Cuando la religión ocupa el espacio público

Ana Valero

El pasado lunes se ofició en la catedral de la Almudena de Madrid el último de los actos destinados a despedir al fallecido expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, un funeral de Estado. El acto, cuya polémica venía garantizada por la asistencia del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang, ha resultado doblemente controvertido por el contenido de la homilía del encargado de su oficio, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Ante más de 1.000 asistentes, entre los que se encontraban las principales autoridades del Estado, Rouco afirmó que Suárez trajo la “concordia” y la “reconciliación” a España, una España “que, con sus jóvenes, quería superar para siempre la Guerra Civil, los hechos y las actitudes que la causaron, y que, la pueden causar”.

Con esta extraña alusión a los riesgos actuales de una guerra civil, el cardenal hizo una vez más algo que ya es habitual en sus homilías, desprenderse de la sotana cardenalicia y sustituirla por una indumentaria política cargada de irresponsable provocación. Pero más allá de sus polémicas declaraciones, debemos preguntarnos ¿qué hace el ministro de culto de una confesión religiosa haciendo discursos políticos frentistas en un acto destinado a despedir al primer presidente de la democracia? ¿Por qué dicha despedida tiene lugar en el contexto de un llamado “funeral de Estado? ¿La celebración de este tipo de actos se compadece con el principio de laicidad garantizado por la Constitución?

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Desde mi punto de vista el tema admite poca discusión, no cabe, en nuestro ordenamiento constitucional, dotar de contenido religioso a este tipo de ceremonias que se celebran en nombre del Estado. Es cierto que nada impide la celebración de ceremonias privadas de contenido religioso si quienes en ellas participan así lo desean, pero el principio de laicidad impide de manera taxativa dotar de contenido religioso a ceremonias de Estado, esto es, públicas. Por ello es inadmisible que el ministro de culto de una determinada confesión haga propaganda de ésta en el espacio público institucional. Pero si esto es así ¿por qué siguen oficiándose? La respuesta es clara, los funerales de Estado son uno más de los numerosos residuos que en el plano sociológico traen causa, sin que ningún Gobierno ni legislador haya hecho nada por remediarlo, de la confesionalidad católica que ha caracterizado nuestro modelo durante siglos. Residuos que, se mire como se mire, no encuentran amparo jurídico alguno en nuestra Constitución.

Así, tampoco se justifican, desde la perspectiva del principio de laicidad del Estado, la presencia de autoridades o instituciones públicas en ceremonias religiosas. Tal es el caso de la presencia de miembros de las corporaciones municipales o de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las procesiones religiosas católicas, en algunos casos incluso en calidad de Hermanos Mayores de determinadas Cofradías. Tratar de justificar dicha vulneración del principio de separación entre Iglesia y Estado sobre la base de motivos de índole puramente cultural, folclórico o festivo implica desconocer que el derecho de libertad de conciencia de los ciudadanos que no profesan dicha confesión puede quedar en entredicho al ver cómo sus representantes se identifican con las manifestaciones de culto de dicha religión.

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El último de los residuos de dudosa constitucionalidad, por vulnerar el principio de laicidad del Estado y, por ende, la libertad de conciencia de los ciudadanos, es la presencia de símbolos y emblemas religiosos en los edificios públicos. Algo con respecto a lo cual se ha pronunciado recientemente la Defensora del Pueblo en su último Informe Anual, desaconsejando la presencia de crucifijos en la sala de plenos de las corporaciones locales. Presencia que también se da en los centros docentes públicos, junto con el belén navideño, y en los juzgados. Pues bien, en todos estos casos queda comprometida la neutralidad del Estado porque dicha presencia implica una suerte de preferencia por parte de las autoridades públicas de una concreta creencia frente a otras y, además, preside la actividad pública de que se trate, confundiendo la función pública y la función religiosa. Confusión que se agrava cuando de la presencia de símbolos religiosos en las aulas de centros docentes públicos se trata. Y ello porque el símbolo de que se trate –principalmente el crucifijo-, además de presidir la actividad docente e identificarla a ella y a los encargados de impartirla con la confesión que representa, ejerce un influjo indudable sobre el alumnado que carece todavía de la madurez suficiente como para que les resulte indiferente.

La “laicidad” del Estado es el único marco posible para que la “libertad” de todos ciudadanos en materia de conciencia sea real y efectiva. Exijamos, por tanto, a nuestros representantes que dejen de ser continuistas con prácticas que se remontan ya al siglo pasado y avancen de una vez por todas por la senda de la neutralidad.

La Defensora del ministro, y el Pueblo

Fernando Flores

Entre la Defensora del Pueblo y el Pueblo se ha entrometido un ministro. No es la primera vez ni, me temo, será la última. Cuando esto sucede, los derechos de los ciudadanos no salen bien parados. Tampoco la Defensoría.

Ha sido con ocasión de la Ley de Tasas. Ésta, impulsada por un convencidísimo ministro de Justicia, se aprobó con cierta prisa en noviembre. A su favor el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular. En contra, todos los demás: la oposición al completo, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía Española, las organizaciones de consumidores, numerosos jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia, organizaciones defensoras de los derechos humanos…

No ha sido por falta de discusión, enmiendas, informes, manifestaciones, concentraciones, paros… el ministro Gallardón era consciente del malestar, de la frontal oposición y de los argumentos de quienes consideran la Ley de Tasas una mala norma que, además, es inconstitucional… Quede claro que no es necesario ser doctor para darse cuenta que la Ley era (y es) un atropello contra el derecho a la tutela judicial, que deja indefensos a los ciudadanos con menos recursos, que maltrata a los abogados, y que avergüenza a jueces y secretarios judiciales.

En fin, la Ley se aprobó sin mayor discusión, y el ministro fue capaz de decir al mismo tiempo que la Ley iba a tener un “contenido social extraordinariamente positivo” y que “gobernar era a veces repartir dolor”.

Pero la arrogancia combina mal con la improvisación (y no digamos con la incompetencia). Al parecer, con las prisas, el Gobierno no sólo no había caído en que para cobrar las tasas necesitaba un modelo de autoliquidación (por lo que se vio forzado a dictar una Instrucción al día siguiente y posponer la entrada en vigor de la Ley algunas semanas), sino que había olvidado la existencia de la Defensora del Pueblo, el encargo que tiene de las Cortes Generales de proteger los derechos de los ciudadanos, y su competencia para plantear recursos de inconstitucionalidad.

Así que ahí tenemos a la Defensora, acuciada por abogados y organizaciones sociales, exigiéndole la presentación de un recurso contra la Ley de Tasas ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho de acceso a la Justicia, un recurso sin duda ganador.

Pero la Defensora no quería ni interponer el recurso contra el ministro (se sospecha que esto puede ser debido a su pasado como diputada y senadora del Partido Popular), ni aceptaba quedar mal del todo con el Pueblo. Por eso redactó un papel con ocho recomendaciones sobre la Ley de Tasas (ninguna de ellas desconocida para el Gobierno) y, pocos días antes de que expirase el plazo para presentar el recurso, se lo entregó a Gallardón. Se desconoce por qué no se le había ocurrido a la Defensora esa misma iniciativa durante la tramitación parlamentaria, o en el momento en que la Ley entró en vigor (en diciembre). Se desconoce pero se sospecha.

Así que tres meses después de la entrada en vigor de la Ley de Tasas, el viernes 22 de febrero, el Gobierno aprueba un Decreto Ley (norma reservada para la urgente necesidad) en el que modifica aquélla e incorpora alguna de las recomendaciones, no todas, de la ya desactivada Defensora. (Aquí podría aventurarse una idea, y es que de igual modo que se habla de fraude de ley, podría hablarse de fraude de institución).

En concusión, el Decreto Ley es, en sí mismo, un reconocimiento de la arbitrariedad de la Ley de Tasas modificada (no hay más que leer la exposición de motivos), aunque no prueba que él mismo no sea arbitrario. Más bien al contrario: las tasas siguen sin estar fundamentadas en el principio de capacidad económica del ciudadano, obstaculizan el acceso a la Justicia de las clases medias y bajas y favorecen a quienes más tienen. Quizás la Defensora (si es del Pueblo y no del ministro) estudie ahora el Decreto, y, a la vista de que no ha recogido todas sus recomendaciones, se plantee la posibilidad de impugnarlo. Tiene tres meses para hacerlo.

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