Condesa y mendiga

Fernando Flores

En el cuento ‘El príncipe y el mendigo’ (1881) Mark Twain nos relata la historia del príncipe de Gales, hijo de Enrique VIII, quien tras intercambiar sus ropas jugando con un muchacho pordiosero de asombroso parecido a él, se ve expulsado del palacio por la guardia, y obligado a vivir la miserable vida de los pobres.

Escuchando a Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos, uno desearía que la candidata experimentase en su aristócrata figura algún episodio como el del cuento para, como se dice en la conclusión, “mantener su triste significado fresco en la memoria y llenos los manantiales de piedad en su corazón”. Pero lo cierto es que resulta más probable que acabe como alcaldesa que como “persona que vive en la calle”, así que, si así sucede, y conociéndola, asistiremos en unos meses a la reforma de las ordenanzas municipales que permitan a la policía evacuar a los sin techo del centro de Madrid (en este momento ese extremo no está previsto), y, en sus palabras, “mejorar así la impresión que los turistas tienen de la capital”.

1. frailes mendicants

¿Pero puede hacerlo? ¿Cabe una norma dentro de nuestra Constitución que impida (y sancione) a las personas sin hogar dormir en la calle?

Si nos refiriésemos a lo ético (a esto parece haber quedado reducido el Estado Social), quizás deberíamos apreciar que desde que estalló la crisis financiera –de la que pocos culpables encontramos entre los sin techo– miles de personas han perdido su casa y están literalmente en la calle, al mismo tiempo que los gobiernos han desfinanciado los servicios sociales que antes trataban de amortiguar esa desgracia (desgracia provocada muchas veces por brutales desahucios). Visto así, podría pensarse que adoptar medidas enérgicas contra esas personas, además de atentar contra su dignidad, sería “injusto”.

Pero aparquemos lo ético, ya que al parecer es cosa de aficionados, y vayamos a lo legal. Obviamente, en el marco de nuestro sistema constitucional (que es Derecho vigente) prohibir a una persona ocupar, “estar”, en un sitio público, sancionarla por hacerlo y obligarla a que lo abandone, no sólo se entromete en su libertad personal, sino que, dadas las circunstancias de los que nada tienen, podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante. Así lo ha considerado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observaciones finales al cuarto informe sobre los EEUU, en el apartado (19) dedicado a la “criminalización de los sin hogar”. Y ello a partir de la constatación de que, en los últimos tres años, el número de ciudades norteamericanas que prohíben dormir en vehículos creció 119%, así como la prohibición de dormir o acampar en público, la cual creció, en el mismo lapso de tiempo, un 60%.

2. Art Pin XIX Nonell Dos pobres durmiendo Gabinete Dibujos y Grabados del MNAC Barc 1897

Parece claro que el capitalismo no se entiende bien con la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, sobre todo las de los más débiles, y que el falso liberalismo político que airean sus defensores en sus discursos (por ejemplo Aguirre, la liberal) solo alcanza (si acaso) a la protección de la autonomía de quien se porta bien y no molesta. No es casual que en la misma charla a los empresarios del sector turístico, la candidata del PP mezclara los argumentos contra los sin techo con la necesidad de limitar la libertad de manifestación. Al parecer, porque ambas “molestan” al desarrollo del sector.

Pero molestar no es argumento suficiente para limitar las libertades. A muchos madrileños les molestan los turistas y no van exigiendo al Ayuntamiento que limite su ocupación de la Plaza Mayor. Para que una prohibición como la que pretende Aguirre encaje en nuestro Estado de Derecho, deberá tener un fin legítimo, ser coherente con lo pretendido y, además, producir un daño proporcionado al objetivo que busca. Y aquí las pretensiones de la autoritaria condesa hacen aguas. Ello sencillamente porque, en primer lugar, aunque el fin perseguido (proteger al sector turístico) sea legítimo, no queda claro en absoluto que exista una relación entre el número de personas que duermen en los cajeros de los bancos madrileños y la cantidad de turistas que deciden visitar la capital. Y en segundo lugar, porque resulta absolutamente desproporcionado y cruel limitar la libertad (de dormir o comer en la calle, de pedir limosna) de personas sin recursos por el pretendido hecho de que ahuyenten a los visitantes; más aún cuando existen otros medios (servicios sociales adecuados) para resolver el problema. ¿Que las personas sin hogar resultan molestas para algunos paladares exigentes? Puede ser, pero si el criterio fuese la molestia, probablemente las campañas electorales, tal y como están concebidas y a la vista de cómo se comportan algunos candidatos, estarían proscritas.

3. Goya-mendigo ciego con perro

Así que el anhelo de Esperanza Aguirre es a día de hoy, y aunque probablemente eso a ella le importe poco, ilegal. ¡Pero cuidado! las cosas pueden cambiar. Recientemente el Parlamento húngaro ha aprobado una nueva legislación que permite a los ayuntamientos establecer en qué zonas de los municipios está prohibido vivir en la calle, y castiga a los sin techo con multas de hasta 500 euros y 60 días de cárcel. Esta misma ley fue declarada inconstitucional en 2012, pero poco después, en 2013, la mayoría del ultraconservador Fidesz reformó la Constitución y aprobó de nuevo la ley. Hoy las ordenanzas municipales húngaras pasan el filtro de constitucionalidad, aunque sería más difícil que superasen el filtro del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En fin, en período electoral la lección de todo esto es que la complicidad política con los partidos y candidatos reaccionarios tiene un precio que se paga en degradación social y desprotección de los derechos. Esto debe ser tenido en cuenta y no llamarse a engaño. Yo, por mi parte, creo que la solución es convertir, con nuestros votos, a todos los marqueses en mendigos. A lo mejor así llegan algún día a conocer, no sólo el significado de la piedad sino también el del Estado de Derecho.

4. Caravaggio_-_Cena_in_Emmaus

No se puede poner un fotógrafo detrás de cada desahuciada

Fernando Flores

‘El Rayo Vallecano y el Ministerio de Economía se movilizan ante un dramático desahucio en Vallecas’, titula Expansión. Al parecer hay desahucios dramáticos y otros que resultan una fiesta.

Estamos en España, en la semana en que un joven delincuente que sobrepasa holgadamente la edad penal rompe audiencias por ser joven. La semana en que se ha reunido más gente en el funeral de una aristócrata que en una convocatoria en defensa de la sanidad pública (Maraña). La semana en que un caso más de abusos sexuales por sacerdotes silenciado por la jerarquía eclesiástica no escandaliza como síntoma de un delito monumental, colectivo y continuado que se ha venido cometiendo durante años en el seno de la Iglesia. Probablemente todo cuadra, y el hecho de que la atrocidad del desahucio fotografiado de una anciana finalmente habilite una campaña auto-publicitaria de club de fútbol (sí, es una campaña; si no, que lo hagan en silencio o que impugnen el sistema, como los Bukaneros) forma parte natural del medioambiente. Sigue leyendo

La Punta: orgullo y vergüenza

Fernando Flores

La lucha por los derechos está hecha de pequeñas luchas enormes, de gestos insignificantes quizás para un mundo veloz y poco dado a la empatía, pero extraordinarios por la fuerza, el valor y la tenacidad de las personas anónimas que las protagonizan.

El caso de La Punta es uno de los episodios más importantes y dolorosos de vulneración y lucha por los derechos que ha tenido lugar en los últimos años en el desgraciado territorio valenciano. Más de 100 familias desahuciadas, 750.000 metros cuadrados de huerta litoral arrasada, alquerías históricas destruidas, silencio y desprecio a las quejas vecinales, y durísima represión a la resistencia ciudadana.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ratificado la nulidad del Plan que produjo todo eso, “por eludir la legislación vigente, obviar un trámite obligatorio como la evaluación ambiental estratégica y seguir adelante con la destrucción de La Punta pese a la sentencia del Tribunal Supremo que en 2009 anulaba el plan y que ahora ratifica el TSJ”.

barracas kai fosterling

A quienes han hecho de la prevaricación su modo de hacer política no les importan ni las leyes ni las sentencias judiciales ni los derechos de los ciudadanos. Destruirán hasta que les dejen. Que les pregunten a los vecinos del Cabanyal, a las víctimas del accidente del Metro, o a las defensores de la huerta.

Así que esa sentencia no va a cambiar nada en las personas y maneras de la política valenciana. Ayer la alcaldesa Barberá visitaba como si nada la zona portuaria con el presidente del COE, Alejandro Blanco, quien (después de designar a Valencia la primera –otra vez la primera, la mejor y la más grande- ciudad española elegida como ayuntamiento olímpico), afirmó que nuestra ciudad es un «modelo mundial a la hora de entender el deporte”. Y Juan Cotino, el conseller de Medio Ambiente responsable del desastre (de este también) humano y natural se encontraba en paradero desconocido.

La Comunidad Valenciana avergüenza a muchos de los que allí somos. Lo hacía cuando parecía que todo iba bien, cuando la propaganda y el dinero envenenaba, destruyéndolos, instituciones y ciudadanos. Y lo hace en este momento, porque es difícil no sentir vergüenza de lo que nos hemos convertido. Pero también debe reivindicarse con orgullo que fue gente de aquí, y amigos que vinieron de fuera, la que luchó hasta el último día para que los derechos y la dignidad del pueblo no fueran pisoteadas, y eso debe recordarse y decirse. Como declara uno de los desahuciados en las últimas escenas del excelente documental sobre esa lucha –“A Tornallom”:

No asumo el hecho de que me están tirando de casa. No lo asumo. Y lo quieren silenciar y esconder. Que se sepa…

Que se sepa.

Foto: Kai Fosterling

Video: Enric Peris y Videohackers

Vivienda y menores: lejos de un sistema político digno

Fernando Flores

El Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto (marzo 2013), comienza así:

El mundo actual está sumido en una crisis de inseguridad en la tenencia. Si bien el acceso seguro a una vivienda y a tierras es una condición necesaria para la dignidad humana y un nivel de vida adecuado, muchos millones de personas viven bajo la amenaza constante del desahucio o en una situación ambigua en la que las autoridades o algunos agentes privados pueden cuestionar su tenencia en cualquier momento.

La magistrada del Juzgado de Instancia núm.39 de Madrid, Lourdes Menéndez, ha dictado una providencia por la que suspende el desahucio de una familia con tres menores de edad (de 12 años, 11 años y 11 meses), hasta que la Administración (la ejecutante, pues la vivienda pertenece al Ayuntamiento de Madrid) explique qué medidas concretas piensa a adoptar para garantizar el debido alojamiento de los menores afectados por el proceso de ejecución.

Tres meses atrás, el 6 de marzo, la juez había emitido un auto en el que, constatando que concurrían los requisitos para el desahucio (falta de pago de rentas debidas), llamaba la atención sobre la presencia de otras circunstancias normativas también relevantes que afectaban a los derechos de las personas.

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El Tribunal Constitucional como Caballo de Troya

Fernando Flores

Probablemente, uno de los indicios más claros del estado terminal en que se encuentra nuestra Constitución sea el Tribunal Constitucional.

Este blog no está dedicado a las instituciones ni a la política en sentido estricto, sino a los derechos humanos, y por eso he dudado sobre la pertinencia de escribir sobre él. Pero creo que no hay más remedio. Lo que le pasa a nuestro “guardián de la Normal Fundamental” tiene una repercusión directa sobre la protección de nuestros derechos fundamentales, y esa repercusión es, desde hace tiempo, demoledora.

Los tribunales constitucionales nacieron a principios del siglo XX como defensores de la Constitución, es decir, como guardianes de la norma más importante, la que más directamente procede del ejercicio de la soberanía popular. Por eso sus competencias son tan poderosas. Puede anular las leyes que aprueba el Parlamento, por inconstitucionales, y tiene la última palabra en los conflictos que puedan suponer vulneración de los derechos humanos, creando jurisprudencia y obligando a los ciudadanos y a los poderes públicos a respetarlos y comportarse del modo que él decide.

Por lo tanto es un órgano constitucional clave para el sistema democrático y el Estado de Derecho, y por eso está necesitado de la mayor autoridad, la cual, como se sabe, no es lo mismo que el poder. Precisamente es éste, el poder que ostenta, el origen de su degradación, pues los partidos más fuertes (aunque de forma indisimulada el Partido Popular) no han soportado la tentación de hacer de él un instrumento político en provecho propio. El resultado es que el máximo intérprete de la Constitución, el que debe defenderla de los ataques que recibe, se ha convertido en uno de sus mayores problemas. Es como si la guardia pretoriana se hubiera revuelto contra el emperador.

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Lo sucedido ayer (la incorporación al Tribunal del descreído juez ultraconservador Enrique López, que estuvo apunto, pero solo apunto, de ser rechazado por no idóneo al considerar seis magistrados, de doce, que de ninguna manera cumplía el requisito de ser un “jurista de reconocido prestigio”) solo es un paso más, ni siquiera el decisivo, en una escalada de despropósitos dirigidos a la destrucción “material” del Tribunal.

Es verdad que el propio Tribunal tuvo ayer, en las manos de su Presidente Pascual Sala, la oportunidad de realizar un acto en defensa propia, y de hacerlo además por la vía institucional prevista, sin renuncias, dimisiones o inútiles declaraciones a la prensa. El Presidente pudo utilizar su voto de calidad para afirmar lo sabido por todo el mundo, que Enrique López no tiene altura profesional ni moral para formar parte del Tribunal Constitucional. Pero sobre todo pudo utilizarlo para dar un golpe de efecto a favor del Estado de Derecho y en contra del acto antisistema del Partido Popular, pues no es otra cosa la incorporación de este juez al alto tribunal. Sin embargo, no lo hizo. Sala votó a su favor y a su incorporación (¡quién supiera las “razones de Estado” que habrán de compensar las consecuencias de tal decisión!) y, quizás con ello, nos hizo ver hasta qué punto la situación del Tribunal (y de nuestro sistema) está perdida.

¿Y qué tiene que ver esto con la protección de los derechos fundamentales? Mucho, y en dos tiempos, el pasado y el que se nos viene encima.

Respecto del pasado, debería aclararse al público un “malentendido” alimentado en parte por los medios de comunicación. No es cierto que el Tribunal Constitucional haya sido unos años de mayoría progresista y a partir de esta semana lo sea de mayoría conservadora. Hemos tenido un Tribunal conservador que ahora pasa a ser reaccionario.

Algunas sentencias como la que reconoce la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo (sentencia 198/2012, de 6 de noviembre de 2012) han creado una sensación (periodística) de progresismo, pero son engañosas. La sentencia 198/2012 es en realidad un apaño (con alguno de los presuntos progresistas, para alcanzar una mayoría importante) que no dice que el artículo 32 de la Constitución reconoce el matrimonio entre homosexuales. Lo que declara la sentencia es que este tipo de matrimonio no es inconstitucional, y que es el legislador el que puede decidir si en él caben homosexuales o heterosexuales. Es decir, que el Tribunal no constitucionaliza el matrimonio homosexual, sino que lo deja en manos de la mayoría parlamentaria. Así las cosas, la legislación podría reformarse, retornar al año 2005 (¿alguien duda de la posibilidad viendo lo que sucede con la penalización del aborto?) donde solo cabía el matrimonio entre hombre y mujer, y ello no sería inconstitucional.

En otras ocasiones la ausencia de garantismo del Constitucional ha sido puesta en evidencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en el caso relativo a la doctrina Parot (sentencia de 10 de julio de 2012), o por los votos particulares de algunos magistrados (en minoría) verdaderamente comprometidos con la protección real de los derechos fundamentales. Así sucede, por ejemplo, en el recurso de amparo sobre torturas a miembros de SEGI (STC 12/2013, de 28 de enero de 2013 comentada en este blog), o en el que resuelve un recurso de inconstitucionalidad sobre el acceso por parte de la Dirección General de la Policía a los datos de los extranjeros inscritos en el padrón y sobre la regulación de las medidas de seguridad susceptibles de ser puestas en práctica en los centros de internamiento de extranjeros (STC 17/2013, de 31 de enero).

Especialmente dolorosa para la protección de los derechos resultó la resolución de inadmisión por la vía rápida de la cuestión de inconstitucionalidad por un juzgado de Sabadell que impugnaba el procedimiento de ejecución hipotecaria previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulnerar los derechos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad. Un año y medio después el TJUE ha declarado ilegal ese procedimiento por contravenir la Directiva de los derechos de los consumidores, ya que les impide alegar eficazmente (vulnerando la tutela judicial) la existencia de cláusulas abusivas en el contrato hipotecario.

¿Y en el tiempo futuro, el que se nos viene encima? Además de la ley del aborto (en manos de un numerario del Opus) y la reforma laboral (en manos de quien fue uno de sus redactores), este “nuevo” Tribunal tendrá que resolver sobre la constitucionalidad de unas reformas en materia de Justicia que se dirigen claramente a perseguir la protesta social y la libertad de expresión, cuando no directamente a desvirtuar el Estado de Derecho (ver aquí el excelente análisis de RIS). ¿Son magistrados como Enrique López, Francisco Hernando o Carlos Ollero los que van a defender la Constitución y los derechos ciudadanos del ataque antisistema del Partido Popular? De sobra sabemos que los mercenarios defienden solo a quien les paga.

Hoy he pasado junto a la sede del Tribunal Constitucional y he comprobado que allí queda el edificio cónico, y la rigurosa policía en la entrada. He imaginado a las amables bibliotecarias en su sala enmoquetada, a las funcionarias en el registro luminoso, a los asesores en sus despachos, y a los doce magistrados que casi nunca son magistradas, deliberando. Pero por mucho que miraba e imaginaba, ya no veía nada del Tribunal Constitucional que prevé nuestra Constitución, de su sentido y de su espíritu. De ese ya no queda nada.

Empatía o escrache

Por Fernando Flores

“Mi casa es el terreno de mi vida personal y mi familia”, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría.

Gran verdad. El hogar, la vivienda habitual, es el espacio donde nos encontramos a solas, o a solas con la familia y los amigos, donde nos reunimos con nuestros incondicionales, donde nos refugiamos de la dureza exterior, donde podemos cerrar por dentro. En nuestra casa se desarrolla eso que llamamos intimidad familiar, que por cierto es un derecho fundamental reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales de los derechos humanos.

Miles de procedimientos de ejecución hipotecaria y sus correspondientes desahucios han golpeado durante años la intimidad familiar de muchos ciudadanos, españoles y extranjeros. Miles de personas han sido desalojadas de sus casas por bancos amparados en una legislación abusiva y despiadada, pero el concepto de intimidad familiar no aparecía por ninguna parte. Ha tenido que ser un movimiento social fuerte y decidido, algunos abogados y jueces comprometidos con los derechos, y una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los que han obligado al Gobierno y muchos parlamentarios a plantearse de nuevo las cosas. Pero algunos parecen no entender todavía.

Las casas de los desahuciados eran también el terreno de su vida personal y su familia. Y en ocasiones fueron el domicilio que les permitía tener un permiso de residencia, el entorno donde los hijos desarrollaban sus relaciones sociales y educativas, el enclave desde el que llegar con facilidad a un trabajo… Cada desahucio rompió definitivamente algo de eso, y muchos de ellos condenaron a familias enteras a la exclusión social. Con la indiferencia de la política y el silencio mediático de los informadores más relevantes.

Decía Ihering en La lucha por el derecho que si la fuerza limitada del individuo va a estrellarse contra las instituciones que dispensan a la arbitrariedad una protección que niegan al derecho, entonces el individuo, aguijoneado por la injusticia contra la que es impotente, pierde el sentimiento de la vida moral y la creencia en el derecho. ¿A quién se dirige la vicepresidenta cuándo avisa que los escraches entran en el terreno intocable de su vida personal y familiar? ¿A los miles de desahuciados? ¿A los activistas que les han protegido mientras la fuerza pública ejecutaba de forma implacable decisiones judiciales que aplicaban una legislación brutal?

Es importante saber la trascendencia real de los derechos que vulneramos, y es triste que para ello tengamos que sufrir en nuestras carnes su erosión. La vicepresidenta recibe el daño que produce el golpe agrio a su intimidad que es el escrache. Y nos habla de su privacidad y de su familia. Pero se niega a cambiar la ley que multiplica por cien el golpe irreversible que reciben cientos de personas con menos recursos, que sencillamente pierden definitivamente ese “terreno de su vida personal y su familia”. Así las cosas, no debería extrañarle la alternativa planteada: o empatía o escrache.

Proteger los derechos a rastras

Por Fernando Flores

El jueves de esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá si el procedimiento de ejecución hipotecaria español es legal de acuerdo con la normativa europea. Este hecho ha creado mucha expectación.

El procedimiento en entredicho se caracteriza procesalmente por su enorme rapidez. La persona que no ha pagado unas pocas mensualidades ve cómo, tras la demanda del banco acreedor, en semanas el juez señala fecha para la subasta de su vivienda, ésta pasa a manos del banco y, tras unos meses, resulta desahuciado. Y esto ocurre aunque haya sido un deudor cumplidor y de buena fe hasta que la crisis le ha arrebatado el empleo y las posibilidades de abonar su deuda; ocurre aunque la información que en su momento recibió de la entidad crediticia fuera insuficiente y engañosa; aunque la tasadora, vinculada al banco, barriera para casa; aunque la hipoteca contenga cláusulas abusivas; aunque la vivienda sea su único hogar; aunque tenga familia y haya menores en casa; aunque sea un extranjero cuyo permiso de residencia dependa de la tenencia de una vivienda habitual; aunque la subasta de su casa vaya a ser un timo en beneficio de su acreedor; aunque con la venta de su casa no vaya a satisfacer la deuda.

Obviamente estas circunstancias no concurren siempre, pero sí muchas veces. Y cuando así sucede, el deudor no puede defenderse. No puede porque la ley que regula ese procedimiento impide al deudor que aporte los hechos, argumentos, documentos y observaciones que puedan detener la subasta y el desahucio de su casa, ya que las alegaciones que puede hacer están estrictamente tasadas por una Ley (Ley de Enjuiciamiento Civil) que reduce de forma drástica el principio contradictorio. O pagas rápidamente, o pierdes la casa y te vas. Ese es el resumen.

No conozco a nadie que piense que se trata de un procedimiento justo. Como mucho se dice que es legal. En esta dirección, el propio Tribunal Constitucional, en una resolución de 2011 que no lo elevará al altar de los grandes protectores de los derechos fundamentales, por formalista, ajena a la realidad social y, me temo, respetuosa con el poder bancario y status quo económico, decidió que ese procedimiento no vulneraba ningún derecho constitucional. Y sin embargo, es un procedimiento legal que facilita las peores injusticias a favor de la parte fuerte, el banco.

Que, con la que está cayendo, haya tenido que ser un juez “de a pie”, y no los partidos políticos mayoritarios, el que haya puesto en duda ante el TJUE la legalidad y la justicia del procedimiento ejecutivo hipotecario (por ser contrario a la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de Abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores) da que pensar. La política sobre derechos humanos debe hacerla el Parlamento y el Gobierno, no los tribunales.

Este jueves el Tribunal Europeo resolverá la cuestión prejudicial del juez, y lo que él diga vinculará al Estado español. Pero ¿es necesario llegar a Luxemburgo para cambiar la norma? Ya existe un documento relevante, las Conclusiones de la Abogada General de ese Tribunal, que aprecia que la “regulación procesal (el procedimiento de ejecución hipotecaria) menoscaba la eficacia de la protección que pretende otorgar la Directiva 93/13” (párrafo 51). Y, también contrario a ese procedimiento, por vulnerador del derecho a un juicio justo, encontramos el Informe de los jueces españoles apoyado por más de 40 jueces decanos. Y el importante y demoledor Informe del Defensor del Pueblo de 2012. Y los informes de los Relatores Especiales de Naciones Unidas para el derecho a una vivienda adecuada. Y el tenaz movimiento social que ha servido con su lucha el contexto que aprisiona y acorrala a los partidos políticos.

¿A qué esperan éstos, pues, para reformar la ley que regula ese procedimiento tramposo? ¿A una fecha? ¿A la decisión formal de un Tribunal? ¿A que la presión ciudadana sea mayor que la de los bancos? Ni los derechos ni la democracia se protegen eficazmente a rastras.

La perspectiva de los derechos humanos

Fernando Flores

El jueves pasado asistí en Valencia, en el Colegio Notarial, a un seminario titulado “Soluciones para los desahucios”. El encuentro estaba organizado por los notarios y por el Institut de Drets Humans de la Universitat de València. En él intervino la Defensora del Pueblo, un alto funcionario de la Generalitat, un notario, el juez decano de Valencia, una abogada de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, y yo mismo.

Al terminar la sesión, ya por los pasillos y entre las felicitaciones que los asistentes dedican con amabilidad a los conferenciantes, se abrió paso la de una mujer que me dijo:

“Su intervención, aunque muy provechosa y didáctica, poco nos sirve a los abogados como yo, que intentamos mediante escritos creativos, y casi rogando clemencia, nos paralicen las subastas y posteriores lanzamientos”.

Yo había hablado de las necesarias garantías de los derechos en el procedimiento de ejecución hipotecaria, es decir, en el juicio que lleva a las familias a perder su casa y a ser desahuciados. Y citaba con argumentos y cierta pasión las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que habían de servir a los aplicadores del Derecho (legisladores, jueces, abogados y funcionarios de la Administración) para proteger a los ciudadanos de las graves injusticias que aquel procedimiento les produce.

Pero a la abogada esas garantías no le servían; no le se servían porque, sencillamente, no se aplican. Y es que el realismo jurídico mira con escepticismo a la teoría de los derechos, y por ello no le falta razón al que se pelea cada día con el muro de la formalidad, si escucha con sonrisa indulgente contar a un académico cómo deberían ser las cosas, pues su lucha cotidiana consiste en poder soportar cómo son las cosas.

De todo esto se deduce que el trabajo (uno de los trabajos) por hacer es ir al encuentro de la realidad, y cambiarla (no solo pero también) exigiendo sin descanso que la prioridad es que se cumplan los derechos reconocidos a las personas. Es decir, y por seguir con los desahucios, que primero está el derecho a la vivienda y la intimidad familiar, y después el derecho de obligaciones y contratos. Si hay conflicto entre unos y otros (como sucede), deben ponderarse las circunstancias y los intereses en cada caso, pero no puede dejarse el cumplimiento de los derechos humanos a la indulgencia de los jueces y la ejecución hipotecaria al estricto cumplimiento de la ley. Hay que exigir una perspectiva de derechos humanos a la hora de resolver los conflictos sociales, y reivindicar su peso (que es moral pero también jurídico) frente a otros intereses protegidos por el Derecho.

Últimamente escucho una frase repetida con la que, refiriéndose a los ciudadanos, políticos y tertulianos acompañan sus análisis y comentarios de la crisis que vivimos.

– “La gente lo está pasando mal”- se dice…

Y es verdad, las personas lo están pasando muy mal. Pero sobre todo, lo que pasa, es que a las personas se les está vulnerando sistemáticamente sus derechos constitucionales.