligación de proteger el disfrute de este derecho y asegurarse de que pueda ser efectivamente ejercido.

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Sin embargo, antes, durante y después de cada una de las manifestaciones masivas a las que venimos asistiendo en estos últimos años, son habituales las declaraciones de cargos públicos en las que se pone en duda que el ejercicio de este derecho fundamental se esté ejerciendo de forma legítima, en las que se califican de ilegales aquellas concentraciones que no han cumplido con el requisito de la comunicación previa o, en fin, se apela a la necesidad de revisar nuestras leyes y modular el ejercicio de este derecho fundamental.

Tanta es la confusión, que hace unos días el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, tuvo que recordar lo obvio: que una concentración pacífica es un ejemplo de ejercicio del derecho fundamental de reunión. Esta demostración de sentido común y, sobre todo, de conocimiento jurídico por parte del señor Moliner dio lugar a que la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, volviera a repetir ese argumento al que se viene aferrando desde que tomara posesión de su cargo para tratar de restringir sistemáticamente toda manifestación o concentración: que el artículo 21 de la Constitución establece que el ejercicio del derecho de reunión debe ser previamente comunicado. De este argumento, que la Delegada del Gobierno repite como un mantra, concluye ella misma que toda concentración no comunicada es ilegal y, por tanto, ha de ser restringida (mediante la imposición de sanciones administrativas a los participantes, despliegues policiales desproporcionados y cargas arbitrarias por parte de los agentes antidisturbios).

Es cierto que el artículo 21 de la Constitución prevé que se dé comunicación previa a las autoridades en el supuesto de manifestaciones en lugares de tránsito público. Ahora bien, ese requisito de notificación previa tiene como único fin asegurar que las autoridades pongan los medios necesarios para que pueda darse un ejercicio efectivo del derecho de reunión. En ningún caso la ausencia de notificación previa puede considerarse un motivo legítimo para la obstaculización del ejercicio del derecho, ni para la disolución de la manifestación, ni tampoco para la posterior sanción a los participantes. Así lo vienen recordando los tribunales internacionales (entre otras, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Barraco c. Francia), las organizaciones internacionales (por ejemplo, las Líneas Directrices sobre el Derecho de reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea) y más recientemente el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho de reunión en su último Informe al Consejo de Derechos Humanos. Estos estándares internacionales han de ser respetados por las autoridades y órganos judiciales españoles cuando interpretan los derechos fundamentales que reconoce y protege nuestra Constitución, como ésta prevé expresamente en su artículo 10.2. En definitiva, el carácter esencial del derecho de reunión, inherente a toda democracia y forma de ejercicio del derecho a la participación en asuntos públicos, exige que su ejercicio sea protegido siempre, aún cuando no se haya cumplido con el requisito de la comunicación previa.

Otra costumbre que va arraigando entre nuestros cargos públicos, y a la que es especialmente aficionada la Delegada del Gobierno en Madrid, es la sistemática confusión entre “concentración no comunicada” y “concentración ilegal”. Sólo pueden ser consideradas ilegales aquellas manifestaciones que entran en la descripción del artículo 513 de nuestro Código Penal; es decir, aquellas que se celebren con el fin de cometer un delito o a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos y objetos contundentes o peligrosos. Luego, el mero hecho de que una manifestación no haya sido previamente comunicada a la autoridad competente no es motivo para considerarla ilegal, mucho menos para calificarla como tal. Sólo puede haber dos motivos para tal confusión. El primero, el mero desconocimiento de las normas por parte de quien mezcla ambos conceptos. El segundo, la descarada voluntad de confundir con ello a la opinión pública, trasladando el mensaje de que quienes acuden a tales concentraciones no comunicadas previamente están incurriendo en comportamientos ilegales, peligrosos, dignos por tanto de ser reprimidos. Esto último es una gravísima irresponsabilidad por parte de quien desempeña funciones públicas. Es aterrador que quien tiene la responsabilidad de asegurar y proteger el ejercicio de los derechos constitucionales en la Comunidad de Madrid (y la posibilidad de dar las órdenes necesarias para restringir e impedir su ejercicio) demuestre sin sonrojo tan poco respeto por esos mismos derechos y tan poco apego a las normas que regulan su ejercicio.

Finalmente, venimos escuchando otros dos argumentos también inquietantes: que los mensajes críticos transmitidos en algunas manifestaciones son considerados ofensivos por nuestros dirigentes, y constitutivos por ello de violencia verbal, y que convendría que las manifestaciones, de no poder ser evitadas, se realicen a suficiente distancia del lugar en el que están aquellos a quienes van dirigidos los mensajes (300 metros, se ha llegado a decir). En primer lugar, el derecho de reunión en una democracia incluye, necesariamente, la posibilidad de que quienes lo ejercen sostengan mensajes incómodos, chocantes y ofensivos. Incluye también, por supuesto, que el ejercicio de este derecho resulte perturbador para terceros, en particular para aquellos que no comparten el mensaje y, sobre todo, para aquellos contra quienes éste va dirigido. Cuando la movilización social busca hacer llegar un mensaje de desafección, de protesta, de queja a los dirigentes y cargos públicos es obvio que para estos últimos tal mensaje será incómodo. Pero esa incomodidad no es motivo para que se pretenda obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental, ni mucho menos para pretender anularlo, aún cuando para ello se utilice el absurdo eufemismo de la modulación. Si bien existe un derecho humano a la libertad de reunión, no se reconoce en ningún texto internacional ni en nuestra Constitución un derecho humano o fundamental a no ser ofendido. En segundo lugar, el ejercicio del derecho de reunión debe venir presidido por el principio de la percepción visual y auditiva (“sight and sound principle”), que implica que el mensaje que la movilización pretende transmitir llegue efectivamente a sus destinatarios y también al resto de la población. Toda pretensión de alejar la concentración de un espacio físico concreto elegido por quienes en ella participan, o de censurar consignas, puede resultar en una restricción del derecho de reunión de entidad suficiente como para conducir a una negación de su ejercicio, atentando contra la esencia misma del derecho. Ello resultaría desproporcionado e injustificado en una sociedad democrática.

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No olvidemos que en los regímenes totalitarios se protege también el derecho de reunión y la libertad de expresión. Eso sí, siempre que la expresión sea favorable al régimen y el ejercicio del derecho de reunión sirva para dar lugar a baños de multitudes afines. De ese entendimiento de los derechos de reunión y expresión sabemos mucho en este país, pues esa fue la interpretación que perduró durante los cuarenta años de dictadura. Quizá lo que proceda preguntarse ahora, ante las declaraciones de algunas y algunos que ejercen cargos públicos, es si es allí donde queremos volver o si, por el contrario, es precisamente ahora cuando nos corresponde defender nuestros derechos fundamentales que tanto costó ver reconocidos y protegidos. Estos derechos nuestros no son en modo alguno un lujo que nos fuera otorgado y que pueda recortarse, sino el producto de una larga y difícil conquista social.