La pesadilla de Wert

El ministro Wert tiene un sueño: cambiar una universidad mediocre pero de amplio acceso, por otra que él llama de “excelencia” aunque reservada a minorías. Casi todo lo que hace tiene que ver con ese sueño. La última de sus disposiciones modifica la estructura de los grados que se adaptó al Espacio Europeo de Educación Superior durante el último gobierno socialista.

Con el exquisito respeto a la autonomía universitaria que le caracteriza, propone dejar en manos de los rectores la decisión de reducir los grados universitarios de cuatro (4+1) a tres años (3+2) y cobrar por los otros dos lo que les plazca en forma de master. Unos lo harán y otros no.

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El señuelo con que se espera que piquen las universidades se ha venido preparando desde los laboratorios de la austeridad: los presupuestos se han recortado tanto que hacer pagar a los alumnos casi la mitad de la carrera es una tentación irresistible. Todo ello tras haber recortado abruptamente las becas y subido, igual de abruptamente, las tasas de matrícula, un asunto del que ya hemos hablado en AL REVÉS Y AL DERECHO. Si no se está queriendo reservar la universidad para una minoría pudiente, la verdad es que lo parece. Sigue leyendo

Cuando la religión ocupa el espacio público

Ana Valero

El pasado lunes se ofició en la catedral de la Almudena de Madrid el último de los actos destinados a despedir al fallecido expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, un funeral de Estado. El acto, cuya polémica venía garantizada por la asistencia del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang, ha resultado doblemente controvertido por el contenido de la homilía del encargado de su oficio, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Ante más de 1.000 asistentes, entre los que se encontraban las principales autoridades del Estado, Rouco afirmó que Suárez trajo la “concordia” y la “reconciliación” a España, una España “que, con sus jóvenes, quería superar para siempre la Guerra Civil, los hechos y las actitudes que la causaron, y que, la pueden causar”.

Con esta extraña alusión a los riesgos actuales de una guerra civil, el cardenal hizo una vez más algo que ya es habitual en sus homilías, desprenderse de la sotana cardenalicia y sustituirla por una indumentaria política cargada de irresponsable provocación. Pero más allá de sus polémicas declaraciones, debemos preguntarnos ¿qué hace el ministro de culto de una confesión religiosa haciendo discursos políticos frentistas en un acto destinado a despedir al primer presidente de la democracia? ¿Por qué dicha despedida tiene lugar en el contexto de un llamado “funeral de Estado? ¿La celebración de este tipo de actos se compadece con el principio de laicidad garantizado por la Constitución?

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Desde mi punto de vista el tema admite poca discusión, no cabe, en nuestro ordenamiento constitucional, dotar de contenido religioso a este tipo de ceremonias que se celebran en nombre del Estado. Es cierto que nada impide la celebración de ceremonias privadas de contenido religioso si quienes en ellas participan así lo desean, pero el principio de laicidad impide de manera taxativa dotar de contenido religioso a ceremonias de Estado, esto es, públicas. Por ello es inadmisible que el ministro de culto de una determinada confesión haga propaganda de ésta en el espacio público institucional. Pero si esto es así ¿por qué siguen oficiándose? La respuesta es clara, los funerales de Estado son uno más de los numerosos residuos que en el plano sociológico traen causa, sin que ningún Gobierno ni legislador haya hecho nada por remediarlo, de la confesionalidad católica que ha caracterizado nuestro modelo durante siglos. Residuos que, se mire como se mire, no encuentran amparo jurídico alguno en nuestra Constitución.

Así, tampoco se justifican, desde la perspectiva del principio de laicidad del Estado, la presencia de autoridades o instituciones públicas en ceremonias religiosas. Tal es el caso de la presencia de miembros de las corporaciones municipales o de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las procesiones religiosas católicas, en algunos casos incluso en calidad de Hermanos Mayores de determinadas Cofradías. Tratar de justificar dicha vulneración del principio de separación entre Iglesia y Estado sobre la base de motivos de índole puramente cultural, folclórico o festivo implica desconocer que el derecho de libertad de conciencia de los ciudadanos que no profesan dicha confesión puede quedar en entredicho al ver cómo sus representantes se identifican con las manifestaciones de culto de dicha religión.

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El último de los residuos de dudosa constitucionalidad, por vulnerar el principio de laicidad del Estado y, por ende, la libertad de conciencia de los ciudadanos, es la presencia de símbolos y emblemas religiosos en los edificios públicos. Algo con respecto a lo cual se ha pronunciado recientemente la Defensora del Pueblo en su último Informe Anual, desaconsejando la presencia de crucifijos en la sala de plenos de las corporaciones locales. Presencia que también se da en los centros docentes públicos, junto con el belén navideño, y en los juzgados. Pues bien, en todos estos casos queda comprometida la neutralidad del Estado porque dicha presencia implica una suerte de preferencia por parte de las autoridades públicas de una concreta creencia frente a otras y, además, preside la actividad pública de que se trate, confundiendo la función pública y la función religiosa. Confusión que se agrava cuando de la presencia de símbolos religiosos en las aulas de centros docentes públicos se trata. Y ello porque el símbolo de que se trate –principalmente el crucifijo-, además de presidir la actividad docente e identificarla a ella y a los encargados de impartirla con la confesión que representa, ejerce un influjo indudable sobre el alumnado que carece todavía de la madurez suficiente como para que les resulte indiferente.

La “laicidad” del Estado es el único marco posible para que la “libertad” de todos ciudadanos en materia de conciencia sea real y efectiva. Exijamos, por tanto, a nuestros representantes que dejen de ser continuistas con prácticas que se remontan ya al siglo pasado y avancen de una vez por todas por la senda de la neutralidad.

Becas y tasas. Las clases a clase

 Pepe Reig

El inmoderado ministro Wert celebra que las movilizaciones cívicas y estudiantiles contra su ofensiva privatizadora no tengan la contundencia que se acostumbra en otras latitudes. El estilo bronco del ministro de educación sólo puede considerarse inadecuado, si se busca un Pacto Educativo; pero no lo es en absoluto si se pretende arrasar un modelo defectuoso, pero solidario, solidario para implantar uno clasista. Y parece que ese es el plan.

La propuesta de apadrinamiento de estudiantes que defendió Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ante la brutal subida de tasas, representa el grado cero de la idea de un derecho universal a la educación. La indignación con que fue acogida por sindicatos y partidos de izquierda, asociaciones de estudiantes y por algunos rectores, da cuenta del deterioro de los consensos educativos básicos en el país. Pero los argumentos contra esta alternativa bienintencionada, aunque absolutamente dentro de la lógica neoliberal del gobierno y tan en línea con la conversión de la Universidad en un territorio de negocio, no han tenido la profundidad suficiente para afectar a su línea de flotación. Así que no descarto que nos encontremos de pronto ante el mecenazgo dieciochesco de talentos, a manos de nobles empresarios o sponsors de hoy en día.

El debate en España está siendo alicorto y conformista, porque se niega a llegar al fondo de la cuestión: el modelo de universidad que se pretende para una sociedad democrática europea del siglo XXI.

El efecto combinado de los recortes y reformas de Wert, junto a la subida de las tasas y el endurecimiento del acceso a las becas es la inversión de una tendencia que compartíamos hasta hace poco con la mayor parte del mundo. La tendencia a la democratización del acceso a los estudios superiores que se había ido registrando sin interrupción desde mediados de los noventa.

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En efecto, entre 1995 y 2009  se produjo, al decir de los expertos, una apertura generalizada del acceso a los estudios superiores de 22 puntos porcentuales de media en los países de la OCDE. Esto significa que “casi el 60% de las cohortes de edad relevantes acceden a la universidad” (Jorge Calero). Esto no ocurre solo, ni siquiera principalmente, porque se mejoren los indicadores de equidad en nuestras sociedades –todo indica que ha ocurrido justo lo contrario desde que el neoliberalismo es la religión oficial-, sino porque lo requiere el sistema productivo. La universidad como espacio de elite y privilegio había ido quedando atrás por razones de justicia y eficacia social. España había llegado a estar levemente por encima del objetivo marcado por la Unión Europea para 2020, pero los expertos creen que se acaba de invertir la tendencia.

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