Un deber universal: el asilo es de todos

Javier de Lucas

“Nos quieren en soledad, nos tendrán en común*

No son estos tiempos propicios para hablar de deberes. Incluso de deberes básicos. Menos aún en nuestro país, cuando los ciudadanos sufren muy considerables sacrificios impuestos so pretexto de que es nuestra contribución obligada para salir de una crisis… que no ha sido producida por los ciudadanos en cuestión, sino muy abrumadoramente por una elite que apenas se ha visto perjudicada ni exigida en el mismo sentido.

Tampoco la ideología dominante, atomista más que individualista (“pornoindividualista”, canta Nacho Vegas), facilita una pedagogía sobre los deberes. Más bien parecería que sucede lo contrario: esa concepción dominante justifica, 150 años después, la crítica formulada por Marx en La cuestión judía, cuando criticaba una noción de los derechos basada en la noción de los seres humanos no ya como individuos, sino como islas (pese al exhorto de John Donne, “ningún hombre es una isla”), si no incluso como mónadas o átomos. Tenía razón Marx: si arrancamos de esa ideología, estamos de nuevo ante la ley de la selva, del más fuerte: sólo tendrá derechos quien puede permitirse prescindir de los demás, vivir aislado. Si a ello se suma la exaltación del libertarianismo consumista, que postula la consagración como un derecho de lo que en muchos casos no es sino una mera expectativa, si no un capricho o arbitrariedad, está claro que hoy resulta difícil explicar la noción de deberes básicos. Sigue leyendo

El burkini, una prenda «proporcionada» desde la perspectiva de los derechos humanos

Ana Valero

El Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo alemán acaba de dictar una sentencia con la que niega el derecho de las alumnas de religión musulmana a verse eximidas del deber de asistir a las clases mixtas de natación por motivos religiosos. La satisfacción de sus exigencias de conciencia habrá de limitarse, según el juez alemán, a poder asistir a las mismas ataviadas con el llamado “burkini”. El fallo se produce en respuesta a la pretendida exoneración de una alumna de 11 años de edad cuyos padres apelaron a una interpretación del Corán que impide que las mujeres mayores de 7 años muestren su cuerpo en presencia del sexo masculino.

Desde mi punto de vista, la instancia judicial alemana da una respuesta acertada, por proporcionada, a un conflicto de derechos fundamentales que tiene como telón de fondo la necesidad de conjugar el respeto a la identidad cultural y religiosa de los colectivos minoritarios en las sociedades europeas, con la protección del derecho a la educación integral y a la libre formación de la conciencia de los menores pertenecientes a dichos colectivos. Trataré de explicarme.

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Son múltiples las pretensiones de exención al cumplimiento de los deberes que impone la legislación del país de acogida que han llegado a las instancias administrativas o judiciales europeas en las últimas décadas, pero me centraré en las planteadas en el ámbito educativo. Ya en los años setenta, el Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvieron que pronunciarse sobre la objeción de conciencia a la educación sexual planteada por determinados colectivos cristianos. Y más recientemente, múltiples son los supuestos de objeción que padres de religión musulmana presentan frente a la obligatoriedad de materias como la educación física, la asignatura de ciencias naturales o, incluso, la de música. A éstos cabe sumar el rechazo de ciertos padres con convicciones de raíz cristiana estadounidenses a que sus hijos adquieran conocimientos sobre la teoría evolucionista o el Darwinismo.

En todos estos supuestos de pretendida objeción por motivos religiosos las asignaturas cuestionadas formaban parte del currículo educativo obligatorio del sistema público de enseñanza, y en todos ellos, los demandantes consideraban que la integración de dicha materia en el currículo educativo de las escuelas públicas violaba su derecho de libertad religiosa y el derecho a que sus hijos recibiesen una formación que no contradiga las convicciones paternas. Y en todos ellos la respuesta judicial ha sido la misma: los derechos formativos de los padres deben ceder ante el derecho que corresponde a sus hijos de recibir una formación integral que contribuya al libre desarrollo de su personalidad. Pero vayamos paso a paso.

En relación con la educación sexual, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -Sentencias promulgadas en los Casos Kjeldsen, Bush Madsen y Pedersen c. Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976 y Folgero c. Noruega, de 29 de junio de 2007- estableció una importante doctrina cuyos puntos esenciales pueden resultar enormemente útiles para el enjuiciamiento de los diferentes supuestos de objeción parcial al sistema homologado de enseñanza que todavía hoy se siguen planteando. Dicha doctrina puede resumirse así: el Estado, cuando en el ejercicio de sus competencias en materia educativa, diseña el currículo educativo oficial no está obligado a adecuarlo a las distintas opciones ideológicas o religiosas paternas “accomodation”, lo que haría de la enseñanza algo impracticable. Lo único que no puede hacer la Administración Pública es introducir en el Currículo Educativo materias claramente “adoctrinadoras” de los menores.

Pero ¿cuándo una materia o el tratamiento docente de la misma puede ser “adoctrinador”? A este respecto el Tribunal Europeo también es claro. Puede haber materias como la educación sexual cuyos contenidos sean sensibles para determinadas opciones ideológicas y/o religiosas de la sociedad, pero, si las mismas son tratadas en la escuela con la objetividad y la neutralidad suficiente como para que su aprendizaje incentive el espíritu crítico de los alumnos, el Estado puede introducirlas en el currículo educativo como obligatorias para satisfacer la “educación integral de los menores”.

“Educación integral” que debe ser entendida como la posibilidad que tiene el menor de acceder en el ámbito educativo al pluralismo de ideas, creencias y convicciones presentes en la sociedad, aunque sean distintas o contrarias a las de sus padres.

Si la escuela pública es el lugar idóneo para que convivan las ideas, creencias o convicciones en plena libertad y para que las mismas puedan ser contrastadas e incluso cuestionadas por los menores, es imprescindible que la misma sea neutral. Dicha neutralidad de la Administración educativa, entre otras, es la que pretende garantizar el principio de laicidad vigente en la mayor parte de las Constituciones occidentales de nuestro tiempo. En dicha línea, la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana establece el “principio de separación Iglesia y Estado” que se concreta en la prohibición de que en las escuelas públicas se enseñe religión.

darwinismo

Pues bien, la Corte Suprema norteamericana debió pronunciarse sobre la demanda de diversos grupos cristianos que, durante años, y basándose en una interpretación literal de la Biblia, han tratado de expulsar del currículo educativo de la escuela pública la enseñanza de la teoría evolutiva o Darwinismo o han pretendido que la misma fuese expuesta a los alumnos como una teoría más e impartida en igualdad de condiciones a la teoría del creacionismo. En sus sentencias de los Casos Epperson v. Arkansas (1968) y Edwards v. Aguillard (1987), la Corte señaló que dichas pretensiones están basadas en una particular interpretación del Libro del Génesis por parte de un determinado grupo religioso y que, en consecuencia, tienen como finalidad última introducir la enseñanza de la religión en la escuela pública, algo terminantemente prohibido por la Primera Enmienda a la Constitución.

Dos décadas más tarde, en el Caso Edwards v. Aguillard (1987), la Corte Suprema tuvo que determinar si era acorde con la Primera Enmienda Constitucional una ley educativa del Estado de Lousiana que exigía a aquellas escuelas que enseñasen el Darwinismo en sus aulas, enseñar también la teoría creacionista. Y la respuesta fue contundente: la voluntad del legislador de Lousiana no era ampliar los conocimientos que sobre el origen del hombre podían adquirir los estudiantes en las escuelas del Estado, sino sujetar la enseñaza de todo lo relativo a este asunto a la visión de una confesión religiosa concreta, algo claramente inconstitucional.

A la Educación Sexual y al Darwinismo, debemos sumar desde el miércoles pasado una nueva materia: la natación. Siguiendo la misma línea de razonamiento que los Tribunales hasta ahora examinados, el Tribunal Administrativo Federal alemán ha entendido que la existencia de una prenda como el burkini permite “acomodar” las exigencias de vestimenta musulmana con el deber de las menores de dicha religión de asistir a las clases de una materia obligatoria. Y ello porque, según señala el propio Tribunal, es importante que las niñas musulmanas se vean confrontadas, siempre y cuando se sientan lo suficientemente cómodas, con alumnos que piensan de manera distinta en un clima de respeto y tolerancia.

Vemos cómo el Tribunal alemán prioriza el derecho de las menores a recibir una formación plural y, por ende, integral, que les permita tomar decisiones futuras, incluso de vestimenta, en plena libertad frente a las convicciones religiosas de sus propios padres, no sin buscar una solución equilibrada y “proporcionada” que respete todos los derechos fundamentales en conflicto: la utilización del burkini. Solución, por tanto, mucho más respetuosa con los derechos humanos que las prohibiciones absolutas que en materia de vestimenta musulmana –prohibición del uso del burka en los espacios públicos- han adoptado otros países europeos como Francia o Bélgica.

En el equilibrio y la proporción está el acierto y parece que el burkini, a pesar de dejar sólo al descubierto la cara, pies y manos de quien lo viste, es proporcionado.