Derecho de excepción y derechos humanos tras el fin de ETA

Fernando Flores

1. Las constituciones son pactos de convivencia que conjugan dos elementos: el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de las personas, y la división y ordenación del poder, para limitarlo e impedir abusos. De esos dos elementos, el fundamental son los derechos. Porque son el fin último de las constituciones –la garantía de la libertad de las personas–, y porque sin ellos no hay democracia.

Puede decirse que el poder admite ser ordenado de muchas maneras (el Estado puede ser centralizado, descentralizado, federal, autonómico, unitario; puede se presidencialista, regir el parlamentarismo, ser éste unicameral o bicameral; puede optar por el control constitucional de las normas difuso o concentrado…), pero los derechos fundamentales, no. Una intromisión excesiva en su contenido los desfigura y desaparecen.

Obviamente, esto no significa que los derechos fundamentales, los derechos humanos, no puedan ser limitados. Sí pueden serlo, y de hecho lo son. Por una parte las constituciones prevén unos límites que podríamos describir como “de sentido común” (fundamentalmente relacionados con los derechos de los demás y el orden público); por otra, las constituciones prevén unos límites a los derechos para casos excepcionales, para situaciones de excepción. En este sentido puede decirse que, con relación al terrorismo de ETA, en España, y en el País Vasco en concreto, venimos de un tiempo de excepción.

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2. En 1885 Pasteur vacunó por primera vez a un humano, un niño que había sido mordido por un perro rabioso. Pasteur le administró virus de la rabia atenuados, con lo que evitó el progreso de la enfermedad.

Las constituciones (y el cuerpo social que organizan) son, en cierto modo, como los seres vivos. Como otros organismos contienen una especia de “sistema inmunitario” de defensa que las protege de las anomalías, un sistema que reconoce elementos ajenos y dañinos al sistema y da unas respuestas para acabar con ellos. Estas respuestas suelen ser muy agresivas y se aplican bajo lo que se conoce como Derecho de excepción” (en la Constitución ese Derecho de excepción se encuentra expresamente en el art.55, aunque no solo; también existen limitaciones de excepción ad hoc, pero justificadas por los mismos argumentos).

Ahora bien, si la aplicación de medicinas no es recomendable para el cuerpo humano (y por eso se necesita prescripción médica), el Derecho de excepción tampoco es recomendable para el cuerpo constitucional. Porque lo hace sufrir, lo desvirtúa. Porque esos “medicamentos – respuestas de excepción” afectan fundamentalmente a los derechos humanos, elementos esenciales, básicos, del propio sistema constitucional.

Así que en principio, el Derecho de excepción sólo debe aplicarse por quien tiene competencia para ello, cuando haya cobertura constitucional para hacerlo, y cuando sea absolutamente necesario.

3. Durante años la violencia terrorista en el País Vasco ha explicado y justificado constitucionalmente la aplicación de un sistema de excepción que, como en el caso del niño de Pasteur, ha tratado de evitar el progreso de la enfermedad.

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Como es obvio, el tratamiento no solo ha sido (lo es todavía) durísimo, sino que además ha sido controvertido. Mientras que el equipo médico que te receta medicamentos no tiene intereses personales en tu salud y es un actor neutral y objetivo, el equipo político que impulsa las respuestas excepcionales para atajar la violencia en un territorio sí tiene intereses particulares (la política es compleja). Y aunque el propio sistema prevé obstáculos para que esos intereses políticos particulares no prevalezcan (el juego parlamentario, el control judicial, la revisión constitucional, los tribunales internacionales, las libertades de información y opinión, etc.), esos obstáculos no siempre han funcionado (funcionan) adecuadamente.

Los ejemplos de ese tratamiento de excepción, que afecta gravemente a los derechos fundamentales, son muchos:

– La Ley de partidos (6/2002), que en realidad es una Ley antiterrorista, y que afecta a los derechos de asociación, expresión y participación política.

– La legislación penal antiterrorista, que, por ejemplo, ha conducido a la ilegalización penal no solo de los directamente implicados en los actos terroristas, sino también del llamado entorno político o ideológico de ETA. Es decir, del colectivo político, ideológico y social que conocemos como Izquierda Abertzale. Ayer, sin ir más lejos, un juez de la Audiencia Nacional, calificaba de “desproporcionadas” las penas aplicadas a los miembros de ETA, y señalaba otros excesos de esta legislación.

– El régimen de incomunicación previsto en la LECrim, que afecta a la libertad personal, a los derechos del detenido (la reducción de garantías del incomunicado es muy considerable), y que se relaciona muy de cerca con el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos o degradantes.

– La legislación y política penitenciaria, pues el alejamiento y dispersión de presos, la clasificación automática en primer grado, o la imposibilidad de acceder a beneficios penitenciarios afecta a la intimidad familiar, al derecho a la salud, al derecho a la reinserción…

4. En octubre de 2011 se produce el alto el fuego definitivo de ETA. El Derecho de excepción que esas medidas suponen se encuentra ahora con un tiempo nuevo. Digamos que la patología da una señal inequívoca de que empieza a remitir, y se producen movimientos políticos que lo confirman. Este tiempo nuevo exige también un nuevo planteamiento desde la perspectiva constitucional, un cambio del tratamiento. Porque si el tratamiento es dañino para el cuerpo en todo caso, si persiste cuando la enfermedad ha remitido, puede ser mortal.

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El contexto político y social del País Vasco ha cambiado y está cambiando, y eso exige, porque una interpretación correcta de la propia Constitución así lo reclama, guardar en el trastero el Derecho de excepción y proceder a la normalización jurídica y política de lo que todavía es tratado como excepcional.

5. En el ámbito de esta normalización se aprecian casos positivos y negativos, tanto en lo jurídico como en lo político. En lo jurídico ha sido positiva la legalización de Sortu en junio de 2012 por el Tribunal Constitucional, (la negación de su inscripción en el Registro de Partidos vulneró el derecho de asociación y el derecho de participación política), así como la ilegalización de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por vulneración de la libertad personal y el principio de retroactividad de las normas penales). Ha sido negativa la decisión del caso sobre posibles torturas a Aritz Petralanda (STC 12/2013, de 28 de enero de 2013) (ver sentencia y comentario en este post), en el que no se otorga el amparo. El Tribunal Constitucinal entiende que los jueces ordinarios cumplieron con su misión comprobando formalmente la única diligencia practicada (los informes de los médicos forenses), pero nada dicen sobre si la motivación de esos jueces había sido lo suficientemente sólida (algo que se requiere en el caso de posibles torturas).

En lo político, a nivel estatal la situación resulta preocupante, pues la normalización no parece encajar en los intereses del Partido Popular ni de sus posiciones calculadamente electoralistas: la persecución al juez español en el TEDH tras la sentencia que anulaba la doctrina Parot, el caso Gotzón Sánchez, o los recientes ataques a Podemos y al euro-diputado Pablo Iglesias son una muestra de ello.

6. En fin, hace años un jurista alemán llamado Konrad Hesse acuñó la idea de “voluntad de Constitución”. Según su planteamiento la Constitución no es sólo un trozo de papel (como decían Lasalle primero y Jellinek después), sino que ordena y transforma la sociedad y la vincula jurídicamente. Pero reconoce que también es cierto que la vigencia de la Constitución está condicionada por su realidad histórica, que no siempre es favorable.

Creo que así ha sucedido (y sucede) en el País Vasco. La realidad de la violencia ha impedido que la parte esencial de la Constitución –los derechos fundamentales– haya sido aplicada satisfactoriamente. Ahora la realidad ha cambiado, y con ella las posibilidades para los derechos humanos se amplían. Así, junto a la verdad, la memoria, y el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, debe avanzarse en la desactivación de la legislación provocada por la violencia. Ahora, en mi opinión, se trata de que, frente a los que usan el Derecho de excepción en provecho propio, los que tienen “voluntad de constitución” se empeñen con decisión en hacerla realidad, es decir, en recuperar la efectividad de los derechos humanos y, con ello, recuperar la convivencia en el País Vasco.

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Negando a Montesquieu, ese pijo ácrata

Patricia Goicoechea

Tiene gracia que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, haya criticado a los magistrados de la Audiencia Provincial por “dejarse llevar por el sentir de la calle (…) algo propio de la Revolución francesa”. Curioso que se le viniera a la cabeza, precisamente, la Revolución francesa.

En 1789 se inició, en el continente, el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la lucha contra el poder absolutista. El éxito no fue inmediato e hicieron falta varias revoluciones a lo largo del siglo XIX para que el liberalismo se asentara. Sí, el liberalismo, esa doctrina política que giraba en torno a dos ejes fundamentales: el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos –plasmados en los textos constitucionales y de obligado respeto por el estado– y la separación de poderes, como protección frente al autoritarismo y la arbitrariedad que habían caracterizado al Antiguo Régimen. Así, sobre estas dos bases, se configuró el Estado de derecho.

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Natural por tanto que, para que esto no sea un desmadre y nos creamos con derecho a presentarnos ante las instituciones con nuestros cuadernos de quejas –como aquellos franceses revolucionarios con sus Cahiers de Doléances–, Ana Botella les haya recordado a los jueces que lo que tienen que hacer es “aplicar leyes emanadas del Parlamento”. Y se preguntarán ustedes: ¿pero es que los tres magistrados de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid no se han basado en leyes emanadas del Parlamento para confirmar que un escrache pacífico no es delito? Quédense tranquilos porque, sí, efectivamente, se basaron en leyes emanadas de nuestro Parlamento; concretamente, en el Código Penal y la Constitución, como ya ha contado muy bien aquí Joan Carles Carbonell Mateu hace unos días.

 Si la alcaldesa recurrió a esa linda y desacertada referencia a la Revolución francesa fue probablemente porque no supo ser tan sincera en sus deseos como algunos de sus compañeros de partido. Sí lo fue la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que apenas unas semana antes nos regaló la siguiente declaración de principios: “los jueces interfieren con sus actuaciones en decisiones que son políticas”.

Si alguno de ustedes sabe en qué consiste esa categoría de “decisiones políticas” que estarían por encima de la ley y habrían de ser incuestionables, le estaré muy agradecida de que me lo explique. Porque a mí lo que me contaron en las facultades de Derecho por las que pasé es que la separación de poderes no quiere decir que cada poder del Estado hace lo que le viene en gana y los demás callan. De lo que se trata es de que el ejecutivo toma sus decisiones, sabiendo que el poder judicial puede y debe ejercer un control de la legalidad de esas decisiones, de su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. En ese ordenamiento se incluyen la Constitución, las leyes emanadas del Parlamento –ahí sí tiene razón Botella–, las normas de rango inferior a la ley y, por supuesto, las normas de origen internacional que han sido debidamente ratificadas por nuestro país.

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Hay que reconocer que quien se lleva la palma en sinceridad es Esperanza Aguirre. La semana pasada, compartía sus deseos en Twitter: Espero que el ministro de Justicia deje bien claro que este tipo de autos y sentencias no se pueden producir.” En esta ocasión se refería al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el escrache a la Vice-Presidenta. Pero no es la primera vez que Aguirre reclama al Ministro de Justicia (poder ejecutivo) que le pare los pies a uno o varios jueces, que le baje los humos al poder judicial y que les deje clarito que lo de la separación de poderes no había que tomárselo al pie de la letra. También preguntó Aguirre hace unos meses, “¿Por qué no hemos destituido a López Guerra?, refiriéndose al juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, tras la sentencia que acabó con la Doctrina Parot.

Muy lógico. En una democracia asentada en un Estado de Derecho es inconcebible que el poder ejecutivo no vaya por ahí poniendo y quitando jueces, a su antojo, para asegurarse de que sus decisiones no sean sometidas a ningún control. Algo parecido ha sugerido también el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que los jueces españoles han de dejar de meterse donde no deben y abstenerse de tratar de proteger los derechos de los trabajadores para no frustrar los objetivos de la reforma laboral. Normal, porque no vaya a ser que mientras uno anda tomando decisiones políticas tenga además que preocuparse de cumplir con las normas. Que así no hay quien trabaje.

Los ataques de sinceridad de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, como las referencias históricas de Ana Botella, o los despropósitos del FMI, dan mucho juego. Inspiran chistes muy agudos, viñetas ocurrentes y amenizan las tertulias. Pero francamente no tienen ninguna gracia y deberían hacernos reflexionar sobre la preocupante tendencia que reflejan.

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Las críticas a los jueces y a las decisiones judiciales son necesarias en una sociedad democrática. Como poder del estado que son están necesariamente expuestos a las opiniones de la colectividad. Las opiniones pueden ser ofensivas, como aquello de pijo ácrata que le espetó Hernando al juez Pedraz. Pueden ser misóginas, como mucho de lo que se ha dicho de la juez Alaya. Pueden ser, en definitiva, una falta de respeto a la persona que hay debajo de la toga.

Pero aquí no se trata sólo un problema de respeto, ni a la persona ni a su función. De lo que se trata en cada una de esas declaraciones que he reproducido más arriba es de un grave desprecio a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Desprecian la independencia de los jueces porque sólo conciben un poder judicial que intervenga para refrendar sus decisiones. Un poder judicial al que se le pueda decir “ahora no toca” y éste se cuadre, se abstenga de tratar de velar por el respeto de la legalidad, de proteger los intereses de la sociedad y los derechos de todos. Quieren una justicia sumisa, a su medida. A sus órdenes.

 Esta voluntad es la que subyace a la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recortar, hasta casi eliminar, la competencia de los tribunales españoles para investigar y juzgar crímenes internacionales. Con esa reforma pretenden, entre otras aberraciones, que las causas actualmente abiertas sean inmediatamente archivadas. Esa voluntad de callar al poder judicial está presente en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que buscan darle a la Administración la capacidad de multar por comportamientos que los jueces se han negado a sancionar, considerándolos lícitos y necesarios en una sociedad democrática. Su deseo no disimulado de controlar la función judicial está, también, presente en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se pretende traspasar la instrucción a los fiscales, añadiendo a ello además un principio de oportunidad.

Desprecian el Estado de Derecho y tratan de sustituirlo por un Estado de su derecho. Allí donde las normas traduzcan sus postulados ideológicos, donde la crítica no tenga cabida y en el que únicamente seamos libres para estar de acuerdo con ellos. El problema lo tienen, en fin, con la propia democracia: el autoritarismo del que hacen gala, y que ya ni se molestan en disimular, da mucho juego para la sátira y el humor, pero nos está llevando por una senda muy peligrosa.

Si Montesquieu viviera hoy en España, saldría Cifuentes a decirle que se deje de sandeces, que los jueces no deben entorpecer “lo político” con sus inoportunas sentencias. Hernando lo llamaría pijo ácrata. Aguirre le pediría a Gallardón una reforma del Código Penal rapidita para poder meterle un paquete y callarle de una vez. Quizá el propio Fernández Díaz nos diría, muy circunspecto, que detrás de este ilustrado y sus amigos están en realidad grupos itinerantes de radicales de extrema izquierda con la oscura agenda de hacer peligrar la paz social.

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La libertad de expresión de los jueces

Fernando Flores

Existe un dicho judicial según el cual ‘los jueces se expresan por medio de sus autos y sentencias’, un deseo que obedece, en principio, al noble objetivo de mantener a salvo la imparcialidad como base de su actuación, requisito imprescindible en el Estado de Derecho.

La semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz creyó necesario aclararle públicamente -vía twitter- al diputado Iñaki Oyarzábal la decisión de no impedir la reunión de los expresos de ETA en Durango. Oyarzábal había tuiteado previamente que discrepaba y le resultaba incomprensible dicha decisión. El revuelo causado por la respuesta del juez fue considerable.

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¿Disponen los jueces de la libertad de expresión como el resto de los ciudadanos? ¿Debe la ley limitársela, o debe quedar al buen criterio de cada cual la decisión sobre la oportunidad de ejercerla?

Opinión desde luego tienen. No hay más que asomarse a las cuentas de Facebook y Twitter del juez Elpidio José Silva, donde vierte diariamente opiniones lapidarias sobre todo tipo de temas, incluyendo los que están bajo su jurisdicción. O recordar algunas entrevistas, como las del propio Silva, la reciente de Gómez Bermúdez, las de Grande Marlaska, las numerosas a Garzón o, también hace poco, la de Vázquez Taín, juez de casos tan mediáticos como el del Códice Calixtino o el de Asunta, quien, aprovechando las preguntas que le hacían en su calidad de novelista, dijo que el ministro Gallardón era un desastre. Por lo demás, no es difícil encontrar artículos de opinión de jueces en ejercicio, como el que, contra la guerra de Iraq, le valió al propio Garzón la apertura en 2003 de un expediente disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial (en aquel caso sin mayores consecuencias). Por no hablar del prolífico Requero, numerario ejerciente, magistrado de lo contencioso de la Audiencia Nacional y azote de las políticas de Zapatero cuando fue vocal del CGPJ, cuyas opiniones ultraconservadoras sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto o la doctrina Parot son públicas y notorias.

¿Qué dice la Constitución y la ley al respecto? La Constitución impide a los jueces desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos (art. 127 CE), pero nada dice de su libertad de expresión. En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, únicamente establece como falta grave sujeta a responsabilidad disciplinaria:

“Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición” (art.418.3 LOPJ).

Es cierto que resulta habitual escuchar (y leer) que los jueces tienen prohibido opinar de aquellos asuntos que investigan o que tienen que juzgar. Sin embargo, no existe una prohibición normativa, expresa, que así lo disponga. En realidad es la propia prudencia, sentido común y autocontención de los jueces la que regula sus manifestaciones y sus silencios en relación con los temas sobre los que tienen que decidir. Sin duda, el juez Silva sería un ejemplo de laxitud en este sentido.

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En resumen, salvo lo dispuesto en el artículo transcrito, los jueces están sujetos a su propio criterio a la hora de realizar declaraciones, por lo que puede decirse que su libertad de opinión es prácticamente igual a la de cualquier otro ciudadano. Una opción razonable que, además, resulta coherente con el reconocimiento del derecho de los jueces a la libre asociación (art.401 LOPJ) pues, ¿de qué les serviría asociarse si no pueden expresar la posición de la organización a la que pertenecen?

Un tema sensiblemente distinto aparece con las opiniones expresadas en el propio texto de las resoluciones judiciales. Recuérdese la que se armó cuando Pedraz deslizó un comentario –“la convenida decadencia de la clase política”– en el auto (muy bien fundamentando jurídicamente) que archivaba la causa contra ocho imputados por promover la manifestación del 25-S (“Rodea el Congreso”). Esta veleidad le valió al magistrado obtener la opinión (semicontrastada en carne propia) del portavoz adjunto del PP, Rafael Hernando, quien lo calificó como “pijo ácrata”, aclarando de inmediato (vía twitter) que no se trataba de un insulto personal.

Y hablando de ironías, también puede contemplarse en estos días la del juez Castro (caso Urdangarín) quien, además de achacar a la codicia del Duque de Palma y de la infanta Doña Cristina la vinculación de ciertas facturas a la empresa pantalla Aizoon, reprocha al fiscal la distinta vara de medir cuando exige más argumentos que justifiquen la imputación de la infanta Cristina, y lo hace (por auto) de esta forma:

“Cuando finalice la instrucción de esta Pieza Separada (caso Nóos) y se vuelva a la normalidad procesal quizá pocas personas quieran recordar que para llamar a una persona (a la infanta) a prestar declaración en calidad de imputada, trámite este que por millares se viene llevando a cabo cada día en los Juzgados de España con total respeto a las garantías procesales y sin que absolutamente a nadie se escandalice, se habría precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal.

Nada que ver, en todo caso, con el juez Pardo de Andrade, quien decidió sentenciar en verso una demanda en la que una azafata de vuelo pedía ser indemnizada por una academia a la que había asistido para obtener un título. Más o menos de esta manera: “Tinieblas del corazón. La resolución de la litis empieza por el final. ¿Por qué asistió la Sra. Cabo Vizo al juicio si no se había pedido su interrogatorio? Porque le dolía, le duele el corazón. Acaso, ojalá, contribuya la presente a derivar tal dolor hacia el bolsillo (…)” etc.

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Sea como fuere, la LOPJ tiene norma para todos estos casos, pues considera falta grave la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico” (art.418.6), y describe entre las faltas leves la “desconsideración hacia los ciudadanos…“ (art.419.2). Obviamente, como la aplicación de estas normas debe ser restrictiva (se trata de normas que limitan la libertad de los jueces), ninguno de los casos referidos ha merecido o merecerá sanción. Así que a la vista de todo ello puede reiterarse que la legislación se entromete muy poco en la limitación de la libertad de expresión de los jueces, lo que de una parte es coherente con un sistema de libertades riguroso y creíble, pero que, de otra, provoca de tanto en tanto las molestias de común aliadas al ejercicio de la opinión, más aún si ésta viene respaldada por la autoridad que se le presume a la judicatura.

Muy probablemente son estas molestias liberales las que una vez más han despertado de su ligero sueño de interventor al ministro de Justicia. En efecto, hace unos meses Gallardón filtraba un texto de reforma de la LOPJ en el que se prohíbe a los jueces y a las asociaciones judiciales que emitan opiniones en los medios de comunicación sobre los asuntos que se tramitan en los tribunales, e incluso sobre los casos que ya estuvieran definitivamente sentenciados y resueltos. Es decir, según dicho artículo Hernando podría opinar sobre lo pijo que es Pedraz, pero éste no podría aclararle al afrentado Oyarzábal que, amén de otras circunstancias, resultaba formalmente imposible prohibir la reunión de Durango. Visto así, no es extraño que la contestación de las asociaciones judiciales fuera de rechazo frontal. Ese proyecto, además de ser una intromisión en la libertad de expresión de los jueces a todas luces inconstitucional (se entromete en su contenido esencial), revela cierta querencia por el desequilibrio de poderes.

En fin, los derechos fundamentales no deben limitarse más de lo imprescindible. En el caso de los jueces, es sólo la garantía de la imparcialidad (esencial para la efectividad de la tutela judicial reconocida por el art. 24 CE) la que debe oponerse a su libertad de expresión. Hay que partir de que ellos y ellas tienen ideología y opiniones, como cualquier otra persona. Conocerlas puede resultar incluso una garantía para el ciudadano pues, llegado el caso, éste podría fundamentar una recusación por considerar que el juez que ve su caso está contaminado de tal manera que no puede resolverlo de modo ecuánime.

La prudencia y la ecuanimidad son características que dan valor a la judicatura, y creo que puede afirmarse que los jueces españoles las poseen por abrumadora mayoría. Interferir legamente en su libertad por unos pocos (y discutibles en su improcedencia) casos aislados es al mismo tiempo un error monumental y una muestra de autoritarismo incompatible con un Estado democrático que protege los derechos de sus ciudadanos. En último término, y más allá de extravagancias puntuales, habría que preguntarse muy seriamente sobre el ejercicio de la libertad de expresión por los jueces cuando sus expresiones son actos reflejos contra las intromisiones reiteradas (y mafiosas) de otros poderes, públicos y privados, que tratan de excepcionar el principio sagrado de la igualdad ante la ley. El ejercicio de la libertad de expresión de los jueces como síntoma insoportable de que, para algunos, el Estado de Derecho no existe.

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¿Le queda algún derecho a Ricart?

Fernando Flores

Miguel Ricart está en Barcelona … el condenado por el crimen de Alcàsser ha llegado esta tarde procedente de Córdoba. Se desconoce si el traslado es provisional o definitivo… La Dirección general de la Policía ha comunicado a los Mossos d’Esquadra este traslado con el aviso de que deben mantener un ‘seguimiento no invasivo del sujeto’”.

Mientras alguna prensa catalana avisa a los ciudadanos de que el delincuente peligroso anda cerca, y que lo tienen controlado, en Valencia Las Provincias mantiene la agitación de la parroquia con un titular de la hermana del concejal asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco. “Europa defiende la impunidad”, se dice que manifestó (refiriéndose al Tribunal de Derechos Humanos) mientras estrechaba la mano del President Alberto Fabra, quien acababa de homenajearla. A pesar de que la Audiencia provincial de Valencia ha estimado que Ricart “ha superado extensamente” el tiempo que debía de permanecer en prisión, para María del Mar y quienes la aplauden los veintiún años que aquél ha pasado en la cárcel no son computables a efecto alguno.

Antes (el martes), el subdelegado del Gobierno en Córdoba declaraba que se iban a extremar las medidas de vigilancia ante la posibilidad de que Ricart llegase a la ciudad. Además, como esto no debió parecerle suficientemente efectista, el subdelegado quiso dejar bien claro (sin importarle si sus palabras constituían delito) que si aquél les visitaba, lo “lamentaría”.

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Hace un par de días el diario La Razón publicaba, en portada completa, el retrato del excarcelado ya envejecido, con un titular en su frente: “La cara del diablo”. Si se preguntara a sus editores por los motivos de esa elección injuriosa (y a las Noticias de La Sexta –y a algunos otros– por hacerse cumplido eco del rostro y la portada), probablemente argüirían que para cumplir el servicio público de informar a la gente y mantenerla segura. Un servicio que al parecer no se les había ocurrido ofrecer hasta ahora, pues desde hace años (y sin necesidad de anulación de doctrina Parot alguna) cada día han salido y salen a la calle personas condenadas por asesinatos, violaciones y otros delitos espantosos que, habiendo cumplido su condena conforme a ley, quedan en libertad y, anónimas, se confunden en la sociedad.

Pero esta sociedad enferma en la que vivimos (con políticos irresponsables y miedosos, medios de entretenimiento voraces e inmorales, instituciones débiles e incumplidoras, ciudadanos acomodados y dirigidos), no le ha concedido a Ricart el anonimato. Sin él, y sin familia o colectivos amables que le protejan (como sucede a los etarras que regresan al País Vasco), Ricart no va a recuperar ni la intimidad, ni el honor, ni la propia imagen, ni la presunción de inocencia para el futuro. Nadie le admitirá en una asociación, no le alquilarán una vivienda, le caerán a golpes los transeúntes si decide manifestarse pidiendo piedad o justicia (“él, que no la tuvo con las niñas”, dirán). ¿Acaso se lo imagina alguien votando en un colegio electoral? No va a tener trabajo. Entonces, ¿no le queda más que la vida, o el derecho al exilio?

Hoy ha muerto Mandela y la gente habla y hace discursos en todos los medios acerca de su figura y su coraje, alaba su pasión incondicional por la defensa de los derechos humanos, admira que su reivindicación por las víctimas no le impidiera perdonar a los verdugos… Aquí no se pide eso. Tan solo se pide que, habiendo cumplido la condena que la ley le impuso por los crímenes que cometió, se deje a Ricart con sus derechos y deberes constitucionales y en paz, si en su soledad puede alcanzarla.

Mis cuatro verdades sobre la doctrina Parot

José Miguel Sánchez

21 de octubre de 2013. Dean Spielmann, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lee el fallo de una Sentencia de la Gran Sala. Se resuelve la solicitud de remisión realizada por el Gobierno español respecto de la Sentencia de la Sección Tercera de 10 de julio de 2012, recaída en el asunto del Río Prada c. España. La STEDH de 10 de julio de 2012 condenó a España por unanimidad de los siete Magistrados que entonces componían la Sección Tercera por vulneración de los derechos a la libertad (art. 5.1 CEDH) y al principio de legalidad sancionadora (art. 7 CEDH) al aplicarse a la demandante la denominada doctrina Parot. La STEDH de 21 de octubre de 2013 confirma esa condena a España. La violación del derecho a la libertad (art. 5.1 CEDH) es apreciada por la unanimidad de los diecisiete Magistrados que conforma la Gran Sala. La violación del derecho a la legalidad sancionadora (art. 7 CEDH) es apreciada por una mayoría de quince Magistrados contra dos.

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España se divide en dos. Los que no son capaces de atender a ningún tipo de argumento jurídico y los que no son capaces de entenderlos. Los primeros sólo ven la consecuencia del pronunciamiento. La puesta en libertad de la demandante y la caída en desgracia internacional de la doctrina Parot. Unos ansían que se aceleren las excarcelaciones. Da igual el porqué. Una nueva batalla ganada en Estrasburgo. Parece que desde un poco más lejos las cosas se ven y se ponderan de una manera diferente. Para otros, la sola idea de que la demandante saliera en libertad les resulta insoportable. Peor aún. Se temen la extensión de la doctrina de la Gran Sala y su aplicación sucesiva a todos aquellos que están en prisión por la doctrina Parot. Se cumplen sus peores augurios solo un día después. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante Auto de 22 de octubre de 2013, acuerda la puesta en libertad con el apoyo del Ministerio Fiscal. Inés del Rio tiene un amplio historial criminal vinculado a su pertenencia a una banda terrorista. Fue condenada, entre otros muchos delitos, por diversos asesinatos. Entró en la cárcel el 6 de junio de 1987, con 29 años. Da igual que hubieran transcurrido más de 26 años y tenga ya 55 años de edad. Más repercusiones. Auto de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de octubre de 2013. Excarcelación con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 25 de octubre de 2013. Nueva libertad. Ninguna de las personas de esta España estará interesada en este post. Espero que haya una segunda España. Una dispuesta a intentar entender que es todo este lío de la doctrina Parot. No estoy seguro de que exista. Me gustaría que existiera. No las tengo todas conmigo. A ella dirijo estas cuatro verdades sobre la doctrina Parot. No les engaño. No son las Verdades sobre esta doctrina. Son mis verdades.

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