Hacia una abolición universal de la pena de muerte

Ana Valero

Esta semana se celebra en Madrid el V Congreso mundial contra la pena de muerte. Entre los días 12 y 15 de junio se darán cita en la capital más de 1.500 participantes entre políticos, organizaciones y agentes de la sociedad civil, que tratarán de lograr que cada vez más países se sumen a la moratoria de la pena de muerte que impulsa cada dos años la ONU, y elaborar estrategias comunes de presión a nivel internacional para lograr la abolición universal y concienciar a la sociedad.

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Con representación de 90 países, entre los cuales algunos mantienen la pena de muerte en sus legislaciones, éste es un Congreso de celebración trienal convocado por la organización “Juntos contra la pena de muerte” (ECPM, por sus siglas en francés) y patrocinado en esta ocasión por España, Noruega, Suiza y Francia en colaboración con la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

A día de hoy, 97 Estados han abolido la pena de muerte para todo tipo de crímenes, otros 8 la han abolido sólo para los crímenes de derecho común y 35 respetan una moratoria para las ejecuciones desde hace al menos 10 años. En 2013 son, por tanto, 58 los Estados y territorios donde la pena de muerte todavía es aplicada. Durante el año 2011 se han llevado a cabo 676 ejecuciones por 23 Estados, lo que implica un notable incremento en relación con las practicadas el año anterior, 527.

De los 58 Estados que contemplan todavía la pena de muerte en sus sistemas penales, a excepción de algunas democracias como Estados Unidos y Japón, las condenas a muerte tienen lugar principalmente en países con regímenes autoritarios. Con el 21% de las ejecuciones mundiales y un solo Estado abolicionista, Yibuti, la región MENA (Medio Oriente y África del Norte) es la segunda en el número de ejecuciones después de Asia. Aunque la situación varía según los países. Mientras algunos como Arabia Saudí, Irak, Irán o Yemen practican ejecuciones constantemente, otros como Argelia, Líbano, Marruecos o Túnez son abolicionistas en la práctica pues, aunque el castigo capital sigue vigente en sus legislaciones, hace años que no llevan a cabo ejecuciones. China y Corea del Norte completan este núcleo duro de países llamados “retencionistas”.

Cabe destacar, en relación con los países MENA, que los crímenes punibles con la pena de muerte lo son asimismo por la ley Sharia. Yemen mantiene incluso la pena de muerte para la apostasía o el adulterio. Y, en los siete países “retencionistas”, las mujeres embarazadas no están exentas de la ejecución, y sus legislaciones no son lo suficientemente claras y garantistas como para excluir a los menores o personas con enfermedades mentales de la aplicación de la pena capital.

La pena de muerte es el más cruel, inhumano y degradante de los castigos. Representa una inaceptable negación de la dignidad y de la integridad humana. Al ser irrevocable, los sistemas penales que lo contemplan no están exentos de cometer errores y discriminación en su aplicación, y es un hecho que, en la mayor parte de países en los que se aplica, los requisitos de un proceso justo no están garantizados y los condenados que se encuentran en el corredor de la muerte a menudo son sometidos a tratos y condiciones que generan un enorme sufrimiento físico y psicológico.

Algunos de los países que prevén la pena de muerte en sus legislaciones penales han instituido una moratoria en sus ejecuciones. Sin embargo, no han creado condiciones humanas aceptables para los prisioneros que se encuentran en el corredor de la muerte, y han introducido en sus sistemas penales castigos alternativos igualmente inhumanos o degradantes como la prisión perpetua sin revisión o el confinamiento solitario durante largos e indeterminados períodos de tiempo, vulneradores en todo caso de los estándares mínimos del Derecho internacional.

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Es habitual que los gobiernos que mantienen la pena capital consideren que se trata de una cuestión de derecho interno, pero la realidad demuestra que es un asunto que incumbe a las leyes internacionales y que afecta a los principios fundamentales del Derecho. Y ello porque, la pena de muerte a menudo es aplicada con criterios discriminatorios y golpea especialmente las personas pertenecientes a grupos sociales minoritarios y a las personas pobres, sin medios o recursos para defenderse. Además, en determinados países, ha sido y sigue siendo una forma de represión contra opositores políticos y  minorías étnicas y religiosas.

Se trata, pues, de un castigo que atenta contra la esencia de los derechos humanos al ser cruel, brutal y degradante, pues, con independencia del método de ejecución utilizado, constituye una forma de tortura física y psicológica atroz, pues a la ejecución en sí, se añade la tortura que suponen los largos tiempos de espera en el corredor de la muerte.

Es un castigo perteneciente a épocas en las que la justicia era sinónimo de revancha y de venganza pues priva al condenado de cualquier posible resocialización o rehabilitación, alimenta la cultura de la violencia y contradice la idea de aquélla como el instrumento idóneo para pacificar las relaciones sociales. Además, no es un instrumento de castigo adecuado desde la perspectiva de los fines de la pena, al no haberse demostrado su carácter disuasorio o que tenga un efecto real sobre las tasas de criminalidad.

Sin embargo, no todos son sombras en el camino hacia la abolición, pues es un hecho indiscutible que el número de condenas disminuye progresivamente y cada año nuevos países se deciden a abandonar la pena de muerte como castigo legítimo del Estado. Así, Mongolia ha ratificado el segundo Protocolo facultativo del Pacto internacional sobre derechos civiles y políticos, destinado a abolir la pena de muerte en enero de 2012; Letonia ha abolido la pena de muerte para todos los delitos en enero de 2012; Honduras y la República Dominicana han ratificado el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte, respectivamente, en noviembre de 2011 y enero de 2012; y en los Estados Unidos, Illinois y Connecticut se convirtieron en los estados número 16 y 17 en abolir la pena de muerte en marzo de 2011 y en abril de 2012, respectivamente.

La pena capital sigue siendo hoy un castigo plagado de arbitrariedades, discriminación, capricho y error en su aplicación. Este Congreso es un paso más hacia su “ejecución” irreversible.

Más información en V Congreso mundial contra la pena de muerte

 

 

Cómplices del mal

Por Javier De Lucas

“Matar a un hombre es algo muy duro: le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener”. Los cinéfilos recordarán la cita de Ned Logan, el personaje encarnado por Morgan Freeman en Sin Perdón, el western dirigido por Clint Eastwood en 1992.  No hace falta militar en Amnistía Internacional o en cualquier otra ONG de las que luchan por el respeto de los derechos humanos, para entender por qué es tan importante la campaña para la abolición de la pena de muerte. Es un mal absoluto.

Pero, por más que creamos adquirido el avance abolicionista, lo cierto es que quedan importantes huecos, países que no sólo no han abolido esa pena, sino que continúan ejecutándola, como China, los EEUU o Arabia Saudí. Y lo que es peor, no pocos Gobiernos que se proclaman abolicionistas y se erigen en campeones de los derechos humanos, aceptan que otros países sostengan la pena capital, alegando “diferencias culturales” o, aún más cínicamente, una perspectiva “realista” frente al “moralismo”.

Ante todo, conviene recordar que una cosa es que entendamos las razones por las que se sigue practicando el asesinato legal aquí o allá, y otra es que las aceptemos y aún peor, que las justifiquemos. No hay diferencias culturales que puedan justificar ese mal. Semejante argumento es la expresión de un atávico paternalismo, el propio de la perspectiva colonial que sigue trazando la línea divisoria entre civilizados y salvajes.  Por cierto, tesis que es un contrasentido cuando se sostiene desde el imperio –no importa cuál- que la practica en su seno. Pero igualmente repugnante es la posición de tantos olímpicos opinadores que desprecian la ingenuidad abolicionista y nos imparten lecciones de sutil realpolitik  a cuento de consideraciones geoestratégicas sólo accesibles a quienes gozan de un conocimiento superior, ajeno a los sentimentalismos primarios del vulgo.

Todo eso viene a cuento de lo sucedido en Arabia Saudí, donde el  pasado miércoles 13 de marzo fueron fusilados siete hombres de la provincia de Asir que  habían sido condenados a muerte en 2009 por un asalto a mano armada contra una joyería en 2006. Según los datos de Amnistía Internacional, al menos dos de los condenados  eran menores de edad en el momento de cometer el presunto delito. El líder de la banda iba a ser crucificado pero finalmente –como si se tratara de los versos de La hoguera– se prefirió el fusilamiento. Los relatores de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, que entendían que las condenas habían sido dictadas en “juicios injustos” y que los cargos habían sido “inventados », habían pedido clemencia a las autoridades saudíes. Por su parte, el relator de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, había hecho pública su preocupación por las supuestas torturas infligidas a los procesados para obligarlos a “firmar las confesiones”.

Claro está que los fusilamientos se ejecutaron mientras en el Vaticano elegían a un nuevo Papa y el resto del mundo mundial se deshacía en la única tarea necesaria, la de jugar a vaticanólogos o vaticanistas para ver quién acertaba la quiniela, con una sensación de que el tiempo estaba detenido a la espera de esa decisión. Un mensaje mediático al servicio –la lógica del quod erat demonstrandum– de quienes sostienen que el alfa y omega de cuanto nos sucede estaría, a fin de cuentas, en lo que sucede en el recinto de esa monarquía absoluta que pretende ostentar el monopolio del legado del mensaje de Cristo, sin avergonzarse jamás de tan flagrante contradicción.

Esperar del recién electo papa Francisco una condena de esos asesinatos legales posiblemente es ingenuidad: se enfrenta a tan pesada carga que bastante hace con no haber dimitido, como Benedicto XVI y como el papa protagonista de la premonitoria Habemus papam, el film de 2011 de Nanni Moretti. No dudo de las dificultades que abruman al jesuita argentino promovido a tan alta dignidad. Pero sigo pensando que, para quien pretende ser representante en la tierra de quien hizo del amor, la caridad y la misericordia sus mensajes primordiales, esa condena es una obligación ineludible. Salvo que no se quiera molestar a un régimen asentado en un fundamentalismo que no está lejos del que profesan algunos en la iglesia católica y en otras confesiones cristianas.

Ahora bien, el hecho de que hasta hoy sólo hayamos escuchado la denuncia de Amnistía Internacional y de alguna otra ONG ante los fusilamientos en cuestión es un ejemplo de otro estrepitoso silencio que resulta insoportablemente más grave, la ausencia de condena alguna por parte de las cancillerías occidentales. Es posible que, por ejemplo,  si preguntáramos al Sr García Margallo por esta omisión, invocara su condena a título personal, pero se parapetara en esas razones prudenciales, el realismo político de marras. Lo que nos conduce a una conclusión tan evidente como inaceptable: la complicidad culpable de unos Gobiernos que presumen de campeones de los derechos al mismo tiempo que callan cuando estas violaciones de derechos son realizadas por un aliado. Aunque se comporte como un hijo de puta (sin perdón): o, peor, precisamente porque de trata de nuestro hijo de puta. Un régimen que sostiene y exporta uno de los fundamentalismos más extremos, la ideología del wahabismo. Que ignora y desprecia los derechos de la mujer. Que da alas a la esclavitud. Que practica torturas y penas incompatibles con la dignidad. Pero está sentado en una balsa de petróleo y paga las expediciones de los representantes de Occidente contra los sucesivos “ejes del mal”, las listas de enemigos públicos de la civilización que nos proponen Washington y sus palmeros.

Y con todo, no son los únicos cómplices del mal. Porque hay otro silencio más estruendoso aún: el de todos nosotros, el de los ciudadanos que consideramos todo esto como algo ajeno, cosa de los políticos. Si nosotros no actuamos, al menos tomando la palabra, si no los denunciamos, nos convertimos, por omisión, en los últimos cómplices de ese mal.