OTRA VEZ LA AYUDA A MORIR COMO DELITO

Joan Carles Carbonell Mateu

La detención de Angel Hernández por ayudar a morir a su mujer Maria José Carrasco, enferma de esclerosos múltiple desde 1989 abre otra vez un debate necesario sobre la vigencia de la relevancia penal de una conducta que habría de constituir un derecho inalienable del ser humano y que el Estado de Derecho no puede negar sin negarse a sí mismo y a su propia esencia: el de decidir sobre uno mismo, su propio destino en el momento más íntimo y decisivo de su vida: su capacidad para escoger su propio final.

La disolución de las Cortes Generales ha comportado la caducidad de una Proposición de Ley sobre el derecho a morir dignamente que el nuevo Parlamento debería abordar como tarea inminente tras su constitución. Porque la Democracia y aun el Estado de Derecho no son posibles si se niega la plena capacidad de decisión de los  ciudadanos, su plena libertad y su dignidad, que  exigen su derecho a la autodeterminación individual. El artículo 143 del vigente Código Penal niega ese principio y sigue fundamentado en un tributo a una óptica religiosa anclada en la cultura de la sumisión. Cuando los ciudadanos no pueden decidir sobre sí mismos, cuando se castiga la ejecución o la ayuda a la misma, de decisiones que no suponen injerencia en los derechos ajenos, cuando no se reconoce su libertad en las cuestiones más íntimas, negamos la esencia de la Democracia y del Estado de Derecho, que no es otra que ese reconocimiento fundado en la Dignidad del ser humano.

La tutela de la vida –indeclinable obligación del Estado- es consecuencia de su reconocimiento como derecho fundamental de la persona en cuanto ser digno y libre. Y, conviene volver a recordarlo, tales dignidad y libertad son el fundamento del propio Estado de Derecho. Y tales dignidad y libertad presuponen el respeto a su capacidad de decidir en torno a todo lo que no niegue las de los demás. Por eso no puede negarse la capacidad de decidir sobre la propia vida; hacerlo significa negar la dignidad misma, con lo que todo el edificio se desmorona; estamos negando el fundamento último del Estado de derecho.

El Código penal español prohíbe intervenir en un suicidio libremente decidido. La razón aparente de esa criminalización es que la vida es un valor absoluto, que debe protegerse aún en contra de la voluntad de su titular. Nada puede hacerse para interferir en la toma de decisión de un suicida; sencillamente porque quien ha llegado a eso no va a verse afectado por amenaza de futuro alguna. Pero el Estado, a través del Derecho penal, amenaza y castiga a quien induzca o colabore en un suicidio. Podría discutirse, por más que renunciando a la coherencia, si está o no justificado tratar de evitar la inducción, ya que ésta supone hacer nacer en el suicida una decisión que no habría adoptado sin esa influencia. Y, sin embargo, la criminalización sólo puede fundamentarse si tal suicidio deja de ser una acción en el sentido más arriba señalado: una toma de decisión propia y libre.

Y si el suicidio es una toma de decisión propia y libre, entonces no puede legitimarse la criminalización de la colaboración de un tercero en el mismo. Porque la única razón por la que se castiga a quien colabora en una acción de otro es porque ésta es ilegítima al invadir la esfera de libertad de los demás: no se puede colaborar en un homicidio porque es contribuir a la negación de la vida de otro. Pero nada de esto sucede en el suicidio. Es lógica, valorativa y democráticamente incoherente prohibir la cooperación en la ejecución de una toma de decisión que ha sido libremente adoptada.

La consideración de la vida como un valor absoluto no es, por otra parte, admisible desde la concepción que venimos defendiendo. Los valores son expresión de los derechos que componen la dignidad. Y que se reconocen precisamente desde ésta. La imposición de la vida más allá de la voluntad de su titular supone precisamente la negación más grave de su libertad que quepa imaginar. La vida es un derecho; no un deber. Los valores son emanación de esos derechos y convertirlos en deberes de obligación es pervertir su propia esencia. Por eso no es legítimo criminalizar conductas que pretenden hacer efectiva una toma de decisión libremente adoptada. Es verdad que la vida es un valor y su negación no lo es; no se reconoce un “derecho a morir” porque eso no tendría sentido: supondría valorar positivamente la muerte y negar el valor de la vida. Pero tal afirmación, realizada por cierto, por el Tribunal Constitucional, no significa que no deba valorarse el inalienable derecho a decidir si se quiere seguir viviendo o se quiere dejar de hacerlo, porque ésa es la manifestación más rotunda de la dignidad.

Particularmente grave resulta, como es obvio, criminalizar dicha conducta cuando consta que la decisión ha sido adoptada en circunstancias de sufrimiento físico o psíquico, es decir, cuando consta fehacientemente la voluntad de quien desea ser ayudado a morir dignamente. Si se pretende que nuestro Derecho sea el propio de un Estado democrático fundado en la dignidad y la libertad no puede criminalizarse la eutanasia conforme a la voluntad del ciudadano. La regulación jurídica ha de ir destinada a garantizar que dicha voluntad se ejecuta precisamente con la máxima libertad. Ni siquiera hay, en estos casos, como a veces se pretende, un conflicto entre valores: vida y libertad no son antagónicos sino que se implican, la vida no puede imponerse contra la voluntad. Por eso es también función del Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar que la decisión es libre regulando adecuadamente la expresión de la misma a través de los instrumentos jurídicos pertinentes, tales como las declaraciones previas, los documentos de últimas voluntades y, en todo caso, la constancia de cualquier manera de la decisión propia cuando ésta pueda ser emitida.

Y es también el libre desarrollo de la personalidad el fundamento de las tomas de decisión en orden a preservar la dignidad que puedan adoptarse por terceros cuando resulta imposible recabar la voluntad del sujeto o cuando ésta simplemente no puede existir. La imposición del mantenimiento de la vida con alto grado de sufrimiento o de vidas carentes de dignidad, es decir, sin el menor nivel de libertad, no son funciones de las que deba apropiarse el Estado porque eso también supone una invasión en la capacidad de decisión de quienes pueden y deben hacerlo por proximidad o por profesión. Sin duda que deben perseguirse las actuaciones contrarias a los intereses de la persona en nombre de la cual se actúa y cuya voluntad se suplanta, pero eso constituye una cuestión muy diferente que no puede justificar la vigencia del actual párrafo cuarto del artículo 143 del Código penal español.

Sobre las imágenes de niños muertos

Jesús García Cívico

Llevo tiempo recogiendo datos sobre un tema doloroso del que, por una u otra razón, nunca me he atrevido a publicar nada, ni siquiera a hablar de ello en voz alta. Es un texto al que, lamentablemente, regreso una y otra vez. Es un texto sobre niños muertos y lo de regresar a él una y otra vez se debe a que los niños no dejan, nunca han dejado, de morir. El texto adquiere cada cierto tiempo una lúgubre actualidad y es por ello que me atrevo a compartir una parte muy sintética de él en este blog.

De forma muy resumida podríamos convenir en que entre todas las causas por las que mueren los niños, la más terrible es el suicidio. Tal es el inasumible contraste entre la esperanza y la felicidad que tradicionalmente asociamos al territorio de la infancia y el desesperado y triste cálculo que el niño realiza tan tempranamente entre la dureza que le ofrece la vida y la salida que le permite la muerte. A menudo, el suicidio del niño resulta de un infierno en el entorno que consideramos más apropiado para él: la escuela (ese lugar con el que los padres del «Centro», los otros padres, se apresuran a solidarizarse). Otras veces el suicidio del niño es resultado del infierno en el hábitat que consideramos especialmente monstruoso para él: redes de tráfico de menores, pederastia, esclavitud sexual. En esa gradación del horror más incomprensible, deberían aparecer en una posición pareja, los niños que mueren maltratados por sus propios padres. En tercer lugar, uno situaría todos los crímenes cometidos contra los niños. ¿Y la guerra? Sigue leyendo

La UE y el derecho a la vida de los Otros. Una historia reciente de falacias e hipocresía

Javier de Lucas

Deberes universales y primarios ante derechos humanos elementales

Los muertos en la madrugada del 19 de abril no son, obviamente, los primeros (basta con consultar, por ejemplo, este mapa). Ya no son tampoco los últimos. Pero su impacto sobre la opinión pública ha promovido tal debate que debiera permitirnos aprender algo. Creo que la lección más importante que hemos extraer de lo sucedido en la semana escasa transcurrida entre del naufragio –uno más- que supuso la muerte de más de 800 personas en el canal de Sicilia, en la madrugada del sábado al domingo 19 de abril y las reacciones de la UE (reunión de los Ministros de Interior y exteriores en Luxemburgo el lunes 20 de abril; cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas el jueves 23 de abril), es que aquellos a los que seguimos llamando “líderes europeos”, no valoran como prioritario el derecho a la vida. No, al menos, cuando se trata de la vida de los otros.

Sé que a algunos puede parecerles una conclusión exagerada, demagógica. No lo pienso así. Trato de hablar desde una perspectiva elemental en Derecho y en política, la que impone como objetivo básico y criterio de juicio de la legitimidad el respeto de los derechos humanos. De esos que decimos, con razón, que son universales y de cuya defensa ha hecho santo y seña la Unión Europea. Hablamos de derechos humanos. ¿Hay un derecho humano más elemental que el derecho a la vida? En mi opinión, sólo el derecho a la libertad, a la autonomía, es más importante. Pero el derecho a la vida es condición del reconocimiento de todos los demás derechos. Que un derecho sea universal significa, a la par, que es reconocido a todos los seres humanos y que obliga universalmente. El derecho a la vida, obviamente, lo es. Como lo es también el derecho de asilo, según hemos tratado de recordar, con ACNUR en este mismo blog.

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Pues bien, más de doscientos años después de las primeras declaraciones de derechos, hoy no podemos seguir sosteniendo prácticas estatales que ratifican que esa distinción entre derechos del hombre y derechos del ciudadanos significa que no existen otros derechos que los derechos de los ciudadanos, cuya garantía compete a sus propios Estados. Ya no podemos mantener que a un Estado sólo le obligan los derechos humanos de sus ciudadanos. También le vinculan –tiene obligaciones- respecto a los derechos humanos, como el derecho a la vida y el derecho de asilo, de todos los seres humanos que se hayan bajo el alcance de su soberanía. Y no por razones morales, insisto.

Afortunadamente, el progreso en estos dos siglos del Derecho internacional de los derechos humanos y, sobre todo, en la segunda mitad del XX, ha producido instrumentos jurídicos vinculantes que establecen obligaciones correlativas a esos derechos elementales. Por ejemplo, el complejo de Convenciones del Derecho internacional del Mar, presididas por la obligación primaria de socorrer a quien está en riesgo de naufragio, o el Derecho internacional de los refugiados. Todas esas normas vinculan, establecen obligaciones jurídicas a los Estados parte. Todos los Estados de la UE lo son. Todos ellos tienen obligaciones jurídicas primarias. No hablo de moralina ni de caridad. El incumplimiento de esas obligaciones es una grave infracción jurídica, no una tragedia, ni una cuestión de estadística, ni un “problema humanitario”. No es cuestión de caridad, sino de derechos de seres humanos, y de deberes y responsabilidades jurídicas y políticas que han de ser establecidas y exigidas.

Decía Hobbes en el Leviathan (caps XXIX y XXX) que la única razón que podía justificar la desobediencia al Estado era que éste no garantizara la vida. Desde entonces hemos aprendido que la obligación primaria del Estado no es sólo garantizar la vida como primer derecho de sus ciudadanos, sino la vida de todos aquellos que se encuentran al alcance de su soberanía. La UE viola grosera, masiva, gravemente esta obligación primaria cuando se trata de inmigrantes y refugiados. Y con ello pierde la legitimidad y la razón básica de obediencia.

No es crisis humanitaria, sino hipocresía institucional

Quiero dejar claro que no hablo de asumir ingenuamente responsabilidades ”respecto a toda al miseria del mundo”, tal y como afirmaba Michel Sapin tan eficaz como falazmente, evocando supuestamente una afirmación de Rocard. No. Simplemente trato de explicar que la UE, los Estados de la UE, los gobernantes, los eurodiputados, tienen obligaciones jurídicas primarias respecto a los seres humanos que pierden la vida en ese Mar Mediterráneo, cuyas aguas son en buena medida territoriales de los Estados de la UE, o están al alcance de nuestra soberanía. Ante nuestros ojos, en suma.

Está claro que el derecho a la vida de inmigrantes y refugiados (y el derecho de asilo de éstos) sufre un riesgo gravísimo, detectable, cierto, al alcance de nuestros sofisticados sistemas de vigilancia y control. Pero, según parece, esos medios en los que no dejamos de invertir y que recibirán aún más presupuesto como conclusión prioritaria de los acuerdos de Bruselas del 23 de abril, no deben tener más función que ésta, vigilar (la UE confirma a Foucault: la función primaria es vigilar y castigar), defendernos de una amenaza contra nuestra seguridad. Por eso la prioridad es reforzar la Agencia FRONTEX, triplicando sus fondos, según el modelo de las operaciones Tritón y Egeo, que no son de salvamento y rescate, sino de vigilancia y control. Eso significa, según parece, que nuestro esfuerzo prioritario, aquí y ahora, no es el de rescatar y salvar a los seres humanos que, gracias a esos sistemas, detectamos que corren un peligro grave e inminente. No. Lo ha dejado claro Cameron: solidaridad europea para vigilar impedir que nos lleguen. Pero si llegan, o si los rescatamos, nadie quiere hacerse responsable: tenemos que quitárnoslos de encima lo antes posible. Como señaló recientemente la eurodiputada Kyenge, la UE habla de crisis humanitaria, pero la crisis de verdad es la de hipocresía institucional.

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Por eso, las prioridades que debería haber planteado Bruselas son otras. Las dos que resumen, por ejemplo, los eurodiputados Ska Keller y Ernest Urtasun: primero, un programa de rescate europeo cuyo objetivo sea rescate y salvamento de vidas, no vigilancia y control, dotado de medios suficientes, al menos, equiparables a la dotación de la iniciativa italiana Mare Nostrum (es decir, 105 millones de euros anuales). Además, la segunda prioridad debe ser facilitar una respuesta suficiente a las necesidades reales de refugiados que tratan de encontrar una respuesta en Europa. En 2014, la UE sólo acogió a 37.000. Y los acuerdos de Bruselas hablan de 5.000 plazas de refugiados, voluntarias, sin contemplar, por ejemplo, medidas específicas d reasentamiento.

¿Por qué tiene la UE ese planteamiento? ¿Por qué nuestra prioridad es una política de vigilancia, control y aun defensa contra una amenaza que parece cuasi bélica? ¿Quién es ese enemigo frente al que tenemos que blindar nuestras frontera, en Ceuta y Melilla, en el canal de Sicilia, en el Mar Egeo?

Una guerra clandestina contra inmigrantes y refugiados

Ya en octubre de 2013, tras el primer gran naufragio con 300 víctimas en Lampedusa, la alcaldesa Giusi Nicolini, harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que la UE se decidiera a actuar. Por su parte, el vicealcalde, Damiano Sferlazzo, se mostró escandalizado por el abandono de la “cultura de la vida” por parte de la UE.

Créame el lector cuando digo que procuro medir cuidadosamente mis palabras, como debe hacerlo alguien cuyo trabajo profesional como profesor de Filosofía del Derecho consiste en tratar de entender y explicar críticamente lo que se nos presenta como Derecho. Pues bien, consciente de ello, estoy convencido de que lo que hemos vivido en estos días es una confirmación de la tesis sostenida por la red euroafricana de ONGs Migreurop desde 2013, con su campaña FRONTEXIT: la UE está en guerra (una guerra que en no pocos aspectos tiene las características de guerra sucia y clandestina) contra los inmigrantes y ahora también, contra los refugiados.

Los acuerdos de Bruselas de 23 de abril de 2015, adoptados para abordar lo que se denominaba con pretensión de contundente denuncia (¡??) “tragedia humanitaria”, que debía ser abordada “con urgencia”, según proclamaban indistintamente Renzi, Hollande, Merkel, Cameron y ¡Rajoy!, no sólo dejan claro la ausencia de voluntad política, la ceguera, incluso, de quienes no entienden, no quieren entender qué es lo que está en juego. Después de los golpes de pecho y las lágrimas de cocodrilo, nuestros líderes paren un ratón. Peor, un viejo y tramposo ratón, que tenía como guinda –o cola- el recurso a la antiquísima y reaccionaria, imperialista y colonial “política de cañoneras”, de la mano de Renzi. El mensaje, simplista y maniqueo, pero terriblemente eficaz, insiste en presentarnos a la fortaleza Europa como una ciudadela asediada, y a nuestros gobernantes como los arriesgados héroes que nos defienden contra un “peligro mortal”: las avalanchas de inmigrantes y refugiados, amenaza para la estabilidad de la UE, para el sostenimiento de nuestro bienestar, nuestro estilo de vida, nuestros valores.

Item más, nuestros adalides han de tomar decisiones que les desgarran la conciencia, pero son por nuestro bien: no aumentarán las operaciones de salvamento y rescate (en el fondo, les gustaría, son altruistas, tienen corazón), porque producen efecto llamada, como ya sostuvo Cameron y ha repetido García Margallo. Sí, es cierto, esas operaciones (como la Mare Nostrum que Italia mantuvo en 2014) salvan vidas. Pero claro, eso mismo fomenta que los inmigrantes se lancen en masa a la aventura, sabedores de que los salvaremos, y enriquece a las mafias, que ven negocio redondo. Sería risible si no fuera trágico. Y menos mal que la preocupación por las formas ha permitido detener un proyecto presentado como panacea, bombardear los barcos de los traficantes de personas, los que utilizan mafias africanas (en contacto con las mafias europeas, no lo olvidemos, y con quienes compran su mercancía) que dominan la costa libia, entre el reducto gubernamental del este (de Bengasi a Tobruk, desde donde se garantiza la exportación de petróleo y gas) y el guetto yihadista en que se ha convertido Trípoli.

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Pero las decisiones de Bruselas revelan que persistimos en el error. Como algunos llevamos denunciando desde hace años, son la prueba de que la UE practica verdadera xenofobia institucional, convirtiendo a unos y otros en amenaza, hasta el límite perverso de identificar en ellos el enemigo que justifica la prioridad de blindar nuestras fronteras y, aún más, convertir la legislación de inmigración en un Derecho de excepción, en el que vale todo (como contra el terrorismo yihadista): recortes de derechos y garantías, hasta el intento de legitimar lo ilegal, como lo muestra el torpe empeño del Gobierno Rajoy por legalizar las “devoluciones en caliente” mediante una reforma legislativa express y fuera de lugar (sobre ello, entre otros informes, me parece muy útil el del Servicio Jesuita de Migraciones), un objetivo que parece haber encontrado eco muy recientemente en alguna decisión judicial. Pero claro, según nos dicen los periódicos, la UE trata de seguir el ejemplo de España en su “lucha contra la inmigración irregular”, ¡atiza!.

El mismo propósito es el que hay detrás de las crecientes medidas que buscan dificultar que se pueda plantear el asilo, y reducen a cuotas vergonzosas (5000 refugiados) la “carga” asumible por la UE (pensemos en que sólo la guerra en Siria ha provocado 4 millones de desplazados y refugiados, la inmensa mayoría en los países limítrofes), y que tratan de externalizar la acogida y atención de los refugiados, fuera de nuestras fronteras, un proyecto, por cierto, en el que la urgencia por quitarse de en medio el problema como sea queda ejemplificada en la iniciativa del para mí incomprensiblemente elogiado Renzi, de quien parte la iniciativa de pagar a países como Egipto (recordemos, presidido por el golpista Al Sisi, líder en sentencias de pena de muerte y por tanto, alguien en quien confiar para defender los derechos humanos), Somalia y Túnez (que necesitan ser ayudados, en lugar de echarles la carga de remediar lo que en buena medida causa el caos libio) para que asuman vigilancia y recepción de inmigrantes y refugiados. Contra lo que el ignorante ministro García Margallo sostiene, los refugiados no son sólo quienes huyen por motivos políticos, sino de persecución de todo tipo: lo saben bien en Italia donde en 2014, de los casi 150000 personas que arribaron sin papeles, más del 35 % provenían de Siria, Eritrea y Mali.

Síntomas y causas de un desafío que es un problema

Por supuesto que la UE debe luchar contra quienes explotan a esas personas que huyen del hambre, la enfermedad, la miseria y la persecución o que simplemente (qué escándalo, ¿verdad?) pretenden trabajar y encontrar una vida mejor. Debemos luchar contra las formas contemporáneas de esclavitud que acechan a inmigrantes y refugiados, contra quienes controlan y envían esos barcos de la muerte. Nada nuevo. Hace siglo y medio, en 1839, el genial William Turner pintó su archifamoso The Slave Ship (cuyo título original era Slavers through the Deadd and Dying-Typhoon coming on), tras leer The History of the Slave Trade (Th. Clarkson), un cuadro que se exhibió en la Anti-SlaverySociety Convention celebrada en Londres en 1840, junto a unos versos del propio Turner que parecen describir los naufragios de Lampedusa o Libia: “… Hope, fallacious Hope! / Where is thy market now”.

Turner

Pero las medidas, las políticas efectivas no consisten sólo ni prioritariamente en la lucha contra semejantes criminales. Entre otras cosas, porque se trata de intermediarios, no de los causantes de la existencia de esos éxodos que nos preocupan. Y no se nos diga que no hay soluciones.

Las soluciones pasan ante todo por entender la dimensión del desafío migratorio y de asilo. Una viñeta explica mejor que mil palabras y tratados. Escojo ésta:

Roto

Frente a las causas complejas y globales de los desplazamientos e población, que tienen en su fondo el problema de la desigualdad radical en las relaciones internacionales, no se pueden oponer recetas simplistas ejecutadas por agentes nacionales.

La UE debe plantearse propuestas a medio y largo plazo, como ha planteado la resolución 2050/2015 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (aun provisional), titulada “The human tragedy in the Mediterranean: immediate action needed”, que en todo caso insiste en la prioridad: medios suficientes para asegurar el rescate, el objetivo de salvar vidas. Medios que pasan en primer lugar por una política de codesarrollo, no instrumental ni cortoplacista, ni centrada en las relaciones entre los Gobiernos de la UE y los gobiernos (en no pocos casos, elites corruptas y dictatoriales) de los países de origen y tránsito de los flujos migratorios y de asilo. Lo han explicado bien Tapinos o Naïr. No insistiré en ello ni en los riesgos de manipulación de esas políticas.

Y si insisten en preguntarme ¿qué hacer? Responderé que no faltan iniciativas. Hay buen número de ejemplos, como los proporcionados por acciones que pasan por crear corredores humanitarios, por políticas de visados que permitan ampliar los cauces legales, por la recuperación de la posibilidad de solicitar asilo en un tercer país, o reactivar el asilo diplomático. Desde diferentes ONG se han resumido algunas de esas medidas urgentes, que contemplan sobre todo cuatro líneas de acción, tal y como lo resumía un artículo reciente de Daniel Ríos.

Mientras tanto, me sumo a la propuesta de los ante mencionados eurodiputados Keller y Urtasun: bloqueemos los presupuestos de la UE si no hay una respuesta eficaz para el cumplimiento de un deber elemental. Y si no cumplimos ese deber, caiga sobre nosotros, como recordó el importante discurso de Francisco en Lampedusa, la vergüenza. Malditos seamos si no somos capaces de entender cuán profunda y terrible es esa vergüenza.

 Frank Wilbert Stokes (American, 1858-1955), The Phantom Ship, Atlantic Ocean

Por una inyección letal a la pena capital

Ana Valero

El pasado 24 de enero el Tribunal Supremo de Estados Unidos admitió a trámite una demanda que cuestiona la constitucionalidad de la inyección letal como método de ejecución de la pena de muerte. Los reclusos demandantes, que se hallan en el corredor de la muerte, argumentan que la sustancia anestésica encargada de sedar al reo antes de que se le suministren las otras dos que acaban con su vida, no siempre produce los efectos deseados, lo cual le provoca un largo y enorme sufrimiento físico antes de morir, algo contrario a la Octava Enmienda de la Constitución.

horca

En aras a cumplir lo dispuesto por dicha Enmienda, según la cual quedan prohibidos los castigos “crueles o inhumanos”, Estados Unidos ha tenido que ir modificando sus legislaciones con el paso del tiempo con el fin de “humanizar” algo tan inhumano como el método con el que el Estado cumple la ley del talión. De las ejecuciones públicas en la horca, propias del siglo XIX, se pasó al empleo de la silla eléctrica durante el siglo XX, acompañado del gas letal como alternativa en algunos Estados. A partir de su incorporación a la legislación penal de Oklahoma en 1977, aunque no empleada hasta 1982 en Texas, se generalizó el uso de la inyección letal por considerarse, inicialmente, un método rápido e indoloro. Sigue leyendo

No es falta de caridad. ¡Son delitos, estúpidos!

Javier De Lucas

La repetición de naufragios en las costas italianas en apenas siete días, con un elevadísimo número de víctimas (331, el 3 de octubre; 50, el día 11) ha dado pie a toda suerte de lamentaciones. También de los responsables de las políticas migratorias y de asilo y de sus instrumentos legales, tanto los italianos como los de la UE. Ya hemos comentado (Malditos duelos!) que esas lágrimas de cocodrilo ofenden la dignidad de las víctimas y de todos nosotros. No escribo para insistir en esa vergüenza. Ahora quisiera llamar la atención del lector sobre una omisión gravísima y dos malentendidos o, peor, dos sofismas que, a mi juicio, lastran buena parte de las discusiones que se están produciendo y dejan al rey, a esos políticos, desnudos. Pero también a no pocos medios de comunicación.

La omisión es la que permite que sigamos discutiendo si son galgos o podencos, si son la UE, Italia, Malta, los pescadores, los isleños, quienes deben actuar. No. Quienes no socorren a los náufragos son delincuentes, porque violan la ley. Porque, si son delincuentes o criminales (según la conducta) los ciudadanos que infringen un precepto jurídico vigente, también lo son los políticos responsables de que la UE y/o sus Estados miembros violen una norma jurídica vigente. Y lo son con agravante quienes impiden a los simples ciudadanos que la cumplan.

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Esta es la cuestión. Dejemos de hablar de humanidad, de piedad, de solidaridad. Estamos ante una ofensa jurídica y de primer orden, que exige el establecimiento de responsabilidades y las correspondientes sanciones, para evitar el veneno de la impunidad, para evitar el desánimo ciudadano que acaba por metabolizar este horror, porque no hay nada que hacer y los telediarios no informarán más hasta que no suceda otro que supere la cifra de 331 muertos. Hay que dejar claro que se trata de delitos que exigen castigo.

La UE, a través de la obsesiva función de control represivo atribuida a Frontex y también los Estados, como Italia, Malta o España, parecen olvidar en tantísimas ocasiones que, frente a esos náufragos, hay un deber jurídico prioritario de asistencia, impuesto secularmente por las más viejas leyes del mar y hoy por el complejo de Tratados del Derecho internacional del mar. En su origen, insisto, hay normas consuetudinarias básicas que están, por ejemplo, por encima de la ley Fini-Bossi (como recordaba el abuelo de Filippo, el pescador protagonista de una película no precisamente descarnada pero oportuna, Terra Ferma, el film de 2011 de Emmanuele Crealese). Pero, hoy, debemos hablar de violación de obligaciones jurídicas vigentes. Sobre este punto, aconsejo la lectura del pronunciamiento de ACNUR en 2002, Background note on the protection of asylum-seekers and refugees rescued at sea y, sobre todo, del a mi juicio determinante trabajo de Daniel Oliva, Derecho del mar e inmigración irregular.

durao - lampedusa

En efecto, Oliva, tras recordar que “existe un consenso acerca de la obligación de todo buque, sea cual sea su situación, características y localización, sobre la necesidad de concentrarse en salvar vidas de los náufragos o inmigrantes en peligro en el mar“, fundamenta esa tesis en un análisis impecable del complejo de tratados de Derecho internacional del mar: así lo exigen,  explica, artículos como el 98.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convención de Montego Bay), de 10 de diciembre de 1982, que se complementa con lo dispuesto, entre otros, en los párrafos 2.1, 10 y 13.2 del Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo (Convenio SAR, versión 1979), y, por ejemplo, en la regla 33.1 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS). En el último decenio se ha concretado y especificado la obligación de auxilio  exigible de los capitanes de buques y de los propios Estados mediante enmiendas a esos Tratados, así como la obligación de los Estados de ofrecer un lugar seguro a los supervivientes. Y aún se ha producido una mayor concreción a través de las denominadas Directrices respecto de la actuación con personas rescatadas en el mar, incluidas en la Resolución MSC.167 (78) del año 2004, del Comité de Seguridad Marítima, cuyo origen se encuentra en el lamentable episodio vivido en 2001 por el buque de pabellón noruego Tampa, que rescató a 433 solicitantes de asilo que se encontraban en peligro en un barco frente a las costas australianas y al que negaron el desembarco Australia e Indonesia.

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