Los derechos, conquista y defensa

Fernando Flores

Sabemos que el poder puede acabar con los derechos de las personas y anular su libertad. De hecho, somos conscientes de que esa inclinación siempre late en su seno. Para impedirlo se creó hace más de doscientos años el Estado constitucional, y más tarde, para evitar que la libertad de los más fuertes impidiese la justicia y la igualdad material de los más débiles, se conquistó el Estado social.

Con el primero se alcanzó la división de poderes –que evita su abuso– y el principio de legalidad –que destierra los privilegios–, y se sembró la democratización de la política y la reivindicación por la garantía de los derechos. Con el Estado social se incorporó la idea de justicia como valor común, y con ella el compromiso colectivo de no dejar a nadie a un lado, de vincular la dignidad del individuo a la dignidad social.

Estos logros no han conseguido la supresión de grandes injusticias, como la pobreza, la desigualdad global y local, la discriminación y violencia contra las mujeres o el rechazo de inmigrantes y refugiados, pero han procurado dignidad a muchas personas y han señalado un camino correcto hacia el respeto y la protección de los derechos humanos.

Hoy ese camino se ha detenido, la fuerza que lo construía frente a poderes ilegítimos bien conocidos ha sido reducida o desactivada por quienes manejan el dinero. Ellos y sus reglas (es falso que exijan la ausencia de reglas, imponen las suyas) nos están empujando hacia atrás, como en un juego perverso, hacia la casilla de salida.

Desde hace unos años venimos sufriendo la reducción, cuando no la pérdida, de los derechos sociales, un retroceso que nos traslada a los comienzos del capitalismo. Nos han demostrado –vía Grecia por si no quedaba claro– que las decisiones fruto de la participación democrática del pueblo soberano tienen sus límites en las cuentas financieras de unos pocos y el equilibrio de su sistema injusto, un bloqueo que nos sitúa en el liberalismo conservador del siglo XIX. La reivindicación y la queja de los ciudadanos contra este atropello ha producido como reacción del poder un estrechamiento y acoso a las libertades públicas, una situación que nos recuerda a los Estados policiales de antaño, pero en nuestro caso dotados de la tecnología y la justificación securitaria antiterrorista que les permite vigilarnos muy de cerca y cortar de raíz las disidencias peligrosas.

Nos están arrebatando nuestros derechos.

Decía Ihering que la vida del derecho es lucha, que todo derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha, que todo precepto jurídico importante ha tenido primero que ser arrancado a aquéllos que le resisten, y que todo derecho, tanto el de un pueblo como el de un individuo, presupone la disposición constante para su afirmación.

Los derechos se tienen porque se han conquistado, y se mantienen si se han defendido. En la actualidad, en Europa, en los denominados Estados Sociales y Democráticos de Derecho, estamos en retroceso. Un poder no elegido, hoy más fuerte que el democrático, ha expulsado a la gente de sus casas, ha desmontado las garantías laborales, ha abandonado la educación y la sanidad públicas, ha ocupado los medios que nos daban información y criterio, ha desprestigiado la participación ciudadana … y ha armado con leyes y tecnología a las fuerzas del orden, para que puedan contener la resistencia del pueblo a perder sus derechos constitucionales.

Estamos en el momento de la defensa, de la lucha por la afirmación de lo que se ha logrado con el esfuerzo de muchos durante mucho tiempo. La defensa se prepara y se trabaja.

Para aspirar a responder con eficacia al impacto poderoso de las acciones de quienes defienden sus intereses económicos, los ciudadanos dispuestos a defender sus derechos deben tener muy claro dos cosas. La primera es que la defensa –la lucha–, debe ser colectiva. La segunda es que debe abarcar la reivindicación y protección de todos los derechos.

La lucha debe ser colectiva, y persistente. La agresión debe combatirse por todos los afectados –que son casi todos–, desde todas las esferas, en todos los espacios, en la educación, en la sanidad, en la justicia, en los medios, en las empresas, en las organizaciones civiles…, en lo público y en lo privado. Debe ser continuada y generosa, abierta de mente, ganando voluntades, creando el clima para que pueda ser posible. Y debe ser organizada y paciente, perseverante, sabedora de que el agresor es poderoso, carece de escrúpulos y es muy resistente.

La lucha debe ser por todos los derechos. Hay que ser conscientes de que los derechos son indivisibles e interdependientes, de que la división entre derechos civiles, sociales, políticos y económicos es una clasificación académica, cuando no interesada. Sin vivienda adecuada no existe intimidad familiar; sin información veraz no existe ni opinión ni participación política que merezca ese nombre; sin salud no ni hay trabajo ni libertad; sin condiciones laborales dignas no hay igualdad posible…

La protección de los derechos no puede bajar los brazos en momentos de crisis políticas, económicas o sociales, más bien al contrario. Es en estos contextos de dificultad cuando ellos deben afianzar su fortaleza (su normatividad, su justiciabilidad) y reivindicar su vigencia, pues los embates que sufren son más intensos y la vulnerabilidad de las personas a las que protegen mucho mayor.

El poder no tiene legitimidad para anular nuestros derechos, pero lo está haciendo, y debemos responder. Los derechos se conquistan y se defienden.

Ilustraciones: 1. David. El juramento del Juego de la Pelota: los representantes del Tercer Estado dando a Francia una Constitución, 20 de junio de 1789 (1791). 2. Siqueiros. Del porfirismo a la revolución (1957-1966). 3. Kristen Visbal. Fearless Girl (2017).

Condesa y mendiga

Fernando Flores

En el cuento ‘El príncipe y el mendigo’ (1881) Mark Twain nos relata la historia del príncipe de Gales, hijo de Enrique VIII, quien tras intercambiar sus ropas jugando con un muchacho pordiosero de asombroso parecido a él, se ve expulsado del palacio por la guardia, y obligado a vivir la miserable vida de los pobres.

Escuchando a Esperanza Aguirre, condesa consorte de Bornos, uno desearía que la candidata experimentase en su aristócrata figura algún episodio como el del cuento para, como se dice en la conclusión, “mantener su triste significado fresco en la memoria y llenos los manantiales de piedad en su corazón”. Pero lo cierto es que resulta más probable que acabe como alcaldesa que como “persona que vive en la calle”, así que, si así sucede, y conociéndola, asistiremos en unos meses a la reforma de las ordenanzas municipales que permitan a la policía evacuar a los sin techo del centro de Madrid (en este momento ese extremo no está previsto), y, en sus palabras, “mejorar así la impresión que los turistas tienen de la capital”.

1. frailes mendicants

¿Pero puede hacerlo? ¿Cabe una norma dentro de nuestra Constitución que impida (y sancione) a las personas sin hogar dormir en la calle?

Si nos refiriésemos a lo ético (a esto parece haber quedado reducido el Estado Social), quizás deberíamos apreciar que desde que estalló la crisis financiera –de la que pocos culpables encontramos entre los sin techo– miles de personas han perdido su casa y están literalmente en la calle, al mismo tiempo que los gobiernos han desfinanciado los servicios sociales que antes trataban de amortiguar esa desgracia (desgracia provocada muchas veces por brutales desahucios). Visto así, podría pensarse que adoptar medidas enérgicas contra esas personas, además de atentar contra su dignidad, sería “injusto”.

Pero aparquemos lo ético, ya que al parecer es cosa de aficionados, y vayamos a lo legal. Obviamente, en el marco de nuestro sistema constitucional (que es Derecho vigente) prohibir a una persona ocupar, “estar”, en un sitio público, sancionarla por hacerlo y obligarla a que lo abandone, no sólo se entromete en su libertad personal, sino que, dadas las circunstancias de los que nada tienen, podría constituir un trato cruel, inhumano y degradante. Así lo ha considerado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su Observaciones finales al cuarto informe sobre los EEUU, en el apartado (19) dedicado a la “criminalización de los sin hogar”. Y ello a partir de la constatación de que, en los últimos tres años, el número de ciudades norteamericanas que prohíben dormir en vehículos creció 119%, así como la prohibición de dormir o acampar en público, la cual creció, en el mismo lapso de tiempo, un 60%.

2. Art Pin XIX Nonell Dos pobres durmiendo Gabinete Dibujos y Grabados del MNAC Barc 1897

Parece claro que el capitalismo no se entiende bien con la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas, sobre todo las de los más débiles, y que el falso liberalismo político que airean sus defensores en sus discursos (por ejemplo Aguirre, la liberal) solo alcanza (si acaso) a la protección de la autonomía de quien se porta bien y no molesta. No es casual que en la misma charla a los empresarios del sector turístico, la candidata del PP mezclara los argumentos contra los sin techo con la necesidad de limitar la libertad de manifestación. Al parecer, porque ambas “molestan” al desarrollo del sector.

Pero molestar no es argumento suficiente para limitar las libertades. A muchos madrileños les molestan los turistas y no van exigiendo al Ayuntamiento que limite su ocupación de la Plaza Mayor. Para que una prohibición como la que pretende Aguirre encaje en nuestro Estado de Derecho, deberá tener un fin legítimo, ser coherente con lo pretendido y, además, producir un daño proporcionado al objetivo que busca. Y aquí las pretensiones de la autoritaria condesa hacen aguas. Ello sencillamente porque, en primer lugar, aunque el fin perseguido (proteger al sector turístico) sea legítimo, no queda claro en absoluto que exista una relación entre el número de personas que duermen en los cajeros de los bancos madrileños y la cantidad de turistas que deciden visitar la capital. Y en segundo lugar, porque resulta absolutamente desproporcionado y cruel limitar la libertad (de dormir o comer en la calle, de pedir limosna) de personas sin recursos por el pretendido hecho de que ahuyenten a los visitantes; más aún cuando existen otros medios (servicios sociales adecuados) para resolver el problema. ¿Que las personas sin hogar resultan molestas para algunos paladares exigentes? Puede ser, pero si el criterio fuese la molestia, probablemente las campañas electorales, tal y como están concebidas y a la vista de cómo se comportan algunos candidatos, estarían proscritas.

3. Goya-mendigo ciego con perro

Así que el anhelo de Esperanza Aguirre es a día de hoy, y aunque probablemente eso a ella le importe poco, ilegal. ¡Pero cuidado! las cosas pueden cambiar. Recientemente el Parlamento húngaro ha aprobado una nueva legislación que permite a los ayuntamientos establecer en qué zonas de los municipios está prohibido vivir en la calle, y castiga a los sin techo con multas de hasta 500 euros y 60 días de cárcel. Esta misma ley fue declarada inconstitucional en 2012, pero poco después, en 2013, la mayoría del ultraconservador Fidesz reformó la Constitución y aprobó de nuevo la ley. Hoy las ordenanzas municipales húngaras pasan el filtro de constitucionalidad, aunque sería más difícil que superasen el filtro del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En fin, en período electoral la lección de todo esto es que la complicidad política con los partidos y candidatos reaccionarios tiene un precio que se paga en degradación social y desprotección de los derechos. Esto debe ser tenido en cuenta y no llamarse a engaño. Yo, por mi parte, creo que la solución es convertir, con nuestros votos, a todos los marqueses en mendigos. A lo mejor así llegan algún día a conocer, no sólo el significado de la piedad sino también el del Estado de Derecho.

4. Caravaggio_-_Cena_in_Emmaus