Los viejos nos interesan

Fernando Flores

Tengo la impresión de que los bancos han resuelto muy bien el embarazoso asunto de Carlos San Juan. Muchos medios han recogido las promesas de las entidades financieras como si ya estuviesen implementadas. Como si fueran parte de leyes obligatorias. Como si muchas de esas promesas no hubieran sido ya anunciadas hace meses. Como si se fuese a sancionar de forma edificante su incumplimiento. Como si no supiésemos qué significan para aquéllas los protocolos y los códigos de buena conducta. Cómo si el capital actuase de manera voluntaria al constatar el daño humano que su avaricia provoca.

La banca mejorará los horarios y ofrecerá atención personalizada a los mayores’, prometía un diario que conoce el futuro. ¿Cuántos de los 100.000 puestos de trabajo de los que han prescindido (despedidos o pactados) van a recuperar para hacerlo?, nos preguntamos los que sabemos como cuadra la banca sus cuentas. Porque si readmite a uno solo, ya no le van a salir.

La verdad es que no quería hablar de esto, aunque sí de algo que tiene que ver. Lo que a mí me ronda por la cabeza es una idea sobre lo que va a significar —lo que debería significar— para la sociedad la lucha por los derechos de las personas mayores. Algo que tímidamente ha empezado a visualizarse, y que va mucho más allá del (mal)trato en las oficinas bancarias, y también de las pensiones.

Como paso previo, no veo esa lucha por los derechos de los mayores como algo generacional, como algo exclusivamente de ellos. De hecho, creo que en la medida en que se asuma así —y ya se está tratando de crear por algunos un ‘relato’ de confrontación intergeneracional—, se desperdiciará una energía social que, desde posiciones democráticas, va a resultar muy necesaria en el futuro para proteger lo que queda de bien común y enfilar el camino hacia una sociedad menos violenta y más justa.

Después, conviene entender que a todos nos trae a cuenta reivindicar y defender los derechos de las personas mayores.

Primero, por lo obvio: porque esos derechos fundamentales están siendo masacrados sin miramientos. El desprecio que están mostrando los bancos hacia los ancianos no es más que una muestra de la seguridad que tienen de que no van a pagar por ello. ¿Cómo no la van a tener si miles de ellos han fallecido abandonados en las residencias y no hay entre las autoridades y partidos políticos quien mueva un dedo para investigar y hacer Justicia allí donde esta pide a gritos un trato digno a los familiares? En un Estado de Derecho, cuando se vulneran los derechos, lo obligado es reaccionar, determinar lo sucedido, reclamar responsabilidades y resarcir a las personas dañadas.

En segundo lugar, porque salvo quienes como Bogart en Llamad a cualquier puerta deseen morir jóvenes y dejar un bonito cadáver, la mayor parte de los seres humanos aspiran a la vejez; a la vejez con dignidad. Y como solo unos pocos van a llegar en condiciones económicas óptimas y acompañados por familiares amigables, trae cuenta ocuparse ahora de pensar el modo en que una sociedad en plena revolución demográfica va a gestionar un futuro decente para muchos mayores con ‘vidas extendidas’.

Y, por último, porque la lucha por los derechos de los mayores es la lucha por los derechos. No solo por nuestros derechos cuando seamos viejos, sino por nuestros derechos hoy, ocupemos la franja de edad que ocupemos.

Cuando las personas mayores reivindican respeto y rechazan ser estereotipados, como lentas, improductivas y gravosas —el estereotipo es el prejuicio previo a la discriminación—, nos están diciendo que nadie debería serlo, y que en realidad la famosa “vulnerabilidad” de algunas personas o grupos tiene que ver más con cómo la sociedad trata injustamente ciertos rasgos: edad, raza, nacionalidad, género, discapacidad, opción sexual… que con los efectos negativos que esos rasgos ocasionarían a sus portadores.

Cuando piden soluciones para la soledad no deseada de miles de ancianos, se ponen el foco en un problema social que trasciende la edad avanzada, y que está en el origen de muchas enfermedades mentales.

Cuando reivindican medios para una participación social democrática y efectiva, con derecho a información veraz e instrumentos para tomar parte en lo público, no solo incluyen a quienes por edad se ven desplazados en la deliberación y toma de decisiones de lo que personal y colectivamente les interesa, sino a la ciudadanía en su conjunto.

Cuando, en fin, proponen que los cuidados sean considerados un derecho fundamental, están construyendo la base de una transformación social necesaria y profunda —en lo político, en lo económico y en lo cultural—, hacia un nuevo modelo de convivencia. Una transformación que, a todas y todos, o al menos a la gran mayoría, nos trae a cuenta.

Los ejemplos de intereses comunes —y cada uno de los derechos lo es— podrían alargarse mucho más. Pero volvamos al principio, a los bancos.

La reivindicación de una ‘atención humana’ por parte del capital, no solo en la banca sino en todos los ámbitos de su poder, cada vez menos limitados, quizás sea una utopía. Sin embargo, la capacidad de presión social sobre quienes toman las decisiones o asumen las omisiones que favorecen a los poderosos en perjuicio de la ciudadanía y del Estado de Derecho, existe, y en la medida en que existe, no se deja dominar y es eficaz, consigue derechos y beneficia a la mayoría.

De modo que la lucha de las personas mayores por sus derechos debería de ser vista como una acción común, que sin duda les conviene, pero que también nos favorece a todos y que, quizás, esté poniendo las bases de un nuevo modelo de sociedad, más humano y más justo.

* Artículo aparecido en infoLibre el 13 de febrero de 2022.

Sobre ‘Vergüenza. El escándalo de las residencias’

Fernando Flores

Creo que es el momento de hacer por mi parte un comentario sobre el libro Vergüenza. El escándalo de las residencias, de Manuel Rico. Hacerlo precisamente ahora, aparentemente a destiempo, cuando han transcurrido algunos meses de su publicación y el libro ha sido presentado por su autor en no pocos foros y medios de comunicación; cuando, poco a poco, temas menos urgentes pero más mediáticos van ocupando nuestra atención y alimentando el olvido de lo que quisiéramos olvidar.

El excelente trabajo de Rico nos habla de algo terrible que sabemos que ha pasado. Han muerto miles (y miles) de personas mayores en las residencias, sin la atención sanitaria a la que tenían derecho. Un desastre, una tragedia que podía haberse evitado y que, por eso mismo, es un escándalo.

Un escándalo como concepto, porque lo que no ha sido es un escándalo social. Recuerdo el impacto que me causó hace años la lectura de Aimé Césaire en la que afirmaba que, si los millones de víctimas del Holocausto hubiesen sido negras y no blancas, la Shoá hubiera sido fácilmente olvidada. Lo creo. Como creo que si los 20.000 fallecidos en los dos primeros meses de la pandemia encerrados en las residencias hubiesen sido niños, adolescentes o personas de mediana edad —y no viejos—, la reacción social hubiera sido diferente, quizás ¿legítimamente? brutal. No ha sido así, pero al menos tenemos un ejemplo práctico con el que explicar lo que es el edadismo, la discriminación, la indiferencia hacia las personas mayores.

Vergüenza nos dice qué ha pasado, dónde ha pasado, por qué ha pasado y quiénes son los responsables de que haya pasado. Con datos, sin aspavientos, sembrando tantas preguntas como razones para plantearlas. Primero nos habla de ‘lo circunstancial’ —unos protocolos mortalmente discriminatorios—; y después, de ‘lo estructural’ —un sector privatizado y un Estado social débil y en retirada—, si bien lo circunstancial no es más que la consecuencia de lo estructural ideológico.

Lo circunstancial fue la decisión por parte de algunos gobiernos autonómicos de no derivar a los hospitales a personas mayores contagiadas en las residencias. Con indicaciones que no alcanzaban ni la entidad de una resolución administrativa, se excluyó a los mayores con cierto grado de dependencia del derecho a la salud reconocido en la Constitución y en las leyes. Por ejemplo: en Madrid las residencias no fueron medicalizadas (como exigió el TSJ), no hubo derivaciones al hospital de Ifema (con camas sobrantes), y no hubo traslados a hospitales privados. Y todo ello sin más motivo que la carencia de medios o la decisión de escatimarlos. Es decir, no se repartió equitativamente la carencia de Estado social —‘lo estructural’—, sino que esa carencia se aplicó circunstancial y directamente a quienes, en la realidad, son considerados ciudadanos de segunda: las personas mayores.

Lo más llamativo es que estas decisiones político-administrativas no han dado lugar a ningún tipo de responsabilidad, ni política (elecciones autonómicas ha habido), ni jurídica. Por ahora la fiscalía ha entendido que, dadas las circunstancias, los centros residenciales denunciados cumplieron como pudieron su deber de cuidado y los protocolos establecidos por las autoridades, y que el exceso de muertes no pudo ser evitado. Al parecer, nada tiene que decir la fiscalía sobre las directrices discriminatorias que bloquearon que muchas personas mayores fueran atendidas por los servicios sanitarios. Directrices que vulneraron el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y a la salud, de un grupo humano especialmente vulnerable.

Lo estructural es la respuesta a la pregunta ¿cómo se organiza esta sociedad para cuidar a las personas mayores? En un sistema dominado por las leyes de un mercado complementado y supervisado (teóricamente) por el Estado social, ¿puede ser el cuidado de las personas mayores un negocio? ¿Y un gran negocio? ¿Qué papel juega la Administración en la provisión y garantía de los cuidados a un grupo en situación de vulnerabilidad como lo es el de las personas mayores?

Lo cierto es que el de las residencias se está convirtiendo en un gran negocio, un negocio privatizado (solo el 13% de las plazas es de gestión pública) en proceso de concentración empresarial controlado, bien por una Iglesia opaca asociada al concepto de beneficencia del siglo XIX (ajena pues a la idea de derechos sociales); bien por fondos de inversión extranjeros y multimillonarios que, a pesar de recibir gran cantidad de fondos públicos, se dedican a aplicar un principio fundamental: obtener beneficios. Cuantos más y cuanto antes, mejor.

La aplicación concienzuda de este principio tiene una repercusión directa sobre la cantidad de personal de las residencias, sobre su formación, sobre la institucionalización (y despersonalización) de los centros, sobre la calidad en la alimentación de los residentes… en definitiva, sobre la calidad del servicio y el bienestar de los ancianos. Porque, como señala Rico, la factura del enriquecimiento de unos pocos la pagan otros, en este caso las personas mayores.

Con razón se dirá que la función del mercado no es proteger los derechos de las personas. Pero sí lo es la función del Estado; de hecho, es una de sus principales razones de ser. Y aquí es donde falla la segunda parte de la ecuación. El problema no es tanto que el Estado deje el cuidado de los ancianos en manos de privados a los que transfiere fuertes sumas de dinero (tema que da para discusión), sino que, al hacer dejación de sus funciones de control y presupuestarias, desprotege a las personas mayores. Las desprotege al no controlar eficazmente que las residencias cumplen con los estándares mínimos de calidad que exige la ley, las desprotege al no sancionar adecuadamente los incumplimientos (sale a cuenta infringir los requisitos de calidad), y las desprotege, sobre todo, al no financiar adecuadamente el sistema de dependencia.

En este libro no se echa la culpa a unos y se absuelve a otros. No se dice que lo privado funciona mejor que lo público. No se dice que todos lo hicieron mal (al contrario, se señala que muchos, a pesar de la situación tan dura que se vivió en los primeros meses de pandemia, lo hicieron muy bien). No carga contra los responsables de un partido político y olvida el resto (qué curioso que hayan sido Madrid y Cataluña las dos autonomías, aun con distinta intensidad, que aprobaron protocolos discriminatorios de exclusión). Pone sobre la mesa los datos y las claves más importantes de lo que aconteció, para interpretarlos y que los interpretemos.

Si el periodista es, como aseguraba Camus, “un historiador sobre la marcha cuya principal preocupación es la verdad”, Vergüenza demuestra que Rico lo es. Y que practica su oficio. Investigación, objetividad y prudencia sostienen la solidez del que es para mi uno de los libros más importantes de esta época de confusión informativa, ética y política. Leerlo provoca el desconcierto de ánimo que le da nombre. Su contenido obliga a revisar de arriba abajo el modelo de los cuidados y, más allá, cómo piensa la sociedad a los mayores.

La crisis sanitaria pasará, y aunque hoy no lo creamos, en unos meses no será otra cosa que objeto de recuerdo y tergiversación político-electoral. No dejemos que lo sucedido caiga en el olvido, porque de hacerlo, renunciaremos a que se corrija todo aquello que lo provocó y que, cuando se conoce, produce tanta vergüenza.

¿Qué hay detrás del bastón que sorprendió a Matías Prats? Edadismo con mayúsculas

Sacramento Pinazo

Para entender cómo nuestra sociedad aborda las cuestiones que tienen que ver con la vejez es fundamental comprender cómo se ha construido y cómo se representa la imagen de esa etapa de la vida. La psicología social estudia el modo en que las personas elaboran sus propias explicaciones acerca de cómo funciona el mundo y sus relaciones. Es lo que se llama el estudio de la cognición social.  Lo primero que hay que entender para abordar la cognición social es que el pensamiento humano se construye con palabras y por tanto reposa en el uso de símbolos. ¿Cómo se construyen esos símbolos?

Para responder a esa pregunta Serge Moscovici, eleboró la Teoría las Representaciones Sociales. La respuesta, en su versión breve, es que esos símbolos se construyen en el proceso de la comunicación social en el que distintos grupos sociales confrontan su visión del mundo. Eso ocurre en los medios de comunicación, pero también en las redes sociales, en las aulas, en las consultas médicas, en el Congreso de los Diputados, en definitiva, en un sinfín de conversaciones cotidianas. Otros autores, como Jerome Bruner, ya habían manifestado su preocupación por cómo se construyen, en el pensamiento de sentido común o en la folk psychology, los significados. En Actos de significado, Bruner plantea que nuestra mente es narrativa y que contando historias creamos significados, por tanto, símbolos.

Lo más interesante de la Teoría de las Representaciones Sociales es que identificó dos procesos en la construcción de esos símbolos: la objetivación y el anclaje. La objetivación es justo lo que ocurre cuando un concepto abstracto se resume en un icono y el anclaje es cómo un concepto abstracto se incorpora a nuestro almacen cognitivo estableciendo relaciones con otros conceptos que ya tenemos ahí. Esos dos procesos acaban arrojando una imagen, una representación social, que nos permite integrar un concepto abstracto en nuestras comunicaciones cotidianas. Estas representaciones sociales son fundamentales a la hora de determinar cómo nos relacionamos como el mundo e incluso cómo nos concebimos a nosotros mismos. Se entiende pues, la importancia que tiene la construcción de una representación social de la vejez tanto para la sociedad en su conjunto como para la vida de las personas concretas.

Quienes nos dedicamos a la Gerontología llevamos décadas advirtiendo del problema que supone sostener una imagen de la vejez que no se ajusta ni social ni individualmente a la realidad del siglo XXI, pero la semana pasada el tema saltó a la opinión pública porque el conocido presentador Matías Prats señalaba lo inoportuno que había sido el icono utilizado en la misma cadena de televisión en la que él trabaja, para representar a las personas mayores de 55 años en el protocolo de vacunación. El presentador tiene 71 años (más cerca de los 75 que de los 55), Pablo Motos tienen 55, Ana Blanco, 60, Iñaki Gabilondo, 76… y el icono no les representa. Ese grafismo era una representación sintética de una persona, con pocos trazos, en una figura encorvada y apoyada en un bastón.

Y yo me pregunto: ¿Representa esa imagen a las personas de más de 55 años? ¿Representa acaso a todas las personas mayores de 75 años? Pues no.  Lamentablemente si ponemos en el buscador de google “icono & persona mayor”, o si buscamos en señalética de tráfico, nos encontraremos con esas mismas imágenes: bastones, andadores, figuras encorvadas, moños. Pero… ¿es que aún no nos hemos dado cuenta de la heterogeneidad de los modos de envejecer?  ¿No sabemos que la vejez con dependencia afecta a un porcentaje de la población pequeño? ¿Sabemos que menos del 4% de las personas mayores viven en residencias? Dejemos de representar a la vejez de un modo que no la representa.

Es cierto que no debemos obviar las pérdidas funcionales o cognitivas que suceden en la vejez. No se trata de sostener una visión naïf. Todo no es envejecimiento exitoso ni todo es envejecimiento con dependencia, conceptos que, además, habría que redefinir. No quiero restar importancia a la necesidad de atención y cuidados de las personas en situación de dependencia, o al trabajo que realizan los profesionales de cuidados o los familiares cuidadores, pero la mayor parte de las personas mayores viven de manera autónoma en sus domicilios, acompañadas o solas.

Si además de los iconos hablamos de las palabras, los términos “ancianos”, “viejos”, “jubilados”, “abuelos”, “tercera edad”, o los posesivos “nuestros mayores” no son adecuados. ¿Por qué? Porque no representan las diferentes maneras de envejecer.

Los significados se construyen en los encuentros sociales. Vivimos en una sociedad diversa multigeneracional donde cabemos todos y donde todos nos necesitamos.

Matias Prats ha bromeado sobre el tema del icono. Comenta divertido que es “algo exagerado, algo negativo”… , y perdona al grafista por su descuido. Pero este tema no es una broma, porque no es la primera vez que ocurre. Es necesario dejar de usar un lenguaje que estigmatiza, excluye y daña. Lo que hay detrás del bastón que sorprendió a Matías Prats es el Edadismo. Un prejuicio que hay que desterrar y que consiste en asumir que las personas de cierta edad no pueden o no deben hacer toda una serie de cosas.

Eso es lo que hay detrás de ese icono y palabras: EDADISMO con mayúsculas. Es necesario que entre todos y todas construyamos una nueva representación social de la vejez. De la variedad de modos de envejecer de hombres mayores y de mujeres mayores. Algunas autoras como Anna Freixas, en su libro Tan Frescas, ya han empezado. Recientemente, Mari Luz Esteba, ha seguido sus pasos con la obra Manifiesto de las Mujeres Viejas. Ahí les dejo unas interesantes lecturas. El camino está abierto, el esfuerzo ha de ser de todos y todas.

Una Convención de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas mayores

Fernando Flores

Hace ya un año que comenzamos a escribir sobre derechos humanos en Alrevésyalderecho, pero todavía no hemos hablado de los derechos de las personas mayores (las de más de 60 años). Además de que esta ausencia merece una autocrítica, si añadimos que nadie nos lo ha reprochado, quizás podamos convenir que también revela un síntoma: su invisibilidad.

Como en su momento las personas con discapacidad, los dependientes o las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas mayores y sus derechos no han encontrado todavía el hueco en la atención social que sería deseable. Sin embargo, existen razones suficientes para que así sea.

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La organización HelpAge International, que trabaja como red global para la defensa de los derechos de las personas mayores, ha elaborado un Informe que revela la magnitud de las violaciones de derechos humanos que experimentan todos los días muchos hombres y mujeres mayores alrededor del mundo. El Informe revela realidades que nos hablan de tratos indignos y violencia, de maltrato (se entiende que éste existe cuando procede de un ámbito de relación de confianza), de barreras para acceder a cuidados de la salud, de dificultades para acceder a bienes básicos esenciales (el alimento, el agua, el refugio, la ropa y la calefacción), de la imposibilidad de obtener empleo, de sentimientos de inseguridad, de abusos de tipo económico, de falta de asesoramiento legal acerca de sus propios derechos, de alejamiento de la participación ciudadana… Obviamente, estas situaciones de discriminación aumentan de grado en los países pobres, o en los contextos de guerras y de crisis humanitarias, en los que las personas mayores son las golpeadas con mayor dureza, pues son las más vulnerables.

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