Comisiones de la verdad, versión española

Carlos Penedo *

En el paso de un régimen autoritario a una democracia, de una situación de violencia y represión a un Estado de Derecho, que resulta tremendamente complicado en cualquier geografía, algunos países deciden mirarse en el espejo como paso necesario para recuperar su dignidad.

Ésta es una fase que España ha vivido y se ha dado en llamar Transición (1975-1982, plazo más prolongado en muchos ámbitos, como el militar), con mayúscula inicial crecida en proporción directa a la idealización que siempre genera el paso de los años y el recuerdo de los logros de la primera madurez de sus protagonistas.

Lo difícil de ese primer recorrido -periodos de cambio político, como el fin de un régimen autoritario o la resolución de un conflicto armado- otorga un especial valor a las iniciativas de reconocimiento a las víctimas y análisis de la represión, que incluyen comisiones de la verdad como un elemento de lo que se ha dado en llamar justicia transicional -extraño nombre, probable traducción directa del inglés, en español son escasos los adjetivos acabados en ele, como peatonal y precisamente español-.

Estas comisiones de la verdad han surgido en un número mucho mayor de lo comúnmente conocido -alrededor de 40 registradas desde los años setenta-, que contrastan con la escasa presencia que merecen en medios de comunicación, siempre más generosos con la violencia que con su desactivación, desde Argentina en los primeros ochenta, la Sudáfrica de los primeros noventa, y tres casos que revisten un interés especial por su cercanía temporal, geográfica y/o sentimental para un observador español: Marruecos con el cambio de siglo y en la actualidad Túnez y Colombia. Sigue leyendo

La política española de derechos humanos es un borrador

Diego Blázquez

El pasado día 13 de mayo se publicaron las Observaciones finales sobre España del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés). Nuestro país presentaba puntualmente sus informes número 21, 22 y 23 a este órgano de los tratados de Derechos humanos. A pesar de que algunas de las cuestiones que aborda el CERD son de gran importancia y afectan a algunos de los temas cruciales en la agenda política actual en pleno periodo electoral (asilo y refugio, migración, ley de seguridad ciudadana, educación o salud…) no ha sido este un tema que hayan tratado especialmente los medios de comunicación ni tampoco al que el gobierno en funciones haya querido dar especial relevancia.

Es cierto que este tipo de informes de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas no tiene fuerza vinculante, sin embargo las observaciones finales de cada Comité son la base de la reacción global del sistema respecto de cada Estado, y se hacen sobre la base de la autorictas de los expertos independientes que la forman y que son elegidos por el Consejo de Derechos Humanos. Su valor reside en que intentan recoger de manera objetiva las fortalezas y debilidades de cada país en cada una de las materias de derechos humanos objeto del Comité respectivo, identificando los principales y más sensibles problemas de cada país, incluyendo sus avances y retrocesos producidos.

1. cúpula barceló - NU Ginebra

En esta ocasión, el “examen” de España ante el CERD es muy revelador sobre la situación de la política de derechos humanos en los últimos años, y nos permite extraer algunas simples, pero demoledoras conclusiones.

En primer lugar, hay que destacar cómo el Comité contra la Discriminación Racial recoge algunas ideas básicas y más o menos unánimes entre todos los Comités de Derechos Humanos. En este sentido, en el reciente informe del CERD destaca la alerta del Comité uniéndose al clamor de los otros órganos de tratados, incluyendo el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, criticando el uso excesivo de la fuerza en las fronteras de Ceuta y Melilla, así como la difícil coherencia de las previsiones de la Ley de Seguridad Ciudadana respecto de los “rechazos en frontera”.

2. Melilla. Foto Frontera Sur

Junto a ello, la segunda de las conclusiones que podemos extraer de la reacción del CERD es que, desgraciadamente, la política española de derechos humanos en general, y en particular sobre la erradicación de la discriminación racial, es un borrador, un proyecto basado en anteriores iniciativas, en glorias pasadas o, como nos decían en época de exámenes: en “vivir de las rentas”. Resulta revelador que el Comité salude positivamente proyectos de ley como el de Igualdad de trato y no discriminación presentado en 2011, la nonata iniciativa del II Plan Nacional de Derechos Humanos, el borrador del Plan sobre Derechos Humanos y Empresas… sin que ninguna de estas herramientas legales o de políticas públicas se hayan aprobado a lo largo de la anterior legislatura.

Igualmente se destaca cómo no se han elaborado planes nacionales de desarrollo o de acción sobre la Declaración de Durban y su Programa de acción, como recomienda el Comité desde 2009. Ni tampoco hay planes o iniciativas nacionales sobre el Decenio Internacional sobre los Afrodescendientes, en ejecución de una Resolución de la Asamblea General.

Lo dramático es que pese a esta inacción los problemas de derechos humanos crecen, y pese a alguna creencia taumatúrgica, la (supuesta) mejora de la economía no los resuelve, sino que, por el contrario, tiende a agravarlos. Un ejemplo de estos problemas preexistentes que permanecen y que se agravan es el fenómeno de “las escuelas gueto” (para las que utiliza esa denominación), que preocupa al Comité y respecto del cual recomienda que se tomen medidas efectivas de política educativa para garantizar una distribución equitativa de estudiantes.

3. escuela guetto - peli

En la misma línea, el Comité no sólo subraya la falta de acción en la adopción formal de estas propuestas o la pasividad respecto del abordaje de problemas concretos (como el de las escuelas gueto), sino que además considera que algunos recursos institucionales existentes adolecen de carencias como falta de independencia o de recursos, como es el caso del Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica, incluso frente a requisitos comunitarios (estos si obligatorios para España). Igualmente, el Comité destaca la puesta en marcha de la recogida de datos sobre delitos de odio, pero subraya la ausencia de seguimiento de esos casos, invitando a ofrecer datos sobre los casos judicializados, las penas impuestas y la reparación otorgada. Así, de la misma manera, se saluda la inclusión legal de los principios que deben inspirar los controles de identificación de seguridad para no resultar discriminatorios, pero, a párrafo seguido, se destaca la ausencia de información sobre potenciales medidas de investigación y sanción ante el incumplimiento de esos criterios. Una cuestión que el Comité considera especialmente urgente y por la que se pide información a complementaria a España en un plazo de 12 meses.

5. campaña pancarta última)

Junto a la inacción, una tercera conclusión es la existencia de nuevos supuestos de falta de respeto a la Convención. El Comité también incluye como una cuestión sobre la que requiere información rápida la cuestión de la restricción del acceso a la asistencia sanitaria universal de los migrantes en situación irregular. El Comité considera que esta es “una medida regresiva” (que en términos ginebrinos es algo muy serio) y que tiene un impacto negativo sobre el derecho a la salud sin discriminación, lo que sería una posible vulneración del tratado.

El Comité destaca otras cuatro cuestiones como “de particular importancia” (que en la terminología de la diplomacia ginebrina ya es mucho). Estas cuestiones se refieren al “uso recurrente de la privación de libertad de migrantes en situación irregular” (los CIEs), la mejora de las condiciones de vida de la población gitana, la lucha contra los estereotipos raciales especialmente en las redes sociales y medios de comunicación; y, en cuarto lugar, sobre la ausencia de medidas acerca de la discriminación racial sobre los afrodescendientes y muy particularmente incluir en el sistema educación mayor información sobre los periodos de esclavitud y la colonización.

5. CIE-Aluche-1-foto-Monica-Lopez

Como se puede apreciar, y sin entrar en los detalles de las apreciaciones y recomendaciones del Comité, solo en estos cuatro puntos se tratan aspectos de gran importancia social e institucional que deberían de ser objeto de un serio debate político tanto dentro del ejecutivo como en sede parlamentaria. Ese es el objetivo esencial de los informes periódicos: abrir un debate con el Estado que le permite mejorar y ampliar su compromiso con sus obligaciones internacionales.

Sin embargo, periódicamente la reacción frente a estos valiosos informes que apuntan a algunos de los problemas esenciales de nuestro país, son ninguneados en un frio vacío institucional; o, en el mejor de los casos, son objeto de enroques en políticas inmovilistas recubiertas de huecas palabras o vacías estrategias o acciones.

Esperemos que la nueva legislatura que se avecina de lugar a una nueva cultura política que se tome más seriamente el dialogo con los órganos de derechos humanos y no solo como un engorroso trámite periódico del que hay que salir lo mejor parado posible y con el menor eco posible en los medios. Una buena manera seria crear una subcomisión de derechos humanos en el Congreso donde se debatieran los informes y las conclusiones, adoptando planes de acciones concretos para la puesta en práctica de las recomendaciones emitidas.

Por cierto, en este sentido, no puedo dejar de señalar que la última recomendación del Comité al Gobierno es dar difusión al informe y las observaciones finales.

foto final - gobierno den funciones

Fotos: 1. Sala de los Derechos Humanos de la Onu en Ginebra. Reuters. 2. Valla de Melilla. Frontera Sur. 3. Imagen de ‘La clase’, de Laurent Cante (2008). 4. Manifestación  en Madrid por la sanidad universal. F.Flores. 5. CIE de Madrid. Mónica López.

Derecho y deber de la memoria, nuestro déficit democrático

Pepe Reig Cruañes

Esta democracia nuestra que tanto quisimos que se pareciera a Europa, nos ha salido un tanto anómala. ¿Qué se le va a hacer? Ya se ve que el molde no estaba disponible cuando al fin pudimos emprender la ingente tarea de su construcción.

1- eneko

La primera anomalía respecto al patrón europeo actual parece benéfica: por más que hoy sea cuestionado con más o menos razones, el régimen heredado de la transición ha supuesto el más largo período de convivencia democrática de nuestra historia. El sistema, además, parece aguantar bien el fin del bipartidismo y puede que estemos a punto de aprender, si no nos atascamos en las líneas rojas, el juego de transacción y principios que otros llevan años practicando. Más aún, la opinión pública de esta frágil democracia no ha dado aún –toco madera– señales de la peligrosa deriva populista y neonacionalista que recorre la Europa próspera como reacción a la crisis, la inmigración y la tragedia de los refugiados. Sigue leyendo

La detención incomunicada vulnera los derechos humanos

Lydia Vicente y Patricia Goicoechea

El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (CEDH) consagra uno de los valores esenciales de las sociedades democráticas: el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos y degradantes. El Derecho internacional prohíbe la tortura de manera absoluta, es decir, que no admite excepción alguna, ni en situaciones de emergencia o inestabilidad política, ni en la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado. Toda medida que, tomada en nombre de la protección de la seguridad, representa de hecho una amenaza a los derechos humanos choca con las obligaciones internacionales de los Estados. Sigue leyendo

Ashya King ¿quién decide el interés superior del menor?

Ana Valero

La detención ordenada por la Audiencia Nacional–por un tiempo máximo de 72 horas- de unos padres que sacaron a su hijo de 5 años de edad, sin consentimiento médico, de un hospital de Southampton (Reino Unido) en el que estaba ingresado por un tumor cerebral, ha reabierto el debate de cómo y quién decide cuál es el “interés superior del menor”.

Este “interés superior” es un concepto jurídico indeterminado que emplea la legislación nacional e internacional para señalar que, en los casos en los que estén en conflicto los derechos de los menores de edad con los de sus padres o con otros derechos de terceros prevalecerán, siempre y en todo caso, los derechos de los niños.

Pero determinar qué es ese interés superior y en qué consiste en cada caso concreto, resulta especialmente difícil cuando es el propio menor o sus padres los que se oponen, por motivos de conciencia, a la práctica de un determinado tratamiento médico que resulta imprescindible para salvarle la vida o evitar un grave daño a su salud física o mental.

Brett King, Ashya King and Naghmeh King

Parece que en el presente caso, sin embargo, la decisión de los padres de abandonar el hospital inglés y buscar en otro país un tratamiento alternativo a la quimioterapia no se funda, según ellos mismos han declarado, en su pertenencia a los Testigos de Jehová, sino que su intención era buscar una terapia por protones, menos agresiva que la radioterapia convencional que se le venía aplicando.

Sea como fuere, a los padres del pequeño Ashya King se les había retirado su tutela y la fiscalía del Reino Unido había dictado contra ellos una euroorden de detención, en la que se alertaba de un riesgo inminente para la vida del niño y se les acusaba de un delito de crueldad contra un menor de 16 años, tipo penal sin equivalencia exacta en la ley española y que podría equipararse a los malos tratos en el ámbito familiar. Sin embargo, tras el desistimiento de la justicia británica, el juez los dejó en libertad.

Ante éste u otros casos similares procede preguntarse ¿hasta dónde llega la condición de los padres como garantes de la salud o la vida del menor cuando su prevalente protección contradice las convicciones, ideológicas o religiosas, que ellos profesan y que han sido inculcadas a su hijo?; o ¿cuál es el papel que asumen los poderes públicos en tales casos? O más difícil todavía, ¿y si es el propio menor el que se opone, haciendo valer su libertad de conciencia? ¿debe ésta ser respetada?

Con respecto a cuestiones tan controvertidas el Tribunal Constitucional español se pronunció ya hace algunos años en una importante Sentencia –la 154/2002, de 18 de julio-, a través de la cual concedía el amparo, sobre la base del derecho de libertad religiosa, a unos padres Testigos de Jehová que habían sido condenados por un delito de homicidio por omisión por no autorizar la transfusión necesaria para proteger la vida y salud de su hijo menor de edad y por no tratar de convencerlo para que él mismo la aceptara.

Empecemos, sin embargo, por la última de las preguntas formuladas: ¿puede un menor de edad hacer valer ante sus padres, ante los médicos o ante un juez su voluntad de no recibir un tratamiento médico sobre la base de sus convicciones? La respuesta a esta cuestión es tan sencilla en su exposición como compleja en su determinación: la libertad de conciencia es un derecho cuyo ejercicio requiere que la persona posea una suficiente madurez intelectual y psicológica, en la medida en que las decisiones religiosas o ideológicas han de ser adoptadas de manera libre y consciente por su titular.

Captura de pantalla 2014-09-10 a la(s) 07.51.43

En el caso que suscitó la Sentencia 154/2002, el Tribunal Constitucional reconoció que el menor de 13 años, que finalmente falleció, era titular y pleno ejerciente de su libertad de conciencia religiosa y de su derecho de autodeterminación sobre su integridad física. Así afirmó que cuando el niño expresó con claridad su voluntad de rechazar la transfusión sanguínea, coincidente con la de sus padres, ejercitó ambos derechos. Concretamente, el Tribunal dijo “la reacción del menor a los intentos de actuación médica pone de manifiesto que había en aquél unas convicciones y una consciencia en la decisión por él asumida que, sin duda, no podían ser desconocidas ni por sus padres, a la hora de dar respuesta a los requerimientos posteriores que les fueron hechos, ni por la autoridad judicial, a la hora de valorar la exigibilidad de la conducta de colaboración que se les pedía a éstos”.

Sin embargo, un elemento fundamental condicionó el fallo del Tribunal Constitucional en este caso: el carácter definitivo e irreparable del resultado al que conducía, con toda probabilidad, el ejercicio autónomo por parte del menor de tales derechos. En este orden de cosas, el Tribunal sostuvo que “no habían datos suficientes de los que pudiera concluirse con certeza que el menor fallecido, hijo de los recurrentes en amparo, de trece años de edad, tuviera la madurez de juicio necesaria para asumir una decisión vital”. La importancia de esta afirmación del Tribunal no es baladí, dado que añade un nuevo criterio a tener en cuenta a la hora de concretar el interés superior del menor. Ya que, si más arriba dijimos que concretar el contenido material de este principio exige atender al grado de madurez que tiene el niño en cada fase de su evolución para ejercer sus propios derechos, ahora añadimos que, cuando dicho ejercicio tiene consecuencias irreversibles para su vida o salud, el interés superior del menor no es otro que la salvaguarda de estos bienes.

Podemos afirmar, en consecuencia, que la decisión de un menor –aun en el caso de que tenga un elevado grado de madurez- adoptada en el ejercicio de su libertad de conciencia no es vinculante para los progenitores ni los exime del deber de velar y cuidar por el interés superior de su hijo cuando dicha decisión posee consecuencias irreversibles para la salud o la vida de este último.

Esto nos conduce, acto seguido, a la primera de las pregunta que nos hacíamos: ¿debe exigirse a los padres que actúen en contra de sus convicciones religiosas, convenciendo a su hijo de que se oponga al tratamiento médico prescrito para salvaguardar su vida o autorizándolo ellos mismos?

El Tribunal Constitucional ha llegado a la conclusión de que no, pues exigir a los padres de un menor que intenten persuadir a su hijo para que acepte la transfusión sanguínea, o que la permitan ellos mismos, supone una restricción excesiva, innecesaria y desproporcionada de su libertad religiosa. Y ello cuando, como en el caso planteado en la Sentencia 154/2002, los padres no se opusieron en ningún momento a las resoluciones judiciales que autorizaron la actuación médica. Además, era imposible estar seguros de que una actitud disuasoria por su parte hubiese producido un resultado distinto al pretendido.

Así pues, nos queda por disipar la segunda de las cuestiones planteadas, esto es, si los poderes públicos están obligados por lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución a la tutela del interés del menor en los casos en que dicha obligación no sea cumplida adecuadamente por los destinatarios originarios de aquélla, los padres o tutores.

escalera

En efecto, dado que la patria potestad es una institución funcional destinada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad de todos sus miembros, incumbe a los poderes públicos la tarea de supervisar y comprobar que el ejercicio de aquélla se realiza siempre en atención al mayor interés de los hijos. De este modo, corresponde a la propia Administración pública encargada de la tutela de menores y a los órganos judiciales enjuiciar -de oficio, a instancia del propio menor o de terceros cualificados- las medidas paternas o tutelares que puedan haber causado lesión a los derechos o libertades del menor y adoptar las medidas necesarias para su reparación. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional español en su Sentencia 141/2000, “la tutela y protección de los derechos fundamentales del menor de edad corresponde, no única y exclusivamente a aquellos que tienen atribuida su patria potestad, sino también a los poderes públicos. Sobre éstos, y muy en especial sobre los órganos judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio de la patria potestad por sus padres o tutores, o por quienes tengan atribuida su protección y defensa, se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses, que por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el superior del niño”.

Como hemos visto al examinar la Sentencia 154/2002, cuando exigir a los padres que traten de convencer al niño para que éste admita la transfusión sanguínea o que ellos mismos la autoricen implica una restricción excesiva de su derecho de libertad religiosa, la tutela del interés superior del menor, -que en el caso concreto se correspondía con el derecho a la vida- queda en manos de los poderes públicos.

El “interés superior del menor” es un concepto jurídico indeterminado pero prevalente que vincula, en primer lugar, al propio menor cuando tenga la madurez de juicio suficiente, y no se trate de ejercer derechos con consecuencias irreparables para su integridad física o mental; a los progenitores o tutores del niño, en segundo lugar, siempre y cuando faciliten el libre desarrollo de su personalidad; y a los poderes públicos en última instancia, cuando las dos anteriores fracasen. La inversión de las citadas instancias sólo puede ocasionar, como en el caso del pequeño Ashya King, una vulneración de los derechos de todos los sujetos implicados.

Inmigración: el Estado al margen de la ley

Fernando Flores

Se dice que la lucha contra las amenazas que ponen en peligro nuestra seguridad tienen como objetivo salvaguardar nuestro Estado de Derecho, nuestra cultura y la legalidad democrática. Sin embargo, por lo que se refiere al ámbito de la inmigración –los flujos migratorios irregulares son considerados una “amenaza”– lo que produce es precisamente lo contrario, la vulneración flagrante del Estado de Derecho y la violación sistemática de los derechos humanos.

Un nutrido grupo de profesores de Derecho presenta hoy el Informe “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley.

Se trata de un documento que desmiente de forma categórica los argumentos del gobierno de España que tratan de justificar la entrega a la policía marroquí de inmigrantes que ya están en territorio español, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido.

Captura de pantalla 2014-06-26 a la(s) 21.07.54

La muerte en febrero de este año de 15 personas que trataban de llegar a nado a las costas de Ceuta puso la atención de los medios en la frontera y provocó que saliera a la luz el modus operandi de la Guardia civil, al tratar de resolver por la vía rápida la expulsión de inmigrantes que acaban de cruzar la frontera ilegalmente. Con el tiempo no sólo se ha comprobado que nos encontramos ante un protocolo habitual (ordenado por tanto desde el Ministerio del Interior), sino también que el Gobierno se empecina en su necesidad y legalidad.

El Informe demuestra que el Estado está actuando sistemáticamente al margen de la ley:

– Las expulsiones por vía de hecho, ajenas al procedimiento establecido, vulneran la legislación de extranjería y los derechos fundamentales de asistencia jurídica y de intérprete que protegen al extranjero.

– El concepto “operativo” de frontera defendido por el Ministerio (una hipotética frontera constituida por la línea formada por agentes de la Guardia Civil en una playa española o por la valla interior en las ciudades de Ceuta y Melilla en las zonas de doble valla ) es útil para la ejecución por la vía de hecho, pero inadmisible jurídicamente.

– Los extranjeros que hayan entrado clandestinamente por un puesto no habilitado no pueden ser devueltos, sino que deben ser sometidos al procedimiento de expulsión, con las garantías inherentes al mismo.

– Un acuerdo entre Estados no puede dar cobertura a actuaciones ilegales. Es decir, el Acuerdo hispano-marroquí de readmisión en ningún caso puede ser un título jurídico que permita excepcionar a las autoridades administrativas los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería, a saber, ni “expulsiones en caliente” ni devoluciones cuando procedan expulsiones.

– Las “expulsiones en caliente” son incompatibles con nuestro derecho interno, pero no solo. También resultan contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional de los derechos humanos. Dotarlas de cobertura legal, una intención reiterada por el Ministerio del Interior, es inviable.

– Por último, el Informe advierte que los agentes que ejecutan este tipo de expulsiones no están amparados por el principio de obediencia debida, y pueden incurrir en la comisión de delitos (coacciones, delito cometido por funcionario público contra los derechos fundamentales, obstaculización de asistencia de abogado al detenido o preso, prevaricación…).

En los últimos años el Estado español, como la Unión Europea, han desarrollado políticas de inmigración que se alejan del Estado de Derecho y se acercan al Estado de excepción. La crisis económica y criterios de seguridad han justificado este deterioro de uno de los grandes valores europeos, la protección indiscutible dentro de sus fronteras de los derechos fundamentales de las personas. El trato al otro, al diferente, siempre ha constituido una prueba definitiva de los valores que sostienen a una civilización y del sistema normativo en que cristaliza. El Informe que ahora se presenta nos muestra una civilización que pierde altura por momentos.

Captura de pantalla 2014-06-26 a la(s) 23.48.49

Una Convención de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas mayores

Fernando Flores

Hace ya un año que comenzamos a escribir sobre derechos humanos en Alrevésyalderecho, pero todavía no hemos hablado de los derechos de las personas mayores (las de más de 60 años). Además de que esta ausencia merece una autocrítica, si añadimos que nadie nos lo ha reprochado, quizás podamos convenir que también revela un síntoma: su invisibilidad.

Como en su momento las personas con discapacidad, los dependientes o las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas mayores y sus derechos no han encontrado todavía el hueco en la atención social que sería deseable. Sin embargo, existen razones suficientes para que así sea.

habiba-ali-_491x327

La organización HelpAge International, que trabaja como red global para la defensa de los derechos de las personas mayores, ha elaborado un Informe que revela la magnitud de las violaciones de derechos humanos que experimentan todos los días muchos hombres y mujeres mayores alrededor del mundo. El Informe revela realidades que nos hablan de tratos indignos y violencia, de maltrato (se entiende que éste existe cuando procede de un ámbito de relación de confianza), de barreras para acceder a cuidados de la salud, de dificultades para acceder a bienes básicos esenciales (el alimento, el agua, el refugio, la ropa y la calefacción), de la imposibilidad de obtener empleo, de sentimientos de inseguridad, de abusos de tipo económico, de falta de asesoramiento legal acerca de sus propios derechos, de alejamiento de la participación ciudadana… Obviamente, estas situaciones de discriminación aumentan de grado en los países pobres, o en los contextos de guerras y de crisis humanitarias, en los que las personas mayores son las golpeadas con mayor dureza, pues son las más vulnerables.

Sigue leyendo

Clima, se acerca la hora de la política

Teresa Ribera

Sometida a una creciente polaridad insana, la respuesta política al cambio climático parecía haberse alejado de esa base común que los británicos identifican con “los intereses del Reino Unido”. El empuje de otras épocas se había ido, poco a poco, diluyendo durante el mandato de Cameron, con bandazos en política energética y sometido a una fuerte presión procedente del euro-clima-escepticismo del ala tory más a la derecha y, sobre todo, del amenazante UKIP. Tampoco el laborismo de Ed Milliband parecía estar dispuesto a arriesgar demasiado capital político en esta materia tras las tensiones internas con los sindicatos, así que sólo se animó a dar una desconcertante pero llamativa campanada electoral: si gana las elecciones en 2015, congelará la factura eléctrica.

inglaterra-lluvias

Como la naturaleza tiene sus propias reglas, ocurrió lo que los modelos climáticos muestran como escenarios más probables en el medio y largo plazo: que amplias zonas bajas del suroeste británico quedaron bajo metro y medio de agua. No un día ni dos. Llevan semanas y con relevantes afecciones para los vecinos y sus casas, además de cortes en suministros de todo tipo de servicios públicos como el transporte y la electricidad.

Algo parecido pasa a escala europea donde, a fuerza de repetir medias verdades, la gente se ha creído eso de que Europa ya ha hecho mucho y que deben ser los otros los que hagan más. Es como si la lectura frívola e irresponsable de considerar este asunto una carga decorativa hubiera encontrado acogida definitiva entre las élites europeas. Merkel duda sobre si asumir el liderazgo y empujar la agenda, o si mantenerse prudente a la espera de los acontecimientos para no correr riesgos ante un amplio sector industrial conservador; Gabriel evalúa los riesgos políticos de presionar la agenda del clima y la transición energética; Van Rompuy parece haber decidido evitar cualquier riesgos de agrios debates en el Consejo; Tusk todavía no ha entendido que las políticas de clima también benefician a Polonia y que forman parte de un acervo común europeo al que ningún político con vocación de ejercicio para las próximas décadas debiera renunciar; Hollande quiere y se esfuerza por superar escollos pero todavía no ha encontrado la manera de hacerlo, y aquí en España nos entretenemos con una vuelta al pasado en energía y haciendo oídos sordos a la ciencia (¡y a las olas!) pensando en el dinerito y la satisfacción que da decir que todo el mundo puede hacer lo que quiera en primera línea de playa o en otras zonas vulnerables. Cuando lleguen las desgracias y los malos ratos, nos acordaremos de las imágenes dramáticas de un pasado en el que acostumbrábamos a ocupar sin pudor el cauce seco y las zonas de máxima –aunque sea inusual- crecida de los ríos.

Captura de pantalla 2014-02-19 a la(s) 19.08.45

Pero el mundo sigue su curso y Kerry, cuyo compromiso con la agenda del clima era bien conocido y cuyas habilidades diplomáticas lo son cada día más, ha decidido recuperar el tiempo perdido. Y sabe que lo más importante, tanto para el clima global como para la opinión pública estadounidense, es un fructífero acuerdo de trabajo común con China. Y eso hace. Cooperación política bilateral en clima, intercambio de información, desarrollos industriales y tecnológicos conjuntos… Incluso, si es verdad lo que anuncian en su último comunicado, concertación de cara a la negociación de Naciones Unidas. Es decir, un G2 que da sus primeros pasos y del que la torpeza común europea parece habernos dejado fuera.

Todavía hay tiempo –poco- y excelentes ocasiones para recuperar el tren: tenemos un Consejo Europeo a mediados de marzo (¿será verdad que no dirán nada? Menudo papelón para los gobiernos europeos y sus líderes tras los pronunciamientos de la Comisión y el Parlamento Europeos); elecciones europeas inmediatamente después; una Cumbre convocada por Ban Ki Moon sobre este asunto en septiembre en Nueva York… Y tenemos cada día y cada líder o aspirante a serlo que debiera pronunciarse muy seriamente sobre este asunto. ¿Superan la prueba nuestros compatriotas?

bici

¿Usted invertiría sus ahorros en energía solar en España?

Teresa Ribera

El 5 y 6 de diciembre, la OCDE organizó en París una jornada sobre cómo estimular las inversiones en “desarrollo verde”. El moderador de una de las mesas, consejero delegado de una de las firmas que mejor conoce y analiza las claves financieras de la transición hacia una matriz energética limpia y eficiente, ilustraba la falta de confianza de los inversores y las contradicciones en los mensaje con un caso práctico: “¿Invertiría usted sus ahorros en energía solar en España?”. No era una pregunta retórica, sino la respuesta irónica –y negativa, claro- que él mismo obtuvo de un importante grupo de inversores asiáticos interesados en colocar sus cuantiosos fondos en proyectos energéticos con futuro.

Al respecto, cabe hacer dos reflexiones. Una, de índole energética y, otra,  sobre la curiosa identidad nacional que proyectamos.

termosolar-planta-torre

Empecemos por la energética. El ejemplo se ha convertido en el caso práctico más citado en los foros internacionales sobre lo que no se debe hacer. Al principio, cuesta un poco entender por qué el “caso español” ni es sólo español ni es sólo solar. Salta a la vista por qué hay un numeroso grupo de inversores, nacionales y extranjeros, profundamente irritados por las decisiones que recortan la cuantía de las primas que, en su momento, sirvió como garantía de Estado para hacer viable la financiación de la inversión inicial. Una reducción transitoria que, posteriormente, pasa a ser permanente y reiterada y acompañada de otras importantes medidas disuasorias. Los inversores afectados denuncian ante los tribunales y las cortes de arbitraje internacional –quien puede- o reclaman soluciones ad hoc –incluso la dación en pago- entre pequeños ahorradores nacionales que no dan crédito ante una intervención pública que ha convertido el sol en una especie de activo tóxico sin escapatoria.

¿Por qué, además, ha llegado a ser el anatema por excelencia de cualquier analista con un poco de experiencia internacional? Por la sencilla razón de que hemos convertido una legítima duda tecnológica –ya despejada, por cierto-  en un verdadero riesgo regulatorio. Si lo que está ocurriendo en España, un país con tecnología y sol, con peso importante de la industria e inversores en el sector, ocurre ante la pasividad y el silencio de las instituciones comunitarias, ¿por qué invertir en renovables? No deben tenerlo tan claro los gobiernos cuando hacen o consienten medidas como ésta. ¿Por qué no esperar a ver qué ocurre? Y, mientras, quizás podamos colocar nuestro dinero en algún continente o sector con menos riesgo.

Porcentaje_renovables

Se equivoca quien piensa que esto no es más que una pequeña corrección sin consecuencias. Las está habiendo ya. Desde 2011, las cifras globales de nueva inversión en energía limpia caen trimestre a trimestre, situándose el monto actual en un tercio de lo que debiera haber ocurrido para mantenernos en horquillas de seguridad energética y climática. De hecho, la evolución previsible de la demanda global puede generar grandes tensiones en la capacidad de suministro y en los precios en los próximos años, por lo que una mejor coordinación de actuaciones a nivel global y la plena integración de los costes ambientales en los procesos de decisión ayudarían a consolidar un modelo más seguro y asequible. Un retraso en este proceso se traduce en un riesgo mayor de quedar atrapados en costosas infraestructuras que habrá que desmontar antes de lo que su desgaste por uso aconsejaría y un incremento general de los costes económicos y ambientales para nuestras sociedades.

Se equivocan, también, los directivos que piensan que retrasando la irrupción de renovables modulares, pueden asegurarse un mejor tratamiento en bolsa, en acceso a financiación o, simplemente, eludir una degradación de su deuda por estar demasiado expuestos a un modelo de generación tradicional. Las cosas han cambiado y hay propuestas que ya no son creíbles en escenarios a 20 años vista; como tampoco lo es ignorar que el perfil de la demanda y el usuario y las características del negocio evolucionarán con arreglo a un patrón similar al que ha valido los últimos 30 años. Los operadores eléctricos deben ser actores decisivos en la transición energética pero lo inteligente no es aferrarse al “antiguo régimen” sino ser parte activa del proceso de transformación, incluso contribuyendo con fórmulas y calendarios razonables para transitar al nuevo modelo. Ni la solar es la mayor responsable del “déficit de tarifa” de España, ni las pérdidas de la generación térmica en Alemania pueden resolverse por decreto, ni una eventual moratoria renovable generará per se mayor confianza de los mercados para abordar nuevas inversiones energéticas en Europa.

como-invertir-energias-renovables-tan-solo-6--L-Frnt4k

La segunda reflexión del “caso español” a la que aludía tiene que ver con la orientación de nuestras decisiones y las señales que mandamos a los potenciales interesados en invertir en nuestro país. Un moderador patrio hubiera podido preguntar en esa mesa redonda sobre “desarrollo verde”: “Dígame usted en qué recomienda invertir en España: ¿en urbanización en la costa o en cauces de ríos; en cacerías en espacios protegidos; en autovías y autopistas rescatadas por manifiesta sobreestimación de su necesidad; en aeropuertos sin viajeros; en hospitales en quiebra recién construidos mientras se abandonaba la inversión en mejora y garantía de prestación de servicio en los preexistentes; en colegios privados ultraconservadores subvencionados mientras se recorta en educación pública; en programas de I+D+i inicialmente cofinanciados con dinero público hoy retirado, etc.?”

Podríamos, sin duda, ofrecer como atractivo la “competitiva” cifra de paro y la regulación de la entrada y salida del mercado laboral que permite ofrecer, sin bochorno, 640 euros al mes a un trabajador a tiempo completo y facilita una clarísima dualidad salarial y excelentes retornos para el inversor. También podríamos argumentar que las construcciones ilegales se amnistían, que las grandes catástrofes ambientales ocasionadas por incidentes industriales o de transporte se diluyen y absuelven diez años más tarde, que las obligaciones ambientales y sanitarias se relajan para facilitar la recuperación… ¿Vendemos desprotección social y ambiental como activos para recuperar la confianza en nuestro país? Rescatemos nuestras otras posibilidades, revaloricemos nuestros activos naturales, nuestra industria más eficiente en consumo de recursos; nuestras ciudades reinventadas, habitables, atractivas y eficientes en agua, energía y afecciones al entorno; liberemos recursos despilfarrados para destinarlos a reinvertir en nosotros mismos. No despreciemos el inmenso potencial de recuperación y actividad económica de un desarrollo verde e incluyente.

Son elecciones colectivas importantes. ¿Cuáles son nuestras prioridades?, ¿a qué dedicamos nuestro patrimonio común, cómo gestionamos nuestros recursos, incluidos los humanos y los naturales? Son debates públicos pendientes a los que durante años no se les ha dejado espacio porque “España iba bien” y que, ahora, se enfrentan al riesgo de un silencio consentido porque “España va mal” o porque “ahora que España se va recuperando, no es el momento”. Pues bien, no son debates antipatriotas como tampoco son extremistas ni subversivos quienes argumentan que hipotecarse ambiental y socialmente rarísimamente  –por no decir nunca- es inversión.

¿Quién y en qué queremos que invierta en España?

invertir_energia_renovable

Mutilación genital femenina: identidad y estigma

Ana Valero

El Tribunal Supremo acaba de revocar una sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en abril de 2013 a una madre senegalesa a dos años de cárcel por ser responsable de la mutilación genital practicada a su hija de tres años de edad. La sentencia de la Audiencia era la primera dictada en España condenando a una persona extranjera por este tipo de delito cometido en el extranjero y antes de que la víctima y sus responsables emigraran a España. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha absuelto a la madre de la menor por considerar, entre otras cosas, que no hizo omisión de su condición de garante de la vida y salud de la menor por dejarla en casa de su abuela, quien supuestamente le confirió una práctica que es de uso generalizado en las zonas rurales de Senegal.

La mutilación genital es una de las prácticas más abominables que pueden llevarse a cabo sobre la mujer y, sin embargo, es considerada por quienes la practican –mujeres en la mayor parte de los casos- como definitoria de su identidad cultural y de género. Estamos, pues, ante uno de los más graves conflictos que la convivencia en sociedades multiculturales como las actuales plantea. Y de las respuestas de que nos dotemos acerca de cómo deben coexistir la distintas culturas y creencias y de cómo debe gestionarse la multiculturalidad, dependerá en gran medida la calidad de nuestra convivencia social y la estabilidad de las comunidades políticas en las que vivimos.

G27_36-mapa-1

Desde una perspectiva estrictamente jurídica es evidente que en las respuestas que los países de acogida dan o deben dar a la mutilación genital o a otras prácticas como la poligamia o el uso del burka en espacios públicos, subyace el inconcluso dilema sobre la universalidad de los derechos humanos, por un lado, y el relativismo en que se sustenta la obediencia a la norma cultural del grupo de pertenencia, por otro. Y las respuestas no son sencillas.

La mutilación genital femenina es una práctica ancestral extendida en un importante número de países, en su gran mayoría del África subsahariana, vinculada a un rito de iniciación a la pubertad social. A diferencia de lo generalmente entendido, no es una práctica vinculada a la religión musulmana, pues el Corán no la menciona en ninguno de sus versículos y se practica por otras comunidades como las mujeres falashas de Etiopía o las cristianas coptas en Egipto o Sudán. Podríamos afirmar, en consecuencia, que es un rito cuya constricción a su perpetración responde más a los usos y costumbres sociales y a la tradición -lo que la convierte en una sunna-, que a la obligatoriedad religiosa.

Sigue leyendo