Expulsión y ciudadanía: inmigrantes 4 años fuera del sistema sanitario

María Dalli

Hoy se cumplen cuatro años desde que se aprobara la reforma de la normativa sanitaria que regula el derecho de acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Hace cuatro años, el 20 de abril de 2012, se aprobaba el Real Decreto-ley 16/2012, que posteriormente fue complementado por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto. Se puede hablar hoy, también, de que han pasado cuatro años desde que se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Utilizo el término ‘expulsión’ para describir la voluntad directa de excluir a este grupo de la población. Es el término que utiliza precisamente la recientemente nombrada Doctora Honoris Causa por la Universitat de València, Saskia Sassen, en su libro Expulsiones para referirse a las exclusiones que produce el actual orden económico y social de una forma que no es precisamente espontánea. Sigue leyendo

¿Pero la Dependencia no era un derecho?

Pepe Reig Cruañes

A Dolors Carrasquilla, vecina del Puerto de Sagunto (Valencia) no le tienen que contar lo que ha ocurrido con la Ley de Dependencia. Ella se encadenó ante la Generalitat Valenciana, el gobierno autonómico que más ha “racaneado” en el desarrollo de la Ley, para reclamar que le devolvieran la calificación de ‘Gran Invalidez’ que le habían rebajado al trasladarse a esa Comunidad. Un cambio arbitrario e injustificado, puesto que Dolors lejos de mejorar de lo suyo aún pasó decenas de veces por el quirófano. El cambio le supuso perder 300 euros de los mil que percibía en concepto de ayuda de Gran Invalidez. Ni el encadenamiento, ni la huelga de hambre que hizo después, con gran apoyo ciudadano, hicieron mella en la administración autonómica de Fabra y Cotino. Hasta que en mayo de 2015 el Juzgado de lo Social nº 14 de Valencia le dio la razón frente al INSS.

El episodio de Dolors tiene todos los ingredientes para conectar lo micro, es decir, la vida de la gente de a pie, con la perspectiva macro en la que flotan quienes deciden las políticas públicas: recortes, desigualdad entre comunidades, sordera administrativa y judicialización. Pero no nos engañemos, sería un buen ejemplo del lamentable efecto de la crisis, si no fuera el síntoma de algo peor: una verdadera deconstrucción planificada del derecho a la dependencia. Quien desmonta un derecho como éste no está atacando el déficit público o cuadrando las cuentas, está devolviendo una concreta desigualdad, que se había hecho pública y visible, al ámbito familiar y opaco del que los conservadores preferirían no sacarla. Los últimos años nos han enseñado que hay muy pocas conquistas irreversibles.

Un derecho poco blindado

Pero si la eficacia redistributiva e integradora de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre, LAPAD) ha podido ser tan fácilmente deconstruida por el primer gobierno conservador tras su puesta en vigor, debe ser porque tampoco estaba debidamente blindada, aunque tuviera la mejor intención.

La Ley define la dependencia como el “estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria”. El primer gran avance atribuible a aquella ley fue el reconocimiento de underecho subjetivo” que deriva de los artículos 49 y 50 de la Constitución Española. Allí se establece, con terminología que hoy parece antigua, la obligación de que los poderes públicos faciliten la integración de los “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos” para que estén en condiciones de disfrutar “de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos”. No se trata, por tanto, de un servicio público más, sino del derecho a la autonomía personal, que debe ser provisto por el Estado cuando algún obstáculo lo dificulta. En 2008 se estimaba que éste era el caso de unos 2 millones de personas, un 4’3% de la población de España.

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Con ese propósito, la Ley aprobada a iniciativa del gobierno de Rodríguez Zapatero creaba un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que en seguida fue considerado como el “cuarto pilar del Estado del Bienestar”. (Foto: Aprobación de la Ley 39/2006)

Dependencia y Bienestar

Aunque nuestro país llegaba tarde a esto, como a tantas cosas, se intentó alcanzar la cabecera del pelotón. En vez de adoptar el modelo continental (Alemania, Austria, Bélgica…), que atiende las situaciones de necesidad como riesgos cubiertos por el sistema de la Seguridad Social y depende de las cotizaciones acumuladas, aquí se entendió la dependencia como una situación especial que precisa un sistema propio, como ocurre en Reino Unido, Finlandia, Suecia y Países Bajos, que debe financiarse con cargo al presupuesto. El SAAD había de ser ese sistema.

Los Estados del Bienestar nacieron para prevenir colectivamente las situaciones de riesgo que la vida presenta a las personas (paro, enfermedad, accidente…) y corregir el desigual impacto que tienen por culpa de las diferencias sociales. La variada experiencia europea llevó luego a ampliar la cobertura hacia nuevas “situaciones de necesidad”, no vinculadas al trabajo profesional. Primero la vejez, que requirió sistemas públicos de pensiones, luego la salud y la educación públicas y universales, segundo y tercer pilar del Estado de Bienestar. El nuevo reto es la Dependencia, que en plena transformación de los roles femeninos y los modos de familia, ya no tiene más remedio que ser un asunto público.

El enfoque “asegurador”, preferido por los conservadores, no es adecuado para una necesidad tan universal y con tal variedad de formas particulares. El cálculo de probabilidades, propio del negocio asegurador, no sirve de mucho cuando todos somos población de riesgo. Se imponen, pues, planteamientos de solidaridad que se traducen en sistemas de prestación universalista.

El meollo de la cuestión es siempre la desigualdad, por eso las llamadas “revoluciones de la ciudadanía”, que han puesto el foco en la corrección de desigualdades, han acabado convirtiendo en “derecho subjetivo” no sólo la prevención de aquellos riesgos, sino la corrección de estas “situaciones de necesidad”. Lejos del postulado antropológico neoliberal, la autonomía individual pasa por el reconocimiento de la mutua dependencia de los individuos, para remover, precisamente, los obstáculos que se oponen a aquella autonomía personal. Se trata, en suma, de no dejar el asunto al albur de la fortuna, ya sea ésta cuestión de suerte o de riqueza. Es decir, se configura un nuevo derecho social.

La Ley de Zapatero

La Ley de 2006 creaba ese derecho y distinguía tres grados de dependencia que admitían en su interior diversos niveles y que en junio de 2015 se distribuían, según el XV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, del siguiente modo:

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Se previó un calendario de implantación que empezaba por organizar con urgencia el dispositivo de atención al grado III, para seguir luego con el II y que, tras varios aplazamientos, acaba de incorporar el pasado verano al nivel I, el menos severo.

El pecado original de la Ley de Dependencia ha sido incorporar un dispositivo de financiación pensado en tiempos de bonanza y sometido desde el principio al boicot de algunas comunidades gobernadas por la derecha. La financiación ha estado muy lejos de lo previsto en la Memoria Económica de la Ley. Los primeros años se presupuestó por encima incluso de la previsión, pero después de 2012, la caída es espectacular.

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La financiación compartida entre el Estado y las autonomías, en cuanto la crisis y la deuda llevó a recortar prestaciones, condujo a los gobiernos autonómicos al dilema de asumir lo que dejaba de pagar el Estado o reducir también su aportación. Esto último ha sido lo más frecuente. La tercera pata de la financiación debía ser asumida por los usuarios en función de su nivel de renta (copago). Esto significa que la Ley garantiza la universalidad del derecho, pero no su gratuidad.

Tal como fue aprobada a iniciativa del gobierno Zapatero en 2006, la Ley creaba un sistema fuertemente territorializado, propio del Estado Autonómico. El Estado asume la financiación del “nivel mínimo” establecido en los Presupuestos de acuerdo con el número de beneficiarios y su grado y nivel. Aporta también otro “nivel acordado” con las CCAA. Éstas, por su parte, asumen la gestión de las prestaciones y otra parte de la financiación equivalente a la de la Administración Central y, adicionalmente, puede mejorar el nivel de prestaciones con cargo a su propio presupuesto.

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Esta fuerte territorialidad ha acabado siendo una de las debilidades del sistema, porque el diferente compromiso de las autonomías o, incluso, el desinterés puro y duro en algunas de las gobernadas por el PP, junto a la acumulación de decisiones técnicas diferenciadas entre ellas, se ha traducido en fuertes desigualdades en el reconocimiento del derecho. El Observatorio Estatal para la Dependencia coloca a tres comunidades en el pódium de su Escala de Valoración (Castilla y León, País Vasco y Andalucía) por encima del notable en aplicación de la Ley. Mientras suspende a seis (Baleares, Aragón, Canarias, Murcia, Madrid, Ceuta y Melilla) y arroja al furgón de cola a la peor de todas, la Comunidad Valenciana con un 1,25.

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La Ley preveía la creación de una potente red pública de asistencia que, en parte, no ha tenido lugar porque la mayoría de los recursos fueron a parar a cuidadores familiares (51% de los hogares con dependientes). En parte por tradición y cultura familiar y, en parte, por ahorro, ya que la administración prefiere abonar los 500€ del cuidador antes que los 2000€ que vendría a costar una plaza pública residencial. A esto habría que añadir, el apoyo activo de algunas administraciones a las redes de centros privados, como ocurría con las de la familia Cotino en Valencia.

El torpedo del RDL 20/2012, de 13 de julio.

Si la primera rebaja del último gobierno Zapatero (RDL 20/2011) afectó a usuarios reconocidos con Grado I, al posponer su entrada en el sistema, la que emprendió el Gobierno Rajoy fue un auténtico torpedo en la línea de flotación de la dependencia: desde entonces el sistema atiende a un número casi constante de usuarios (750.000 aprox.) pero con recursos decrecientes.

El Gobierno ha presumido de la reducción de listas de espera, pero lo cierto es que sólo se reducían al ritmo de las bajas por defunción. El Observatorio calcula que “de cada 100 incorporaciones al sistema, 98 se corresponden con bajas y solo 2 suponen nuevas atenciones”. En realidad, según datos del SAAD, hay 1.163 perceptores menos de prestaciones o servicios que en 2012. El sistema pierde beneficiarios cada día. He aquí el misterio de la increíble lista menguante: a principios de 2015 el SAAD atendía a sólo el 53% del 1.373.248 personas que el estudio previo a la Ley estimaba para ese año.

A ello hay que sumar los más de 100.000 que murieron desde 2012 sin llegar a percibir las ayudas que tenían reconocidas, lo que se conoce como el “limbo de la dependencia”. El gobierno no asume estas cifras en su aparato de propaganda, pero tampoco aporta las suyas.

La contra-reforma de 2012 empieza por retrasar el calendario de aplicación de la Ley, posponiendo hasta 2015 la incorporación del Grado I y complica burocráticamente a los usuarios, el acceso a las prestaciones. Lo siguiente es más grave aún, ya que disloca el sistema de financiación, al reducir la aportación del Estado a las CCAA por cada dependiente en un 13%. Unos 2.000 millones en cuatro años es lo que ha perdido el Sistema de Dependencia. Rebaja la aportación del Estado en el tramo llamado “nivel mínimo” y suprime el tramo de “nivel acordado” con las autonomías. Aunque luego aumentaran los “recursos adicionales”, lo cierto es que al no ser finalistas, no hay garantía de que las autonomías los destinen a dependencia.

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Observatorio del sector de atención a la dependencia en España. Informe Junio de 2014

El otro golpe bajo de la reforma de 2012, fue la suspensión de uno de los avances más destacados de la Ley de Zapatero. El pago de una cantidad calculada a partir de la base mínima de cotización (748,20€ en 2012) y las correspondientes cuotas a la Seguridad Social (al 28,30%) a aquellos cuidadores no profesionales que se ocupaban de un familiar dependiente. Se les reconocía, además, la experiencia profesional de cara a su empleabilidad futura. El número de cuidadores bajo esta modalidad llegó a ser de 180.000, pero la reforma de Rajoy, que rebaja el pago en un 15%, suprime la cotización a la Seguridad Social a cargo del Estado y elimina la retroactividad, expulsó a muchos del sistema, reduciéndolos de facto a 87.000.

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El copago del usuario, que la Ley ya contemplaba, se ha disparado desde el Decreto Ley y se aplica a partir de rentas de 532€, lo que ha inducido numerosos abandonos de prestaciones por pura imposibilidad de satisfacerlo.

Pero los ataques a este llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar no se acaban en el RDL de marras. La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, al declarar como “competencia impropia” de los ayuntamientos muchas de las prestaciones sociales que ofrecían, entre ellas las que tenían que ver con Dependencia, disuelve aún más la red pública de atención. Afortunadamente la resistencia de 3500 ayuntamientos y de algunas autonomías, junto al recurso de inconstitucionalidad de la Junta de Andalucía, ha llevado a un bloqueo efectivo de esa Ley y de la amenaza que conlleva. En noviembre 2015 el Gobierno rectificó y anuló la retirada de aquellas competencias a los ayuntamientos.

La profecía autocumplida

Este debe ser uno de los pocos asuntos en que Mariano Rajoy ha cumplido sus expectativas al pie de la letra. En plena campaña electoral de 2011, la que le llevó a la Moncloa con mayoría absoluta, declaró que la Ley de Dependencia no era viable y que no nos la podíamos permitir.

El retroceso en la implantación del SAAD no es atribuible en exclusiva a los estragos de la crisis. Hay también un proceso que podríamos llamar de “deconstrucción” de un derecho. Lo primero explicaría el retraso en la incorporación de los 345.041 usuarios del nivel I de dependencia. Lo segundo explicaría la desinversión de 2000 millones. Esa desinversión frustró la incorporación de 90.000 nuevos atendidos, la creación de 70.000 empleos y el retorno de la casi totalidad de lo invertido.

Inviable o no, lo que las Asociaciones están denunciando es la voladura contralada del sistema de Dependencia. Desinversión, recortes, copago, abandono de los cuidadores familiares, retroceso de las competencias municipales, etc. ¿Se está tratando de volver inviable el SAAD? ¿Se está deslegitimando el sistema público para inducirnos a un repliegue a lo privado? Si no es así, no debería parecerlo, pero lo cierto es que, al igual que pasó con la sanidad, la educación y hasta con el servicio público de RTV, eso es precisamente lo que parece.

El primer efecto del ataque combinado que ha llevado a cabo esta administración es la vuelta a lainvisibilidad”. Las asociaciones de defensa de la dependencia señalan que, tras los leves avances en integración y “normalización” cívica de este tipo de personas que se habían empezado a dar a medida que se implantaba la Ley, se está volviendo al punto de partida: de pronto las personas con diversidad funcional dejan de percibir prestaciones y ayuda personal, dejan de “integrarse” en la vida civil, de acudir a los talleres ocupacionales y son retiradas de la circulación o “aparcadas” en centros o instituciones. Este efecto de “retirada” es visible en la calle.

Incluso la implantación del copago en el catálogo ortoprotésico, clave para la vida de tantos discapacitados, puede volverlo inaccesible para muchos de ellos. Asistiremos, quizá ya esté ocurriendo, a la reaparición de aquellas campañas caritativas de recogida de fondos para sillas de ruedas. Como si no fuera obligación del sistema público. Caridad en vez de derecho. Profecía autocumplida.

Becas y tasas. Las clases a clase

 Pepe Reig

El inmoderado ministro Wert celebra que las movilizaciones cívicas y estudiantiles contra su ofensiva privatizadora no tengan la contundencia que se acostumbra en otras latitudes. El estilo bronco del ministro de educación sólo puede considerarse inadecuado, si se busca un Pacto Educativo; pero no lo es en absoluto si se pretende arrasar un modelo defectuoso, pero solidario, solidario para implantar uno clasista. Y parece que ese es el plan.

La propuesta de apadrinamiento de estudiantes que defendió Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ante la brutal subida de tasas, representa el grado cero de la idea de un derecho universal a la educación. La indignación con que fue acogida por sindicatos y partidos de izquierda, asociaciones de estudiantes y por algunos rectores, da cuenta del deterioro de los consensos educativos básicos en el país. Pero los argumentos contra esta alternativa bienintencionada, aunque absolutamente dentro de la lógica neoliberal del gobierno y tan en línea con la conversión de la Universidad en un territorio de negocio, no han tenido la profundidad suficiente para afectar a su línea de flotación. Así que no descarto que nos encontremos de pronto ante el mecenazgo dieciochesco de talentos, a manos de nobles empresarios o sponsors de hoy en día.

El debate en España está siendo alicorto y conformista, porque se niega a llegar al fondo de la cuestión: el modelo de universidad que se pretende para una sociedad democrática europea del siglo XXI.

El efecto combinado de los recortes y reformas de Wert, junto a la subida de las tasas y el endurecimiento del acceso a las becas es la inversión de una tendencia que compartíamos hasta hace poco con la mayor parte del mundo. La tendencia a la democratización del acceso a los estudios superiores que se había ido registrando sin interrupción desde mediados de los noventa.

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En efecto, entre 1995 y 2009  se produjo, al decir de los expertos, una apertura generalizada del acceso a los estudios superiores de 22 puntos porcentuales de media en los países de la OCDE. Esto significa que “casi el 60% de las cohortes de edad relevantes acceden a la universidad” (Jorge Calero). Esto no ocurre solo, ni siquiera principalmente, porque se mejoren los indicadores de equidad en nuestras sociedades –todo indica que ha ocurrido justo lo contrario desde que el neoliberalismo es la religión oficial-, sino porque lo requiere el sistema productivo. La universidad como espacio de elite y privilegio había ido quedando atrás por razones de justicia y eficacia social. España había llegado a estar levemente por encima del objetivo marcado por la Unión Europea para 2020, pero los expertos creen que se acaba de invertir la tendencia.

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Crisis del sistema, refundación de los partidos

Pepe Reig

Todos los síntomas apuntan a una crisis de régimen. Se mire como se mire son los fundamentos de nuestra democracia lo que parece en cuestión: el pacto de transición, más allá de infantiles cuestionamientos ex post, no parece ya capaz de seguir dando aliento a la dinámica de las fuerzas sociales y políticas. De hecho las dos más importantes se alejan una de otra a velocidad constante en cuanto a la necesidad de reforma constitucional. Una va cayendo naturalmente del lado de la reforma, sin precisar aún su alcance,  mientras la otra se aferra a la intangibilidad de un texto que, en su origen, no había apoyado. Las demás fuerzas políticas, hace tiempo que proponen una revisión o, incluso, una nueva redacción a través de un período constituyente.

Los fundamentos económicos mismos de aquel pacto y del régimen que dio a luz, parecen hoy cuestionados. La estructura de intereses, la alianza básica de clases que había sostenido el franquismo, no fue alterada en la democracia y las modificaciones habidas después tan sólo han incrementado, como en todo el occidente, el peso relativo del capital financiero y la economía globalizada. Ese reparto no es cuestionado ya sólo por la izquierda de la izquierda. También desde la derecha, empeñada en aprovechar la crisis y la feliz circunstancia de su mayoría absoluta para producir una involución sin precedentes, se están minando las bases del consenso social de los últimos 30 años.

Transición

La estructura territorial y política del estado de las autonomías, que ha funcionado razonablemente bien durante años, se muestra ahora incapaz de acoger las demandas soberanistas y esto alimenta la tendencia a un sorpaso del independentismo sobre el nacionalismo prudente. El federalismo, que habría debido ser la salida honorable para el estado autonómico, parece no llegar a tiempo de definirse y definir reglas de juego aceptables, por lo que podría pasar a mejor vida.

El mismo sistema de partidos de nuestra democracia hace aguas por al menos dos lados: los partidos de gobierno estatales (crisis del bipartidismo) y los de las naciones periféricas (soberanismo).

Para hablar primero de lo segundo, habría que empezar por reconocer que la complejidad del desafío soberanista se incrementó con los errores y agravios gratuitos infringidos, por ejemplo, con la reforma del Estatut. Se dirá que el error fue de Zapatero por abrir un melón que el catalanismo reclamaba por tierra, mar y aire, pero a mí me da que peor fue la estrategia del otro partido estatal de abortar, con su recurso al Constitucional y las consiguientes triquiñuelas para asegurarse la mayoría en ese tribunal, la última operación de encaje de Catalunya en España. A esto, claro, hay que añadir la espiral de la crisis y los recortes antisociales que la derecha catalana, con permiso de ERC, supo derivar hacia el enemigo externo, desarticulando así en buena medida la potencia del movimiento ciudadano que más se había destacado en la lucha contra la austeridad. Es todo un ejemplo de aquel principio del judo consistente en aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio.

Pero volviendo al primer aspecto del sistema de partidos, es preciso hablar del bipartidismo, o sea, el final de la hegemonía del PSOE y del PP que parece ya irreversible. No es extraño que en medio de una crisis de régimen acabe por pasar a la historia el sistema de partidos que le ha dado sustento, pero la crisis del sistema es también la crisis de los partidos que lo componen.

La crisis del PSOE tiene raíces profundas que, a mi modo de ver, tienen que ver con las renuncias ideológicas de toda la era neoliberal, que le han hecho perder no sólo identidad sino comunicación con la ciudadanía más consciente y movilizada. Aquellas renuncias le inhabilitaron para entender la naturaleza profundamente clasista de la crisis que sobrevino en 2008 y las que se le encadenaron luego. La falta de teoría con que afrontar ese episodio clave puso al PSOE, como a toda la socialdemocracia europea, en manos de los mercados y sus propagandistas y, al aplicar las recetas que éstos señalaban, terminó de liquidar su identidad y sus bases sociales.

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La recomposición del PSOE pasa por una renovación profunda de su discurso y de su organización. Lo primero requiere rescatar el horizonte de emancipación, volver a colocar la igualdad en el centro de la política, para desarrollar una oposición muy frontal a los recortes y sus efectos. A fecha de hoy, significa abandonar el doble lenguaje de los pactos, que se ofrecen por responsabilidad pero sólo consiguen confundir a los perdedores de la crisis. Lo segundo requiere una revolución democrática interna que devuelva el poder a la militancia y la “simpatizancia” socialistas. Elección directa de líderes y primarias ciudadanas. Es decir, el proceso de reconstrucción que le vincularía con el tipo de ciudadanía activa y crítica que se encuentra hoy a la vanguardia. De haber tenido este trabajo hecho, el partido no tendría inconveniente ahora en liderar una moción de censura contra el lastrado presidente del Gobierno o en pedir elecciones anticipadas. El socialismo es un componente esencial de la izquierda y lo va a seguir siendo en un futuro próximo, pero ese futuro ya no va a contemplar la misma distribución de fuerzas que en el pasado. Las hegemonías, si se dan, irán por barrios y no estarán garantizadas para nadie. La izquierda siempre fue plural y aún lo será más. El PSOE puede renovarse o volverse residual, pero debería renunciar a la quimera de las hegemonías del pasado. Sin una profunda renovación del PSOE, se tardará mucho en lograr un contrapeso operativo a las políticas de derecha y eso la democracia no puede soportarlo, porque nuestra derecha racial, dejada a su libre albedrío puede “jibarizar” la democracia hasta volverla irreconocible.

Y qué hay de la derecha. ¿Puede ponerse al día nuestra democracia cuando el principal obstáculo para su reforma se encuentra en el partido del gobierno, cuya fuerza electoral se basa en la promesa contraria?

El Partido Popular tiene un suelo más sólido que ningún otro partido, demostrado a través de toda clase de escándalos y travesuras, pero su rapidísimo deterioro en las encuestas y los peligros que acechan al liderazgo hablan de una crisis profunda. Lo malo es que, en el estado de postración actual de la izquierda, no se vislumbran muchos estímulos para que las gentes sensatas de la derecha se planteen siquiera una renovación prudente.

¿Qué estímulos para el cambio va a haber en una organización que ha logrado cohesionarse con una combinación de sobresueldos, demagogia extremista para movilizar a los suyos y amenazas y castigo para quien se le oponga en el campo judicial o periodístico?

PP

Este es el partido que impediría hoy sin pestañear una salida democrática al problema catalán. Salida que no puede ser otra que la consulta de oficio, es decir, desde el gobierno central, con garantías y cautelas a la canadiense, para acabar de una vez con la anomalía de que el “derecho a decidir” siga confundiéndose con, y alimentando el, sentimiento independentista.

El partido que impide la dignificación de las víctimas del franquismo y la construcción de un relato inclusivo sobre los antecedentes de la democracia. El partido que acaba de suspender la Ley de Memoria Histórica, el partido que nunca completó su transición democrática, porque nunca se atrevió a desembarazarse simbólica y discursivamente de sus nexos con aquel régimen criminal.

El partido que ha convertido su tradicional reticencia al Estado del Bienestar en un ataque directo a sus fundamentos, a la universalidad de la sanidad, de la educación, de la dependencia, a la gratuidad de la justicia, al ejercicio de libertades ciudadanas elementales.

El partido que, pese a no haber apoyado en su día la Constitución, ha convertido su particular interpretación inmovilista de ella en el baluarte contra todo y contra todos.

El partido que no sólo ocupa las instituciones del Estado con voluntad de régimen, sino que no tuvo empacho en bloquear su funcionamiento en el Supremo, el Constitucional o el CGPJ, cuando no las controlaba. El partido que consigue apartar jueces incómodos de la carrera judicial, que logró esconder durante años su financiación ilegal y concurrió de modo ventajista a las elecciones.

El partido que agrupa con éxito todo el espectro de la derecha, desde la ultra y franquista hasta la moderada, desde la estatalista hasta la que se reclama liberal (con todas las cautelas para este término extraño entre nosotros), en una unidad inusual en nuestro entorno. Una unidad a la que sólo recientemente le ha salido un pero, el del jacobinismo de derechas de Rosa Díez.

El obstáculo que representa ese partido para que la libertad y la igualdad se conviertan en los ejes de la vida democrática, sólo se vería aliviado si el conservadurismo repartiera sus preferencias entre dos fuerzas políticas o, si el PP sufriera una suerte de refundación democrática que le desligara de su pasado más autoritario.

Ninguna de estas dos salidas parece apuntarse en el horizonte inmediato. El anclaje del PP en la mentalidad de este país es sólido, lo cual significa que nuestra cultura política, es decir, el conjunto de saberes y creencias de la población sobre el sistema político y sus instituciones, debe aún demasiado a los déficits de pedagogía democrática de aquella transición pactada. La transición permitió acceder a la democracia, pero al renunciar a esclarecer los crímenes del franquismo, debilitó sus fundamentos, precisamente en términos de cultura política, que es el lubricante que ahora nos falta.

La democracia requiere otra expresión política para la derecha, que resulte homologable en términos europeos, pero lamentablemente esto no es algo que las otras fuerzas políticas puedan resolver. Solo desde el interior de la propia derecha, pueden surgir las ideas y personas que refunden el partido. Descartado un proceso de “voladura controlada”, como el que aplicaron los democristianos y ex franquistas contra la UCD y que está, precisamente, en el origen del actual Partido Popular, no queda más que la “espera activa”. Entiendo por espera activa aquella forma de acción política que sí puede hacerse desde fuera, desde la izquierda política y, sobre todo, desde la sociedad civil: la crítica frontal, que desvele los mecanismos pre-democráticos del ejercicio del poder por el PP, el debate ideológico que desvele la persistencia del fondo simbólico franquista, y la movilización social que ponga en evidencia el entramado de intereses y privilegios que constituyen su núcleo sagrado.

Refundar la derecha es un objetivo demasiado quimérico hasta para sus mentores, cuanto más para quienes militamos en la izquierda, pero resulta imprescindible para que este país complete su transición. Lo malo es que ello exige una lucha en profundidad, una movilización democrática sin cuartel, sin pactos, sin tregua, para que sean sus propios votantes quienes acaben por exigirla.

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Información vs. silencio o «el presidente no está para estos temas»

Pepe Reig

La dimensión propagandística de la política tiende siempre a crear las condiciones psicológicas adecuadas para los objetivos del gobierno de turno. Así, Zapatero quiso durante años transmitir su famoso “optimismo histórico”, hasta que se volvió en su contra porque la realidad apuntaba a una crisis que nadie iba a dejar de ver. Del mismo modo que el gobierno de Aznar había aprovechado los buenos indicadores macroeconómicos heredados de Solbes para inocular aquel mantra del “España va bien”, del que aún pretende vivir, mientras nos metía en la peor burbuja inmobiliaria y financiera de nuestra historia.

Igualmente, la insistencia del gobierno Rajoy en la “terrible herencia” de “haber vivido por encima de nuestras posibilidades”, en los sacrificios y el peligro griego, durante su primer año cumplía una función de adormecimiento, muy conveniente para volver aceptable cualquier recorte y estaba en sintonía con aquella “doctrina del shock, que tan buenos servicios ha rendido en la destrucción del Estado del Bienestar.

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La administración de contenidos propagandísticos pesimistas por los portavoces populares tuvo, sin embargo, un punto de inflexión tras la famosa rueda de prensa de los “tres tenores” (Sáenz de Santamaría, Montoro y De Guindos) a finales de abril, en la que se dieron datos tan realistas y previsiones tan a la baja, que lograron trasladar la impresión de que “el gobierno tiraba la toalla”. La alarma general que aquello produjo y la airada reacción dentro de sus propias filas de, entre otros, el propio Aznar, indujo el cambio de estrategia que ahora estamos viendo: salvo el uso, totalmente prohibido, del término “brotes verdes”, se nos bombardea ahora con toda clase se esperanzadores signos de recuperación y hasta se anuncia una pronta creación de empleo. Si el esquema no fuera tan obvio, sería inteligente.

Las estrategias de comunicación sobre la crisis acaban siempre en el dilema de si contar lo malo o anunciar lo bueno, pero con la corrupción es otro cantar. Desde que aflora el caso Gürtel, luego convertido en caso Bárcenas, la comunicación del PP ha consistido en negar la evidencia. Del “no hay nada” se pasó sin transición al “no me consta”. De ahí al “ya no trabaja aquí”, “nadie me chantajea” y “el presidente está en otra cosa”. Últimamente parece que llegamos a que “nos preocupa cero” y a que todos los demás son cómplices del tesorero, menos el partido que lo empleaba. En el fondo es pura superstición, creen que no hablando de ello, acabará desapareciendo.

Todo líder desea aparecer asociado a buenas noticias y no a chapapotes o primas de riesgo. Y, puesto que es el propio líder quien elige el contexto y el tema de su aparición, habrá que concederle ese derecho. Pero ¿seguro que un presidente del Gobierno puede desaparecer cuando sube la prima de riesgo o cuando Bárcenas enseña sus contabilidades y otras zarpas?

Bárcenas no existe y Rajoy tampoco

Cuando el 15 de marzo de 2012 la Audiencia Nacional reabrió la causa contra Bárcenas, el ex tesorero del PP, que había sido cerrada por el TSJ de Madrid, con imputaciones de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, Mariano Rajoy atravesaba uno de sus frecuentes barbechos informativos. Hacía 10 días de la última rueda de prensa y aún tardaría otros diez más en comparecer, aunque en forma de “canutazo” (declaración breve) y sin referirse para nada al asunto. Tampoco lo hizo en las fechas siguientes que son las de la huelga general y la amnistía fiscal.

En todo ese año repleto de Gürtel, Bárcenas, amnistía, prima de riesgo, reforma laboral y rescate bancario, el presidente del Gobierno concedió 6 ruedas de prensa en solitario y 12 acompañado por algún ilustre visitante. Los datos, reunidos por 20 Minutos en una útil infografía, muestran el patrón  de conducta del silente Rajoy: evita hablar donde te esperan (podría surgir algún imprevisto) y nunca lo hagas cuando hay problemas, de eso que se ocupe otro. Puro estilo Rajoy.

Aunque el diario amigo, ABC, maquilla los datos para dar la impresión de que Rajoy comparece más que Obama, lo cierto es que de las 46 ruedas de prensa que le atribuye al presidente desde la investidura, sólo 5 son nacionales, es decir, en solitario y sin la típica limitación de dos preguntas por país. Por en medio hemos tenido huidas por el sótano, ruedas de prensa sin preguntas, comparecencias en forma de ectoplasma y respuestas del tipo de “ese asunto ya tal”. Puro estilo, puro Rajoy.

Por no hablar de las comparecencias ante el Congreso y el Senado. O mejor dicho de los vetos del PP a que comparezca el presidente. Ocho debates plenarios y 25 sesiones de control, según el recuento entusiasta del ABC. Pocas, tardías, esquivas y con graves síntomas de afasia en la pronunciación del nombre de Bárcenas.

Lo malo es que el potencial dañino del caso se acaba de multiplicar por mil con el ingreso en prisión del ex tesorero, la aparición de los papeles originales, que ya conocíamos por fotocopias, y las revelaciones sobre la cobertura que el partido y su presidente le han seguido dando al presunto delincuente. Si frente a la crisis había una estrategia, aunque burda, frente a esto no había más que la determinación de Rasell Crow en Una mente maravillosa: “¡No eres real! ¡No eres real!”.

El derecho a la información significa no sólo que se han publicar periódicos y telediarios, sino que las personas al frente de las instituciones han de ser visibles y audibles de modo permanente. Pero aquí, y es cosa que el periodismo y la militancia política tendrían que hacerse mirar, habíamos dejado de ejercer el derecho a preguntar, al tiempo que concedíamos un extraño derecho al silencio. El silencio de las comparecencias sin preguntas, preguntas sin réplica y mentiras sin desmentidos. La explicación, la información, la rendición de cuentas, las preguntas de diputados y periodistas, no son un medio de propaganda de quien está al mando, sino un derecho de quienes le han elegido y tienen el poder de revocarlo.

El rodillo parlamentario acaba de tener su momento de gloria al evitarle a Rajoy una comparecencia sobre el redoblado caso Bárcenas. La siesta veraniega que el Grupo Popular le ha garantizado a su presidente, pasará a la historia como el paradigma de un inexistente “derecho al silencio” que no es otra cosa que la extinción del derecho ciudadano a la información. Todo un síntoma, junto a la televisión de plasma, del deterioro de nuestra democracia. Pero es que había que recordar que la información no era una opción, sino un derecho y, por ende, una obligación.

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