¿Por qué es una mala noticia que Estados Unidos abandone el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas?

Diego Blázquez

Presidente Wilson es el nombre del edificio de Ginebra donde tienen sede la casi totalidad de los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y donde celebran sus sesiones públicas.

El edificio lleva el nombre en homenaje al Woodrow Wilson, 28º Presidente de los Estados Unidos de América, promotor incansable de la Sociedad de Naciones y convencido de la necesidad de una paz justa y duradera entre las potencias occidentales y en el mundo tras la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. A pesar de ello, Wilson no logró que el Congreso de los Estados Unidos aceptara integrarse en la Sociedad de Naciones.

Esta decepción y contradicción histórica constituye uno de los “momentos estelares de la humanidad”, de Stefan Zweig. Buena parte del dramatismo que interesa a Zweig de ese capítulo histórico es, sin duda, que constituye un magnífico ejemplo de la tensión idealismo/realismo en la política exterior norteamericana, junto al movimiento pendular entre el aislacionismo y el intervencionismo de la República norteamericana.

Sin embargo, el anuncio de Trump de abandonar el Consejo de Derechos Humanos supera ese marco de política internacional y, desgraciadamente, carece de las referencias épicas, personales e históricas de las desventuras que padeció Wilson a principios de siglo.

Es una muy mala noticia para todo el mundo.

La salida de Estados Unidos es una mala noticia para un modelo de sociedad internacional basado en la garantía de la dignidad humana. Esta decisión desprecia el contenido moral esencial y profundo de la construcción de la sociedad internacional surgida tras la Segunda Guerra Mundial. La renuncia al Consejo de Derechos Humanos es la renuncia al corazón mismo, a la razón y la esencia de la construcción de las Naciones Unidas: “nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos (…) a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, son las palabras que sirven de pórtico fundacional de la Carta de las Naciones Unidas, de 1945.

Renunciar al ámbito de discusión institucional sobre derechos humanos es renunciar al componente esencial de Naciones Unidas. Y, de nuevo, hay que recordar que fue otro presidente norteamericano el que estableció los derechos humanos como fundamento del nuevo orden mundial salido de la Guerra: en esta ocasión fue el Presidente Franklin D. Roosevelt con su discurso de Las Cuatro Libertades.

Este desprecio a esos valores esenciales denota un desprecio por el sistema en general. La decisión de Trump de abandonar el Consejo de Derechos Humanos, se une y va en la línea de otras (como la denuncia de los acuerdos de Paris, del acuerdo con Irán, las críticas a los acuerdos de libre comercio), que manifiestan no solo esa tendencia aislacionista permanentemente latente en Estados Unidos, sino una visión muy preocupante acerca del rol de las instituciones internacionales y del rol de Estados Unidos en ellas.

Recordemos que una de las razones que la Administración Trump alega para abandonar el Consejo de Derechos Humanos es su actual manipulación con fines políticos. Sin embargo, en las relaciones bilaterales Trump no tiene inconveniente en mantener ciertas amistades peligrosas como Putin, Rodrigo DuarteErdogan, El Sisi, Netanyahu… o el mismo Kim Jong Un. Un club de “hombres fuertes” con los que, como recientemente el New York Times constató, Trump parece sentirse cómodo. Es decir, asuntos políticos tratados en el Consejo de Derechos Humanos son inaceptables para la Administración Trump, que al mismo tiempo no tiene inconveniente en lidiar y posicionarse sobre esos asuntos y con ciertos líderes mundiales en lo bilateral.

Desde una perspectiva de política interna, si a ello sumamos decisiones y acciones de la Administración Trump tan polémicas como la actual campaña contra la inmigración en Estados Unidos, el muro con México, o el veto migratorio, el mensaje que lanza  la Casa Blanca es que los asuntos de derechos humanos deben salir del espacio internacional y se deben quedar en el espacio doméstico… Cada uno en el suyo propio, y, si acaso, poderlo tratar en el marco bilateral. Un tremendo retroceso a lo conseguido desde la Convención de Viena de 1993.

El sentido de la existencia de instituciones internacionales es poder arbitrar, escenificar y dar visibilidad a las relaciones internacionales. Con esta decisión, Estados Unidos se sale del escenario… hace mutis por el foro, pero eso no significa ni que la función se detenga ni que Estados Unidos, y otros Estados, dejen de actuar… Solo que, ahora lo harán fuera del espacio con luces, público y reglas de juego y discusión.

Esta combinación de mensajes que subyace a la decisión de Trump nos sitúa ante un panorama en el que los derechos fundamentales dejan de estar en el foco de las organizaciones internacionales, para situar solo y exclusivamente la seguridad y los intereses egoístas de las naciones.

Pero no de todas por igual, porque debilitar las instituciones internacionales en su fundamento y en su funcionamiento perjudica esencialmente a las poblaciones más vulnerables a las violaciones de derechos humanos. Esta es la tercera razón, por la que es una mala noticia que Estados Unidos abandone el Consejo de Derechos Humanos. Esa visión autista de la realidad internacional solo beneficia a las sociedades de los países más fuertes y desarrollados, con democracias más consolidadas, sociedades civiles más fuertes y con mecanismos nacionales de protección de derechos humanos más sólidos.

El Consejo de Derechos Humanos, entre sus funciones, tiene como misión el seguimiento y observación de la situación de los derechos humanos en todos los países y por todos los países en pie de igualdad. A través de sus sesiones, de los relatores internacionales y de sus otros instrumentos, podemos conocer de manera abierta las violaciones de derechos humanos en los lugares de mayor fragilidad. Que la máxima potencia mundial abandona el Consejo deteriora y limita gravemente el nivel de protección que ofrece la institución y que utilizan cientos de organizaciones en todo el mundo, protegiendo a muchos millones de personas.

Por todo ello, es una mala noticia.

Pero la fuerza de los movimientos de derechos civiles, políticos y sociales en Estados Unidos es tan fuerte y la identidad del país está tan ligada a la libertad, el respeto a la ley y a la dignidad humana, que pronto tendremos esa mejor versión de los Estados Unidos que representan figuras como la de Roosevelt o Wilson, y que acoge bajo su nombre a los comités de derechos Humanos a las orillas del lago Lemán.

Guerras sucias, democracias hipócritas

Fernando Ntutumu

Hay cosas que uno se imagina y que incluso llega a intuir basándose en informaciones de aquí y de allá; sin embargo, cuando te las muestran así, sin tapujos, con pruebas, testimonios y a plena luz del día, resultan demoledoras. A continuación no sólo relato mis impresiones sobre la obra del reportero de investigación Jeremy Scahill y su extraordinaria labor destapando una parte de las guerras sucias en marcha; también recuerdo que éstas vulneran la legalidad internacional y contribuyen a una paradoja insoportable, la de las democracias hipócritas.

Tras el visionado de la película documental Guerras sucias (2013), dirigida por Richard Rowley y protagonizada por el periodista estadounidense Jeremy Scahill, son dos las ideas que me surgen: por un lado, que resulta imprescindible verla de nuevo para captar todos los detalles y entramados (por la complejidad de los mismos); y por otro, que el mal no tiene fronteras, que es como un virus que copa sistemáticamente los gobiernos y que sólo una transformación de las razones que sirven de guía (de facto) para la sociedad internacional –hacia unas alejadas de las instrumentales– podría interrumpir el descenso de la humanidad al infierno moral al que se dirige. Sigue leyendo

Por una inyección letal a la pena capital

Ana Valero

El pasado 24 de enero el Tribunal Supremo de Estados Unidos admitió a trámite una demanda que cuestiona la constitucionalidad de la inyección letal como método de ejecución de la pena de muerte. Los reclusos demandantes, que se hallan en el corredor de la muerte, argumentan que la sustancia anestésica encargada de sedar al reo antes de que se le suministren las otras dos que acaban con su vida, no siempre produce los efectos deseados, lo cual le provoca un largo y enorme sufrimiento físico antes de morir, algo contrario a la Octava Enmienda de la Constitución.

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En aras a cumplir lo dispuesto por dicha Enmienda, según la cual quedan prohibidos los castigos “crueles o inhumanos”, Estados Unidos ha tenido que ir modificando sus legislaciones con el paso del tiempo con el fin de “humanizar” algo tan inhumano como el método con el que el Estado cumple la ley del talión. De las ejecuciones públicas en la horca, propias del siglo XIX, se pasó al empleo de la silla eléctrica durante el siglo XX, acompañado del gas letal como alternativa en algunos Estados. A partir de su incorporación a la legislación penal de Oklahoma en 1977, aunque no empleada hasta 1982 en Texas, se generalizó el uso de la inyección letal por considerarse, inicialmente, un método rápido e indoloro. Sigue leyendo

Torturas sin resultados

Fernando Flores

Las conclusiones del informe sobre la CIA presentadas por el Comité de Inteligencia del Senado de los EEUU demuestran que en los últimos años, y tal y como se denunciaba desde diferentes organizaciones de derechos humanos, cientos de personas han sido torturadas, y algunas de ellas asesinadas, con el legítimo objetivo de “detener ataques y salvar vidas”. La información sobre estos hechos ha sido recogida ampliamente en los medios norteamericanos (puede verse el New York Times, el Washington Post, The Guardian, o la excelente entrevista de Amanpour a Ben Emerson en CNN), y también en los españoles (Ramón Lobo en infoLibre, Alberto Sicilia en Público, o Iker Armentia en eldiario.es), y replantea una vez más el carácter de verdugo que lo fáctico suele tener sobre el Derecho. Sigue leyendo

¡La democracia estadounidense a subasta!

Ana Valero

El pasado miércoles 2 de abril la Corte Suprema norteamericana ha vuelto a dar alas a la influencia del gran capital sobre la democracia estadounidense. En el controvertido caso McCutcheon et al. vs. Federal Election Commission, ha declarado que los ciudadanos no pueden ver limitado el número de candidatos al que quieren apoyar a través de sus donaciones económicas. Sin ningún eco en los medios de comunicación españoles, la decisión tiene sin embargo una gran trascendencia pues, como señaló en la propia audiencia del caso ante la Corte el abogado de la administración Obama, Donald Verrilli, con esta sentencia en Estados Unidos será difícil conjurar los riesgos de corrupción y clientelismo y el peligro de un gobierno de ricos donantes “por ellos y para ellos”.

Tras declarar inconstitucional cualquier límite que se imponga a la facultad de las empresas de destinar dinero corporativo a la financiación de las campañas electorales en el año 2010, en la histórica decisión Citizens United vs. Federal Election Commission, con McCutcheon la Corte Suprema vuelve a estirar y desvirtuar el derecho de libertad de expresión reconocido en la Primera Enmienda de la Constitución para abrir la puerta definitivamente a las grandes fortunas en la contienda electoral. Pero veamos sus pormenores y tratemos de entender el sistema de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos.

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El binomio “dinero-política” no sólo es antiguo sino que es, quizá, tan necesario como conflictivo. Desde la aprobación en Gran Bretaña, en el año 1883, de la primera normativa de la época moderna en materia de financiación de la política, los intentos de disciplinar tal binomio han sido una constante en los distintos ordenamientos jurídicos de los sistemas democráticos. Podría decirse que la financiación de la política es instrumental para la consolidación de una democracia sostenible.

La actividad de los partidos políticos en el seno de los regímenes democráticos requiere de ingentes recursos económicos. Si a ello sumamos la necesidad de financiar las campañas electorales y las actividades conexas a las mismas, la dependencia entre política y dinero se hace más que evidente. En este contexto, resulta imprescindible la adopción de normas que regulen la financiación de unos y otras que, por un lado, mantengan intactos los valores fundamentales de la democracia -tales como el principio de igualdad, la libertad de los electores, la autonomía de los electos o la libertad de expresión de los primeros y la libertad de expresión e información de los segundos-; y que, por otro, eviten exponer el sistema democrático a fenómenos degenerativos que puedan socavar sus propios pilares -tales como el clientelismo, la corrupción o la financiación interesada de candidatos y campañas por parte de grupos de poder que traten de en incidir en el proceso de formación de la voluntad política.

Como punto de partida debe tenerse en cuenta que el estado de la legislación norteamericana en materia de campañas electorales, hasta los pronunciamientos del Tribunal Supremo en el caso Citizens y en el caso McCutcheon (en especial lo referente a su financiación, al control de los gastos y al uso de los medios de comunicación), se explica a partir de ciertos hechos especialmente clamorosos acaecidos en la historia de la política norteamericana, como el caso Watergate. Y que los sucesivos intentos de regular esta materia han encontrado como principales escollos la propia naturaleza geográfica del país y el diseño mismo de las campañas electorales estadounidenses. Baste señalar a este último respecto que, por ejemplo, la campaña electoral presidencial se desarrolla sobre un territorio y frente a una población de dimensiones continentales, lo que inevitablemente exalta los costes y hace que el contacto directo entre candidato y elector sea más bien atípico. A ello debe sumarse el hecho de que nos encontramos ante una campaña electoral que dura como mínimo un año, lo que genera, nuevamente, que los costes se incrementen exponencialmente.

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El modelo de financiación de las campañas electorales en Estados Unidos tiene dos características que lo particularizan. La primera, que las normas que lo regulan se aplican principalmente a los candidatos y no a los partidos políticos a los que éstos pertenecen, y la segunda, que a pesar de que existen fuentes de financiación pública y privada, ésta última integra la primordial fuente de ingresos de los candidatos.

Los Estados Unidos fueron uno de los primeros países en adoptar una normativa reguladora de las campañas electorales en el ámbito federal. La primerísima norma en la materia se remonta a los tiempos de Theodore Roosevelt, que indujo al Congreso a adoptarla en 1907. Se trata de la llamada Tillman Act, que se han mantenido en vigor, con varias modificaciones, hasta 1966. Esta ley tenía la finalidad de limitar la influencia desproporcionada de las acumulaciones de riqueza y de los intereses particulares sobre el proceso electoral, además de tratar de desincentivar los abusos estableciendo obligaciones de transparencia. Asimismo, la experiencia norteamericana es primigenia en la adopción de normas destinadas a la limitar los gastos de los candidatos y de los partidos en las elecciones y a conseguir la limitación o la prohibición de determinadas contribuciones destinadas a las organizaciones partidistas. Así, desde 1939 han estado vigentes tales límites, considerados compatibles con la Constitución por el Tribunal Supremo en 1976.

En este marco, es preciso conocer que hasta el pasado miércoles 2 de abril, la legislación electoral norteamericana mantenía algunos límites a las aportaciones que podrían hacer los ciudadanos. Concretamente, el límite se cifraba en 2.600 dólares por campaña y 48.600 dólares cada dos años por todas las campañas federales que un ciudadano apoyase. Pues bien, el caso que ha originado esta sentencia de la Corte Suprema tiene su origen en la demanda interpuesta por Shaun McCutcheon, un ingeniero eléctrico de Alabama, que consideró que la existencia de un límite al acumulado de campañas apoyadas, 48.600 dólares, vulneraba sus derechos de libertad de expresión política por no poder apoyar a tantos candidatos federales como le viniese en gana.

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Ahora, con la nueva sentencia de la Corte Suprema, se elimina el límite existente al acumulado de donaciones que una misma persona puede realizar. Con lo cual, puede suceder que, aún respetándose el límite de los 2.600 dólares que cada candidato puede recibir por un solo donante, si éste quiere apoyar a cientos de candidatos de un mismo partido, la cifra que dicho partido puede recibir sería millonaria.

En una Sentencia de 5 contra 4 –la mayoría conservadora frente a los cuatro jueces progresistas de la Corte-, el fallo redactado por el Presidente de la Corte, el Juez John Roberts, dispone que limitar el número máximo de candidatos que un ciudadano puede apoyar vulnera las libertades de asociación y expresión de los ciudadanos. Así, afirma que dar dinero a uno o varios candidatos supone un ejercicio del derecho individual a participar en el proceso electoral mediante la expresión política, es decir, que se está ejerciendo el derecho recogido en la Primera Enmienda a expresar el respaldo por unos candidatos concretos y la ideología que éstos representan, así como a asociarse con ellos políticamente. Expresamente sostiene que “el gobierno no puede restringir a cuántos candidatos o causas puede respaldar un donante en la misma medida que no puede decirle a un periódico a cuántos candidatos puede respaldar”.

Los jueces progresistas de la minoría, en cambio, advierten de los riesgos que implica que a partir de ahora un solo individuo pueda donar millones de dólares a un mismo partido político, sobre la base de estar apoyando muchas campañas individuales. No es difícil augurar los turbios negocios que esto puede conllevar entre candidatos y donantes millonarios, contrariando el principio de igualdad en la participación política de los ciudadanos a favor de los más ricos.

La Casablanca se ha manifestado “decepcionada de la decisión” y congresistas de diversos signos reconocieron que quitar el límite al acumulado de campañas apoyadas permitirá a los grandes donantes encontrar la forma para burlar los límites individuales que prevalecen sobre las campañas.

En conclusión, con la sentencia del caso Citizens la Corte Suprema americana permitió a las empresas gastar sumas ilimitadas de dinero de manera independiente para apoyar u oponerse a candidatos para el cargo, y autorizó las contribuciones opacas de las empresas, sin límite de ningún tipo. Con McCutcheon se da un paso más, dando carta blanca de manera definitiva a la desregularización de la financiación de las campañas electorales y supeditando con ello la renovación del poder público al poder económico.

we the people

Guantánamo sigue ahí. Y se multiplica.

Javier De Lucas

Una de las razones por las que el mandato del Presidente Obama queda muy, muy lejos de las expectativas que había despertado, es su falta de voluntad clara –dejémonos de eufemismos- para cumplir con la promesa de cerrar los diferentes campos -hasta seis- de la base norteamericana de la bahía de Guantánamo, donde permanecen encerrados los prisioneros relacionados con la guerra contra el terrorismo y, en primer lugar con Al-Qaeda, desde la intervención norteamericana en Afganistan, sometidos a diferente grado y tipo de medidas coercitivas.

Por ejemplo, en el más duro, el Camp 6, con capacidad para 178 prisioneros, se les mantiene en celdas individuales de acero sin ventana alguna, durante 22 horas al día. Sabido es que se ha  denunciado y documentado a lo largo de estos años que, en todos esos campos se somete a quienes, desde el punto de vista jurídico internacional, son prisioneros de guerra (aunque los EEUU se nieguen a aceptarlo así y los considera “combatientes enemigos ilegales”), a torturas y malos tratos. Un régimen no sólo ajeno, sino contrario a la legalidad internacional, según han puesto de manifiesto Cruz Roja y diferentes ONG de derechos humanos.

Cuba Guantanamo

Fue el 11 de enero de 2002 cuando llegó el primer grupo de 20 prisioneros a la base norteamericana, bajo mandato del Presidente Bush y en una situación jurídica de estado de guerra en la que, Patriot Act mediante, se suspendieron garantías elementales de derechos, según ha sido denunciado, por ejemplo por la American Civil Liberties Union. En su momento más álgido esos campamentos albergaron a 750 prisioneros. Hoy son 151. En su primera campaña presidencial, ya en 2008, Obama (pero también MacCain) se comprometió a cerrar esos campos si era elegido Presidente. En enero de 2009 decretó el cierre por un año, pero en 2009 y 2010 el Congreso rehusó el uso de fondos públicos para trasladar a los presos desde Guantánamo a territorio de los EEUU.

Sólo ha habido un juicio civil a un prisionero de Guantánamo: es el caso del tanzano  Ahmehd Ghailiani, absuelto de 284 de los 285 cargos imputados, entre ellos del de terrorismo, aunque considerado culpable de conspirar para destruir con explosivos propiedades estadounidenses. Sólo 67 presos han sido extraditados a alguno de los 16 países que aceptaron acogerlos. Las peripecias jurídicas que suponen negación de principios elementales han sido analizadas por Richard Wilson, profesor del Center for human Rights and humanitarian Law del College of Law (American University, Washington) en su  “Defending the Detainees at Guantanamo Bay”, Human Rights Brief, 12, nº 3 (2005). Quien esté interesado, puede encontrar una detallada cronología y documentación en el sitio que la web del New York Times dedica a los campos de Guantánamo o en la web del Center for Justice and International Law de Washington.

Con motivo de este triste aniversario, me referiré sólo a algunos de los hitos más recientes de esta historia negra, a lo largo del pasado año de 2013.

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Conviene recordar que en el mes de abril de 2013, ante la pregunta del corresponsal de CBS, en rueda de prensa oficial en la Casa Blanca, el presidente Obama, tras afirmar que “Guántanamo ya no era necesario“, reafirmó su voluntad de cerrarlo, aunque lamentó las obstrucciones planteadas por el Congreso.

En junio de 2013, por primera vez, se hizo pública una lista de 46 prisioneros a los que se retiene con carácter indefinido, sin acusación ni juicio, so pretexto de que son extremadamente peligrosos –entre ellos, Mahmoud Al Mujahid–  para ser liberados, aunque no haya elementos para llevarles a juicio (¿!).

En noviembre de 2013, tras la escalada de huelgas de hambre de prisioneros encerrados en Guntánamo, 25 ONGs se dirigieron a Obama para exigirle el cierre. Poco después, en el mismo mes de noviembre de 2013, tras reunirse con los dos enviados especiales del Departamento de Estado (Clifford Sloan) y del Pentágono (Paul Lewis volvió a hacer pública su “decisión” de cerrar esos campos y trasladar a los prisioneros a territorio de los EEUU, así como transferir a otros a países terceros.

Lo cierto es que esta última medida resulta particularmente polémica por cuanto no pocas de esas transferencias de prisión presentadas como repatriaciones, lo son contra la voluntad de los prisioneros (como en el caso de los prisioneros Djamel Ameziane y Belkacem Bensayah, trasladados a Argelia, contra su voluntad,  el 6 de diciembre de 2013; otros prisioneros saudíes y somalíes fueron también repatriados en idénticas condiciones), pero es que, aún peor, algunos son transferidos a cárceles en países terceros sin su consentimiento, como tres de los 11 prisioneros chinos de etnia iugur, transferidos a Eslovaquia el 10 de enero de 2014). A día de hoy, 15 de enero de 2014, los campos siguen ahí.

Pero cerrar Guantánamo no acaba con ese infierno, y digo infierno porque no es un limbo, salvo por la ausencia de control de los principios básicos del Estado de derecho. Según el testimonio de Zachary Katznelson, director del gabinete jurídico de la ONG Reprieve, que ha defendido a treinta de los encarcelados en Guantánamo, los EEUU tienen más de 16000 presos en todo el mundo en cárceles en Iraq, Afganistán (la muy conocida prisión de Bagram), Turquía, etc. (Puede consultarse también el libro de conversaciones editado por Nadim Mahoub The Guantanamo Files: The Stories of 744 Detainees in American’s illegal Prison, Plutopo Press, 2009, que reúne los testimonios de Andy Worthington, Moazzam Beg y Zachary Ktznelson .

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Y los europeos no podemos sacar pecho frente a esta ignominia. De un lado, con la sola excepción de la Sra Merkel en su primera visita oficial a los EEUU, ningún dirigente europeo (incluido en esta misma semana el presidente Rajoy) ha sido capaz de denunciar lo inaceptable ante la propia administración norteamericana. Pero la UE, además de colaborar a esta vergüenza –desde luego, no sólo por omisión-, tiene sus propios Guantánamos. Porque en punto a desprecio de los derechos humanos y de las obligaciones jurídicas internacionales, nada tienen que envidiar los 400 CIEs que mantiene en funcionamiento en el territorio de los 28, de los países candidatos a la entrada, de los que se benefician de la política de vecindad y de los que simple y llanamente hacen negocio con esta lacra. Así lo ha denunciado y documentado Migreurop, la ONG más importante en la UE en lo que se refiere a políticas de asilo e inmigración, que surgió precisamente a finales de 2000, en el Forum Social Europeo celebrado en Florencia, como una red europea para denunciar esa Europa de camps, expresión con la que muy intencionadamente se trataba de llamar la atención sobre la analogía con las más funestas experiencias de campos de concentración, como los de Argelés, imposibles de olvidar en la memoria de los republicanos españoles.

Migreurop ha desarrollado en la última década investigaciones, iniciativas populares y propuestas críticas en este ámbito. Por ejemplo, su campaña Open Access Now, en 2011, reclamando transparencia y acceso a los centros de internamiento de extranjeros en la UE, o el proyecto Dynamic mapping of detention of migrants, conectado con el AntiAtlas of Borders Project. Todo ello ha confluido en la iniciativa denominada Close the Camps, que se puso en marcha en 2011 y se ha presentado en diciembre de 2013 en el marco de las European Campaigns against the Administrative Detention of Migrants, que forma parte de las European Alternatives (EA Migration Area/EA Detention Programme). La iniciativa reúne una dimensión de análisis con la propuesta crítica, pues persigue una cartografía de los 393 campos de internamiento –Centros de internamiento en la terminología jurídica española. Esa cartografía, a su vez,  trata de poner de relieve el carácter central de esos centros en una política de auténtica guerra contra los inmigrantes (cfr a ese respecto su emblemático Manifiesto). El número de casi 400 campos reúne a los centros que existen en los 28 Estados de la UE, los Estados candidatos a la asociación, los que forman parte de la política de vecindad (European Neighbourhood Policy, ENP) y otros Estados que participan de esas políticas. Cerremos los CIE. Cerremos Guantánamo y todos los Guantánamos. Un buen propósito para 2014.

Una estrategia de seguridad global para Europa y cómo invertir en seguridad climática

Teresa Ribera

El Consejo Europeo de diciembre incluye en el orden del día un punto sobre la estrategia de seguridad europea. Hay varias cuestiones importantes que requieren un debate a fondo entre los líderes de los 28. Destacan la necesidad de actualizar la identificación y características de los grandes asuntos incluidos entre las prioridades en materia de seguridad común y los pasos a dar para abordar la consolidación de una verdadera estrategia de seguridad a 28 frente a la fragmentación sectorial y nacional que todavía impera. Hay además muchos y variados aspectos sobre los que reflexionar en un momento en el que Europa descubre las debilidades que conlleva el desplazamiento del protagonismo político y económico del Atlántico al Pacífico y una clara reordenación de las debilidades y herramientas para hacerles frente.

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La importancia intelectual y estratégica de este debate queda reflejada en la reciente proliferación de comentarios y artículos al respecto. Entre ellos, uno especialmente acertado es el publicado por el European Council of Foreign Relations (ECFR) titulado “Why Europe needs a global strategy”, escrito por S. Dennison et al. Los autores proponen que el Consejo le encargue a la señora Ashton una reflexión estratégica global e identifican seis grandes ideas que han de estar presentes en cualquier ejercicio serio sobre el papel de Europa en el mundo, en una época caracterizada por ser periodo de transición y por el despertar político global de actores no occidentales. Señalan, en primer lugar, las dificultades y límites de la versión tradicional del soft power que hasta ahora tantos éxitos ha permitido cosechar a Europa. Además, describen los retos que plantean la limitada eficacia de la ayuda y cooperación económicas en un momento en el que ya hay otros actores con mayor capacidad de gasto –incondicional, o con condiciones distintas a las europeas–; las dificultades crecientes de un “multilateralismo eficaz”; las penurias que atraviesa el “intervencionismo liberal”; la progresiva desvinculación de EEUU del eje atlántico y la necesidad de ver Asia como algo más que un mercado o un gigante económico.

Uno de los elementos que debería formar parte de esa reflexión global sobre Europa en el mundo y los aspectos clave para la seguridad es el de los límites del clima y su incidencia no sólo en seguridad física/ambiental sino también en seguridad económica e incidencia política y bélica. Es un asunto que fue apuntado ya en la revisión que Javier Solana hizo en 2008 a la Estrategia de Seguridad Común aprobada por el Consejo en 2003. La seguridad climática requiere de Europa un planteamiento claro y decidido. Un planteamiento que, hoy por hoy, aparece desdibujado -más allá de la retórica-, como consecuencia de las presiones por la vuelta al pasado y por las múltiples distracciones energéticas que hacen que para muchos se olvide, incluso, cuando definen los retos más elementales a los que debe hacer frente cualquier escenario de seguridad energética.

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Esta necesaria reflexión sobre cuál debe ser la estrategia global de Europa coincide en el tiempo con la obligación de llegar a un nuevo acuerdo global sobre clima en una cita que tendrá lugar, de nuevo, en territorio europeo. Pues bien, si Europa quiere tener éxito en París en 2015 debe extraer las consecuencias que se derivan de estos mismos dilemas planteados por S. Denninson y compañía.

La defensa del clima ha sido una de las banderas de la acción exterior de la UE más importantes y exitosas. De hecho, podemos considerarla una referencia esencial de softpower y multilateralismo que, durante mucho tiempo, ha permitido escapar –y orientar– las dificultades de otras agendas globales. Pero hemos entrado en la edad adulta de las políticas de clima. Este asunto ha dejado de ser algo “cool” con lo que adornar decisiones de empresas o gobiernos. Esto va en serio. Hemos iniciado una nueva etapa radicalmente distinta en la que, a menos que haya un compromiso inteligente y con altísimo respaldo político, no será posible garantizar que el resultado de París sea algo más que un mero acuerdo formal, sin contenido suficiente para abordar el cambio climático con éxito. El primer síntoma de inteligencia y compromiso político del Consejo Europeo -y, si logra el mandato para contarnos que piensa al respecto, también de la Sra. Ashton- debería ser la inclusión de los límites del clima como uno de los condicionantes más relevantes a los que prestar atención desde el punto de vista de la seguridad global. La segunda señal de voluntad real por parte de Europa sería la evolución progresiva de su estrategia exterior en materia de clima.

No cabe pensar –por ahora, al menos- en intervenciones físicas de los ejércitos, pero se  advierte con claridad la complejidad moral que implica el uso de la fuerza y cualquier actuación coercitiva en la defensa de fronteras o la disponibilidad de recursos básicos frente a dramas migratorios masivos fruto de fenómenos meteorológicos extremos, problemas serios de acceso a agua potable o tensiones asociadas a seguridad alimentaria.

Por otro lado, las negociaciones de clima siguen siendo, en gran medida, un pulsómetro adelantado de los cambios en la geopolítica. Es un espacio en el que las distracciones o el fracaso serían muy costosos para todos. Por ello, es uno de los ámbitos más propicios para ensayar nuevas fórmulas de multilateralismo eficaz. Y, sobre todo, ofrece a Europa una fantástica plataforma para reorientar la relación con Asia y recuperar una cooperación clave en un eje Atlántico ampliado hacia el sur. Quizás sea también el mejor vector para fraguar consensos globales sobre los principios que han de orientar la asistencia económica y la cooperación para un mejor desarrollo (cómo y para qué se presta el dinero). Poco sentido tiene reclamar que los 100.000 millones de dólares anuales prometidos en Copenhague a los países más pobres procedan exclusivamente del presupuesto público de países occidentales como correctivo histórico por sus emisiones pasadas y olvidarse de lo demás, consintiendo que el resto del “dinero” discurra por sendas que, o agravan el problema, o no prestan demasiada atención a los efectos de un clima distinto que deberán enfrentar.

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Si lo que de verdad se pretende es reorientar el modelo de desarrollo integrando como premisa la seguridad climática, es evidente que una buena parte deberá proceder de las arcas públicas de los países industrializados, pero eso no basta. Se trata de una precondición clave en términos de credibilidad de Occidente y un argumento moral de primer orden, pero es imprescindible abordar con honestidad y a fondo el debate real e impulsar un acuerdo al respecto entre quienes tienen “chequeras”. Ni 100.000 millones anuales es suficiente dinero para afrontar los problemas del clima, ni la atribución exclusiva de esa obligación a los parlamentos occidentales se corresponde con la realidad económica internacional actual, ni soluciones de este tipo abordan de raíz las causas y las soluciones a la cuestión del clima y sus múltiples amenazas para la seguridad global. Sin embargo, hay espacio y necesidad para trabajar a fondo en la consecución de un acuerdo político global que oriente los principios básicos de la cooperación económica de la banca de desarrollo –multilateral, regional o nacional- incorporado dos premisas tan sencillas como coherentes: la transparencia en la intensidad de carbono propia de cada nuevo proyecto o programa de inversión y la resistencia a los impactos de un clima distinto.

¿No es ésta una buena agenda para trabajar juntos de un nuevo modo en seguridad global?, ¿no es una buena ocasión para que Europa aprenda a pensar en los nuevos dilemas de su estrategia global con uno de los casos prácticos de nueva seguridad más relevantes?

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¡Abolición, ya!

Ana Valero

Han pasado setenta años desde que George Junios Stinney, un menor negro de 14 años de edad, fue ejecutado en la silla eléctrica en Carolina del Sur. Hoy, la incansable lucha de su familia y de activistas contrarios a la pena de muerte, puede derivar en la reapertura de un caso que se cerró tras un juicio que duró dos horas y en el que se vulneraron todos los derechos de defensa del menor. Con este caso se escribe una de las páginas más negras de la historia jurídica de los Estados Unidos, una historia que convierte a este país en la única democracia occidental que mantiene la pena capital.

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Es cierto que en la actualidad diecisiete estados norteamericanos han abolido la pena de muerte de sus legislaciones. Así, Nueva Jersey, Nuevo México, Illinois y Connecticut lo han hecho desde el año 2007 a esta parte, Maryland en el año 2013, y las condenas a muerte y las ejecuciones han disminuido significativamente en los estados que todavía la mantienen, reduciéndose igualmente el apoyo de la sociedad a este castigo. Sin embargo, treinta y cuatro estados todavía prevén en sus legislaciones la pena de muerte y, como se ha evidenciado recientemente en Texas, Florida o Georgia, los estados del Deep South no tienen ningún reparo en llevar a cabo ejecuciones. Además, la población que se encuentra en el corredor de la muerte ha aumentado sensiblemente en las últimas cuatro décadas.

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La intimidad y la risa

Fernando Flores

El ministro de Asuntos Exteriores español, García Margallo, reveló ayer en rueda de prensa que ha convocado al embajador de Estados Unidos para que le informe sobre si su país ha espiado al nuestro. Se supone que, confiado en la emblemática sinceridad del cuerpo diplomático, aspira a saber la verdad por boca del propio representante de los norteamericanos en nuestro país.

En la misma rueda de prensa se ha sabido que existe un “grupo de trabajo” –en el que EEUU colabora activamente– que trata de aclarar si los programas de vigilancia de la NSA espían también a los europeos (a los ciudadanos norteamericanos se da por descontado que sí) y, en consecuencia, si están vulnerando masivamente la privacidad de los nacionales de los países miembros de la Unión Europea. Ese “grupo” se ha reunido un par de veces.

Como se sabe todo esto viene a cuento por la revelación de que la NSA ha espiado a 35 líderes internacionales, entre los que se encuentra Angela Merkel, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

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La burla del ministro Margallo hacia los ciudadanos españoles, como la del resto de los mandatarios europeos hacia los suyos, es memorable. Nos dicen que le van a preguntar al culpable, y además crean una comisión. Sin embargo todos sabemos que nada de esto es necesario, pues, además de que todos los gobiernos europeos son conscientes desde hace tiempo de lo que pasa (vía Snowden u otras), es conocido que EEUU es el autor del novedoso y particular “derecho a recabar información en cualquier país del mundo con objeto de proteger a sus ciudadanos”, derecho subjetivo que obviamente solo él posee.

Más allá de la absurda broma que nuestro canciller haya podido proferir (“llevo un año y medio sin hablar por teléfono”), y más allá del cuento de la soberanía y del “eso no se hace a los países amigos”, se trata de un tema muy serio que afecta a la libertad y a los derechos de las personas, y no solo a la intimidad. No es necesario ser muy avezado para intuir que el espionaje por parte de nuestros aparatos del Estado afecta a otros derechos fundamentales esenciales para el sistema democrático, especialmente a las libertades de expresión, de reunión y de asociación, y que de llevarse a cabo debe hacerse bajo un rigurosísimo control.

Por eso ya comenté en otro post que la sola excusa de proteger a los ciudadanos contra la amenaza del terrorismo es absolutamente insuficiente para justificar una intromisión incontrolada por la Administración en las vidas privadas de los ciudadanos. El “confía ciegamente en nosotros” es una declaración hostil contra el Estado constitucional de Derecho que solo conduce a cambiar el adjetivo “constitucional” por “policial”.

Desde hace unos años, concretamente tras la coartada que supusieron los atentados del 11S, se está jugando a nivel global una partida en la que está en juego la protección (o no) de los derechos humanos frente a los poderes transnacionales (aparezcan éstos como estados o como empresas privadas). No sé si somos conscientes de que estamos en esa parte de la Historia en que o construimos un Planeta de Derecho o regresamos a una Edad Media global. Creo que no, y es preocupante.

Por eso reconozco que, cuando veo al ministro de Exteriores bromear y echar unas risas con mi derecho a la intimidad, además de ponerme de mal humor, me preocupo.

Somos transparentes, son opacos

Fernando Flores

¿Qué saben de nosotros sin nuestro permiso? ¿Qué nos ocultan que deberíamos saber? ¿Por qué (en sociedades llamadas democráticas) los ciudadanos somos tan transparentes y los gobiernos son tan opacos?

Ahora que parece que la historia de Edward Snowden se ha estabilizado en Moscú (mientras mantenga la boca callada) y la del soldado Manning ha quedado sentenciada a 35 años de cárcel (una desproporción denunciada con argumentos nada débiles), quizás podamos detenernos un poco más en el aviso urgente que sus acciones revelaron y en las razones por las que la terrible fuerza del sistema estadounidense los ha aplastado.

Por el analista de inteligencia del ejército estadounidense Manning supimos, entre otras muchas cosas, que su gobierno pasó por alto y no investigó cientos de informes que durante la Guerra de Iraq denunciaban violaciones graves de derechos humanos: abusos, torturas, violaciones y asesinatos llevados a cabo por parte del ejército que ocupó Iraq, así como por la policía y el ejército iraquís, aliados de las fuerzas internacionales. Supimos que sí había un registro oficial de víctimas (algo que se negaba reiteradamente), y asistimos al espeluznante y frívola masacre perpetrada desde un helicóptero Apache a un grupo de personas (entre ellas un periodista de Al Jazeera) que no presentaban actitud peligrosa o agresiva, así como de quienes trataron de recoger y proteger a los heridos.

Snowden - Manning

A Snowden, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), le debemos la revelación de documentos clasificados sobre varios programas de la NSA, especialmente el conocido como PRISM, dirigido a la vigilancia de ciudadanos estadounidenses que viven dentro y fuera del país. Dicho programa pondría a disposición de la Agencia correos electrónicos, vídeos, chat de voz, fotos, direcciones IP, notificaciones de inicio de sesión, transferencia de archivos y detalles sobre perfiles en redes sociales.

La razón de Manning era la necesidad de que el público conociera cómo operan las Fuerzas Armadas estadounidenses en el exterior. «Pensaba y todavía pienso que estos son algunos de los más importantes documentos de nuestra era», afirmó en juicio. Dijo además que su país «se había obsesionado con matar gente» en sus operaciones, y argumentó que mucha de la información que manejaba y filtró a Wikileaks no era especialmente sensible para la seguridad nacional estadounidense y que, pese a que tenía el sello de clasificada, «podía dejarse sobre la mesa».

En cuanto a Snowden, el Washington Post informó de que el motivo de sus filtraciones era destapar el «estado de vigilancia» existente en Estados Unidos, pues en conciencia no podía permitir al gobierno “destruir la privacidad, la libertad en internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto».

NSA building

Aunque así se ha afirmado por la acusación, no está claro que las filtraciones de Manning hayan puesto en grave peligro personas o instalaciones vinculadas al ejército estadounidense o a las fuerzas de la OTAN, y en el juicio no se pudo mencionar a una sola persona que falleciera a causa de represalias en respuesta a la publicación de dichas informaciones. Sobre las repercusiones que las revelaciones de Snowden hayan tenido sobre la seguridad nacional, están por ver, aunque según el Presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, «la revelación de esta información pone en peligro a los estadounidenses, muestra a nuestros adversarios qué podemos hacer, y es una violación gigantesca de la ley».

Sea como fuere, la reacción de la administración estadounidense en ambos casos ha sido, desde un principio, implacable. Como decía Bill Keller, del New York Times, “Estados Unidos ha lanzado un mensaje escueto pero claro: si están pensando en incumplir su obligación de guardar secretos, piénsenselo dos veces, porque les buscaremos y les abatiremos. Puede que para algunos (Manning y Snowden) sean soplones beatificados, pero para su Gobierno son traidores”. Este mensaje no ha quedado en palabras y repercusiones negativas para los informadores, ha provocado importantes consecuencias dentro y fuera del país. Por ejemplo, la empresa estadounidense de mail seguro que dio servicio a Snowden –Lavabit–  ha decidido cerrar antes que dar información y datos al Gobierno (por cierto, muy interesante su nota de despedida, en la que argumenta que cierra “para evitar ser cómplice de crímenes contra el pueblo americano”). Y más allá del enfriamiento diplomático con Rusia, no hace falta recordar la penosa situación que han protagonizado varios países europeos (entre ellos España) por su gestión del asunto Evo Morales, aun habiéndose revelado que ellos mismo son «objetivo a espiar» (eso sí con distintas prioridades) por los Estados Unidos.

colateral murder

Sin embargo, desde otra perspectiva que no deja de ser importante –la de los derechos fundamentales–, estos “traidores” revelaron información secreta o clasificada que nos habla de algunas cosas que deberíamos haber sabido sobre la actuación de la Administración estadounidense (y aliadas), y nos habla de cosas que esa Administración sabe sobre la privacidad de los ciudadanos, sin que esos ciudadanos siquiera estén advertidos de que eso puede ser posible. Es decir, esa información nos habla de la negación de nuestro mismo derecho a dar y recibir información; nos habla de la distorsión del derecho al control de los poderes públicos en los sistemas democráticos; y nos habla de la intromisión aparentemente desproporcionada en el derecho a la intimidad personal y familiar, en ese espacio privado irreductible que debe estar a salvo de cualquier intromisión de terceros, más aún si ese tercero es el Estado.

Llegados a este punto, tres son las reflexiones que brevemente me gustaría compartir en este post.

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