Los derechos en tiempo de pandemia

Marc Carrillo

La situación de pandemia mundial ha planteado la cuestión de la adecuación de la respuesta del Estado democrático para hacerle frente y sus efectos sobre la garantía de los derechos y libertades, pilar esencial del Estado de derecho. El comentario que sigue se ciñe a las medidas adoptadas en España por sus instituciones democráticas.

Acerca de la cobertura constitucional del estado de alarma. La primera de las medidas adoptadas fue la más decisiva en el plano constitucional: la relativa a la aplicación de un supuesto de derecho de excepción como es el estado de alarma previsto en el artículo 116. 2 de la Constitución (CE), un soporte constitucional que, por ejemplo, no prevé la Constitución de Italia donde el Gobierno optó directamente por la legislación de urgencia, el decreto ley.

Sin duda, el precedente sanitario italiano estuvo muy presente cuando el Gobierno español acertadamente decidió aplicarlo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, prevé en su artículo 4.b) que el Gobierno lo puede adoptar en casos de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. En consecuencia, la decisión del Gobierno fue la correcta.

Hasta entonces, el estado alarma se había aplicado en España en una única ocasión. Fue por decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero, en diciembre de 2010, para hacer frente al cierre del espacio aéreo, a causa de la huelga encubierta de los controladores aéreos. La finalidad perseguida entonces fue restablecer el servicio público esencial del transporte aéreo.

Esta modalidad de estado de excepción en ningún caso comporta la suspensión de derechos, pero sí la limitación o constricción de su ejercicio. Así, por ejemplo, puede suponer limitar la libertad de circulación de las personas o vehículos, limitar o racionar el uso de servicios públicos, impartir órdenes para el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios, etc. Pero en todo caso, el Gobierno deberá responder de su aplicación ante el Congreso de los Diputados, que conserva todas sus funciones de control político sobre el Gobierno, así como también sus agentes ante el Poder Judicial en los supuestos que generen responsabilidad jurídica por cómo se ha aplicado.

Como era previsible, la declaración del estado de alarma ha planteado el necesario debate sobre su impacto sobre la garantía de los derechos fundamentales. El debate jurídico sobre la incidencia del estado de alarma en los fundamentos del Estado de derecho se ha proyectado sobre algunos derechos y libertades como ha sido el caso, hasta ahora y entre otros, de la libertad de circulación y de residencia (art. 19 CE); el derecho a la protección de datos [Habeas data] (art. 18.4 CE, el derecho de manifestación (art. 21 CE) y, claro está, sobre la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].

La libertad de circulación y de residencia. Como ya se ha expuesto con anterioridad, la modalidad de Derecho de excepción del estado de alarma no comporta la suspensión de ningún derecho. La situación es muy diferente en las otras dos modalidades de Derecho excepcional previstas en el artículo 116 CE: el estado de excepción y el estado de sitio. En ambos casos, la consecuencia es la suspensión de algunos derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de circulación y residencia. Por el contrario, en lo que concierne al estado de alarma es evidente que su aplicación supone una limitación en su ejercicio con grados de intensidad diversos; es decir, una constricción de la libertad a fin de proteger un bien jurídico de interés general, la protección del sistema sanitario y garantía de la salud colectiva y personal de los ciudadanos en el caso de la pandemia del COVID-19. Por esta razón, en su momento el confinamiento en el domicilio particular, salvo para realizar las compras de comida imprescindibles y acudir a la farmacia; y, por supuesto, el cierre de fronteras, han sido y es una importante limitación a la libertad personal. La actuación del Gobierno en este sentido ha sido respetuosa con la Constitución.

No obstante, en el seno de algún sector de la doctrina  constitucionalista, se ha sostenido que la situación de prolongado confinamiento supone una suspensión de la libertad de circulación y residencia y no una simple limitación de su ejercicio. Razón por la cual se considera que el Gobierno debería haber pedido al Congreso de los Diputados la declaración del estado de excepción. Se trata de una posición profundamente errónea porque contrasta radicalmente con el objeto del estado de excepción (art. 116.3 CE), que el Gobierno solo procede declararlo en los casos de graves alteraciones del orden público que impidan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas o el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (por ejemplo, consecuencia de actos reiterados de violencia en la vía pública, etc.) y el Gobierno se vea imposibilitado de afrontar la situación por las vías ordinarias (art. 13.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio). En el caso de la pandemia del COVID-19 el orden público no ha sido lesionado ni impedido el funcionamiento de las instituciones. La alteración producida ha sido otra muy distinta y que ha afectado al sistema sanitario del país y la salud de las personas. Éste ha sido el orden alterado y no otro.

El derecho a la protección de datos [Habeas data]. Su presencia en el debate jurídico se ha producido a causa de la posibilidad -hasta ahora sin traducción normativa en una disposición- de que las autoridades sanitarias pudiesen establecer un control de los ciudadanos sometidos a una cuarentena en su domicilio a través de teléfono celular. La finalidad sería controlar los movimientos y evitar que la persona afectada por la pandemia y confinada en casa no vulnere esta situación y ponga en peligro la salud colectiva.

El derecho al habeas data o derecho a la autodeterminación informativa permite al ciudadano disponer de sus datos personales que circulan por la red e impedir que sean difundidos sin su previo consentimiento, salvo en los casos que el Reglamento de la Unión Europea y la legislación nacional establecen excepciones. Es evidente que la red de Internet y el teléfono celular, además de otras redes sociales constituyen un campo favorable al acceso de datos del ciudadano sin que éste tenga conocimiento de ello.

Parece evidente que, si una medida como la descrita fuese puesta en práctica, su legitimidad constitucional quedaría estrictamente limitada a que el control de los datos del ciudadano concernido se refiriese a la protección de la su salud y, por tanto, aquellos datos referidos a la garantía de salud colectiva de la población. Con las debidas garantías de que los datos no puedan ser utilizados para otros fines.

El derecho de manifestación. Recientemente, con motivo del 1º de mayo diversos tribunales ordinarios se han pronunciado en sentido diverso acerca de la celebración de manifestaciones con motivo de la fiesta internacional de los trabajadores, avalando o desautorizando su celebración. Por su parte, la Sala 1ª del Tribunal Constitucional con el voto de calidad de su presidente decidió inadmitir a trámite un recurso de amparo de un sindicato, confirmando la decisión de un juzgado de Vigo en el mismo sentido de avalar que en las actuales circunstancias sanitarias la prohibición de una manifestación estaba justificada. En el futuro, el pleno del Tribunal deberá resolver nuevos casos y establecer una jurisprudencia sólida al respecto.

Pero en espera de ello, no hay que olvidar el contenido esencial del derecho de manifestación es el derecho de reunión activo, dinámico, de grupos de personas para transitar libremente por la vía publica expresando unas opiniones o expresiones. Por tanto, si por razones fundadas en la imperiosa necesidad de preservar la salud de las personas, el estado de alarma supone una limitación de la libre circulación de personas, la distancia física de las mismas, la salida a la calle controlada por franjas de edad, etc., y todo ello destinado también a evitar posibles rebrotes de la pandemia que puedan colapsar el sistema sanitario, la consecuencia es que, siempre en función de la situación sanitaria de cada territorio concreto, resulta razonable que con la debida ponderación jurídica que exige el caso específico,  el derecho de manifestación sea temporalmente no autorizado. Y, por supuesto, no vale en su contra, por ejemplo, la obscena hipocresía de las apelaciones a la libertad de manifestación y de expresión como las ocurridas recientemente en una calle de una gran urbe ciudadana, que permanece ubicada en la fase 0 del riesgo sanitario de desescalada establecida por el Gobierno con el apoyo del Congreso de los Diputados. Es decir, donde le riesgo de contagio es alto.

En estos casos aplicar el régimen sancionador previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la Seguridad Ciudadana es perfectamente razonable y aconsejable, ello al margen de los graves problemas de constitucionalidad que en algunos de sus preceptos plantea. Pero ahora el problema no es éste, sino que el suscitan algunos insolidarios e irresponsables ciudadanos de determinadas urbes.

El tema lleva también al ejercicio de la libertad de expresión en estos tiempos traumáticos en los que la comunicación política tanto en los ámbitos convencionales como en las redes sociales las valoraciones personales sobre el contexto dan para todo. En efecto, algunos casos de actualidad confirman que el ejercicio de la libertad de expresión puede dar mucho de sí: desde las manifestaciones más brillantes del pensamiento humano, sobre todo cuando la razón como seña de identidad es el hilo conductor que las preside, hasta las más miserables de las que es capaz de emitir una persona, pasando por aquellas otras intrascendentes, tópicas o estúpidas de las que algunos humanos también pueden ser depositarios.

Como criterio general, el Estado liberal democrático ha de dar cobertura a todas ellas pues en ello consiste el derecho fundamental a la libertad de expresión. No es un derecho cuyo ejercicio obligue a un resultado concreto. En todo caso, será su entorno más próximo y, en su caso, el conjunto de la sociedad quien valore lo expresado.

La libertad de expresión es un pilar esencial de todo sistema que se precie democrático. Obviamente, quienes son titulares de la libertad de expresión son las personas pero no -por cierto- las instituciones representativas, que deben sujetarse a un escrupuloso deber de neutralidad en sus expresiones públicas. Su garantía es condición sine qua non para el ejercicio efectivo de otros derechos entre ellos, la libertad ideológica. La condición de derechos fundamentales, con ser decisiva para la calidad democrática de la sociedad, no significa que sean absolutos. Salvo el derecho a no ser sometido a tortura o tratos humanos y degradantes, el resto están sujetos a límites.

Es un hecho contrastado que las redes sociales han facilitado las posibilidades de que la ciudadanía se exprese sobre los temas más diversos. Si bien, objetivamente, constituyen una excelente plataforma de expresión y participación, también se han convertido en un campo abonado para auténticos despropósitos dialécticos y morales o pueriles, cuando no patéticos momentos de presunta gloria individual. La pandemia del COVID-19 es un buen banco de pruebas de ello. Circunstancia ésta que obliga recordar algunos criterios jurisprudenciales sobre qué es lo que protege la libertad de expresión.

Siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde sus inicios la jurisprudencia constitucional ha interpretado que la libre expresión garantiza el derecho de crítica y muy particularmente la crítica política, si bien ello no legitima el insulto. Pero la mayor relevancia pública de la expresión sea por su contenido o por la persona a la que se refiere, hace que la libertad crítica goce de un mayor grado de protección. Tal circunstancia hizo que ya desde un lejano 1976 (Caso Handyside) y de nuevo diez años después, el Tribunal de Estrasburgo sentase la interpretación sobre la libertad de expresión, consagrada en el Convenio de Roma sobre garantía de los derechos fundamentales, interpretando que “no se aplica solamente a las «informaciones» o «ideas» que se reciben favorablemente o se consideran inocuas o indiferentes, sino también a las que ofrecen, hieren o molestan. Así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay sociedad democrática» (Caso Lingens).

En todo caso, y en lo que concierne a los sistemas democráticos vigentes, el planteamiento de la libertad de expresión cuando ésta se sitúa en el terreno del exceso gratuito tampoco ha de estar sujeta a la inmediata respuesta penal. Cierto, la libertad de expresión no es omnímoda. El límite a la expresión miserable es uno e infranqueable y se deriva de tener en cuenta la conocida doctrina del juez Holmes basada en la conocida regla del Clear and Present Danger test: la incitación directa a la violencia. Fuera de ello, es preferible que la sociedad conozca a sus miserables y extraiga las consecuencias.

   

 

Racismo, Xenofobia y COVID-19

Ángeles Solanes Corella

El racismo, como la xenofobia y la etnofobia, tiene una característica común con el COVID-19. En cuanto “enfermedades contagiosas” acechan sin ser vistas, se propagan rápidamente, causan graves daños en las personas y, en general, en las sociedades. Reparar las consecuencias de este tipo de discriminaciones, no digamos ya curarlas (o prevenirlas), exige otra forma de actuar. Como recordaba Maquiavelo, si se quiere predecir el futuro, se debe tener en cuenta el pasado, porque los acontecimientos humanos siempre se parecen a los de los tiempos anteriores.

La lucha contra la discriminación por origen racial o étnico, y contra la xenofobia, no es una cuestión nueva. De hecho, el instrumento internacional de referencia, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial se aprobó en 1965. Los estándares normativos afianzados en las últimas décadas han sido fundamentales para consolidar en el ámbito internacional y nacional un amplio marco jurídico en la lucha contra la discriminación. Así, por ejemplo, en el ámbito europeo, la discriminación, el acoso y la violencia motivados por prejuicios de índole racial o étnica, son contrarios a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, sobre la lucha contra ciertas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, y la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, que implementa el principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico por la ley 62/2003). En la misma línea, han trabajado los diferentes organismos especializados para la protección de la igualdad y la no discriminación que se agrupan en la European Network of Equality Bodies, (EQUINET) de la que forma parte el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

Sin embargo, estos esfuerzos no han permitido erradicar las múltiples formas de discriminación por origen racial o étnico, como ha evidenciado de manera reiterada en sus informes la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Contra el virus de la discriminación seguimos sin aplicar la vacuna de la igualdad. Por eso, el racismo, la xenofobia y la etnofobia derivados de la pandemia por COVID-19, han encontrado una sociedad debilitada que ha permitido que estas formas de desigualdad crezcan y se fortalezcan.

La investigación de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre las experiencias de discriminación de las minorías, constata que se han producido incidentes racistas o xenófobos, delitos de odio contra personas por su origen (percibido) como chino o asiático, y casos de discurso de odio contra otros grupos de extranjeros y personas romaníes. Este tipo de discriminación, como ocurre siempre en la práctica, se ha combinado también con otras por razón de género, edad, religión y discapacidad. Se pone así en evidencia la necesidad de una perspectiva interseccional en materia de discriminación, es decir, aquella que tiene en cuenta que cuando concurren diversos factores de discriminación, como los señalados, la confluencia simultánea de estos motivos hace que surja una nueva forma de opresión que tiene perfiles propios.

Como señala el informe de la FRA, en los diferentes Estados de la Unión Europea, se han producido incidentes de racismo, xenofobia e intolerancia dirigidos a ciertas comunidades por su nacionalidad, origen racial o étnico, vinculadas a la pandemia por COVID-19, que pueden resumirse en tres ámbitos:

  1. La dificultad en el acceso a determinados bienes y servicios. A pesar de que los datos son provisionales, se documenta una especial dificultad para el disfrute de los recursos sanitarios y para la correcta garantía del derecho a la educación (en este caso también por las cuestiones derivadas de la brecha tecnológica) en el ámbito público; y en el sector privado se refleja en los obstáculos para acceder a servicios como farmacias y supermercados. Así se ha evidenciado también en la campaña #NoSoyUnVirus, (#ImNotAVirus, #JeNeSuisPasUnVirus).

Los incidentes motivados por prejuicios impactan no solo en sus víctimas directas sino también en toda la comunidad. Como evidencia la Red Europea contra el Racismo, en tiempos de crisis, las minorías sufren una ansiedad, miedo y preocupaciones mayores sobre su seguridad y la posibilidad de acceder a los servicios de salud (ENAR). El resto de la población, preocupada por la escasez de recursos, especialmente en el ámbito sanitario, suele mostrarse reacia a medidas que hagan prevalecer el principio de igualdad.

  1. La preocupación por las declaraciones de representantes de partidos políticos y figuras públicas. En diferentes países se han producido manifestaciones de representantes públicos en las que se hace referencia al origen étnico, racial o nacional de las personas infectadas o fallecidas, contribuyendo al estigma y al rechazo hacia determinados grupos. Así, por ejemplo, cabe mencionar las desafortunadas declaraciones de un político español que aseguró que los “anticuerpos españoles” derrotarían “al virus chino”. De esta manera, se pone de manifiesto que la pandemia ha servido, también, para ahondar en el populismo nacionalista. En ese sentido, la ascendencia de las ideologías y estrategias populistas nacionalistas supone una amenaza significativa para la igualdad racial o étnica, ya que fomenta la discriminación y la intolerancia y la creación de instituciones y estructuras que dejarán legados perdurables de exclusión. Desde el actual populismo nacionalista, con algunos partidos y organizaciones, se promueven prácticas y políticas excluyentes o represivas que perjudican a determinados grupos. Además de apuntar a los extranjeros y las minorías como objetivos de sus ataques, como se ha comprobado con la pandemia, estas prácticas adoptan formas especialmente virulentas y difíciles de perseguir cuando se realizan desde la opacidad que ofrecen las redes (así lo recuerda la Asamblea General de Naciones Unidas).
  2. El papel de los medios de comunicación. Las noticias de los medios sensacionalistas sobre el origen y el desarrollo del COVID-19 pueden dar lugar a chivos expiatorios, agitando actitudes racistas y xenófobas. El tratamiento mediático racista, antigitano y xenófobo por parte de algunos medios de comunicación, con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas, sirven como pretexto para discriminar. Para prevenir este tipo de actitudes, la Ethical Journalism Network ha publicado una guía con consejos sobre cómo informar del COVID-19, para evitar el perfil racial, el sensacionalismo y el alarmismo.

Estos tres ejes de preocupación que se han apreciado a nivel europeo se constatan en España. Ante esta realidad, el mencionado Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, ha aprobado el 13 de abril de 2020, una recomendación para evitar actitudes y discursos discriminatorios en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica. En ella se enfatiza la necesidad de prestar una especial atención a los colectivos más vulnerables, los grandes olvidados en las medidas contra la pandemia, como las personas que residen en asentamientos chabolistas, las mujeres y los menores víctimas de violencia de género, los menores extutelados, las familias monoparentales (materna o paterna), o las personas en situación de pobreza extrema. Asimismo, no puede obviarse la barrera idiomática que conlleva discriminación y exclusión.

Otras dos medidas son fundamentales para afrontar las dificultades objetivas que encuentran determinadas minorías. Por un lado, la necesidad de garantizar la igualdad de trato por parte de las administraciones públicas a todas las personas independientemente de su origen racial o étnico, sin tomar en consideración su situación administrativa en España. Por otro lado, es imprescindible favorecer la posibilidad de denunciar cualquier situación de discriminación tanto propia como ajena, para evitar que queden impunes.

Precisamente la infradenuncia es un tema recurrente en el caso de las discriminaciones por origen racial o étnico. Así se constata desde la encomiable labor que realiza el Servicio de Atención y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. Dicho servicio, que depende del citado Consejo, es estatal y gratuito, y se presta en colaboración con entidades sin ánimo de lucro. En sus oficinas se han atendido casos de discriminación relacionados con la propagación del COVID-19 y se han documentado ataques e insultos racistas y xenófobos en la vía pública a personas que pertenecen a grupos nacionales, étnicos o raciales minoritarios. Con la finalidad de facilitar la posibilidad de hacer frente y combatir estas situaciones, se puede acudir al mencionado Servicio que continúa plenamente operativo.

La pandemia ha sido, y es, un escenario excelente para avivar la dualidad del discurso que ve en unos determinados colectivos la posibilidad de uso utilitarista, y, al mismo tiempo, los excluye, como “desechables” en la terminología de Zygmunt Bauman. Así, mientras la situación creada por el COVID-19 agudizaba el déficit de personal sanitario, mano de obra en el campo y en el ámbito de los cuidados, de tal manera que se miraba a la inmigración como una válvula de escape dentro de la propuesta del FMI de aumentarla para hacer frente a la crisis; al mismo tiempo, se proponía el recorte de derechos para inmigrantes en situación administrativa irregular. A ello habría que sumar, la indefinible situación de las personas en esas zonas de suspensión del Derecho que llamamos fronteras, que han visto como el COVID-19 se convierte en un motivo más para sumar detenciones y vulneraciones de sus libertades.

Desde estos parámetros hay que construir la vuelta a lo cotidiano. La nueva normalidad, que en su misma denominación entraña un oxímoron, no debe suponer mantener un modelo que normaliza la discriminación. Eso sería tanto como admitir que todo ha cambiado, para que nada cambie. O lo que es lo mismo, que formamos parte ya del infierno de los vivos, del que hablara Italo Calvino, ese que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. La pandemia por COVID-19, puede ser una buena oportunidad para darnos cuenta, desde la necesaria atención y aprendizaje continuos, de que la lucha por la igualdad, contra la discriminación, es una forma de escapar del averno.

Alarma, derechos y crisis sanitaria

Carlos Penedo

Este artículo bien podría haberse titulado «Nueve lecciones del coronavirus», aprovechando que según se dice en medios digitales se premia este tipo de listados, pero hay que ser respetuoso con el lector incluso en época de crisis, los listados se fuerzan, se añaden puntos (se recomiendan impares o números redondos), a veces el argumento tiene dos patas o una, y otras veinte.

El caso es que conviene extraer lecciones de lo que ocurre, cosa muy distinta a pontificar sobre lo que tendría que haber hecho otro hace quince días, cuando la información y las circunstancias eran diferentes. La economía se ha mostrado experta en hacer predicciones del pasado, ahora también los expertos en salud pública, profesionales y aficionados.

A una semana de la emergencia declarada como estado de alarma -las opiniones hay que fecharlas, en el mejor de los casos perduran, en el peor reflejan el momento- se pueden identificar algunas tendencias.

Incertidumbre

Lo inesperado forma parte ya de la normalidad. Desconocemos si el pasado fue tan estable y apacible como algunos lo ven por el retrovisor; tomando como ejemplo la llamada guerra fría, se construye hoy como el paraíso de la seguridad, lo que no resiste un pero: guerras por delegación, golpes de Estado inducidos, carrera de armamento desbocada con un coste ingente, peligro de extinción nuclear…

Hay que reconocer que cada cierto tiempo se producen hechos inesperados, llamémoslo cisne negro, riesgo sistémico o de otra forma.

No podemos vivir mentalmente en la excepción, pero cada diez años se estropea la lavadora y quien monta en bicicleta cada veinte salidas tiene que arreglar un pinchazo.

Sea o no inventada, la normalidad estable y previsible no va a volver nunca.

Como también conviene destacar que nunca hemos vivido con mayor seguridad que hoy, nunca el planeta ha tenido los niveles de educación, sanidad o desarrollo que en la actualidad.

Se puede estar mejor que antes y no del todo bien, pero el catastrófico y el victimismo permanente es mala estrategia de comunicación, y de actuación, ante la incertidumbre.

Globalización

La suma de las exportaciones e importaciones representan en España más del 60% del PIB; nuestro país recibió 83 millones de turistas en 2019, millones de españoles salen al extranjero por ocio o trabajo…, difícil pensar que la interdependencia globalizada vaya a desaparecer tras esta parálisis temporal.

Hemos descubierto recientemente que Apple no puede fabricar teléfonos informatizados sin componentes chinos.

Otra cosa es que los anglosajones impulsores hasta el momento de la globalización económica sin barreras, EEUU y Reino Unido, vivan momentos de repliegue nacional o hayan decidido ahora que protegen mejor sus intereses de otra manera, que suele ser en alianzas distintas, no en el aislamiento.

Habrá que pensar en otra globalización y en cómo gobernarla, no en su desaparición.

Eficacia / autoritarismo

Olvidamos derechos y libertades cuando alabamos la eficacia de regímenes autoritarios.

No existe contradicción entre democracia y eficacia, porque los derechos no dependen del acierto de los gobernantes.

Abunda cierta admiración incomprensible hacia Putin, Xi Jinping o Bolsonaro por su aparente firmeza.

En contra de lo que se dice de China Rusia, Turquía, Corea del Sur, no hay culturas incompatibles o ajenas a la democracia, al respeto de los derechos de los ciudadanos, pensemos en España en 1974 y en 1979.

Ni la seguridad ni la eficacia de las decisiones pueden hacernos prescindir de las personas a proteger y sus derechos.

Hay alternativas al populismo, la tecnocracia y el autoritarismo.

Público / privado

«Socialización de pérdidas, privatización de beneficios» puede ser una de las lecciones aprendidas de la Gran Recesión 2008/18; la deuda pública se sitúa en el 100% de todo lo que mueve económicamente el país en un año y se pagan unos intereses descomunales sin que baje el principal.

En buena parte de España, el presupuesto de la administración publica competente que son las Comunidades Autónomas para sanidad o educación es inferior al de antes de la Gran Recesión, más de una década perdida.

En caso de crisis, se mira siempre al Estado (que no es el Gobierno central, sino la suma de lo público), incluso por los defensores del liberalismo libertino: cuando los pequeños y grandes empresarios agrícolas reivindican en manifestación sus intereses -jornaleros no se han visto muchos, ni nacionales ni extranjeros-, reclaman proteccionismo estatal, ayudas públicas y precios intervenidos; los autónomos, con un protagonismo que parece que suman 47 millones, piden al mismo tiempo ayudas públicas -que existen y no se enteran o quieren enterar- y desaparición de impuestos.

A lo público y sus responsables se les pide si no ejemplaridad sí responsabilidad y rendición de cuentas, no a lo privado, exigencia aplicable desde la jefatura del Estado al último concejal de Tomelloso.

Higiene

No parece mal reacción desinfectar el Metro por las noches, hacerlo más frecuentemente de lo habitual o incrementar las medidas higiénicas individuales, ésta puede ser una de las lecciones de la crisis, aunque habrá que limpiar mucho para que brillen los héroes en esta tarea.

En el apartado de higiene también se puede incluir lo mal que ha resistido el estado de alarma los contenidos de ocio y  el info-entretenimiento mayoritario en nuestras pantallas, hasta Operación Triunfo ha cerrado la academia temporalmente.

En esta crisis no se ha disparado tanto la demanda de información como la necesidad de tener identificados medios e información de referencia, lo que vuelve a ser positivo para seguir desinflando el fantasma de la desinformación.

Otro fantasma, el del del terrorismo, ha provocado que nos obliguen a quitar el cinturón y los zapatos en el aeropuerto, y nos requisen el bote de gel; confiemos en que los virus no tengan un efecto secundario disparatado del estilo; que el procedimiento acabe olvidando el motivo que lo creó.

Inspección

Cuando lo público dejó de construir a finales del XX residencias de mayores, para asegurar el servicio mediante convenios con empresas privadas, la decisión ha podido implicar cierto abandono en su control.

Las contratas públicas sólo funcionan correctamente si el Estado conserva una capacidad de inspección potente. Ninguna de las inspecciones de trabajo, hacienda, sanitaria o de establecimientos turísticos tienen capacidad y medios para controlar esos sectores; y algunos de ellos no se pueden dejar a la buena voluntad del mercado.

Retórica militar

La excepcionalidad va unida a lo militar, sobre todo presente en el lenguaje, ya habitual en las crónicas deportivas y la lucha contra incendios, ahora desbocado.

«Francia está en guerra», «el enemigo está ahí, invisible, esquivo, avanzando» (Macron); «este virus no nos vencerá» (Felipe VI). Aparecen héroes por ejercer su profesión o todos los que se laven a menudo las manos, los villanos serán quienes lleven las manos sucias.

El discurso se adorna con batallas, victorias y derrotas, aunque lo de identificar al enemigo con un virus no acaba de funcionar, recuerda más al personaje Sheldon J. Plankton de Bob Esponja que a Normandía, donde por otra parte murieron más civiles franceses que militares aliados y del eje.

El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias no equivale a la ocupación militar del territorio para controlar a la población y evitar en su caso pillajes, grupos descontrolados desvalijando tiendas de electrodomésticos, sino que aparentemente realizan labores de vigilancia y desinfección.

Sin duda fue un gran acierto crear allá por 2005 una unidad militar de emergencias, pero no esperemos de sus 4.000 integrantes la ocupación del país, ni por número ni sobre todo porque en democracia los militares no vigilan ni acechan al ciudadano.

Lo militar por disciplinado tiene apariencia de eficacia, y no siempre ocurre así; tan irracional es reconocerlo siempre como nunca; en emergencias sí tienen la capacidad, la formación, el equipo y la experiencia acreditada.

Pasando de la épica al lenguaje administrativo, el estado de alarma decretado el sábado 14 de marzo pretende mantener la normalidad ante circunstancias extraordinarias, acotando extensión territorial, temporal y medidas, sólo ampliables por el Congreso de los Diputados, porque además «no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado».

La ley orgánica de 1981 que regula estos asuntos diferencia entre estado de alarma, que no suspende derechos, y los de excepción y sitio, mucho más drásticos, en estos el Estado decide enseñar músculo hacia sus propios ciudadanos o vecinos.

Europa

Lo que llamamos Unión Europea es la suma de instituciones y organismos varios diseñados para una difícil y lenta negociación y alcanzar finalmente acuerdos, probablemente sin la rapidez que requieren los acontecimientos.

Cuando criticamos a «Europa» por no actuar ante la crisis de refugiados, la guerra civil en Libia, la ocupación colonial de Palestina o crisis sanitarias, todas políticas no comunes, es decir, competencia nacional, lo que subyace es que los países de Europa no se han puesto de acuerdo en mutualizar decisiones en ese campo, por tanto, el ciudadano debiera pedir responsabilidades a su Gobierno estatal, no a Bruselas.

Cuando reclamamos un mayor protagonismo político y capacidad de actuación de Europa se deduce que apoyaríamos un mayor presupuesto de la UE, ahora en discusión para el periodo 2021/27, y no es así: muchos Gobiernos e individuos particulares se oponen a que el presupuesto de la UE supere el actual y rebase el 1% del PIB. Nada nuevo hará en el futuro la Unión Europea con un presupuesto a la baja, y si lo hace será a costa de su actividad presente.

Saber técnico / decisión política

No podemos dejar en manos de los técnicos, expertos y especialistas la marcha de un país o de una comunidad, porque su saber es necesariamente parcial, profundo pero limitado, les falta perspectiva y visión de conjunto, y porque además no se han presentado a las elecciones y no tienen legitimidad para tomar el mando de la sociedad (por esta parte, interpretación no literal de Innerarity).

Por su parte, el poder político hace ya unas décadas que no puede prescindir del saber técnico para tomar decisiones, aquello de que aquí se llega aprendido sitúa al que lo dice y los muchos que lo piensan en el siglo XIX.

Se ha reunido en Moncloa el comité de situación contemplado en la Ley de Seguridad Nacional, con algún precedente en la crisis independentismo, al fin parece que se ha normalizado la activación del órgano contemplado en nuestro sistema de seguridad para monitorizar una crisis. Ahí se encuentran el conocimiento técnico y es el lugar donde engrasar la recopilación y recorrido de los datos a la información, de ésta al conocimiento y de ahí a la inteligencia, siempre escasa, que puede ayudar al nivel político en lo toma de decisiones.

Fin del listado. Las dicotomías que abundan en esta columna, parejas de términos contrapuestos, no suelen explicar los problemas complejos, que requieren por definición soluciones y respuestas complejas.

Contra la incertidumbre sólo queda previsión de escenarios, normalmente trabajos de prospección financiados por el ámbito de la seguridad y de la economía, por lo que la predicción suele estar en línea con los intereses del patrono y el futuro aparece casi siempre amenazador, inseguro y fuerza al presente a tomar decisiones al tiempo multimillonarias y de recorte del ámbito de lo público, que es donde miramos cuando arrecia tormenta.

Esta crisis ha puesto de manifiesto la necesidad y rentabilidad de invertir desde lo público en análisis de medio y largo plazo y previsión.

¿Cómo quedará el mundo tras superar la crisis sanitaria de la enfermedad covid-19 provocada por un coronavirus a comienzos de 2020? En gran parte depende de nosotros, de nuestra capacidad de influencia ante los acontecimientos, de que se premien o castiguen ciertas actitudes, de que se acepten o no los excesos que sin duda se producirán en la respuesta a los virus.

 

La (dudosa) inconstitucionalidad de la sanidad universal valenciana

Ignacio Durbán Martín

Cuando el pasado miércoles 20 de diciembre la presidenta del Observatorio por el Derecho Universal a la Salud, María José Moya, calificó de “insensatez” la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional el acceso universal a la atención sanitaria valenciana, no sólo hizo suyo el sentir de una gran parte de la ciudadanía a la que el tenor de esta resolución ha provocado una enorme indignación, sino que, además, demostró estar en sintonía con el grupo de cinco magistrados del propio Tribunal, que ha expresado abiertamente su disconformidad con este controvertido fallo.

Y es que, tras haberse conocido el contenido de la sentencia, hemos podido saber que la acompañan dos votos particulares (que son, en ambos casos, una remisión a los dos votos formulados a la STC 134/2017, relativa a un supuesto análogo que afecta al País Vasco): uno, más contundente y prolijo en su argumentación, respaldado por cuatro magistrados (Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer) y otro, más comedido y parco en su razonamiento, formulado por el magistrado Antonio Narváez. Pues bien, a la vista de la escasa atención mediática que se ha prestado a este reseñable desacuerdo en el seno del TC, parece pertinente dedicarle unas líneas a la cuestión para exponer sintéticamente cuáles son los motivos en los que se funda la posición discordante de este grupo de magistrados.

Como es sabido, la polémica sentencia declara la inconstitucionalidad del decreto-ley que el entonces flamante Govern del Botànic dictó en 2015 para proporcionar cobertura sanitaria a determinados colectivos (en particular a los inmigrantes sin papeles) que habían quedado desprotegidos tras la reforma que el Gobierno de Rajoy operó en el Sistema Nacional de Salud en 2012. La decisión del TC, conviene precisarlo, se ha adoptado por motivos estrictamente competenciales al entender que la vigente legislación básica estatal cierra toda posibilidad a las normas autonómicas para determinar quién tiene derecho a recibir la prestación sanitaria fuera de la forma y los límites previamente configurados por el Estado.

No es de extrañar que esta interpretación expansiva de la legislación básica estatal –que a la postre ha constituido la ratio decidendi del asunto– sea el motivo central de las discrepancias plasmadas en los dos votos particulares que acompañan a la sentencia; y que, como ya se ha apuntado, en este caso, congregan a un total de cinco magistrados, es decir, a casi la mitad del Alto Tribunal. En esencia, los magistrados discrepantes manifiestan –con fundamento en abundante jurisprudencia del propio TC– su rotundo desacuerdo con una desmedida noción de las bases estatales –que comparan con “un muro rígido e infranqueable”– que restringe toda capacidad a las Comunidades Autónomas para establecer una normativa propia al respecto. Los magistrados denuncian que semejante línea interpretativa equivale a otorgar al Estado la competencia exclusiva en materia de sanidad, lo cual, como resulta obvio, desvirtúa por completo el régimen de distribución competencial previsto en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

El corolario del razonamiento anterior es claro y se expresa sin ambages en los dos votos particulares: la Comunitat Valenciana no incurrió en ningún exceso competencial por mejorar el estándar mínimo de cobertura sanitaria fijado en la legislación básica estatal. Lo vedado para el legislador autonómico –según reiterada jurisprudencia– habría sido precisamente lo contrario, esto es, empeorar el nivel mínimo homogéneo estatal, pero en ningún caso mejorarlo. Negar a una Comunidad Autónoma adoptar una decisión de esta naturaleza supone, según este grupo de magistrados y buena parte de la doctrina académica, una vulneración del principio de autonomía por verse lesionada la competencia autonómica de desarrollo legislativo en materia de sanidad y la consiguiente capacidad para desarrollar políticas propias en dicho ámbito.

Ahora bien, no todas las discrepancias gravitan en torno a la problemática competencial: el primero de los votos particulares –es decir, el rubricado por cuatro magistrados– va aún más allá en su disconformidad con la fundamentación de la sentencia y apunta algunos motivos adicionales de desacuerdo de enorme peso e interés. Sin duda, el más llamativo y sugerente de todos ellos es el que invoca la relevancia del trasfondo material del caso para el adecuado enjuiciamiento de la contienda competencial. El argumento –que cuenta con algún precedente jurisprudencial– es contundente:

“La efectividad del derecho a la protección de la salud hubiera debido presidir la interpretación de los títulos competenciales confrontados, a fin de respaldar, de entre las diversas interpretaciones posibles, aquellas que razonablemente permitan cumplir el mandato proclamado en el artículo 43 CE [derecho a la protección de la salud] y alcanzar sus objetivos”.

Un aventurado y comprometido planteamiento que se sostiene, para los magistrados, sobre el consabido principio de unidad de la Constitución, según el cual ésta “sólo puede ser comprendida e interpretada correctamente cuando se la entiende como unidad”, lo cual implica que, en controversias de orden competencial como la presente, el TC también debería tener en cuenta el conjunto de principios constitucionales de orden material, o sea, en este caso, el derecho a la protección de la salud. Un enfoque que, en términos más coloquiales, cabría expresar del modo siguiente: el fuero y el huevo no son elementos que siempre puedan desgajarse en el desempeño de la labor interpretativa del texto constitucional.

Pero todavía interesa hacer referencia a un último y tajante reproche que el voto particular colectivo dirige contra la sentencia. Los magistrados disconformes recuerdan que, tras aprobarse la reforma sanitaria del gobierno de Rajoy de 2012 –que no dudan en calificar de “intenso retroceso”, “involución normativa” e “injustificado viraje”–, las Comunidades Autónomas han procedido a adoptar medidas de retorno al principio de universalidad de la asistencia sanitaria: unas de manera abierta y directa plasmando dichas medidas en disposiciones normativas (como es el caso de la Comunitat Valenciana); y otras adoptando medidas camufladas de carácter indirecto e informal. Pues bien, paradójicamente, arguyen los magistrados, con fallos judiciales como el que aquí se comenta, el TC no sólo castiga a las primeras, sino que, además, las aboca tácitamente a transitar la senda irregular recorrida por las segundas. Un horizonte, subrayan, que supone, a un mismo tiempo, la quiebra de dos pilares constitucionales: la cláusula social y el principio de seguridad jurídica.

Estas son, en síntesis, las razones aducidas en los votos particulares discrepantes contra la fundamentación de la sentencia que declara inconstitucional el decreto-ley valenciano de 2015. Pese a que, como es evidente, tales motivos de desacuerdo no alteran en nada los efectos de la resolución del TC, no puede negarse que poseen una gran relevancia tanto por su rotundidad y manifiesta sensibilidad social como por el número de magistrados que los respaldan (que, además, lo han hecho por duplicado en un corto espacio de tiempo, esto es, en el caso vasco y en el valenciano). Por ello, y al margen de otras variables de naturaleza política –que son, sin duda, las que terminarán por decantar, en un sentido u otro, la configuración normativa de esta materia–, habrá que prestar atención en los próximos tiempos al posible grado de incidencia que los argumentos plasmados en estos votos particulares puedan tener en el debate sobre las garantías jurídicas del acceso a la sanidad universal en el contexto del Estado autonómico.

Fotos: Eugene W. Smith. 1 y 3: De la serie «Country doctor», 1948. 2 y 4: De la serie «Nurse Midwife», 1951.

 

Expulsión y ciudadanía: inmigrantes 4 años fuera del sistema sanitario

María Dalli

Hoy se cumplen cuatro años desde que se aprobara la reforma de la normativa sanitaria que regula el derecho de acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Hace cuatro años, el 20 de abril de 2012, se aprobaba el Real Decreto-ley 16/2012, que posteriormente fue complementado por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto. Se puede hablar hoy, también, de que han pasado cuatro años desde que se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Utilizo el término ‘expulsión’ para describir la voluntad directa de excluir a este grupo de la población. Es el término que utiliza precisamente la recientemente nombrada Doctora Honoris Causa por la Universitat de València, Saskia Sassen, en su libro Expulsiones para referirse a las exclusiones que produce el actual orden económico y social de una forma que no es precisamente espontánea. Sigue leyendo

Hoy toca hablar de cobertura sanitaria universal

María Dalli

Hoy 12 de diciembre, la Coalición Global por la Cobertura Sanitaria Universal celebra el Día de la Cobertura Universal de la Salud. El pasado día 10 fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero los derechos no parecen tener mucha importancia en esta campaña electoral. Más que preocuparnos por qué candidato parece más nervioso en los debates o a quién se le dé mejor la oratoria, habría que conocer con detalle qué medidas adoptarían tras el 20 de diciembre sobre las cuestiones que importan. Sin duda, algunas de ellas son las que afectan a los derechos sociales. Y hoy toca hablar de sanidad. Se hacen oportunas las reflexiones en torno a la sanidad universal y al derecho a la salud en relación con la situación actual en España.

El día de hoy, hace tres años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución en la que apoyaba la propuesta de cobertura sanitaria universal de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esta resolución la Asamblea General instaba a los gobiernos a adoptar medidas para garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud y a avanzar hacia la cobertura universal evitando pagos directos. Así, la cobertura sanitaria universal es el objetivo de asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan, sin tener que pagar penurias financieras para pagarlos. La primera vez que la OMS formuló tal objetivo fue en 2005 a través de una resolución de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud. Cinco años más tarde, se elaboró el Informe sobre la salud en el mundo de la OMS del año 2010, donde se establecieron las pautas que los Estados habrían de implementar para alcanzar la cobertura universal en salud. Las tres dimensiones a las que habría que prestar atención son: 1) la extensión de la población cubierta (requiere el propósito de cubrir el 100% de la población); 2) los mecanismos financieros para lograrlo (evitando pagos directos) y 3) el acceso a todos los servicios sanitarios que se necesiten. Sigue leyendo

¿Pero la Dependencia no era un derecho?

Pepe Reig Cruañes

A Dolors Carrasquilla, vecina del Puerto de Sagunto (Valencia) no le tienen que contar lo que ha ocurrido con la Ley de Dependencia. Ella se encadenó ante la Generalitat Valenciana, el gobierno autonómico que más ha “racaneado” en el desarrollo de la Ley, para reclamar que le devolvieran la calificación de ‘Gran Invalidez’ que le habían rebajado al trasladarse a esa Comunidad. Un cambio arbitrario e injustificado, puesto que Dolors lejos de mejorar de lo suyo aún pasó decenas de veces por el quirófano. El cambio le supuso perder 300 euros de los mil que percibía en concepto de ayuda de Gran Invalidez. Ni el encadenamiento, ni la huelga de hambre que hizo después, con gran apoyo ciudadano, hicieron mella en la administración autonómica de Fabra y Cotino. Hasta que en mayo de 2015 el Juzgado de lo Social nº 14 de Valencia le dio la razón frente al INSS.

El episodio de Dolors tiene todos los ingredientes para conectar lo micro, es decir, la vida de la gente de a pie, con la perspectiva macro en la que flotan quienes deciden las políticas públicas: recortes, desigualdad entre comunidades, sordera administrativa y judicialización. Pero no nos engañemos, sería un buen ejemplo del lamentable efecto de la crisis, si no fuera el síntoma de algo peor: una verdadera deconstrucción planificada del derecho a la dependencia. Quien desmonta un derecho como éste no está atacando el déficit público o cuadrando las cuentas, está devolviendo una concreta desigualdad, que se había hecho pública y visible, al ámbito familiar y opaco del que los conservadores preferirían no sacarla. Los últimos años nos han enseñado que hay muy pocas conquistas irreversibles.

Un derecho poco blindado

Pero si la eficacia redistributiva e integradora de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre, LAPAD) ha podido ser tan fácilmente deconstruida por el primer gobierno conservador tras su puesta en vigor, debe ser porque tampoco estaba debidamente blindada, aunque tuviera la mejor intención.

La Ley define la dependencia como el “estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria”. El primer gran avance atribuible a aquella ley fue el reconocimiento de underecho subjetivo” que deriva de los artículos 49 y 50 de la Constitución Española. Allí se establece, con terminología que hoy parece antigua, la obligación de que los poderes públicos faciliten la integración de los “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” para que estén en condiciones de disfrutar “de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos”. No se trata, por tanto, de un servicio público más, sino del derecho a la autonomía personal, que debe ser provisto por el Estado cuando algún obstáculo lo dificulta. En 2008 se estimaba que éste era el caso de unos 2 millones de personas, un 4’3% de la población de España.

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Con ese propósito, la Ley aprobada a iniciativa del gobierno de Rodríguez Zapatero creaba un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que en seguida fue considerado como el “cuarto pilar del Estado del Bienestar”. (Foto: Aprobación de la Ley 39/2006)

Dependencia y Bienestar

Aunque nuestro país llegaba tarde a esto, como a tantas cosas, se intentó alcanzar la cabecera del pelotón. En vez de adoptar el modelo continental (Alemania, Austria, Bélgica…), que atiende las situaciones de necesidad como riesgos cubiertos por el sistema de la Seguridad Social y depende de las cotizaciones acumuladas, aquí se entendió la dependencia como una situación especial que precisa un sistema propio, como ocurre en Reino Unido, Finlandia, Suecia y Países Bajos, que debe financiarse con cargo al presupuesto. El SAAD había de ser ese sistema.

Los Estados del Bienestar nacieron para prevenir colectivamente las situaciones de riesgo que la vida presenta a las personas (paro, enfermedad, accidente…) y corregir el desigual impacto que tienen por culpa de las diferencias sociales. La variada experiencia europea llevó luego a ampliar la cobertura hacia nuevas “situaciones de necesidad”, no vinculadas al trabajo profesional. Primero la vejez, que requirió sistemas públicos de pensiones, luego la salud y la educación públicas y universales, segundo y tercer pilar del Estado de Bienestar. El nuevo reto es la Dependencia, que en plena transformación de los roles femeninos y los modos de familia, ya no tiene más remedio que ser un asunto público.

El enfoque “asegurador”, preferido por los conservadores, no es adecuado para una necesidad tan universal y con tal variedad de formas particulares. El cálculo de probabilidades, propio del negocio asegurador, no sirve de mucho cuando todos somos población de riesgo. Se imponen, pues, planteamientos de solidaridad que se traducen en sistemas de prestación universalista.

El meollo de la cuestión es siempre la desigualdad, por eso las llamadas “revoluciones de la ciudadanía”, que han puesto el foco en la corrección de desigualdades, han acabado convirtiendo en “derecho subjetivo” no sólo la prevención de aquellos riesgos, sino la corrección de estas “situaciones de necesidad”. Lejos del postulado antropológico neoliberal, la autonomía individual pasa por el reconocimiento de la mutua dependencia de los individuos, para remover, precisamente, los obstáculos que se oponen a aquella autonomía personal. Se trata, en suma, de no dejar el asunto al albur de la fortuna, ya sea ésta cuestión de suerte o de riqueza. Es decir, se configura un nuevo derecho social.

La Ley de Zapatero

La Ley de 2006 creaba ese derecho y distinguía tres grados de dependencia que admitían en su interior diversos niveles y que en junio de 2015 se distribuían, según el XV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, del siguiente modo:

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Se previó un calendario de implantación que empezaba por organizar con urgencia el dispositivo de atención al grado III, para seguir luego con el II y que, tras varios aplazamientos, acaba de incorporar el pasado verano al nivel I, el menos severo.

El pecado original de la Ley de Dependencia ha sido incorporar un dispositivo de financiación pensado en tiempos de bonanza y sometido desde el principio al boicot de algunas comunidades gobernadas por la derecha. La financiación ha estado muy lejos de lo previsto en la Memoria Económica de la Ley. Los primeros años se presupuestó por encima incluso de la previsión, pero después de 2012, la caída es espectacular.

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La financiación compartida entre el Estado y las autonomías, en cuanto la crisis y la deuda llevó a recortar prestaciones, condujo a los gobiernos autonómicos al dilema de asumir lo que dejaba de pagar el Estado o reducir también su aportación. Esto último ha sido lo más frecuente. La tercera pata de la financiación debía ser asumida por los usuarios en función de su nivel de renta (copago). Esto significa que la Ley garantiza la universalidad del derecho, pero no su gratuidad.

Tal como fue aprobada a iniciativa del gobierno Zapatero en 2006, la Ley creaba un sistema fuertemente territorializado, propio del Estado Autonómico. El Estado asume la financiación del “nivel mínimo” establecido en los Presupuestos de acuerdo con el número de beneficiarios y su grado y nivel. Aporta también otro “nivel acordado” con las CCAA. Éstas, por su parte, asumen la gestión de las prestaciones y otra parte de la financiación equivalente a la de la Administración Central y, adicionalmente, puede mejorar el nivel de prestaciones con cargo a su propio presupuesto.

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Esta fuerte territorialidad ha acabado siendo una de las debilidades del sistema, porque el diferente compromiso de las autonomías o, incluso, el desinterés puro y duro en algunas de las gobernadas por el PP, junto a la acumulación de decisiones técnicas diferenciadas entre ellas, se ha traducido en fuertes desigualdades en el reconocimiento del derecho. El Observatorio Estatal para la Dependencia coloca a tres comunidades en el pódium de su Escala de Valoración (Castilla y León, País Vasco y Andalucía) por encima del notable en aplicación de la Ley. Mientras suspende a seis (Baleares, Aragón, Canarias, Murcia, Madrid, Ceuta y Melilla) y arroja al furgón de cola a la peor de todas, la Comunidad Valenciana con un 1,25.

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La Ley preveía la creación de una potente red pública de asistencia que, en parte, no ha tenido lugar porque la mayoría de los recursos fueron a parar a cuidadores familiares (51% de los hogares con dependientes). En parte por tradición y cultura familiar y, en parte, por ahorro, ya que la administración prefiere abonar los 500€ del cuidador antes que los 2000€ que vendría a costar una plaza pública residencial. A esto habría que añadir, el apoyo activo de algunas administraciones a las redes de centros privados, como ocurría con las de la familia Cotino en Valencia.

El torpedo del RDL 20/2012, de 13 de julio.

Si la primera rebaja del último gobierno Zapatero (RDL 20/2011) afectó a usuarios reconocidos con Grado I, al posponer su entrada en el sistema, la que emprendió el Gobierno Rajoy fue un auténtico torpedo en la línea de flotación de la dependencia: desde entonces el sistema atiende a un número casi constante de usuarios (750.000 aprox.) pero con recursos decrecientes.

El Gobierno ha presumido de la reducción de listas de espera, pero lo cierto es que sólo se reducían al ritmo de las bajas por defunción. El Observatorio calcula que “de cada 100 incorporaciones al sistema, 98 se corresponden con bajas y solo 2 suponen nuevas atenciones”. En realidad, según datos del SAAD, hay 1.163 perceptores menos de prestaciones o servicios que en 2012. El sistema pierde beneficiarios cada día. He aquí el misterio de la increíble lista menguante: a principios de 2015 el SAAD atendía a sólo el 53% del 1.373.248 personas que el estudio previo a la Ley estimaba para ese año.

A ello hay que sumar los más de 100.000 que murieron desde 2012 sin llegar a percibir las ayudas que tenían reconocidas, lo que se conoce como el “limbo de la dependencia”. El gobierno no asume estas cifras en su aparato de propaganda, pero tampoco aporta las suyas.

La contra-reforma de 2012 empieza por retrasar el calendario de aplicación de la Ley, posponiendo hasta 2015 la incorporación del Grado I y complica burocráticamente a los usuarios, el acceso a las prestaciones. Lo siguiente es más grave aún, ya que disloca el sistema de financiación, al reducir la aportación del Estado a las CCAA por cada dependiente en un 13%. Unos 2.000 millones en cuatro años es lo que ha perdido el Sistema de Dependencia. Rebaja la aportación del Estado en el tramo llamado “nivel mínimo” y suprime el tramo de “nivel acordado” con las autonomías. Aunque luego aumentaran los “recursos adicionales”, lo cierto es que al no ser finalistas, no hay garantía de que las autonomías los destinen a dependencia.

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Observatorio del sector de atención a la dependencia en España. Informe Junio de 2014

El otro golpe bajo de la reforma de 2012, fue la suspensión de uno de los avances más destacados de la Ley de Zapatero. El pago de una cantidad calculada a partir de la base mínima de cotización (748,20€ en 2012) y las correspondientes cuotas a la Seguridad Social (al 28,30%) a aquellos cuidadores no profesionales que se ocupaban de un familiar dependiente. Se les reconocía, además, la experiencia profesional de cara a su empleabilidad futura. El número de cuidadores bajo esta modalidad llegó a ser de 180.000, pero la reforma de Rajoy, que rebaja el pago en un 15%, suprime la cotización a la Seguridad Social a cargo del Estado y elimina la retroactividad, expulsó a muchos del sistema, reduciéndolos de facto a 87.000.

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El copago del usuario, que la Ley ya contemplaba, se ha disparado desde el Decreto Ley y se aplica a partir de rentas de 532€, lo que ha inducido numerosos abandonos de prestaciones por pura imposibilidad de satisfacerlo.

Pero los ataques a este llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar no se acaban en el RDL de marras. La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, al declarar como “competencia impropia” de los ayuntamientos muchas de las prestaciones sociales que ofrecían, entre ellas las que tenían que ver con Dependencia, disuelve aún más la red pública de atención. Afortunadamente la resistencia de 3500 ayuntamientos y de algunas autonomías, junto al recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía, ha llevado a un bloqueo efectivo de esa Ley y de la amenaza que conlleva. En noviembre 2015 el Gobierno rectificó y anuló la retirada de aquellas competencias a los ayuntamientos.

La profecía autocumplida

Este debe ser uno de los pocos asuntos en que Mariano Rajoy ha cumplido sus expectativas al pie de la letra. En plena campaña electoral de 2011, la que le llevó a la Moncloa con mayoría absoluta, declaró que la Ley de Dependencia no era viable y que no nos la podíamos permitir.

El retroceso en la implantación del SAAD no es atribuible en exclusiva a los estragos de la crisis. Hay también un proceso que podríamos llamar de “deconstrucción” de un derecho. Lo primero explicaría el retraso en la incorporación de los 345.041 usuarios del nivel I de dependencia. Lo segundo explicaría la desinversión de 2000 millones. Esa desinversión frustró la incorporación de 90.000 nuevos atendidos, la creación de 70.000 empleos y el retorno de la casi totalidad de lo invertido.

Inviable o no, lo que las Asociaciones están denunciando es la voladura contralada del sistema de Dependencia. Desinversión, recortes, copago, abandono de los cuidadores familiares, retroceso de las competencias municipales, etc. ¿Se está tratando de volver inviable el SAAD? ¿Se está deslegitimando el sistema público para inducirnos a un repliegue a lo privado? Si no es así, no debería parecerlo, pero lo cierto es que, al igual que pasó con la sanidad, la educación y hasta con el servicio público de RTV, eso es precisamente lo que parece.

El primer efecto del ataque combinado que ha llevado a cabo esta administración es la vuelta a lainvisibilidad”. Las asociaciones de defensa de la dependencia señalan que, tras los leves avances en integración y “normalización” cívica de este tipo de personas que se habían empezado a dar a medida que se implantaba la Ley, se está volviendo al punto de partida: de pronto las personas con diversidad funcional dejan de percibir prestaciones y ayuda personal, dejan de “integrarse” en la vida civil, de acudir a los talleres ocupacionales y son retiradas de la circulación o “aparcadas” en centros o instituciones. Este efecto de “retirada” es visible en la calle.

Incluso la implantación del copago en el catálogo ortoprotésico, clave para la vida de tantos discapacitados, puede volverlo inaccesible para muchos de ellos. Asistiremos, quizá ya esté ocurriendo, a la reaparición de aquellas campañas caritativas de recogida de fondos para sillas de ruedas. Como si no fuera obligación del sistema público. Caridad en vez de derecho. Profecía autocumplida.

Vida y salud impuestas

Joan Carles Carbonell Mateu

La Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia (Ley 26/2015, de 28 de julio – BOE 29 de julio) modifica más de lo que anuncia. Cada vez es más frecuente el uso de la “técnica” de introducir o reformar aspectos muy importantes esquivando el debate, sustrayendo por supuesto a la opinión pública, pero también en cierto modo al Parlamento una discusión en condiciones. Pero en este caso el tema es muy grave, porque afecta directamente al desarrollo de derechos fundamentales lo que, como es sabido, requiere de una Ley Orgánica.

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España, de nuevo condenada por incumplir la Carta Social Europea

Belén Cardona

De nuevo el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) llama la atención al Estado Español por la disconformidad de la legislación interna laboral con los preceptos reconocidos en la Carta Social Europea (CSE), Tratado Internacional que incluye el catálogo más completo a nivel europeo de los derechos humanos de carácter social, ratificado en su totalidad por España en 1980, en su versión originaria.

El CEDS, a través del procedimiento de control de informes, y a partir del informe periódico que España tiene la obligación de elaborar (como los otros estados parte de la CSE), constata los incumplimientos de la Carta Social Europea por parte del Estado Español, en esta ocasión en relación al período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012.

European-Social-Charter

En las Conclusiones XX-3 del (2014) sobre el cumplimiento por España del grupo de artículos sobre derechos laborales de la CSE (arts. 2, 4, 5 y 6 y 2 y 3 del Protocolo Adicional de 1988) el CEDS dictamina el incumplimiento de España de la Carta Social Europea hasta en siete materias diversas, relacionadas con derechos laborales individuales, condiciones de trabajo, negociación colectiva, libertad sindical y ejercicio del derecho de huelga (arts. 2.1, 2.4, 4.1, 4.2, 4.4, 6.2 y 6.4). También emite nueve conclusiones de conformidad con los arts. 2.2, 2.3, 2.5, 4.3, 5, 6.1, 6. 3 CSE y arts. 2 y 3 del Protocolo Adicional. Amén de solicitar ulterior información al Ejecutivo Español, que considera imprescindible, para poder pronunciarse sobre algunas de las cuestiones objeto de análisis.

Estas conclusiones llegan en un momento particularmente interesante a nivel interno, puesto que nuestro Tribunal Constitucional ha convalidado la reforma laboral del 2012 (Ley 3/2012), confirmando su constitucionalidad. Reforma que, sin embargo, a la luz de las Conclusiones XX-3 del (2014) no supera el control de convencionalidad. Es precisamente el CEDS, desempeñando su papel de salvaguarda y control del cumplimiento de la CSE por los estados parte, quien señala, de nuevo, la conculcación por parte de nuestro ordenamiento jurídico laboral de preceptos del texto internacional. Sigue leyendo

Ébola, irresponsabilidades políticas y derecho a la salud

María Dalli

El contagio del ébola en España ha puesto de manifiesto algunas de las irresponsabilidades en las políticas en el ámbito sanitario de los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de España. Estas se refieren principalmente a dos cuestiones que están relacionadas con el derecho humano a la salud: la privatización de hospitales y los recortes en sanidad, y el fin de la universalidad en el acceso a las prestaciones sanitarias. Tales políticas en el ámbito de la sanidad, llevadas a cabo con anterioridad al contagio del ébola en España, conllevan consecuencias que pueden verse ahora reflejadas tras el actual problema.

MSyCQue el gobierno ha actuado de forma irresponsable significa que no ha adoptado todas las medidas adecuadas para hacer eficaz el derecho a la salud. Más bien al contrario. En el marco de los recortes a los servicios públicos se han llevado a cabo políticas cuya aplicación supone una regresividad y un empeoramiento en el disfrute de este derecho. Estas medidas han supuesto vulneraciones de derechos individuales, pero con el caso de contagio por el ébola, y por ser esta una enfermedad infecto-contagiosa, lo que se pone de manifiesto es que tales políticas sanitarias suponen, también, un peligro para la salud pública. La salud pública hace referencia a la dimensión colectiva de la salud, por lo que su protección adquiere importancia, entre otras razones, ante el riesgo de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas fácilmente transmisibles entre las personas. Sigue leyendo