Estadísticas conflictivas sobre seguridad y defensa

Carlos Penedo

El mundo de la seguridad, defensa, Fuerzas Armadas, tiene una relación conflictiva con la realidad. Se trata de personas que viven profesionalmente del conflicto -para enfrentarlo, evitarlo o provocarlo- y, como es natural, lo detectan por todos sitios porque es su objetivo profesional. Por ejemplo, el campo de las predicciones suele estar trufado de previsiones catastrofistas, precisamente porque muchos de los que se dedican a predecir el futuro son financiados o trabajan directamente en seguridad y perciben un porvenir inseguro, por deformación profesional y por la cuenta que les trae.

En cualquier caso, que el mundo de la seguridad tenga una relación conflictiva con la realidad es una paradoja que aparece cuando uno se pone a escribir sobre otro tema, relacionado pero distinto, que es su relación conflictiva con las estadísticas.

En algún momento indeterminado de este otoño de 2018, el Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS- principal organismos demoscópico español, independientemente de quién ocupe su presidencia, ha publicado en su web el estudio identificado con el número 3.188 y el nombre “La Defensa nacional y las Fuerzas Armadas”.

El momento ha podido ser en octubre, quizá noviembre. En cualquier caso sin publicidad, nota de prensa ni promoción alguna de una encuesta que tuvo su trabajo de campo en septiembre de 2017. En éste y otros casos la conexión entre los trabajos académicos o científicos y la clandestinidad no suele ser habitual.

Aunque tiene su explicación: esta encuesta la elabora el CIS por encargo del Ministerio de Defensa cada dos años, ya van doce ediciones, es decir, que se viene realizando desde finales de los noventa con un mismo cuestionario, 2.500 entrevistas personales, en 255 municipios y 50 provincias del país. No existe otro estudio similar.

Resulta que hará unos años, en tiempos de Pedro Morenés como ministro, coincidiendo con la crisis y la desconfianza del ciudadano hacia quienes les dejaron a la intemperie, al Ministerio de Defensa empezaron a no gustar las respuestas de los españoles a sus preguntas, y dejó de difundir su encuesta, o a tardar años en acompañarla con sus propios comentarios.

El motivo del desencuentro afecta principalmente a los campos relacionados con la financiación de la defensa y el gasto militar; y también las cuestiones emparentadas con la identidad nacional concretada en símbolos como la bandera, el himno, la sangre derramada; también las respuestas referidas a los valores más apreciados por la ciudadanía en la profesión militar y la propia valoración de los ejércitos.

Se podría decir que en algunos aspectos  la opinión pública no coincide con los referentes simbólicos de las Fuerzas Armadas, lo que está lejos de ser un problema, si bien aconsejaría a los responsables militares y a los civiles de quienes dependen los primeros a replantearse el contenido de su comunicación externa; la interna, si funciona, puede seguir repitiendo conceptos del siglo XIX.

El CIS está obligado a publicar sus encuestas como máximo un año después de elaborarlas y por eso conocemos esta última.

Tomemos entonces tres capítulos: uno simbólico, otro profesional y un tercero financiero. Cabe interpretar que el propio cuestionario en sí merecería una valoración, colocando a las Fuerzas Armadas como garantes de las esencias más allá de su función como instrumento de seguridad del Estado.

Entrando en los datos, apartado simbólico, el 77% de los encuestados se siente muy o bastante orgulloso de ser español, el 54% se emociona al ver la bandera española en un acto o ceremonia, y el 57% al escuchar el himno nacional. Una cuarta parte de los españoles siente una intensa emoción por estos asuntos y otra cuarta parte siente indiferencia, pero se puede concluir que los niveles de nacionalismo español son muy aceptables, sobre todo en contraste con la impresión general en circulación, aquella que dice que entre la indiferencia general España se va yendo por el desagüe, girando en círculos que por supuesto son hacia la derecha como sucede en el hemisferio norte, en el sur el desastre suele llegar girando hacia la izquierda (comentario no basado en el CIS, sino en la teoría de Coriolis, que habla de fluidos, no de ideologías, con una reputación algo homeopática).

En relación con las amenazas, la encuesta pregunta de forma abstracta, dejando aparte la familia (¿por qué la dejan aparte, con lo cerca que la tenemos?), si el encuestado considera que hay algo por lo que arriesgar o dar la vida. El 46,4% responde que no, el 45% que sí.

Ésta es una de las respuestas que no gustan. Tampoco que entre quienes se jugarían la vida la mayoría no lo haría por la patria (47% no, 44% sí), aunque mayoritariamente sí la arriesgarían por salvar la vida a otra persona (93%), la paz (84%) o la libertad (82%).

En el caso de que España fuera atacada militarmente, el encuestado no se presentaría voluntario. Esto es como preguntar por intención de voto sin elecciones convocadas, el encuestado no acaba de entrar en situación, si bien de la encuesta se puede deducir un fuerte sentimiento pacifista entre la población española, que considera la respuesta militar como un ámbito profesional que tiene esa misión, y que no se percibe una amenaza militar existencial que aterrorice al país.

Entre las principales amenazas que pueden afectar a la seguridad de España, Defensa y el CIS incluyen los flujos migratorios irregulares (significativo su presencia), aunque los españoles priorizan y colocan en puestos de cabeza el terrorismo, la inestabilidad económico y financiera, y los ciberataques.

En el apartado profesional, el valor más importante que los españoles opinan que debe tener un militar es… la preparación técnica, muy por encima de la honradez, la disciplina, lealtad, el espíritu de sacrificio, la capacidad de mandar u obedecer que trufan los discursos.

El 70% de los españoles creen que las Fuerzas Armadas están muy o bastante capacitadas profesionalmente (y mejorando), dos tercios tienen una opinión buena o muy buena de las Fuerzas Armadas (se ha recuperado desde el 55% en 2013), y que los ejércitos seguirán siendo necesarios para mantener la paz, la seguridad y la defensa.

En el capítulo de respuestas incómodas, la opinión generalizada no cree que el volumen de tropas sea insuficiente; y un escaso 17% de los españoles piensa que el presupuesto destinado a la defensa nacional y las Fuerzas Armadas sea escaso, aunque algo ha subido desde el 13% de 2015.

Sobre el origen de las amenazas militares, la mayoría de los españoles no cree que ningún país esté pensando en atacarnos (46%), y entre los que sospechan que sí (41%) responden con vaguedades como países islámicos (que curiosamente distinguen de países árabes), aparecen como amenazantes para quienes se sienten amenazados la categoría países de Asia, también lógicamente países donde haya islamistas radicales y entre países concretos que son quienes suelen lanzar ataques militares pues el encuestado menciona a Marruecos, Siria (?) y a poca distancia a Estados Unidos (estos países son mencionados por un centenar de personas de entre las 2.500 encuestadas).

Más de 60 preguntas podrían hacer la relación interminable. Finalicemos con que los españoles se reparten a partes iguales entre los que defienden la actual situación de las Fuerzas Armadas a las órdenes del Gobierno nacional y los que las integrarían en un ejército europeo o internacional, circunstancia que ampara el acento presente y reciente que encuadra mucho de lo que se hace militarmente bajo el paraguas de una Defensa europea aún inexistente.

Si las estadísticas son fiel reflejo o aproximado a la realidad social, y no gustan las respuestas, el mundo militar y civil de defensa no tendría un problema con las estadísticas, sino con la sociedad o la comunidad política a la que deben defender.

Continúa abierta la disyuntiva de tratar de cambiar las percepciones sociales con información y debate, labor siempre complicada y de largo plazo, o adaptar los instrumentos que el Estado financia para la seguridad a los ciudadanos y circunstancias del país. Las dos opciones parecen compatibles. Lo claramente descartable es no informar y además que las Fuerzas Armadas/Defensa ignoren al ciudadano al que protegen.

La información es una amenaza

Fernando Flores

Cuando leo una noticia en los grandes medios de prensa escrita, lo primero que me pregunto es si lo que dice será verdad o mentira, o cuánto de cierto y de falso habrá en ella. Me pasa igual con los informativos –públicos y privados– de televisión, aunque es cierto que cuando veo Informe Semanal ni siquiera tengo dudas. Tal es la situación.

Los medios mezclan impúdicamente información, opinión, comunicación -que es como llamamos a la propaganda del siglo XXI- y entretenimiento, están vendidos al capital y al gobierno que eventualmente los controla, y maltratan especialmente a las opciones políticas que intentan limitar la influencia del dinero en las decisiones públicas que nos afectan (pongamos aquí y en adelante todos los matices que nos hagan sentir más cómodos: hay algunos que no, en todos hay buenos profesionales, etc.).

Sabemos que la gestión de la información se ha convertido en uno de los grandes problemas de los sistemas democráticos, pero la verdad es que el diagnóstico no nos soluciona el problema, pues al tratar de resolverlo nos enfrentamos a un dilema al que no hallamos solución satisfactoria: si de alguna manera se implementan instrumentos de control sobre los medios (instrumento que sin duda manejaría el poder), la libertad de información y expresión, por viciada que ya éste, quedará herida de muerte; si no se hace nada al respecto, la herida abierta en el sistema por esos mismos medios (en buena parte ya manejados por el poder, fundamentalmente el político-financiero) terminará con lo poco que queda de la democracia.

A este aparente dilema sobre intervenir o no intervenir no se le había encontrado una buena solución hasta ahora, un motivo que diese lugar a una respuesta razonablemente justificada, una respuesta que explicase de forma convincente una intromisión decidida en la libertad y el derecho a la información… Algo así como lo que está siendo el discurso del odio o el enaltecimiento del terrorismo para la libertad de expresión u opinión.

Pero parece que ya está, que ya se ha dado con una salida. Hemos descubierto –nos han descubierto– las fake news. Éstas son esas informaciones falsas que, dice el Partido Popular, “pueden poner en peligro la estabilidad institucional en España… pues son capaces de crear conflictos, introducir división en las sociedades e influir en la opinión pública”.

Así es, desde hace unas semanas, los mismos responsables de las noticias falsas nos informan de que existen las noticias falsas y, además, de que son una amenaza. Por una vez saben de lo que hablan. Sin patrimonio moral que defender y sin temor a recibir mal alguno por las medidas que puedan adoptarse al respecto, los sepultureros de la libertad de prensa nos hacen saber por medio de sus gabinetes de comunicación y plataformas convertidas en tabloides que el carácter abierto y plural de las democracias liberales puede transformarse en una “vulnerabilidad estratégica” (atentos al lenguaje securitario) de las mismas… Obviamente, frente a esta grave amenaza, deben tomarse medidas que eviten daños mayores.

Hace un par de días un investigador del CIDOB publicaba en El País un artículo en el que consignaba los siguiente: “Las redes sociales ofrecen un entorno que puede ser saturado, fácilmente y a bajo coste, con noticias falsas y narrativas insidiosas, un acceso libre al corazón de las democracias liberales “. Y ahí queda el agudo análisis. Como si el entorno de los medios tradicionales no estuviera saturado desde hace tiempo, fácilmente y a bajo coste, de noticias falsas, narrativas insidiosas y silencios clamorosos. Como si ello no fuera desde hace tiempo una ¿vulnerabilidad estratégica? de las democracias liberales. Como si los informativos de radio y televisión cumplieran mínimamente con su función (obligatoria) de servicio público. Como si nunca hubiéramos sentido vergüenza al leer el mismo día la misma noticia distorsionada en todas las portadas de los grandes periódicos. Como si no existieran campañas orquestadas para acabar con opciones políticas peligrosas para la corrupción (política, económica, mediática) establecida…

Sin embargo, pronto advierte uno que este hilo argumentativo resulta erróneo, porque el término fake news no se refiere a las manipulaciones informativas tradicionales. Estas últimas no son perseguibles, deben considerarse consustanciales al sistema, al darwinismo democrático (mola el oxímoron) que en él tiene lugar, y es por eso que los movimientos políticos (partidos u organizaciones sociales) que por debilidad o incompetencia no las superan, en realidad no merecen ocupar espacio de reivindicación pública. Por el contrario, las novedosas fake news (otra vez el inglés para nombrar lo que ya pasa pero que parezca otra cosa) se refieren a un solo tipo de intoxicación, el que se lleva a cabo en redes sociales. Redes que son, casualmente, las que albergan los medios de información y opinión más libres, las que utilizan los movimientos sociales y políticos más críticos y reivindicativos con el poder.

Al pensar en todo esto no se me va de la cabeza la página web “versión original” que el Ayuntamiento de Madrid propuso crear en 2015 para desmentir noticias que afectaban a su gestión, así como la reacción de los partidos opositores y la propia FAPE, que hablaban indignados (y durante muchos días) de censura y ataque a la libertad de información. Pues bien, comparado con el planteamiento de las fake news, –la nueva Estrategia de Seguridad Nacional menciona la desinformación como pieza de caza, el Gobierno ya ha anunciado que va a crear un centro de operaciones para combatirla en Internet y la ministra de Defensa las ha mencionado en su discurso de la Pascua Militar–, lo de los comunistas del Ayuntamiento de la capital parece un juego de niños. Lo que ahora se propone desde el poder (el político, el económico, el mediático) no es solo desactivar las noticias que le incomoden, es controlar la información, controlar las redes y controlar a los informadores que circulan en ellas, es decir, vigilarlos (con la colaboración de las empresas propietarias de infraestructuras y servicios en Internet) y, a su tiempo, sancionarlos. La autocensura vendrá por añadidura.

Con todo ello, los mimbres del lazo se van cerrando. Llegado el momento, solo habrá que estirar del extremo.

Imágenes: Fotogramas de Buenas noches, y buena suerte, George Clooney (2005).

Transparencias las menos

Pepe Reig Cruañes

La entrada en funcionamiento del Portal de la Transparencia a finales de 2014 es la primera, o quizá segunda, concreción práctica de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Un hito de modernidad en un país empedernidamente opaco desde mucho antes de aquel “vuelva usted mañana” con que Larra nos tenía retratados.

Esa opacidad, medio ambiente natural del autoritarismo, tenía su reverso en una administración ineficaz, redundante y sórdida, que tenía por costumbre no sólo negarte información que te concierne, sino pedirte por duplicado documentos que producía ella misma.

Sin título

La ley, aprobada en su día con votos del ala derecha (PP, CiU, PNV, CC, UPN y Foro), viene a democratizar las relaciones del ciudadano con la Administración. Democratizar significa, según creemos saber, ajustar las procedimientos a los derechos de quienes los ejecutan y, sobre todo, de quienes los sufren. Y aquí es, justamente, donde emerge la primera objeción de fondo a la Ley que nos ocupa. Como recuerda Juan Luis Manfredi, investigador principal de un proyecto interuniversitario sobre transparencia local, que la ley no se tramite como orgánica ya es un indicio de que no se considera el acceso a la información como un derecho fundamental, pese a que así lo considera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde 2009 y el Comité de Derechos Humanos de la ONU desde 2011. Sigue leyendo

La presentación de los datos del empleo: ¿ejercicio de transparencia?

Belén Cardona

El nuevo curso fue inaugurado por nuestros actuales responsables en el Ministerio de Empleo con sendos comunicados de su gabinete de comunicación, en los que se anunció con gran entusiasmo, por una parte, el descenso del número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de agosto y, por otra, se presentó un informe sobre los efectos de la reforma laboral sobre el empleo, como “ejercicio de análisis y de transparencia inédito”, en palabras de la Ministra. Al tiempo que se anunciaba, como medida estrella del otoño, la simplificación de los modelos de contratos para incentivar la contratación estable.

El descenso del paro que se presentó como inaudito dentro de las tendencias de comportamiento del mercado laboral, se cifró en 31 personas durante el mes de agosto, en relación con el mes anterior, julio. Un descenso del paro que, en valores relativos, implicaba, según los propios datos de los Registros del Servicio Público Estatal sobre demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo, una reducción de un 0,00%. De esta forma, el paro registrado se situaba en 4.698.783 al concluir el mes de agosto.

baja 31 personas

Llaman la atención muchos elementos que acompañan estas declaraciones, balances y propuestas de nuestros responsables. En primer lugar, el momento del año que se selecciona para analizar las cifras del desempleo y ofrecer a la opinión pública, elevando a la categoría de éxito lo que es un caso de manual, el natural incremento estacional de empleo durante los meses de verano, en una realidad económica en la que el sector servicios y del turismo encuentra su momento álgido durante el periodo estival. La selección del mes de agosto puede obedecer a la comprensible necesidad de nuestros gobernantes de ofrecer un dato esperanzador a los ciudadanos, azotados por el fatídico fenómeno del desempleo.

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Somos transparentes, son opacos

Fernando Flores

¿Qué saben de nosotros sin nuestro permiso? ¿Qué nos ocultan que deberíamos saber? ¿Por qué (en sociedades llamadas democráticas) los ciudadanos somos tan transparentes y los gobiernos son tan opacos?

Ahora que parece que la historia de Edward Snowden se ha estabilizado en Moscú (mientras mantenga la boca callada) y la del soldado Manning ha quedado sentenciada a 35 años de cárcel (una desproporción denunciada con argumentos nada débiles), quizás podamos detenernos un poco más en el aviso urgente que sus acciones revelaron y en las razones por las que la terrible fuerza del sistema estadounidense los ha aplastado.

Por el analista de inteligencia del ejército estadounidense Manning supimos, entre otras muchas cosas, que su gobierno pasó por alto y no investigó cientos de informes que durante la Guerra de Iraq denunciaban violaciones graves de derechos humanos: abusos, torturas, violaciones y asesinatos llevados a cabo por parte del ejército que ocupó Iraq, así como por la policía y el ejército iraquís, aliados de las fuerzas internacionales. Supimos que sí había un registro oficial de víctimas (algo que se negaba reiteradamente), y asistimos al espeluznante y frívola masacre perpetrada desde un helicóptero Apache a un grupo de personas (entre ellas un periodista de Al Jazeera) que no presentaban actitud peligrosa o agresiva, así como de quienes trataron de recoger y proteger a los heridos.

Snowden - Manning

A Snowden, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), le debemos la revelación de documentos clasificados sobre varios programas de la NSA, especialmente el conocido como PRISM, dirigido a la vigilancia de ciudadanos estadounidenses que viven dentro y fuera del país. Dicho programa pondría a disposición de la Agencia correos electrónicos, vídeos, chat de voz, fotos, direcciones IP, notificaciones de inicio de sesión, transferencia de archivos y detalles sobre perfiles en redes sociales.

La razón de Manning era la necesidad de que el público conociera cómo operan las Fuerzas Armadas estadounidenses en el exterior. “Pensaba y todavía pienso que estos son algunos de los más importantes documentos de nuestra era”, afirmó en juicio. Dijo además que su país “se había obsesionado con matar gente” en sus operaciones, y argumentó que mucha de la información que manejaba y filtró a Wikileaks no era especialmente sensible para la seguridad nacional estadounidense y que, pese a que tenía el sello de clasificada, “podía dejarse sobre la mesa”.

En cuanto a Snowden, el Washington Post informó de que el motivo de sus filtraciones era destapar el “estado de vigilancia” existente en Estados Unidos, pues en conciencia no podía permitir al gobierno “destruir la privacidad, la libertad en internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto”.

NSA building

Aunque así se ha afirmado por la acusación, no está claro que las filtraciones de Manning hayan puesto en grave peligro personas o instalaciones vinculadas al ejército estadounidense o a las fuerzas de la OTAN, y en el juicio no se pudo mencionar a una sola persona que falleciera a causa de represalias en respuesta a la publicación de dichas informaciones. Sobre las repercusiones que las revelaciones de Snowden hayan tenido sobre la seguridad nacional, están por ver, aunque según el Presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, “la revelación de esta información pone en peligro a los estadounidenses, muestra a nuestros adversarios qué podemos hacer, y es una violación gigantesca de la ley”.

Sea como fuere, la reacción de la administración estadounidense en ambos casos ha sido, desde un principio, implacable. Como decía Bill Keller, del New York Times, “Estados Unidos ha lanzado un mensaje escueto pero claro: si están pensando en incumplir su obligación de guardar secretos, piénsenselo dos veces, porque les buscaremos y les abatiremos. Puede que para algunos (Manning y Snowden) sean soplones beatificados, pero para su Gobierno son traidores”. Este mensaje no ha quedado en palabras y repercusiones negativas para los informadores, ha provocado importantes consecuencias dentro y fuera del país. Por ejemplo, la empresa estadounidense de mail seguro que dio servicio a Snowden –Lavabit–  ha decidido cerrar antes que dar información y datos al Gobierno (por cierto, muy interesante su nota de despedida, en la que argumenta que cierra “para evitar ser cómplice de crímenes contra el pueblo americano”). Y más allá del enfriamiento diplomático con Rusia, no hace falta recordar la penosa situación que han protagonizado varios países europeos (entre ellos España) por su gestión del asunto Evo Morales, aun habiéndose revelado que ellos mismo son “objetivo a espiar” (eso sí con distintas prioridades) por los Estados Unidos.

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Sin embargo, desde otra perspectiva que no deja de ser importante –la de los derechos fundamentales–, estos “traidores” revelaron información secreta o clasificada que nos habla de algunas cosas que deberíamos haber sabido sobre la actuación de la Administración estadounidense (y aliadas), y nos habla de cosas que esa Administración sabe sobre la privacidad de los ciudadanos, sin que esos ciudadanos siquiera estén advertidos de que eso puede ser posible. Es decir, esa información nos habla de la negación de nuestro mismo derecho a dar y recibir información; nos habla de la distorsión del derecho al control de los poderes públicos en los sistemas democráticos; y nos habla de la intromisión aparentemente desproporcionada en el derecho a la intimidad personal y familiar, en ese espacio privado irreductible que debe estar a salvo de cualquier intromisión de terceros, más aún si ese tercero es el Estado.

Llegados a este punto, tres son las reflexiones que brevemente me gustaría compartir en este post.

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Información vs. silencio o “el presidente no está para estos temas”

Pepe Reig

La dimensión propagandística de la política tiende siempre a crear las condiciones psicológicas adecuadas para los objetivos del gobierno de turno. Así, Zapatero quiso durante años transmitir su famoso “optimismo histórico”, hasta que se volvió en su contra porque la realidad apuntaba a una crisis que nadie iba a dejar de ver. Del mismo modo que el gobierno de Aznar había aprovechado los buenos indicadores macroeconómicos heredados de Solbes para inocular aquel mantra del “España va bien”, del que aún pretende vivir, mientras nos metía en la peor burbuja inmobiliaria y financiera de nuestra historia.

Igualmente, la insistencia del gobierno Rajoy en la “terrible herencia” de “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”, en los sacrificios y el peligro griego, durante su primer año cumplía una función de adormecimiento, muy conveniente para volver aceptable cualquier recorte y estaba en sintonía con aquella “doctrina del shock, que tan buenos servicios ha rendido en la destrucción del Estado del Bienestar.

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La administración de contenidos propagandísticos pesimistas por los portavoces populares tuvo, sin embargo, un punto de inflexión tras la famosa rueda de prensa de los “tres tenores” (Sáenz de Santamaría, Montoro y De Guindos) a finales de abril, en la que se dieron datos tan realistas y previsiones tan a la baja, que lograron trasladar la impresión de que “el gobierno tiraba la toalla”. La alarma general que aquello produjo y la airada reacción dentro de sus propias filas de, entre otros, el propio Aznar, indujo el cambio de estrategia que ahora estamos viendo: salvo el uso, totalmente prohibido, del término “brotes verdes”, se nos bombardea ahora con toda clase se esperanzadores signos de recuperación y hasta se anuncia una pronta creación de empleo. Si el esquema no fuera tan obvio, sería inteligente.

Las estrategias de comunicación sobre la crisis acaban siempre en el dilema de si contar lo malo o anunciar lo bueno, pero con la corrupción es otro cantar. Desde que aflora el caso Gürtel, luego convertido en caso Bárcenas, la comunicación del PP ha consistido en negar la evidencia. Del “no hay nada” se pasó sin transición al “no me consta”. De ahí al “ya no trabaja aquí”, “nadie me chantajea” y “el presidente está en otra cosa”. Últimamente parece que llegamos a que “nos preocupa cero” y a que todos los demás son cómplices del tesorero, menos el partido que lo empleaba. En el fondo es pura superstición, creen que no hablando de ello, acabará desapareciendo.

Todo líder desea aparecer asociado a buenas noticias y no a chapapotes o primas de riesgo. Y, puesto que es el propio líder quien elige el contexto y el tema de su aparición, habrá que concederle ese derecho. Pero ¿seguro que un presidente del Gobierno puede desaparecer cuando sube la prima de riesgo o cuando Bárcenas enseña sus contabilidades y otras zarpas?

Bárcenas no existe y Rajoy tampoco

Cuando el 15 de marzo de 2012 la Audiencia Nacional reabrió la causa contra Bárcenas, el ex tesorero del PP, que había sido cerrada por el TSJ de Madrid, con imputaciones de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, Mariano Rajoy atravesaba uno de sus frecuentes barbechos informativos. Hacía 10 días de la última rueda de prensa y aún tardaría otros diez más en comparecer, aunque en forma de “canutazo” (declaración breve) y sin referirse para nada al asunto. Tampoco lo hizo en las fechas siguientes que son las de la huelga general y la amnistía fiscal.

En todo ese año repleto de Gürtel, Bárcenas, amnistía, prima de riesgo, reforma laboral y rescate bancario, el presidente del Gobierno concedió 6 ruedas de prensa en solitario y 12 acompañado por algún ilustre visitante. Los datos, reunidos por 20 Minutos en una útil infografía, muestran el patrón  de conducta del silente Rajoy: evita hablar donde te esperan (podría surgir algún imprevisto) y nunca lo hagas cuando hay problemas, de eso que se ocupe otro. Puro estilo Rajoy.

Aunque el diario amigo, ABC, maquilla los datos para dar la impresión de que Rajoy comparece más que Obama, lo cierto es que de las 46 ruedas de prensa que le atribuye al presidente desde la investidura, sólo 5 son nacionales, es decir, en solitario y sin la típica limitación de dos preguntas por país. Por en medio hemos tenido huidas por el sótano, ruedas de prensa sin preguntas, comparecencias en forma de ectoplasma y respuestas del tipo de “ese asunto ya tal”. Puro estilo, puro Rajoy.

Por no hablar de las comparecencias ante el Congreso y el Senado. O mejor dicho de los vetos del PP a que comparezca el presidente. Ocho debates plenarios y 25 sesiones de control, según el recuento entusiasta del ABC. Pocas, tardías, esquivas y con graves síntomas de afasia en la pronunciación del nombre de Bárcenas.

Lo malo es que el potencial dañino del caso se acaba de multiplicar por mil con el ingreso en prisión del ex tesorero, la aparición de los papeles originales, que ya conocíamos por fotocopias, y las revelaciones sobre la cobertura que el partido y su presidente le han seguido dando al presunto delincuente. Si frente a la crisis había una estrategia, aunque burda, frente a esto no había más que la determinación de Rasell Crow en Una mente maravillosa: “¡No eres real! ¡No eres real!”.

El derecho a la información significa no sólo que se han publicar periódicos y telediarios, sino que las personas al frente de las instituciones han de ser visibles y audibles de modo permanente. Pero aquí, y es cosa que el periodismo y la militancia política tendrían que hacerse mirar, habíamos dejado de ejercer el derecho a preguntar, al tiempo que concedíamos un extraño derecho al silencio. El silencio de las comparecencias sin preguntas, preguntas sin réplica y mentiras sin desmentidos. La explicación, la información, la rendición de cuentas, las preguntas de diputados y periodistas, no son un medio de propaganda de quien está al mando, sino un derecho de quienes le han elegido y tienen el poder de revocarlo.

El rodillo parlamentario acaba de tener su momento de gloria al evitarle a Rajoy una comparecencia sobre el redoblado caso Bárcenas. La siesta veraniega que el Grupo Popular le ha garantizado a su presidente, pasará a la historia como el paradigma de un inexistente “derecho al silencio” que no es otra cosa que la extinción del derecho ciudadano a la información. Todo un síntoma, junto a la televisión de plasma, del deterioro de nuestra democracia. Pero es que había que recordar que la información no era una opción, sino un derecho y, por ende, una obligación.

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