Democracia interna, derecho de participación y resultados electorales

Fernando Flores

De Santa Bárbara nos acordamos cuando truena y de la democracia interna de los partidos cuando llegan las elecciones y se elaboran las listas electorales. Casi siempre demasiado tarde, casi siempre categóricamente. Siempre desde el cálculo político, nunca desde lo que de exigencia constitucional (jurídica, exigible) tiene.

Leyendo los documentos que han girado alrededor de la defenestración de Tomás Gómez y su equipo (la Resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, el Recurso de Tomás Gómez ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, los Estatutos del PSOE, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva…), uno se pregunta cómo tanta gente tiene tan claras las cosas que han pasado, y tan claro lo que ha estado bien y ha estado mal en la decisión de unos y en el comportamiento de otros. La realidad es que el peso de esos criterios viene dado en buena medida por la simpatía o antipatía hacia el verdugo o el ejecutado, o, si por ninguno, por la evaluación de los pros y contras resultantes de una decisión tan radical. Es comprensible. Pocos ámbitos como el de la vida interna de los partidos para experimentar el verdadero significado de palabras como sectarismo, ambigüedad y escurridizo.

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Aún así, en esa decisión se ha aplicado el Derecho, se han ejercido derechos fundamentales (el derecho de autoorganización como ejercicio del derecho de asociación, por parte de la CEF), y se ha afectado gravemente a derechos fundamentales (al menos el derecho de participación política de los militantes suspendidos de sus cargos). Así que, además de valorar el acierto o desacierto político de la medida, resulta conveniente preguntarse si ésta ha respetado la exigencia constitucional de funcionamiento democrático del partido y de respeto de los derechos de los militantes. Una pregunta que, como va a verse, no tiene una respuesta fácil. Sigue leyendo

¡La democracia estadounidense a subasta!

Ana Valero

El pasado miércoles 2 de abril la Corte Suprema norteamericana ha vuelto a dar alas a la influencia del gran capital sobre la democracia estadounidense. En el controvertido caso McCutcheon et al. vs. Federal Election Commission, ha declarado que los ciudadanos no pueden ver limitado el número de candidatos al que quieren apoyar a través de sus donaciones económicas. Sin ningún eco en los medios de comunicación españoles, la decisión tiene sin embargo una gran trascendencia pues, como señaló en la propia audiencia del caso ante la Corte el abogado de la administración Obama, Donald Verrilli, con esta sentencia en Estados Unidos será difícil conjurar los riesgos de corrupción y clientelismo y el peligro de un gobierno de ricos donantes “por ellos y para ellos”.

Tras declarar inconstitucional cualquier límite que se imponga a la facultad de las empresas de destinar dinero corporativo a la financiación de las campañas electorales en el año 2010, en la histórica decisión Citizens United vs. Federal Election Commission, con McCutcheon la Corte Suprema vuelve a estirar y desvirtuar el derecho de libertad de expresión reconocido en la Primera Enmienda de la Constitución para abrir la puerta definitivamente a las grandes fortunas en la contienda electoral. Pero veamos sus pormenores y tratemos de entender el sistema de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos.

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El binomio “dinero-política” no sólo es antiguo sino que es, quizá, tan necesario como conflictivo. Desde la aprobación en Gran Bretaña, en el año 1883, de la primera normativa de la época moderna en materia de financiación de la política, los intentos de disciplinar tal binomio han sido una constante en los distintos ordenamientos jurídicos de los sistemas democráticos. Podría decirse que la financiación de la política es instrumental para la consolidación de una democracia sostenible.

La actividad de los partidos políticos en el seno de los regímenes democráticos requiere de ingentes recursos económicos. Si a ello sumamos la necesidad de financiar las campañas electorales y las actividades conexas a las mismas, la dependencia entre política y dinero se hace más que evidente. En este contexto, resulta imprescindible la adopción de normas que regulen la financiación de unos y otras que, por un lado, mantengan intactos los valores fundamentales de la democracia -tales como el principio de igualdad, la libertad de los electores, la autonomía de los electos o la libertad de expresión de los primeros y la libertad de expresión e información de los segundos-; y que, por otro, eviten exponer el sistema democrático a fenómenos degenerativos que puedan socavar sus propios pilares -tales como el clientelismo, la corrupción o la financiación interesada de candidatos y campañas por parte de grupos de poder que traten de en incidir en el proceso de formación de la voluntad política.

Como punto de partida debe tenerse en cuenta que el estado de la legislación norteamericana en materia de campañas electorales, hasta los pronunciamientos del Tribunal Supremo en el caso Citizens y en el caso McCutcheon (en especial lo referente a su financiación, al control de los gastos y al uso de los medios de comunicación), se explica a partir de ciertos hechos especialmente clamorosos acaecidos en la historia de la política norteamericana, como el caso Watergate. Y que los sucesivos intentos de regular esta materia han encontrado como principales escollos la propia naturaleza geográfica del país y el diseño mismo de las campañas electorales estadounidenses. Baste señalar a este último respecto que, por ejemplo, la campaña electoral presidencial se desarrolla sobre un territorio y frente a una población de dimensiones continentales, lo que inevitablemente exalta los costes y hace que el contacto directo entre candidato y elector sea más bien atípico. A ello debe sumarse el hecho de que nos encontramos ante una campaña electoral que dura como mínimo un año, lo que genera, nuevamente, que los costes se incrementen exponencialmente.

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El modelo de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos tiene dos características que lo particularizan. La primera, que las normas que lo regulan se aplican principalmente a los candidatos y no a los partidos políticos a los que éstos pertenecen, y la segunda, que a pesar de que existen fuentes de financiación pública y privada, ésta última integra la primordial fuente de ingresos de los candidatos.

Los Estados Unidos fueron uno de los primeros países en adoptar una normativa reguladora de las campañas electorales en el ámbito federal. La primerísima norma en la materia se remonta a los tiempos de Theodore Roosevelt, que indujo al Congreso a adoptarla en 1907. Se trata de la llamada Tillman Act, que se han mantenido en vigor, con varias modificaciones, hasta 1966. Esta ley tenía la finalidad de limitar la influencia desproporcionada de las acumulaciones de riqueza y de los intereses particulares sobre el proceso electoral, además de tratar de desincentivar los abusos estableciendo obligaciones de transparencia. Asimismo, la experiencia norteamericana es primigenia en la adopción de normas destinadas a la limitar los gastos de los candidatos y de los partidos en las elecciones y a conseguir la limitación o la prohibición de determinadas contribuciones destinadas a las organizaciones partidistas. Así, desde 1939 han estado vigentes tales límites, considerados compatibles con la Constitución por el Tribunal Supremo en 1976.

En este marco, es preciso conocer que hasta el pasado miércoles 2 de abril, la legislación electoral norteamericana mantenía algunos límites a las aportaciones que podrían hacer los ciudadanos. Concretamente, el límite se cifraba en 2.600 dólares por campaña y 48.600 dólares cada dos años por todas las campañas federales que un ciudadano apoyase. Pues bien, el caso que ha originado esta sentencia de la Corte Suprema tiene su origen en la demanda interpuesta por Shaun McCutcheon, un ingeniero eléctrico de Alabama, que consideró que la existencia de un límite al acumulado de campañas apoyadas, 48.600 dólares, vulneraba sus derechos de libertad de expresión política por no poder apoyar a tantos candidatos federales como le viniese en gana.

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Ahora, con la nueva sentencia de la Corte Suprema, se elimina el límite existente al acumulado de donaciones que una misma persona puede realizar. Con lo cual, puede suceder que, aún respetándose el límite de los 2.600 dólares que cada candidato puede recibir por un solo donante, si éste quiere apoyar a cientos de candidatos de un mismo partido, la cifra que dicho partido puede recibir sería millonaria.

En una Sentencia de 5 contra 4 –la mayoría conservadora frente a los cuatro jueces progresistas de la Corte-, el fallo redactado por el Presidente de la Corte, el Juez John Roberts, dispone que limitar el número máximo de candidatos que un ciudadano puede apoyar vulnera las libertades de asociación y expresión de los ciudadanos. Así, afirma que dar dinero a uno o varios candidatos supone un ejercicio del derecho individual a participar en el proceso electoral mediante la expresión política, es decir, que se está ejerciendo el derecho recogido en la Primera Enmienda a expresar el respaldo por unos candidatos concretos y la ideología que éstos representan, así como a asociarse con ellos políticamente. Expresamente sostiene que “el gobierno no puede restringir a cuántos candidatos o causas puede respaldar un donante en la misma medida que no puede decirle a un periódico a cuántos candidatos puede respaldar”.

Los jueces progresistas de la minoría, en cambio, advierten de los riesgos que implica que a partir de ahora un solo individuo pueda donar millones de dólares a un mismo partido político, sobre la base de estar apoyando muchas campañas individuales. No es difícil augurar los turbios negocios que esto puede conllevar entre candidatos y donantes millonarios, contrariando el principio de igualdad en la participación política de los ciudadanos a favor de los más ricos.

La Casablanca se ha manifestado “decepcionada de la decisión” y congresistas de diversos signos reconocieron que quitar el límite al acumulado de campañas apoyadas permitirá a los grandes donantes encontrar la forma para burlar los límites individuales que prevalecen sobre las campañas.

En conclusión, con la sentencia del caso Citizens la Corte Suprema americana permitió a las empresas gastar sumas ilimitadas de dinero de manera independiente para apoyar u oponerse a candidatos para el cargo, y autorizó las contribuciones opacas de las empresas, sin límite de ningún tipo. Con McCutcheon se da un paso más, dando carta blanca de manera definitiva a la desregularización de la financiación de las campañas electorales y supeditando con ello la renovación del poder público al poder económico.

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¿Pueden votar los militares en las primarias?

Fernando Flores

Dice Europa Press que dice el Ministerio de Defensa que no, que los militares no pueden votar en las primarias.

El derecho de participación de los militares no está limitado por la Constitución, pero sí por la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ésta, en el marco de la obligación de “neutralidad política”, les prohíbe los “actos de colaboración” con los partidos políticos. Además, los militares no pueden afiliarse ni a éstos ni sindicatos, ni recurrir a los medios propios de la actividad sindical (negociación colectiva, huelga, etc). Tampoco pueden organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical, ni asistir a manifestaciones públicas vestidos de uniforme, o haciendo uso de su condición militar. Pueden votar, pero no tienen derecho al sufragio pasivo, es decir, no pueden ser candidatos electorales, no pueden ser votados. En concordancia con esta limitaciones, la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas prevé sanciones para su incumplimiento.

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Al respecto son varias son las cuestiones que se plantean: ¿Rompe la participación en primarias el principio de “neutralidad política” de los militares? ¿Votar en las primarias (sin participar en la organización de las mismas) supone un acto de colaboración con un partido político? En último término, y lo que creo es más importante: ¿Cuál es la finalidad de la Ley al limitar la participación política de los militares? ¿Es proporcionada la limitación prevista en relación con el bien público que se protege? ¿Estamos hoy, en 2014, en el mismo contexto político que en 1977 ?

Los argumentos que deben responder a estas preguntas necesitan de un espacio mucho mayor que el del post de un blog, pero en éste me gustaría al menos dejar planteada una cuestión que, como casi todas las que afectan al mundo de la defensa y la seguridad, no suele ser motivo de atención por la sociedad y los medios progresistas.

Como reflexión previa, debe decirse que los militares son tan ciudadanos como el resto de las personas de la sociedad en que viven y trabajan, y que como tales son titulares de todos los derechos fundamentales que la Constitución recoge. Partiendo de aquí, y reconociendo que los derechos no son absolutos, debe tenerse en cuenta que a los militares también debe aplicarse el principio de máxima restricción a la hora de limitárselos.

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Yendo a las cuestiones. En primer lugar, no creo que votar en unas primarias rompa el principio de neutralidad política de los militares. La aplicación de este principio ni les impide tener ideología, ni votar en las elecciones, así que podría decirse que quien puede lo más, puede lo menos. Además, cuando el ciudadano se registra para votar en unas primarias no lo hace en su condición de militar, de médico o maestro (no se pide expresar la profesión), sino en la de ciudadano. En el registro para poder votar, como mucho, se le pedirá que declare que está de acuerdo –por ejemplo- con los principios progresistas del partido, pero parece que dicha declaración, además de estar sujeta a la legislación sobre la protección de datos, y por lo tanto no ser pública sin el consentimiento del titular, no rompe la neutralidad política tal y como debe entenderse en este caso. En último término, nada le impide participar en las primarias de distintos partidos.

En segundo lugar, tampoco creo que pueda afirmarse que el solo hecho de votar en las primarias (con el par de euros que se paga por participar) sea un estricto “acto de colaboración” con el partido político, de los que prohíbe la Ley. De ser así el militar no podría comprar lotería, tomarse una cerveza o adquirir un libro cuando la venta fuera promocionada por un partido (por un militante, en una caseta popular de feria o en una tienda propia). Los límites a los derechos tienen que interpretarse con arreglo al objetivo que persiguen, y deben ser proporcionados. Es aquí donde llegamos al centro de la cuestión.

¿Cuál es la razón de que se restrinja el derecho a los militares a la participación política? Si leemos el discurso que el General Gutiérrez Mellado pronunció en la Capitanía General de Sevilla, en febrero de 1977, entenderemos que tras esa limitación estaba (y está) el principio de la unión real y efectiva del ejército, así como su neutralidad. Una unión, en palabras del general, basada:

“en el compañerismo dentro de la jerarquía, para que nuestros Ejércitos constituyan un bloque compacto. 
Bloque que ha de ser invulnerable a cualquier intento de desunión, sea cual fuere el señuelo que se nos agite, bien de tipo religioso, social o político…”.

            Una unión que, además, exige

“la obligada neutralidad de los Ejércitos ante las opciones políticas temporales de gobierno, [Ejércitos] que respeten la legalidad y admitan los principios fundamentales de soberanía, unidad, integridad, seguridad de la Patria y libertad de sus ciudadanos”.

En consecuencia, concluía Gutiérrez Mellado, quien particularmente desee dedicarse a la política, debe apartarse del servicio militar.

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El planteamiento es más que comprensible. Los estudiosos han contado en España 105 asonadas militares entre 1814 y 1981. Es decir, en nuestra historia está más que constatada la utilización del ejército como instrumento para llegar a poder. Ese argumento, junto al golpe de 1936, a la dictadura franquista y al hecho cierto de que no pocos militares en activo en 1977 tenían la tentación de afiliarse a partidos políticos no caracterizados por sus principios democráticos, llevaron a Gutiérrez Mellado (al Gobierno de Suárez del que formaba parte) a exigir mediante Decreto Ley que para hacerlo, primero abandonasen el servicio activo.

Han pasado treinta y cinco años desde que se aprobó la Constitución y es obligatorio preguntarnos si la finalidad de algunas de estas restricciones (cuando se trata de participación política no proselitista, como votar en unas primarias, o afiliarse a un partido político) sigue teniendo una justificación tan potente como para considerarla proporcionada a la intromisión que supone en los derechos fundamentales de los militares, y si esas limitaciones favorecen su relación natural con una sociedad democrática.

En último término, se podrá decir que la cuestión del posible voto de los militares en las primarias es un “no problema”, en la medida en que muy pocos se habrán planteado siquiera la posibilidad de participar en ellas, y que lo que realmente crea el problema es plantearla. Ambos argumentos ­–poco interés de la mayoría de militares y tema delicado– pueden ser ciertos y, añadiría yo, con seguridad esta discusión merece muchos más matices de los aportados en este comentario. Aún así, creo que el debate riguroso y no sectario sobre estos temas (nuestro ejército, los militares, su realidad, su encaje constitucional, sus derechos) trasciende su repercusión inmediata, afecta al sistema democrático y al tipo de sociedad que queremos, y es por eso que deben ser tratados públicamente.