La democracia interna de los partidos: entre el vicio y la virtud

Fernando Flores

Hace unos años una militante asturiana del Partido Socialista, escandalizada por una discutible decisión de la ejecutiva regional del Partido (la suspensión de un proceso de primarias para elegir el candidato a alcade de Oviedo), escribió una carta al periódico La Nueva España, en la que se despachaba a gusto contra los miembros del órgano directivo. En esa carta pública calificaba la decisión de “arbitraria, torpe y burda”, de “espectáculo bochornoso y lamentable”, y tachaba a los compañeros que la habían adoptado de ser “mangantes, garrapatas”, y de “tener la lengua marrón”. Entre otras cosas.

La carta le costó a la articulista una sanción de 20 meses de suspensión temporal de militancia. Ella recurrió primero a los tribunales ordinarios, y más tarde en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC). Éste, diez años después de aquella publicación, ha entendido que la sanción del partido no ha vulnerado su libertad de expresión. Sigue leyendo

Democracia interna, derecho de participación y resultados electorales

Fernando Flores

De Santa Bárbara nos acordamos cuando truena y de la democracia interna de los partidos cuando llegan las elecciones y se elaboran las listas electorales. Casi siempre demasiado tarde, casi siempre categóricamente. Siempre desde el cálculo político, nunca desde lo que de exigencia constitucional (jurídica, exigible) tiene.

Leyendo los documentos que han girado alrededor de la defenestración de Tomás Gómez y su equipo (la Resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, el Recurso de Tomás Gómez ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, los Estatutos del PSOE, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva…), uno se pregunta cómo tanta gente tiene tan claras las cosas que han pasado, y tan claro lo que ha estado bien y ha estado mal en la decisión de unos y en el comportamiento de otros. La realidad es que el peso de esos criterios viene dado en buena medida por la simpatía o antipatía hacia el verdugo o el ejecutado, o, si por ninguno, por la evaluación de los pros y contras resultantes de una decisión tan radical. Es comprensible. Pocos ámbitos como el de la vida interna de los partidos para experimentar el verdadero significado de palabras como sectarismo, ambigüedad y escurridizo.

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Aún así, en esa decisión se ha aplicado el Derecho, se han ejercido derechos fundamentales (el derecho de autoorganización como ejercicio del derecho de asociación, por parte de la CEF), y se ha afectado gravemente a derechos fundamentales (al menos el derecho de participación política de los militantes suspendidos de sus cargos). Así que, además de valorar el acierto o desacierto político de la medida, resulta conveniente preguntarse si ésta ha respetado la exigencia constitucional de funcionamiento democrático del partido y de respeto de los derechos de los militantes. Una pregunta que, como va a verse, no tiene una respuesta fácil. Sigue leyendo

Sobre la democracia interna de los (partidos) modernos

Fernando Flores

Las sorprendentes declaraciones del eurodiputado de UPyD, Sosa Wagner, quien en un artículo de opinión ha acusado de autoritarismo y personalismo a la dirección de su partido, y la constatación por parte de Podemos de que algunos de sus Círculos están siendo creados u ocupados por personas ajenas a la ideología o los principios de la organización, trae de nuevo el debate sobre el alcance que se puede esperar de la exigencia constitucional de democracia interna en los partidos políticos. Pero esta vez con la novedad de que estamos ante dos formaciones que han coincidido (con siete años de diferencia) en presentarse al electorado como algo “diferente” a los partidos clásicos, y que, en teoría, conocen y practican una forma alternativa de relación entre los dirigentes y el demos (comprenda éste a militantes, afiliados, simpatizantes o votantes) vinculado a su organización.

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En primer lugar creo que merece la pena perder un momento para reivindicar la manifestación del derecho de asociación que es el partido político, como idea y como instrumento fundamental –imprescindible, en absoluto el único pero sí imprescindible– de las maltrechas democracias representativas, que lo son hasta el día de hoy y lo van a ser por algunos años más.

La teoría general sobre partidos nos explica que sus funciones básicas son la de recoger, filtrar y agregar las demandas sociales, la estructuración del voto, el denominado reclutamiento de las elites y del personal político, y la toma de decisiones y la formación de políticas públicas. Los partidos representan a la sociedad en el Estado, o en organizaciones mayores como la UE, y tratan de llegar al gobierno para realizar las demandas sociales que representan. Creo que ninguna de estas funciones es ajena ni a Podemos ni a UPyD, y por eso entiendo que las declaraciones de sus dirigentes tratando de alejar de su organización la imagen de partido “institucional” se deben, sobre todo, a una cuestión de oportunidad política, pero que no se corresponden con la realidad.

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Así, la idea según la cual Podemos solo es un partido porque legalmente le obligan (ver su página web) carece de sentido. Aunque su denominación no fuera la de “partido político”, el grupo de personas que lo ha impulsado habría creado una organización dirigida a recoger y ordenar las demandas sociales, sería una plataforma de selección de representantes y líderes políticos y trataría de llegar al poder para realizar su programa, lo cual lo convertiría en un partido, independientemente del modo en que decidiera nombrarse. Cosa distinta (y desde luego muy importante) es la metodología que Podemos esté utilizando para relacionarse con la sociedad y ser parte de ella, para absorber y estructurar la voluntad popular, para seleccionar sus líderes y dirigentes, y para tomar decisiones políticas. Sin duda es en este campo donde se revelan las carencias más graves de los partidos conocidos, y donde Podemos subraya su singularidad (en principio, y si se atiende a sus propuestas y funcionamiento conocido –salvo alguna que otra excepción- con razón). Sin embargo, este fundamental aspecto tiene que ver con la democracia interna de la organización y su apertura a la sociedad, pero no con su naturaleza como partido.

De igual manera, que UPyD sea una organización política diferente porque no está formado por “políticos profesionales”, además de quedar desmentido por la dilatada biografía de su líder, muestra un aspecto difícil de constatar en un partido con siete años de historia. Aún así, el concepto “político profesional”, además de resultar ambiguo,  suele utilizarse de modo peyorativo, y creo que en realidad se refiere más a una forma de actuar (el primer objetivo del político profesional sería su propio interés y futuro) que a la permanencia en la arena política. Hay políticos con muchos años de intachable trabajo en su partido y en las instituciones, y otros que acaban de llegar y se comportan como auténticos “profesionales”. Por lo demás, en el contexto del que estamos hablando, Gorriarán (diputado de UPyD por Madrid y responsable de Programa y Acción Política del partido) ha descrito a Sosa Wagner como “corrupción política pura”, lo que demuestra que es mejor no caracterizar a las organizaciones políticas por elementos menores (y escurridizos), y si son partidos políticos, llamarlas partidos políticos.

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En cuanto a la democracia interna de los partidos, ésta se nutre fundamentalmente del ejercicio efectivo de los derechos de sus afiliados. El acceso a la información, la libertad de expresión, la participación en las propuestas y las deliberaciones internas, la posibilidad de ser candidato a los puestos de dirección del partido o a formar parte de las listas que éste confecciona para las elecciones a instituciones del Estado… estos son algunos de los derechos más importantes para garantizar un funcionamiento interno que habitualmente recogen los estatutos de los partidos. Otra cosa es su efectividad.

Esa efectividad viene reducida muy considerablemente por dos hechos complementarios: el primero es el contexto extremadamente competitivo en que actúan los partidos, que aconseja ofrecer al ciudadano elector una imagen de solidez y claridad de ideas (más aún en un sistema como en el español en el que hay elecciones prácticamente todos los años). El segundo es la tendencia de las organizaciones –a saber sus dirigentes– a sobrevivir a (lo que, con razón o sin ella, consideran) ataques o prácticas que pueden poner en peligro su fortaleza o hegemonía. Es por ello que el Tribunal Constitucional español ha considerado que junto a la exigencia de democracia interna en los partidos (art.6 de la Constitución), también debe reconocerse a estos un margen razonable de autoorganización y funcionamiento (derivado éste del derecho de asociación que reconoce el art. 22 CE). Como es sabido, la tensión constante que este equilibrio provoca suele ser favorable a quienes ostentan la dirección del partido y perjudica a las (normalmente minorías, aunque tengan razón) que reclaman un funcionamiento más democrático.

En cualquier caso, lo interesante ahora es comprobar cómo los partidos ‘modernos’ encaran la puesta en práctica de esa democracia interna, después de haber criticado duramente (y con razón) las prácticas autoritarias, elitistas y auto-conservadoras de las oligarquías de los partidos ‘tradicionales’.

Es cierto que la crisis de la representación, la creciente decepción democrática y las reivindicaciones de muchos colectivos sociales han propiciado que los partidos hayan interiorizado la “necesidad de abrirse”. De ahí que palabras como ‘primarias’ o ‘auditorías externas’ (la información sobre los ingresos y gastos de los partidos se ha revelado esencial para su funcionamiento democrático) empiecen a resultar habituales en sus discursos, con distinta convicción según de quién procedan. Lo que sucede es que los partidos tradicionales sienten que conocer la solución (por lo menos parte de ella) a su mala imagen no les arregla el problema, pues temen que esa apertura, si es real, los acabe convirtiendo en irrelevantes o minoritarios. No hay que olvidar que a la conflictividad interna que supone una apertura democrática, debe añadirse el aprovechamiento de la misma por los enemigos políticos (a través de los medios de comunicación afines que, no debe dejar de decirse, son mayoritariamente conservadores), y debe sumarse la dependencia de los bancos, que no suelen ser amigos de las operaciones de alto riesgo (cuando se juegan con dinero propio). En realidad estos partidos están sometidos al círculo diabólico que crea el poder en una sociedad capitalista y no participativa.

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En principio los partidos ‘modernos’ lo tienen más fácil. Primero porque la mayoría de sus militantes y simpatizantes “se lo creen”, creen en la posibilidad y necesidad de la apertura a la participación ciudadana, la transparencia y la democracia interna de sus partidos. Después, porque su recorrido temporal es menor, y no se han visto sometidos a las inclemencias de la política real (inclemencias entre las que destaca la distribución de candidaturas y, en su caso, los cargos institucionales). En su contra actúa la aparente exigencia social de un híper liderazgo (Díez, Iglesias) que se compadece mal con la pretendida horizontalidad de sus propuestas.

Sea como fuere, creo que así como UPyD ha silenciado en los últimos años sus denuncias sobre la profesionalización de la política y los partidos, el tiempo moderará el asamblearismo de Podemos y encajará las propuestas radicales de apertura y transparencia en su (enormemente difícil a la vista de los ataques que recibe) quehacer político diario. De hecho, en mi opinión es Podemos, precisamente por la radicalidad de algunos de sus planteamientos y a pesar de sus contradicciones, quien más tiene que aportar a la imprescindible evolución democratizadora de las partidos. Sin embargo, creo que sería un error (lo está siendo por parte de muchos) esperar la realización de su “programa máximo” en lo organizativo, pues la decepción puede provocar un castigo más inmerecido que la prematura subida a los altares.

En fin, Robert Michels decía en 1911 respecto del SPD alemán que si este partido no podía ser democrático internamente, ningún otro podría serlo, y en 1922 Michels acabó trabajando para Mussolini. La inteligencia, la comprensión y la empatía también deberían aplicarse al análisis de la política.

Derechos de la militancia y la ciudadanía en los partidos

Por Pepe Reig Cruañes

El derecho de los militantes de un partido a la democracia interna tiene un correlato externo que es el derecho de los ciudadanos a que los partidos sean transparentes. El déficit de ambos derechos en todos los partidos es una de las causas de su actual declive y constituye una de las principales paradojas de nuestra democracia: siendo el principal vehículo de participación de la ciudadanía, resultan en su interior escasamente democráticos y participativos.

Aunque el mandato constitucional (art. 6 C.E.) de que los partidos se rijan democráticamente sea universal, su incumplimiento resulta mucho más dañino para la izquierda, porque esa carencia es, precisamente, el mecanismo por el que se produce la desconexión respecto de la ciudadanía. Esa desconexión no es más que la contraparte interna de la tan traída “desafección ciudadana” y no consiste sólo en la sangría de votos, sino en una especie de pérdida de inspiración o acierto político, que resulta mucho más grave. Aquí hay algo más que la Ley de Hierro de Michels. Algo más y algo peor.

Viene siendo un lugar común en nuestro país referirse a la crisis del sistema de partidos y el agotamiento del marco institucional de los últimos 35 años. Quizá no sea tan aceptada, sin embargo, la necesidad de una refundación o, al menos, profunda revisión de sus fundamentos. Uno de los elementos a revisar es esa “desafección”: la reflejan las encuestas y la declinante  curva de apoyos electorales de las dos grandes formaciones de nuestro sistema político. En un plano simbólico, el éxito del “no nos representan” muestra también la pérdida del papel intermediador y de articulación de intereses. Un proceso que debilita la función constitucional de los partidos y nos acerca a un escenario propicio a toda suerte de populismos y «liderazgos sin intermediación», de difícil encaje en la democracia participativa.

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Es cierto que la naturaleza clasista y expropiadora de las políticas conservadoras frente a la crisis ha podido exacerbar aquella crisis institucional, pero la que se refiere a los partidos y su representatividad venía fraguándose mucho antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Tras los grandes pactos sociales del Estado del Bienestar, había partidos de masas que traducían intereses de clase ampliados. Cuando Thatcher y Reagan comienzan a socavar aquellos pactos, entró en crisis la capacidad de esos partidos para colmar, como diría Gambino, “las complejas, y muy frecuentemente conflictivas, expectativas del cuerpo social”. Esta incapacidad se vuelve dramática cuando la globalización de los noventa desnacionaliza los centros de poder económico, es decir, los aleja aún más de las sedes de la soberanía y la representación políticas. Para cuando estalla la actual crisis queda ya muy poco de aquella privilegiada relación del partido y sus electores.

Estamos, por tanto, ante una crisis de representación y de intermediación que afecta a partidos, que ya no monopolizan el diálogo con ninguna clase social en particular y que se ven obligados a gesticular ante una compleja, plural y a menudo inaprehensible “ciudadanía de baja intensidad”.

Los partidos, pues, y no sólo el bipartidismo, están en crisis. Si han de seguir cumpliendo las importantes funciones que la Carta Magna les asigna (expresión del pluralismo, formación de la voluntad popular e instrumentos de participación) no podrán hacerlo sin cumplir también el otro mandato del artículo 6 de la Constitución: la democracia interna. Entidades con tales funciones públicas no pueden regirse bajo el derecho privado, sino que han de admitir alguna forma de vigilancia pública sobre lo que ocurre en su interior. El debate sobre la tutela judicial de los derechos del militante ya era estrecho cuando la Ley 21/1976, de Asociaciones Políticas, seguía siéndolo cuando la también preconstitucional Ley 54/1978 de Partidos Políticos y también con la 6/2002. Es preciso ampliarlo en una perspectiva nueva que conecte políticamente los derechos del militante y los del votante, es decir, los derechos del ciudadano respecto a los partidos.

Derechos de la militancia

Como en cualquier cuerpo social, la democratización en el interior de los partidos pasa por el “empoderamiento” de las bases militantes frente a las direcciones y, sobre todo, los aparatos. La evolución desde el partido-clase, pasando por el partido-masas hasta el partido-ciudadanía, se ha verificado en medio de un universal secuestro de la organización por los aparatos. Éstos tienden a conformar una militancia a su medida, promocionando al apparatchik en detrimento del militante con orientación social, lo que acaba por acentuar la desconexión respecto a la base social. Si ello asegurara la elección de los más capaces, hablaríamos de oligarquización eficiente, pero es un hecho que el proceso se acompaña de una fuga de cerebros y un mecanismo de “selección adversa”, por el que los más capaces no están disponibles y sólo lo están los que aún no se han ido. La democracia interna, pues, no es una cuestión de método, sino de identidad política.

Pero ¿qué significa hoy, más allá de la tutela judicial del militante, la democracia interna?

– En primer lugar, si de acuerdo con el mandato constitucional los partidos han de expresar el pluralismo, no hay más remedio que regular ese pluralismo en el plano interno, y eso exige el reconocimiento de corrientes de opinión y de unas reglas de juego presididas por la equidad y la libertad de expresión, para asegurar un debate maduro entre opciones plurales dentro del marco del ideario propio.

– En segundo lugar la búsqueda de mecanismos representativos de selección del personal político, debe evitar el “secuestro de los aparatos”. Es sabido que cuanto más orgánica, es decir, delegada, sea una elección, más fácilmente será controlada por el aparato funcionarial del partido, y más probablemente se verá cortocircuitada la conexión primordial entre el partido y sus bases sociales. La elección directa por las bases de los principales dirigentes sería un mecanismo adecuado para reducir el control de los aparatos sobre la selección de dirigentes y posibilitar la renovación de las elites.

-La ampliación del círculo de quienes participan en decisiones clave. Cuanto más importante y estratégica es una opción política, más se reduce el círculo de quienes participan de su toma en consideración. ¿Cuántos militantes toman parte efectiva en las decisiones o siquiera en las deliberaciones previas en un partido cuya militancia ha sido convenientemente “desactivada”? Mecanismos de consulta a las bases y consulta vinculante son obligados para dar peso a la militancia.

– Lo que los anglosajones llaman accountability es otro de los puntos débiles en la democracia intrapartidaria. Ninguna asociación de derecho privado que se precie consentiría los bajos niveles de rendición de cuentas que direcciones y aparatos tienen en los partidos. La rendición periódica de cuentas, y no sólo al salir de un mandato, debería ser una práctica establecida y una de las funciones principales de las agrupaciones de base.

Derechos de los votantes y ciudadanos

El tipo de ciudadanía de esta nueva sociedad líquida, plagada de identidades complejas y cruzada por redes de información, incluso aunque siga siendo, o lo sea aún más, una “ciudadanía de baja intensidad”, no tolera bien la oscuridad y el secretismo receloso con que se han conducido siempre las organizaciones. Pasaron los tiempos del centralismo democrático, la jerarquía y el paternalismo organizativo. Si los militantes tienen derecho a la democracia interna, los simpatizantes, los votantes, los ciudadanos tienen derecho a la transparencia, es decir, a ver desde fuera lo que ocurre dentro de los partidos.

Lo que ocurre a la hora de seleccionar el personal político, lo que ocurre a la hora de decidir una política, lo que ocurre al negociar la aplicación de un programa que se había hecho público y, por tanto, comprometía a la organización.

-En el primer sentido, el de la transparencia en la determinación de los liderazgos, debería irse hacia alguna forma de listas abiertas, pero sin duda, el mecanismo por antonomasia son las elecciones primarias. En España se han intentado poco y no siempre con fortuna, pero sobre todo nunca se intentó el procedimiento abierto, es decir, con participación de militantes, simpatizantes y todo aquel/la ciudadano que lo desee, previa adhesión a una genérica declaración de principios. Este sistema es el único que produce efectos en la dinámica intra/extra y permite involucrar a segmentos extensos de la ciudadanía, lo que sigue siendo un objetivo deseable.

-El segundo sentido de transparencia se refiere a las decisiones políticas en torno a los grandes asuntos de la agenda nacional. Transparencia aquí sólo puede significar que en esos grandes temas las posiciones de las distintas tendencias dentro del partido deben poder ser explicitadas en un proceso de debate público. Ello puede requerir la existencia de adecuadas plataformas de comunicación que dialoguen entre sí para formar la voluntad común de la organización. Aquí hay un cambio de cultura política más allá del propio partido, ya que ha de enfrentarse a la inclinación de los medios a presentar cualquier debate como un desgarro interno que los votantes sabrán castigar.

-El tercer aspecto nos lleva a una delicada cuestión, la de la lealtad de los partidos respecto a su propio ideario fundacional y respecto del programa con que se presentan Por ante la ciudadanía, como una forma de transparencia para los ciudadanos que observan.

Pepe Reig chica con altavoz

La teoría del programa como contrato, o incluso la firma de algún compromiso ante notario, no ha servido para evitar los incumplimientos clamorosos y el casi cínico “los programas están para saltárselos”, y ello ha exacerbado la desafección pública hacia el sistema.

Cuando en mayo 2010 el presidente Zapatero fue inducido a imprimir un drástico giro a su política frente a la crisis, hubo voces que reclamaron dimisión y elecciones, antes que traicionar el programa con que había sido elegido. En el caso de Rajoy se apuntaba al mismo incumplimiento, aunque desde otro ángulo, ya que en este caso no se trataba de una crisis sobrevenida, sino de la existencia de un programa oculto. El asunto requiere, en cualquier caso, una revisión y no estaría de más solemnizar los compromisos mediante algún tipo de protocolo que el público pudiera chequear.

La apuesta por un proceso abierto y ciudadano de elecciones primarias en los partidos de la izquierda española y, especialmente, en el que aún es el mayor de ellos, el PSOE, podría constituir la opción estratégica capaz de hacer converger aquellos dos difíciles desiderata, la democracia interna y la transparencia externa, que hoy parecen condición sine qua non de un renacimiento del poder cívico de los partidos políticos.