Defensa del impuesto de sucesiones y donaciones

Ferrán del Alcázar

  1. ¿Bajar impuestos es de izquierdas?.

Dijo José Luis Rodríguez Zapatero en 2003 que “bajar impuestos es de izquierdas”. Ciertamente, lo es solo si beneficia a los más desfavorecidos y la reducción ayuda a quien más lo necesita. En caso contrario, bajar impuestos no es “de izquierdas”. Los impuestos son la forma de financiar los servicios públicos y de redistribuir los recursos económicos en las sociedades modernas, que adolecen precisamente de ser injustamente desiguales.

Entre los mecanismos de corrección de las desigualdades, los impuestos son fundamentales para reparar los excesos del capitalismo y garantizar un Estado de Bienestar fuerte en las economías liberales.

La reducción o eliminación de impuestos es fácil de defender políticamente (“incrementa el consumo”, “da un respiro a los consumidores”, “hace disminuir la defraudación y aumenta la recaudación”, etc.), pero salvo la excepción citada, no es una decisión política que pueda considerarse de izquierdas; ese razonamiento puede resultar, incluso, ofensivo.

Eliminar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) supondría la cronificación de la desigualdad y la acumulación de riqueza con independencia del mérito y del esfuerzo individual. Nuestro sistema económico se fundamenta en la propiedad privada y la herencia, pero la Constitución establece una limitación a ambos derechos: la función social, que delimitará su contenido, de acuerdo con las Leyes (artículo 33).

En el caso de la herencia, esa función social se refleja en la necesidad de que la sociedad obtenga algún beneficio de la riqueza transmitida por la muerte de una persona: el impuesto de sucesiones.

  1. ¿Qué pasa con el IDS? Desmontando argumentos.

Como el impuesto ha sido criticado fuertemente en medios, especialmente en los conservadores, veamos cómo desmontar esos argumentos:

1º. “El ISD obliga a pagar dos veces, el fallecido ya pagó por los bienes transmitidos”.

El Derecho Tributario prohíbe doble imposición, es decir, que una persona pague varios impuestos similares por el mismo hecho y con idéntico fundamento o motivo. Esa prohibición requiere, pues, tres identidades: sujeto, hecho y fundamento.

Que una persona pagara IVA (o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, según el caso) por comprar un bien inmueble, IBI por ser titular del mismo, etc., no obstaculiza que la transmisión por causa de muerte devengue un impuesto: se grava otro hecho distinto (la adquisición del bien a título gratuito), a un sujeto distinto (al heredero, no al fallecido) y por un motivo distinto (el enriquecimiento sin mérito del heredero, más allá del vínculo de parentesco o testamentario. No concurre ninguna de las identidades.

Analicemos un ejemplo: una persona, con su salario, compra un libro a un librero; según este argumento, el librero debería negarse a declarar la retribución percibida porque el comprador ya pagó el IRPF por esa cantidad. Es absurdo.

2º. El ISD es injusto y excesivo. Muchas personas renuncian a su herencia por su culpa.

Esta semana, el diario Levante ha publicado que la Comunitat Valenciana cuenta con el Impuesto de Sucesiones más alto de España. Aceptar un patrimonio de 309.000 € obliga a pagar 3.582 € en la Comunitat, apenas un 1% de lo heredado. Sin embargo, sostener que alguien rechaza una herencia por ese 1% es muy atrevido.

Una causa posible de las renuncias puede encontrarse en el hecho de que las deudas del causante también se transmiten. En ocasiones, dichas deudas exceden el patrimonio heredado, o lo menguan considerablemente, por lo que pagar el impuesto, junto con otros gastos (notaría, partición de herencia, pago de legados) puede dejar poco o nada a repartir. Parece un motivo más plausible, y concuerda con el hecho de que, durante la crisis hipotecaria se hayan multiplicado las renuncias a herencias, como explicaba ya en 2015 El Mundo.

3º. El ISD perjudica sobre todo a quienes heredan poco, o a quienes heredan solo una casa que necesitan para vivir.

En ocasiones este argumento ha utilizado medias verdades o mentiras, directamente, para hacer campaña contra el ISD.

En el artículo enlazado se culpa al ISD de que una mujer sea embargada, pero su abogado admite “falta de información y cúmulo de errores”, y se contienen inexactitudes importantes sobre los procedimientos tributarios. En realidad, la mujer fue gravemente negligente en la gestión de la herencia, fue sancionada y no pagó una deuda que aumentó durante años.

Pueden darse situaciones injustas (por ejemplo, que quien hereda deba pagar mucho dinero para no tener que vender una propiedad inmobiliaria de alto valor simbólico) pero ello no invalida la naturaleza del impuesto ni desvirtúa su función redistributiva.

Además, las leyes reguladoras del impuesto prevén particularidades relativas a los parientes y mínimos exentos, e incluso plazos para pagar la deuda, por lo que se puede aceptar llevar el debate a esos casos excepcionales; discutamos cómo mejorar la regulación del impuesto, no su existencia.

4º. Si una persona, con su esfuerzo y pagando impuestos, ha acumulado un patrimonio durante toda su vida, es injusto que sus hijos deban pagar impuestos por disfrutar esos bienes.

Este argumento, vinculado a los anteriores, se desmonta con el fundamento mismo de este y otros impuestos.

Sea cual sea el esfuerzo de una persona o la intensidad de su trabajo, se habrá beneficiado de que existen servicios e infraestructuras públicas. Por ejemplo, cualquier empresario se beneficia del sistema de carreteras que permite a los bienes que vende llegar a su destino; del sistema educativo que da a sus trabajadores la formación necesaria para desempeñar su trabajo; de las instalaciones de tuberías y electricidad que hacen de su oficina un lugar funcional; del sistema sanitario que protege a él o a sus trabajadores. Y un largo etcétera.

Aunque una persona utilice la escuela privada y la sanidad privada, es innegable que lo público le ha beneficiado. Y lo público existe porque existen impuestos. Por tanto, es justo que la Hacienda Pública perciba una parte de lo que se ha generado.

  1. Concluyendo

Es deseable una regulación común en toda España del impuesto que corrija desigualdades recaudatorias y desequilibrios entre territorios. Defender su eliminación, sin embargo, carece de justificación más allá de, siendo bien pensado, el electoralismo (ya que el argumento de que la reducción del impuesto atrae patrimonios es poco útil, porque no ha tenido efectos recaudatorios relevantes) o, siendo mal pensados, el deseo de mantener el privilegio a los patrimonios más importantes y la perpetuación de las desigualdades.

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La Infanta real y la Igualdad simulada

Fernando Flores

El 8 de febrero la infanta Cristina bajará la conocida rampa de la Vía Alemania que da acceso a la Audiencia Provincial de Palma, donde debe declarar como imputada en el Caso Noos. No lo hará por el garaje, a salvo de flases, periodistas y ciudadanos cabreados. Lo hará andando (como ya ha hecho dos veces su marido), o en coche hasta la misma puerta dela sede judicial. Así lo ha decidido el juez decano de Palma, tras una reunión con la Policía.

Dice la Constitución que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón… de cualquier condición o circunstancia personal o social”. Por eso, si se pretende tratar de forma diferente a personas que se enfrentan a una misma situación (aquí hablamos de acudir a declarar como imputadas a un juzgado), debe ofrecerse argumentos sólidos que justifiquen dicha diferenciación.

En el caso de la Infanta tres han sido los argumentos que han aportado quienes aconsejan y justifican una discriminación a su favor, es decir, que entre por el garaje o que, al menos, pueda llegar en coche hasta la entrada del juzgado.

La rampa

En primer lugar, razones de seguridad. Alguien podría aprovechar los metros de exposición pública para atentar de alguna manera contra Cristina de Borbón. En segundo lugar, lo que el Ministro de Justicia ha descrito eufemísticamente como la necesidad de evitar “situaciones de carácter previo”. Dicho en castellano viejo: evitar que la Infanta se vea en la desagradable situación de oír los abucheos e insultos de los allí presentes, es decir, la llamada “pena de paseíllo”. Por último, huir del daño mediático que lo anterior proyectará sobre la imagen de la institución monárquica, bastante menoscabada a estas alturas. A mi modo de ver son tres argumentos rebatibles.

En cuanto a la seguridad, es razonable -más aún, obligado-, adoptar las medidas policiales necesarias para defender a las personas de posibles agresiones. Dependerá de las circunstancias de cada caso. En cuanto a la Infanta, ésta es sin duda merecedora de esas medidas, por su relevancia pública y por el revuelo social que ha provocado el Caso Noos. Ahora bien, parece obvio que la policía tiene capacidad de sobra para asegurar la integridad física de la Infanta en el improbable caso de que alguien tratase de dañarla en el breve trayecto de la rampa, sin necesidad de favorecerla con una privilegiada entrada a escondidas por el garaje, o de permitirle que acceda en vehículo hasta las mismas puertas del juzgado (como así se ha decidido).

En realidad, esto último (permitirle que llegue en coche hasta el umbral) tiene que ver con el segundo de los argumentos: evitar la vergüenza de los previsibles abucheos. Dice Esperanza Aguirre (emparejada a Gallardón en su clasismo), que le parece «estupendamente» que la Infanta entre por el garaje de la Audiencia, “porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal no impone la pena de paseíllo”. Y justifica ese trato diferente a Cristina porque “todos somos iguales ante la ley, pero no ante los medios de comunicación”. No cabe duda de que sabe de lo que habla quien ha tenido durante años bajo su autoritario servicio un canal público de televisión, Telemadrid. Sin embargo, a lo que engañosamente se refiere Aguirre (lo que le resulta intolerable) no es a la tendenciosidad antimonárquica de algunos (muy pocos y minoritarios medios), sino a la posibilidad de que éstos, simplemente, graven y difundan una realidad bochornosa y discutible: los insultos directos a la Infanta.

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Pero entonces, quizás, la pregunta es: ¿tiene derecho la gente congregada en las inmediaciones de un juzgado a insultar gravemente y en público a una persona por el solo hecho de haber sido imputada en un juicio? Personalmente, creo que no. Soy consciente de la respuesta clásica, y acertada en parte, según la cual una cosa es la presunción de inocencia judicial y otra bien distinta es la percepción social (en ocasiones influida por los medios) de esa inocencia o culpabilidad. Hasta ahí no hay problema. Pero lo discutible no es esa diferenciación (obvia en lo jurídico y lo sociológico), sino si el hecho de que yo tenga la convicción de que alguien es culpable de algo me da derecho a injuriarlo y calumniarlo públicamente. Mi opinión, insisto, es negativa. Pero negativa e igualitaria. Es decir, que pienso que no existe ese derecho ni contra la Infanta ni contra otros imputados (o sus familiares) desconocidos (y por lo general de clases bajas) cuando entran al juzgado por casos como el de Marta del Castillo o la niña Mari Luz… Sin embargo en estos casos nadie reclama por ellos, porque son ciudadanos de segunda. Y es que parece que el Ministro de Justicia, Esperanza Aguirre o el portavoz de Zarzuela solo caen en la cuenta de que la Justicia es un martirio y dramáticamente lenta (lo es para todos), o que la LECrim no impone la pena de paseíllo (a nadie, ni al más desgraciado de los ciudadanos), cuando extrañamente toca a los de su clase. Solo entonces, cuando las imperfectas leyes generales y las imperfectas políticas públicas afectan a “los suyos”, estos “servidores públicos”, reclaman y teorizan, tratando de superar con privilegiados tratos de favor la igualdad ante las normas… No puede ser. Así las cosas, mientras estos problemas no se resuelvan para todos, no cabe resolverlos ad hoc, para una sola persona, por Infanta que sea.

En tercer lugar tenemos el argumento de la imagen de la monarquía, que en el fondo es un argumento de razón de Estado: no debe dañarse a la Corona, si ésta cae, España como nación, como Estado, está en peligro. O la Corona o el precipicio. Pero toda defensa de la razón de Estado es un canto al trato desigual en casos iguales y, habitualmente, protege más los intereses establecidos (cierto orden establecido que beneficia a algunos) que el interés general (el orden público que es la ley igual para todos). En mi opinión, toda monarquía lleva en su ADN el credo de la desigualdad y el escepticismo hacia la democracia, y por eso es, desde la teoría, rechazable como forma de gobierno. Llegados a la práctica, una monarquía que no puede soportar la imputación de un miembro de la familia real sin retorcer el Estado constitucional merece ser desterrada inmediatamente del contrato social. Eso es lo que está sucediendo con el Caso Noos. De hecho, los comportamientos de la Fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial, de la Agencia Tributaria, los inspectores de Hacienda, hasta de RTVE…  todos parecen estar dirigidos a contradecir las palabras del discurso de Navidad de Juan Carlos I: “la ley es igual para todos”. A la vista está que no es así.

En último término, el tema de la rampa y el paseíllo de la Infanta no es más que una anécdota, muy reveladora, de la idea de igualdad (y hablamos de la igualdad formal, la liberal, ni siquiera de la igualdad material, la socialista) que han defendido en el pasado y defiende en la actualidad, no solo la Casa Real, sino otros organismos, estamentos, poderes y castas, bien conocidos. Una igualdad simulada. Vivimos un momento histórico en el que está teniendo lugar el pulso (desigual) entre quienes tratan de desterrar no solo la igualdad como igualdad de oportunidades sino también la mera igualdad ante la ley, y entre quienes defienden que no habrá Estado democrático ni ciudadanos libres si no se recuperan ambas.

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Conductores y ciclistas: diferentes pero iguales

Jose Antonio García Sáez

Según las estimaciones, en España únicamente entre el 1 y el 2% de la población acude a su lugar de trabajo en bicicleta. No he sido capaz de encontrar datos concretos de la ciudad de Valencia —que es donde pedaleo a diario—, pero para certificar que esa cifra no se aleja demasiado de la realidad les propongo un ejercicio: cualquier día, en cualquier calle, párense a mirar: ¿cuántas bicicletas hay por cada coche? ¿A qué puede deberse que, en una ciudad con las características de Valencia, la bici sea todavía un transporte tan minoritario? Pueden encontrarse, claro, múltiples explicaciones, pero aquí me gustaría plantear el problema como una cuestión de igualdad. Una cuestión de igualdad en derechos entre ciclistas y conductores.

Las leyes de tráfico permiten que las bicicletas circulen por la calzada. Sin embargo, en ese espacio la mayoría de ciclistas no se sienten —aunque lo son— ciudadanos en pie de igualdad con los conductores de vehículos a motor. Si respetamos la regla que prohíbe –en mi opinión, con buen criterio– circular por la acera, y aceptamos que no se puede llegar a cualquier sitio por el carril bici, la conclusión es que quien pedalea debe hacer necesariamente uso de la calzada en algún momento. Esa es precisamente una de las principales circunstancias que hace a muchas personas desistir de utilizar la bicicleta como un medio de transporte habitual: la sensación de sentirse vulnerables dentro de un medio, el tráfico rodado, que discrimina a los ciclistas, situándolos en una condición subordinada, como una anomalía que estorba por circular a menos velocidad. Por eso, decir que la bicicleta es tan vehículo como cualquier otro y que el ciclista es un ciudadano con iguales derechos que el conductor, por obvia, no es una afirmación sin consecuencias.

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Así, considerando el problema en términos de igualdad, me gustaría dejar enunciadas cuatro propuestas que, si los editores de este blog me permiten, desarrollaré más adelante:

La primera tiene que ver con la dimensión formal de la igualdad. Como espacio público, la calzada debe utilizarse en condiciones de igualdad por quienes están autorizados a ello. Aunque los coches han monopolizado ese espacio, cada vez encontramos más bicicletas circulando entre el tráfico rodado, y han llegado para quedarse. En el cosmos de la sociedad vial el coche representa el prototipo de ciudadano “pleno” (varón, blanco, heterosexual y propietario), mientras que la bici es la recién llegada. Como con los inmigrantes, no se trata de que la mayoría tolere a la minoría, sino de que respete a los sujetos que la integran como titulares de los mismos derechos, es decir, como iguales.

La segunda propuesta es una concreción de la primera y consiste en promover la lucha contra la violencia vial, una modalidad de violencia que cada vez suena más entre los colectivos ciclistas. La violencia vial tiene lugar cuando el coche deja de ser un medio de transporte para convertirse en el instrumento mediante el cual se ejerce un poder: el poder de intimidar al ciclista acelerando tras él, adelantándole de forma peligrosa, o increpándole por entorpecer su marcha. Garantizar derechos exige siempre la supresión de ciertos ámbitos de violencia. La vulnerabilidad que sufren los ciclistas es consecuencia directa de su situación desigual; y una forma de disminuirla sería prevenir y sancionar esas conductas agresivas que cada año cuestan demasiadas vidas en nuestras ciudades.

La tercera propuesta se relaciona con la dimensión material de la igualdad. Dos personas diferentes, en situaciones diferentes, requieren tratos diferentes para que la igualdad sea efectiva. Las normas de tráfico hasta ahora han pensado únicamente en los vehículos motorizados. Para que la igualdad en la calzada sea efectiva es necesario entonces adaptar esas normas a las características de la bicicleta. Diferentes prioridades semafóricas y de paso, calles 30 o permisos para circular en ambos sentidos por algunas calles son medidas que ya funcionan en numerosas ciudades europeas.

Por último, cabe mencionar la igualdad en materia de ayudas públicas y estímulos fiscales. En lugar de fomentar una movilidad sostenible, la actual política del gobierno discrimina a los vehículos no contaminantes, subvencionando la compra de automóviles pero ignorando la bicicleta como medio de transporte. En otros países como Reino Unido o Dinamarca existen, en cambio, exitosos programas que promueven la asistencia al trabajo en bicicleta.

El camino para construir una igualdad efectiva entre conductores y ciclistas en el uso del espacio público solo acaba de comenzar. Pero mientras se avanza hacia esa igualdad en el plano normativo, los poderes públicos no deberían perder de vista que en el plano social automóviles y bicicletas no tienen el mismo valor. La bicicleta tiene una función social de la que carece el automóvil: no contamina, no depende del petróleo, no produce atascos y evita el sedentarismo. La bicicleta, en definitiva, mejora la calidad de vida no solo de quien la usa, sino del conjunto de la ciudad. Por eso, quien pedalea de forma consciente y responsable se convierte en un factor de cambio y transmite el mensaje de que un transporte urbano mayoritariamente ciclista no es una utopía, sino una realidad que está llegando.

Normativa básica de la bicicleta

Foto: Fernando Mafé. Valencia en Bici