Los derechos humanos en Cuba

Fernando Flores

Tras los discursos, se abrió el turno de preguntas y un periodista estadounidense con acento de Miami (confesó que su padre era un cubano que abandonó la Isla), preguntó al Presidente Obama sobre las palabras con las que había instado al Presidente Castro a realizar reformas en la Isla a favor de los derechos humanos. Al mandatario cubano le planteó directamente “¿por qué tiene presos políticos, y por qué no los sueltan?”. Acto seguido, Andrea Mitchell, de la NBC, señaló a Castro que para muchos era increíble oírle hablar de derechos humanos, y puso de manifieso que la visita de Obama había estado precedida del arresto de un grupo de las Damas de Blanco, que se estaban manifestando pacíficamente. De modo que no alcanzaba a comprender cómo podía existir una “coexistencia civilizada” entre dos países con una interpretación tan diferente de lo que significan la democracia y los derechos humanos. Sigue leyendo

Ni 15, ni 25 años después (En el día internacional de los inmigrantes)

Javier de Lucas

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el día 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante (resolución 55/93). La elección tenía fundamento: en ese día, en 1990, la misma Asamblea había adoptado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (resolución 45/158), un Convenio internacional que, 25 años después, no ha sido ratificado por ningún país de la UE, pese a los continuos llamamientos a ese respecto por parte del propio EuroParlamento.

Hablamos de personas, no de números, pero conviene recordarlos: En España, casi 5 millones, que representan aproximadamente un 10,2% de los residentes. En Europa, 33 millones, algo más del 7% de la población. Según la OIM, son casi 215 millones de inmigrantes en el mundo (algo así como un 3.2% de la población mundial). Personas, no números. Pero invisibles: por ejemplo, en esta campaña electoral. Sigue leyendo

Elogio de la ‘tibieza’

Fernando Flores

Resulta paradójico, pero en ocasiones los que acusan de tibieza a otros son personas con poca voluntad de calentarse la cabeza. Si hablamos de gente inteligente, esto se debe a que son incapaces de pasar sin el aplauso o aprobación que garantiza la mirada corta y la simplicidad de un argumento. De ahí que se les incendie la boca y digan cosas de las que después nos arrepentimos los demás.

Guerra es una palabra muy grande, y debería utilizarse con prudencia. Incluso cuando se dice guerra y no quiere decirse guerra del todo, porque, aunque en su definición y alrededores caben muchas cosas, el matiz no es precisamente una de ellas. Sigue leyendo

Los derechos humanos y la real politik

Fernando Flores

Hace unas semanas Margot Wallström, ministra de asuntos exteriores sueca, denunció la discriminación de las mujeres en Arabia Saudí (no se les permite conducir, dirigir negocios púbicos, casarse sin permiso de sus tutores masculinos…). La reacción del país de Oriente Medio fue fulminante: retiró su embajador y dejó de dar visados de entrada a empresarios y hombres de negocios suecos. Los Emiratos Árabes Unidos (Dubai, Abu Dabi…), y algunas organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación Islámica, se unieron a las represalias y condenas, argumentando que era intolerable la intromisión de Suecia en sus “asuntos internos” y acusándola de islamofobia. Ni los medios de comunicación occidentales se han hecho prácticamente eco de este suceso ni los gobiernos europeos han mostrado solidaridad alguna con Wallström, y eso que no se refirió al caso de Ali Mohamed al-Nimr, condenado a ser decapitado por alzar la voz (con 16 años) contra la represión del gobierno a la minoría chií (la pena de muerte es más que una amenaza, este año ya han sido decapitadas en Arabia Saudí más de 160 personas). Sigue leyendo

¡Igualdad, no tolerancia!

Javier De Lucas

Los abominables crímenes terroristas cometidos en Paris han provocado una reacción ciudadana contundente y han permitido escenificar –como casi siempre- una supuesta unidad de las fuerzas políticas, incluso más allá del marco europeo. Tiempo habrá para valorar cuánto haya de representación escénica y cuanto de voluntad real a la hora de formular medidas que puedan ser aceptadas por la mayoría de los ciudadanos y, además, que respeten las exigencias básicas de la legitimidad democrática. Recordemos que no hay seguridad si no es ante todo seguridad en los derechos. Una seguridad que recorta la libertad no es tal: es la victoria precisamente de aquellos a quienes se trata de combatir, porque significaría reconocer que nuestra prioridad no es garantizar los derechos y libertades.

Pero quisiera dedicar estas líneas para llamar la atención sobre lo que considero un error fatal: esa apelación a la tolerancia que, como mantra o monserga habitual, como tópico del catecismo de lo políticamente correcto, se reitera y predica enfáticamente en muchas de esas manifestaciones y declaraciones. Quiero tratar de volver a proponer a los lectores una tesis que me parece capital para la cultura de los derechos: la necesidad de dejar de hablar de tolerancia para tomar en serio la igualdad o, como propone Balibar, la egalibertad. Sigue leyendo

Planeta de Derecho

Fernando Flores       

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La Ley Mordaza no es una cuestión local que deba preocupar solo a los españoles. Tampoco la imposición de tasas para acceder a la Justicia, ni la penalización del aborto, ni el control de las empresas sobre los medios de comunicación, ni la violencia de la reforma laboral. Los ingleses deberían sentirse concernidos por ellas, al igual que los argentinos, los taiwaneses y los australianos. Y viceversa. Nosotros habríamos de ser conscientes del racismo policial en EEUU, del maltrato a los pueblos indígenas en Chile, del precio humano que se cobra el coltán en el Congo, de las condiciones de trabajo de las maquiladoras pakistaníes, de las talas incontroladas de los bosques amazónicos, de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por drones israelíes, de las estrictas limitaciones a la autonomía de las mujeres en Arabia Saudí…

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Sentirse concernido no significa que tengamos que saber todo lo que sucede en el mundo, y menos aún que tengamos que “ocuparnos” de lo que ocurre en Venezuela o en China; ni siquiera en España. Significa, al menos, interiorizar que el abuso, la restricción o la supresión de derechos de las personas son inaceptables donde quiera que se den y a quienquiera que se apliquen, y que los responsables de esos abusos y sus cómplices deben ser despreciados, perseguidos y, si se da el caso, nunca votados. Supone, digamos, una actitud de empatía y solidaridad con la dignidad humana y con la efectividad de los derechos que la hacen real.

Los derechos humanos no son un tema local, o solo local. En un mundo en el que una persona puede llegar de Freetown a París en menos tiempo que un campesino del siglo XIX tardaba en cubrir la distancia entre su aldea y el mercado metropolitano, pensar que lo que ocurre con los derechos y las libertades de otros seres humanos con los que no compartimos ciudadanía nacional es irrelevante, supone un grave error.

Sin duda se trata de una cuestión moral. Nadie debería permanecer intacto frente a la vulneración de los derechos de los demás, sea cual sea su nacionalidad, raza, sexo o creencias. Pero no solo. Se trata también de una posición pragmática de autodefensa ante la instalación progresiva en la sociedad global de una forma de poder absoluto llamado capitalismo. En un mundo en que los privilegios sin fronteras se acumulan alrededor del dinero y sus dueños, va a hacer mucha falta que aquella empatía y solidaridad hacia el ser humano y sus derechos tenga carácter global, aunque solo sea como mecanismo de autodefensa.

Que el mundo en el que vivimos está mal organizado y es injusto no es una novedad. Que afrontamos este inconveniente con una mirada provincianamente nacional, tampoco. En la escuela nos enseñan que el feudalismo fue una forma oscura y más bien atroz de organización política, social y económica, pero al mismo tiempo aceptamos con contemporánea naturalidad la suerte de haber caído en el lado bueno del Planeta, algo así como el hecho de formar parte de la nobleza de la Tierra.

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No obstante, sabemos que esta nobleza (a la que pertenecemos por nacimiento y de la que se derivan una serie considerable de ventajas), no reproduce el orden natural de las cosas, como tampoco lo reproducía la división estamental y profundamente desigual del feudalismo. Y sabemos que las cosas no deberían ser así, ni entonces ni ahora, y que pueden ser de otra forma. Es por eso que la decencia nos obliga a reconocer (aunque sea en nuestro fuero interno) que los inmigrantes tienen todo el derecho a saltar la valla. Porque si hubiésemos nacido entre los siervos de la gleba nos gustaría que se nos reconociese el de liberarnos de nuestro dueño.

Los sistemas políticos se construyen y mantienen por los seres humanos, pero también se transforman por ellos. Decir, frente a un orden inaceptable, “esto es lo que hay”, es aceptar precisamente que lo que se está construyendo en este mismo instante es inevitable.

El orden global que se está construyendo en este mismo instante hunde sus bases en los principios de desigualdad, restricción calculada de derechos y libertades, control social por el poder e irresponsabilidad de quienes lo ejercen. Estos cimientos, inaceptables y evitables, deben ser impugnados y destruidos. Así, de igual manera que el Estado de Derecho fue una respuesta al Estado absolutista (caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder), hoy es urgente configurar los pilares de un Planeta de Derecho que responda a su versión totalitaria. En esa dirección, las luchas cotidianas y locales por los derechos están tejiendo una vasta red de resistencia y creación de alternativas, una red insuficiente pero imprescindible. Aupados en ella tenemos la obligación de escribir el futuro.

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Un deber universal: el asilo es de todos

Javier de Lucas

“Nos quieren en soledad, nos tendrán en común*

No son estos tiempos propicios para hablar de deberes. Incluso de deberes básicos. Menos aún en nuestro país, cuando los ciudadanos sufren muy considerables sacrificios impuestos so pretexto de que es nuestra contribución obligada para salir de una crisis… que no ha sido producida por los ciudadanos en cuestión, sino muy abrumadoramente por una elite que apenas se ha visto perjudicada ni exigida en el mismo sentido.

Tampoco la ideología dominante, atomista más que individualista (“pornoindividualista”, canta Nacho Vegas), facilita una pedagogía sobre los deberes. Más bien parecería que sucede lo contrario: esa concepción dominante justifica, 150 años después, la crítica formulada por Marx en La cuestión judía, cuando criticaba una noción de los derechos basada en la noción de los seres humanos no ya como individuos, sino como islas (pese al exhorto de John Donne, “ningún hombre es una isla”), si no incluso como mónadas o átomos. Tenía razón Marx: si arrancamos de esa ideología, estamos de nuevo ante la ley de la selva, del más fuerte: sólo tendrá derechos quien puede permitirse prescindir de los demás, vivir aislado. Si a ello se suma la exaltación del libertarianismo consumista, que postula la consagración como un derecho de lo que en muchos casos no es sino una mera expectativa, si no un capricho o arbitrariedad, está claro que hoy resulta difícil explicar la noción de deberes básicos. Sigue leyendo

¿Quién está matando a Walter Benjamin?

Fernando Flores

El 26 de septiembre de 1940, Walter Benjamin, el filósofo y crítico literario alemán, judío y marxista, se quitó la vida. Su muerte sucedió en la frontera, en Port Bou, al día siguiente de que la policía le denegara la entrada en territorio español. Benjamin pretendía viajar desde España a Estados Unidos y así abandonar una vida de exiliado que duraba ocho extenuantes años.

Se ha escrito mucho sobre las circunstancias de su muerte. Si fue suicidio o asesinato. Si tras el rechazo en frontera iba a ser deportado por los policías fascistas que lo custodiaban. Si estaba solo o acompañado. Sea como fuere, lo que suele repetirse por todos es que a Walter Benjamin lo mató el fascismo, y que si decidió poner fin a su vida fue como última protesta contra el régimen totalitario de Hitler.

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En estos días acaba de traducirse y publicarse por Tirant lo Blanch un muy interesante artículo de Alain Brossat titulado “¿Quién mató a Walter Benjamin?”. En él Brossat recupera el episodio fatal de la muerte del filósofo para rechazar que su (única) explicación resida en la afirmación “fue víctima de la barbarie nazi”, demasiado general e imprecisa. Para el francés la causa inmediata de la condena a muerte de Benjamin en la frontera española fue la no posesión del ‘visado de salida’ (necesario para ser admitido y poder viajar a Estados Unidos) con que debía presentarse ante la autoridad; y la mediata, la realidad de un dispositivo administrativo de precarización, discriminación y estigmatización establecido por el gobierno de Vichy con la clara intención de perseguir a los refugiados. Sigue leyendo

Derecho de excepción y derechos humanos tras el fin de ETA

Fernando Flores

1. Las constituciones son pactos de convivencia que conjugan dos elementos: el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de las personas, y la división y ordenación del poder, para limitarlo e impedir abusos. De esos dos elementos, el fundamental son los derechos. Porque son el fin último de las constituciones –la garantía de la libertad de las personas–, y porque sin ellos no hay democracia.

Puede decirse que el poder admite ser ordenado de muchas maneras (el Estado puede ser centralizado, descentralizado, federal, autonómico, unitario; puede se presidencialista, regir el parlamentarismo, ser éste unicameral o bicameral; puede optar por el control constitucional de las normas difuso o concentrado…), pero los derechos fundamentales, no. Una intromisión excesiva en su contenido los desfigura y desaparecen.

Obviamente, esto no significa que los derechos fundamentales, los derechos humanos, no puedan ser limitados. Sí pueden serlo, y de hecho lo son. Por una parte las constituciones prevén unos límites que podríamos describir como “de sentido común” (fundamentalmente relacionados con los derechos de los demás y el orden público); por otra, las constituciones prevén unos límites a los derechos para casos excepcionales, para situaciones de excepción. En este sentido puede decirse que, con relación al terrorismo de ETA, en España, y en el País Vasco en concreto, venimos de un tiempo de excepción.

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2. En 1885 Pasteur vacunó por primera vez a un humano, un niño que había sido mordido por un perro rabioso. Pasteur le administró virus de la rabia atenuados, con lo que evitó el progreso de la enfermedad.

Las constituciones (y el cuerpo social que organizan) son, en cierto modo, como los seres vivos. Como otros organismos contienen una especia de “sistema inmunitario” de defensa que las protege de las anomalías, un sistema que reconoce elementos ajenos y dañinos al sistema y da unas respuestas para acabar con ellos. Estas respuestas suelen ser muy agresivas y se aplican bajo lo que se conoce como Derecho de excepción” (en la Constitución ese Derecho de excepción se encuentra expresamente en el art.55, aunque no solo; también existen limitaciones de excepción ad hoc, pero justificadas por los mismos argumentos).

Ahora bien, si la aplicación de medicinas no es recomendable para el cuerpo humano (y por eso se necesita prescripción médica), el Derecho de excepción tampoco es recomendable para el cuerpo constitucional. Porque lo hace sufrir, lo desvirtúa. Porque esos “medicamentos – respuestas de excepción” afectan fundamentalmente a los derechos humanos, elementos esenciales, básicos, del propio sistema constitucional.

Así que en principio, el Derecho de excepción sólo debe aplicarse por quien tiene competencia para ello, cuando haya cobertura constitucional para hacerlo, y cuando sea absolutamente necesario.

3. Durante años la violencia terrorista en el País Vasco ha explicado y justificado constitucionalmente la aplicación de un sistema de excepción que, como en el caso del niño de Pasteur, ha tratado de evitar el progreso de la enfermedad.

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Como es obvio, el tratamiento no solo ha sido (lo es todavía) durísimo, sino que además ha sido controvertido. Mientras que el equipo médico que te receta medicamentos no tiene intereses personales en tu salud y es un actor neutral y objetivo, el equipo político que impulsa las respuestas excepcionales para atajar la violencia en un territorio sí tiene intereses particulares (la política es compleja). Y aunque el propio sistema prevé obstáculos para que esos intereses políticos particulares no prevalezcan (el juego parlamentario, el control judicial, la revisión constitucional, los tribunales internacionales, las libertades de información y opinión, etc.), esos obstáculos no siempre han funcionado (funcionan) adecuadamente.

Los ejemplos de ese tratamiento de excepción, que afecta gravemente a los derechos fundamentales, son muchos:

– La Ley de partidos (6/2002), que en realidad es una Ley antiterrorista, y que afecta a los derechos de asociación, expresión y participación política.

– La legislación penal antiterrorista, que, por ejemplo, ha conducido a la ilegalización penal no solo de los directamente implicados en los actos terroristas, sino también del llamado entorno político o ideológico de ETA. Es decir, del colectivo político, ideológico y social que conocemos como Izquierda Abertzale. Ayer, sin ir más lejos, un juez de la Audiencia Nacional, calificaba de “desproporcionadas” las penas aplicadas a los miembros de ETA, y señalaba otros excesos de esta legislación.

– El régimen de incomunicación previsto en la LECrim, que afecta a la libertad personal, a los derechos del detenido (la reducción de garantías del incomunicado es muy considerable), y que se relaciona muy de cerca con el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos o degradantes.

– La legislación y política penitenciaria, pues el alejamiento y dispersión de presos, la clasificación automática en primer grado, o la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios afecta a la intimidad familiar, al derecho a la salud, al derecho a la reinserción…

4. En octubre de 2011 se produce el alto el fuego definitivo de ETA. El Derecho de excepción que esas medidas suponen se encuentra ahora con un tiempo nuevo. Digamos que la patología da una señal inequívoca de que empieza a remitir, y se producen movimientos políticos que lo confirman. Este tiempo nuevo exige también un nuevo planteamiento desde la perspectiva constitucional, un cambio del tratamiento. Porque si el tratamiento es dañino para el cuerpo en todo caso, si persiste cuando la enfermedad ha remitido, puede ser mortal.

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El contexto político y social del País Vasco ha cambiado y está cambiando, y eso exige, porque una interpretación correcta de la propia Constitución así lo reclama, guardar en el trastero el Derecho de excepción y proceder a la normalización jurídica y política de lo que todavía es tratado como excepcional.

5. En el ámbito de esta normalización se aprecian casos positivos y negativos, tanto en lo jurídico como en lo político. En lo jurídico ha sido positiva la legalización de Sortu en junio de 2012 por el Tribunal Constitucional, (la negación de su inscripción en el Registro de Partidos vulneró el derecho de asociación y el derecho de participación política), así como la ilegalización de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por vulneración de la libertad personal y el principio de retroactividad de las normas penales). Ha sido negativa la decisión del caso sobre posibles torturas a Aritz Petralanda (STC 12/2013, de 28 de enero de 2013) (ver sentencia y comentario en este post), en el que no se otorga el amparo. El Tribunal Constitucinal entiende que los jueces ordinarios cumplieron con su misión comprobando formalmente la única diligencia practicada (los informes de los médicos forenses), pero nada dicen sobre si la motivación de esos jueces había sido lo suficientemente sólida (algo que se requiere en el caso de posibles torturas).

En lo político, a nivel estatal la situación resulta preocupante, pues la normalización no parece encajar en los intereses del Partido Popular ni de sus posiciones calculadamente electoralistas: la persecución al juez español en el TEDH tras la sentencia que anulaba la doctrina Parot, el caso Gotzón Sánchez, o los recientes ataques a Podemos y al euro-diputado Pablo Iglesias son una muestra de ello.

6. En fin, hace años un jurista alemán llamado Konrad Hesse acuñó la idea de “voluntad de Constitución”. Según su planteamiento la Constitución no es sólo un trozo de papel (como decían Lasalle primero y Jellinek después), sino que ordena y transforma la sociedad y la vincula jurídicamente. Pero reconoce que también es cierto que la vigencia de la Constitución está condicionada por su realidad histórica, que no siempre es favorable.

Creo que así ha sucedido (y sucede) en el País Vasco. La realidad de la violencia ha impedido que la parte esencial de la Constitución –los derechos fundamentales– haya sido aplicada satisfactoriamente. Ahora la realidad ha cambiado, y con ella las posibilidades para los derechos humanos se amplían. Así, junto a la verdad, la memoria, y el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, debe avanzarse en la desactivación de la legislación provocada por la violencia. Ahora, en mi opinión, se trata de que, frente a los que usan el Derecho de excepción en provecho propio, los que tienen “voluntad de constitución” se empeñen con decisión en hacerla realidad, es decir, en recuperar la efectividad de los derechos humanos y, con ello, recuperar la convivencia en el País Vasco.

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Fútbol y racismo, crimen y castigo

Fernando Flores

Durante un partido de primera división un tipo de 25 años lanza un plátano a un jugador de fútbol. Las cámaras captan el acto racista. Se abre una campaña de carácter internacional (#somostodosmacacos) en la que numerosos deportistas, políticos, actores, presentadoras… se solidarizan con el injuriado comiéndose un plátano y reclamando la igualdad para todos. La campaña tiene un éxito notable en los medios. Se identifica al agresor, que aparentemente muestra arrepentimiento. El club le retira el carnet de socio y le prohíbe ingresar en el campo de por vida. El aficionado se expone también a una fuerte multa de la Comisión Antiviolencia. Se abre instrucción penal por posible delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal, relativo a aquellos que “provoquen a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas”.

Llevo días dándole vueltas a este tema, porque no me cuadra. No dudo de que los actos de racismo deben ser perseguidos y castigados, pero en este caso hay varias circunstancias que dan que pensar.

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La primera de ellas es que la estrella del fútbol que lanza la campaña antirracista –el brasileño Neymar– está implicado, fruto de su contrato con el F.C. Barcelona, en una operación de fraude fiscal de muchos millones de euros, algo que, a la vista del programa Salvados emitido ayer, es habitual en los grandes clubs. Me resulta difícil respetar y hacer la ola a una persona que reclama igualdad mientras no paga sus impuestos, por más que su mensaje sea correcto. Precisamente por eso, sospecho que o él o su agencia de marketing tratan de lavar con detergente ajeno una mancha muy propia.

Pero lo que más me llama la atención de la campaña es la discriminación sobre aquellos a quienes pretende proteger (las víctimas del racismo). En realidad, creo que estamos ante una reacción antirracista que sólo defiende al fuerte de entre las víctimas. Por más que se diga que el mensaje de esa campaña antirracista es universal y se extiende a todos, no lo creo. Y es que, por ejemplo, más allá de los delitos económicos continuados que cometen, es sabido que algunos clubs de fútbol trafican con personas, muchas de ellas africanos desesperados llegados a Europa con lo puesto que ponen su nombre para blanquear altísimas sumas de dinero, dinero libre que los clubs dirigirán a cometer más fraude fiscal (es decir, a robar a todos los ciudadanos), a pagar “en b” a los “neymar” y a enriquecer a los directivos de (casi siempre) raza blanca. En este sentido, apreciaría mucho como gesto humanitario y comprometido de Neymar una foto acompañado de su hijo en una patera de pega, con el hastag –por ejemplo– #somostodosfutbolistas?

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Por último, me deja sin palabras la desproporción de la pena impuesta por el club, al parecer mucho más preocupado por su imagen que por hacer pedagogía (¿no se trataba de esto?). El pretendido mensaje de “tolerancia cero” (maldita expresión) se traduce en que al agresor se le impide entrar en el estadio de por vida. Sin embargo, al aplicársele el castigo como una pena de muerte o una cadena perpetua futbolística, el mensaje real es la renuncia (el desprecio) desde el inicio a la educación de la persona, a la sensibilización para el civismo y el respeto al otro. El club se desentiende de su socio, y aquí no ha pasado nada.

En fin, por concluir, creo que la defensa de la igualdad y de los derechos de las personas, la lucha contra la discriminación y el racismo (que efectivamente son un problema también en el fútbol), no pueden sostenerse sobre una pila de mentiras de este calibre. Es por eso que la campaña no me cuadra y la considero una tomadura de pelo. En cuanto al futuro como hincha del aficionado racista, no albergo temor. Habiendo apoyado el presidente del Villarreal –Roig– la solicitud de indulto al expresidente del Sevilla hoy encarcelado, Del Nido, doy por sentado que, en cuanto se pase el sofocón del tema del odioso plátano, readmitirán al socio hoy desterrado, y aquí paz y allá gloria.

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