España-Marruecos, ¿choque de ignorancias?

Carlos Penedo

Escuché a un embajador de Marruecos en España salir con éxito de una pregunta incómoda sobre derechos humanos señalando que los avances en las libertades individuales y colectivas, como la igualdad o la participación política, es un proceso histórico para todos los humanos, que según las circunstancias y el momento avanzan más en unas geografías que en otras. El embajador fue luego destinado a un puesto relacionado con la descentralización política de su país, labor sobre la que desconozco los resultados.

Digamos cortésmente que la iniciativa sobre conquistas sociales y políticas no se pilota hoy desde aquella orilla. Una afirmación, la anterior, compatible con el reconocimiento a que nuestro vecino del sur ha puesto en marcha avances políticos claros en los últimos años: un nuevo Código de Familia en 2004 que amplía los derechos de la mujer;  la Instancia Equidad y Reconciliación, una Comisión Marroquí de la Verdad creada ese mismo año con el objetivo de arrojar luz y testimonios sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999 -léase, represión de Hasán II, padre del rey reinante-, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, y elaborar propuestas de reformas; o la nueva Constitución de 2011, que entre otros contenidos contempla el voto de españoles/extranjeros residentes, que se vería acompañado del voto marroquí en España, posibilidad no desarrollada.

Aparece hoy muy limitado el impulso aperturista inicial de Mohamed VI tras su acceso al trono en 1999, como de otros gobernantes árabes que heredaron el poder en el cambio de siglo –Abdalá II en Jordania también en 1999 o Báshar al Ásad en 2000-, que despertaron mejores expectativas que resultados, a pesar de haber sobrevivido a las revoluciones-primaveras árabes, que no tiene poco mérito, aunque puede no ser suficiente para que sus hijos hereden el puesto.

Decimos que Estados Unidos no es Trump, no sólo, que Reino Unido no es Johnson (ni May ni Cameron), de donde se deduce que Marruecos no es Mohamed VI ni España Pedro Sánchez (o Rajoy), que estos países y sociedades son bastante más que sus dirigentes, incluidos los económicos y mediáticos, pero está claro que toman decisiones que pueden ser relevantes sobre la vida y hacienda, sobre el destino de los recursos públicos y sobre la seguridad. Por poner un ejemplo, el progreso social y político puede verse favorecido o torpedeado.

Mayo de 2021, el Gobierno marroquí (incluye la Corona) provoca una crisis política y diplomática con España -con una importante derivada humanitaria- sin precedentes desde Perejil 2002, abriendo la frontera con Ceuta que atraviesan miles de personas sin control. El momento claramente es consecuencia del reconocimiento en diciembre por el presidente de EEUU de la soberanía marroquí del Sáhara occidental, en compensación por el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, leído por el poder político en Marruecos como una oportunidad para presionar a la UE, a España, a la ONU, para que muevan ficha a favor de su punto de vista de anexión incondicional y carpetazo al acuerdo de paz de 1991, un plan de arreglo que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos.

Existían sospechas, pero se ha confirmado ahora por sus protagonistas, de que el Gobierno de Marruecos utiliza el flujo migratorio como instrumento de presión diplomática, lo que parece poco responsable para sus intereses, para las personas afectadas y sirve ya de hecho acreditado que estará presente en todo tipo de negociación futura y costará difuminar.

La crisis tiene una clara relación con la seguridad, la soberanía y el pulso diplomático, y de su gravedad da idea el viaje inmediato a Ceuta y Melilla del presidente del Gobierno español, gesto que no se producía con o sin crisis desde Zapatero.

De máximo interés para especialistas en seguridad (que son pocos) y profesionales (muchos) es si estos acontecimientos se enmarcan en la zona gris, en estrategias y amenazas híbridas, si nos encontramos en el nivel de configuración del entorno, interferencia o desestabilización. En cualquier caso, cuando la seguridad pierde contacto con el ciudadano, como ha ocurrido en esta ocasión, estas decisiones están más relacionadas con la seguridad laboral de quienes se dedican a ella y de los responsables que manejan esos recursos.

No parece fundado el análisis, con defensores en ambas orillas del Estrecho, que sitúa el control de la inmigración, el terrorismo yihadista o el desarrollo económico de España-Europa en manos de Marruecos: recordemos los atentados en Casablanca de mayo de 2003, anteriores al 11-M; que cuanto más dura sea la política migratoria de España mayor será el problema para Marruecos, país de paso pero también de destino de poderosos flujos migratorios desde el sur; atendamos a que el desarrollo económico marroquí está bastante ligado a la relación con su primer socio económico, que es la UE, o comercial, que es España.

Provocado el conflicto surge la pelea por el relato, en el que situar imágenes como la del guardia civil submarinista salvando bebés de morir ahogados o la voluntaria de Cruz Roja abrazando a un inmigrante aterrado; o militares españoles dando porrazos a inmigrantes, según ilustra la prensa de uno u otro país, con un ganador claro.

En este mismo capítulo de la comunicación, el director de la agencia oficial de noticias de Marruecos -MAP-, vestido con traje de camuflaje, escribe algunas proclamas faltonas de consumo interno y explosivo nacionalismo, y otras frases con mayor interés sobre lo que parece haber descubierto en «la nueva realidad geopolítica»: «Ha llegado el momento de aclararse, especialmente después del reconocimiento por parte de los Estados Unidos de la plena soberanía de Marruecos sobre su Sahara. Qué vas a hacer?», aconsejando que España se alinee con EEUU (¿Trump, Biden?) y dar una oportunidad a la paz, inspirado por John Lennon.

«Estados miembros con un goteo de euros sin conciencia de un destino compartido. Y desvaríos infantiles en dirección a terceros países. Tu hechizo está roto», dice de la UE; «esta Europa desorientada, se debilita, que se alimenta a la fuerza de sus euros y se pierde en el siglo sin valores compartidos y sin un modelo gratificante ya no nos conviene, por qué entonces insistir en vivir juntos».

Además de cargar MAP contra las agencias EFE y AFP -entre bomberos no conviene pisarse la manguera-, el director de la marroquí opina que «Europa se está muriendo. Ni cohesión económica ni financiera. Sin capacidad para proteger realmente sus fronteras, ni en Oriente ni en Occidente. Ningún ejército capaz de asumir un desafío o imponer valores».

¿Imponer valores? Qué difícil debe ser dirigir un medio de comunicación público, visto el despiste generalizado en éstas y otras geografías.

Parece desconocer la comunicación oficial que no hay marroquí sin acceso a medios extranjeros ni español sin referencias marroquíes, con lo que estos esforzados cantores le dejan a uno algo asombrado. ¿Desconocen el millón de marroquíes en España su país de acogida o residencia? ¿Se creen estas cosas los marroquíes que vacacionan en la costa del Sol? ¿Hay algún marroquí con un móvil en la mano que no acceda a fuentes de información no oficiales?

Una de las lecciones de la última crisis Marruecos-España, sobre la que los medios no han conseguido imponer un nombre, aún no está bautizada con éxito (eso sería otra batallita que librar), es que los regímenes autoritarios y/o no democráticos en cualquier orilla del Mediterráneo, occidental u oriental, no son fiables, porque no son previsibles, y de forma imprevista actúan Turquía, Egipto, Israel o Marruecos; de donde se deduce que la pedagogía y el respeto a los derechos humanos debería formar parte de cualquier negociación de la UE con terceros, no por altruismo, sino porque interesa.

La crisis de Ceuta de mayo de 2021 está teniendo un claro coste reputacional para los responsables políticos marroquíes, de lo quizá aún no sean conscientes, y un deterioro claro de las relaciones con España y la Unión Europea (recordemos, por ejemplo, que es la UE quien negocia la pesca con Marruecos, no los países individualmente).

Hace medio siglo convivían en las dos orillas del Estrecho un príncipe de los creyentes y un general superlativo por la gracia de Dios, y no se llevaban mal, a pesar de que incluso intercambiaron disparos y algún muerto (800 en Ifni), o que el de aquí hizo carrera con la ocupación colonial de los súbditos del de allí.

La condición de súbditos es la clave, o ciudadanos, apostaría a que a ambos lados del Estrecho son mayoría los ciudadanos frente a los súbditos; la diferencia es que los ciudadanos opinan, tienen derechos y exigen responsabilidades a sus responsables políticos.

«La nueva realidad geopolítica» de la que escribe el director de MAP se remite a los acuerdos de normalización o de Abraham de algunos países árabes, más Bután, con Israel, disueltos como un azucarillo tras la última masacre de palestinos en Gaza de este mes de mayo. «¡Un gran avance para la paz en Oriente Medio!», escribió Trump a través de su cuenta de Twitter.

El diciembre de 2020, ya perdidas las elecciones, la Administración Trump difunde un comunicado conjunto firmado por el primer ministro marroquí, Saad Din el Otmani; Jared Kushner, yerno de Trump; y por parte israelí Meir Ben-Shabbat, asesor responsable del Consejo de Seguridad Nacional, más un director de Exteriores que pasaba por allí.

Refiere la declaración una conversación telefónica entre Trump y Mohamed VI, y afirma que «el establecimiento de plenas, pacíficas y amistosas relaciones diplomáticas (entre Marruecos e Israel) se produce por el interés compartido entre ambos países y promoverá la causa de la paz en la región, impulsando la seguridad y desbloqueando nuevas oportunidades para toda la zona». Los acontecimientos recientes en Palestina no han confirmado los deseos expresados en la declaración tripartita.

Imaginando un hipotético ejercicio de prospectiva ‘Marruecos 2050’, ¿seguirá la frontera con Argelia cerrada como está desde 1994?; ¿habrán vuelto los embajadores de Marruecos en Alemania y España a su lugar de trabajo?; ¿se mantendrán los dos millones de turistas españoles que visitaron Marruecos en 2019? (20% del total); ¿continuará la Operación Paso del Estrecho  con cerca de cuatro millones de personas? ¿Cómo habrán evolucionado los 2.000 millones de euros que envían en remesas los marroquíes residentes en España a su país de origen?

Frente a 2002 (Perejil), 1975 (Marcha Verde),  1958 (guerra de Ifni), 1956 (independencia de Marruecos), 1912 (Protectorado) ó 1860 (toma española de Tetuán), ha cambiado el escenario, los actores, la comunicación, los intercambios, los ciudadanos y la información que reciben, elementos que esperemos contribuyan a disolver el nudo de desconfianza en menos de diez años.

Las autoridades marroquíes han realizado un diagnóstico erróneo de la oportunidad que parecía abrirse con la diplomacia tuitera de Trump, independientemente de lo que haga ahora Biden, probablemente nada, más allá de contemplar incómodo cómo chocan dos aliados cercanos. Para EEUU, Marruecos y España ni son un problema ni son indispensables, por lo que su reacción será siempre modesta.

El Gobierno marroquí ha realizado también una mala calibración del momento político de la Unión Europea, enfrentándose a Alemania y España y provocando una reacción del club que no tuvo en la crisis de Perejil; mal diagnóstico de una UE ultra sensibilizada hoy contra chantajes sobre migrantes, y que vive un refuerzo federal y un avance de políticas comunes -no sólo financieras- como reacción a la crisis del covid, avances con repercusión sobre su política exterior y de seguridad.

Las relaciones entre España y Marruecos, afortunadamente,  son más profundas y fuertes que la habilidad de sus dirigentes para leer el momento político. Historia común, cultural, medieval, colonial, de la que no somos responsables los vivientes, sí de la actual. La exposición en el Museo Reina Sofía sobre arte contemporáneo marroquí es un ejemplo a imitar.

Cultura e información, probablemente también la relación empresarial, son ingredientes para fortalecer una relación que la tozuda geografía hace obligada. Cuanto más complejas y densas sean las relaciones entre los dos países, incluida la sociedad civil, menos podrán ser manipuladas sus opiniones públicas y sus sociedades por intereses coyunturales; incluso podríamos decir que cada vez dependerán menos de decisiones personales.

La expresión «choque de ignorancias» del título fue la alternativa del intelectual palestino Edward Saíd a aquel «choque de civilizaciones» de rampante éxito a finales del XX.

La respuesta a la pregunta del título es claramente negativa, no puede haber ignorancia entre Marruecos y España, no la hay entre los que toman decisiones, choque de extremistas sí puede existir, no de ignorantes. Aunque sí se puede estar produciendo otro tipo de carencia, el desconocimiento o incapacidad de leer el momento: la cooperación y la interdependencia destacan como lecciones obligadas del covid, no por altruismo, sino por interés interesado. Otra actitud responde simplemente a quien piensa que puede conseguir más en solitario que en asociación, legítimo, pero ¿acertado?

 

 

Por qué luchar sólo contra los delitos de odio no acabará con el racismo institucional y estructural

Youssef M. Ouled

El pasado 18 de marzo, un centenar de organizaciones lideradas por Rights International Spain y el Equipo del Decenio Afrodescendiente en España, tendimos la mano al Ministerio del Interior, ofreciendo el apoyo de la sociedad civil para abordar un problema real en nuestra sociedad: poner fin a la discriminación racial en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En la misiva se expone de manera justificada y objetiva la existencia del perfilamiento racial en España, si bien se trata de un problema global. En el texto se apela a un diálogo horizontal y constructivo con la administración, ante una práctica policial con graves consecuencias en las comunidades afectadas, en particular, y en toda la sociedad, en general.

Como hemos explicado en anteriores ocasiones, la perfilación racial es una práctica policial discriminatoria a través de la cual las FCSE controlan, paran e identifican a personas únicamente en razón de sus características raciales. La policía identifica a personas racializadas sin tener realmente evidencias, convirtiendo en sospechosos a inocentes. Se trata de una actuación con múltiples consecuencias físicas, psicológicas y sociales que, entre otras cosas, crea una división en la población al apoyarse en la necesidad de identificar a determinados grupos de personas para garantizar la seguridad de otras, puesto que esas personas controladas representan la inseguridad. Pero en realidad, lo que se consigue es romper la cohesión social al criminalizar a nuestros vecinos y vecinas, mientras se vulneran sus derechos y libertades individuales.

La respuesta de Interior rechaza un diálogo entre autoridades, policía y sociedad civil que es fundamental para inspirar y fomentar confianza y, además, nos recuerda al dicho: “¿Dónde vas? Manzanas traigo”. Por un lado, no se reconoce la existencia y el uso del perfilamiento racial por parte de la policía. Esta negación que resulta preocupante para quienes a diario son víctimas de esta práctica se ve contradicha por informes como «La apariencia no es motivo, identificaciones policiales por perfil étnico en Cataluña» elaborado por SOS Racisme Catalunya en 2019. El estudio reveló que por cada persona con nacionalidad española que se identifica, se para a 7,5 con nacionalidad marroquí. En este sentido, durante la pandemia de la COVID-19 el informe «Racismo y xenofobia durante el Estado de Alarma en España», elaborado desde RIS y el Equipo del Decenio Afrodescendiente para la ONU, mostró como el 70% de las personas interpeladas por la policía denunciaron haber sufrido identificaciones por perfil racial.

Si no se reconoce que hay un problema difícilmente se pueden abordar soluciones. Estas son solo algunas de las que se apuntan en la carta de la sociedad civil enviada a Interior: establecer mecanismos independientes de supervisión policial y denuncia; sistematizar el uso de formularios de identificación y garantizar que los agentes de policía puedan ser claramente identificados al realizar operaciones de parada y registro; o llevar a cabo estudios sobre las prácticas policiales a nivel nacional para obtener una visión general del uso de perfiles, recopilando datos desglosados y publicando los resultados para realizar el seguimiento pertinente.

No obstante, la respuesta del Ministerio pasa de puntillas sobre el racismo institucional en el que se enmarca esta práctica policial discriminatoria, sin hacer mención a su existencia y, por lo tanto, obviando la forma de hacerle frente. Mientras que sí se centran, desde Interior, en señalar los prejuicios de la sociedad al fundamentar su respuesta únicamente entorno al trabajo de las instituciones en contra de los delitos de odio.

Los delitos de odio son conductas violentas o actos criminales contra personas que se encuentran en un plano de desigualdad, expuestas a la discriminación por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Para hacer frente a esta violencia se creó en el Código Penal una figura que permite proteger a las personas y grupos históricamente perseguidos y discriminados, con el fin de preservar su integridad física y moral.

La lucha contra los delitos de odio, por sí sola, no permite corregir las prácticas discriminatorias generadas desde y por las propias instituciones, como es el caso del perfilamiento racial. Es más, la existencia de una práctica policial discriminatoria que crea una distinción entre quienes componen la diversidad de la población, refuerza la discriminación racial en la sociedad y es un abono para los prejuicios que subyacen los delitos de odio.

El perfilamiento racial y los delitos de odio están estrechamente interrelacionados; el perfilamiento racial alimenta los delitos de odio y las víctimas de delitos de odio tienen altas probabilidades de ser víctimas de perfilamiento racial. Pero, luchar contra los delitos de odio no permite erradicar el perfilamiento racial. Igual que luchar contra las consecuencias del machismo no erradica de manera definitiva las raíces estructurales que generan la desigualdad entre hombres y mujeres.

Con su respuesta, el Ministerio del Interior evidencia una falta de compromiso para erradicar el racismo y la discriminación más peligrosa de todas, la que emana de las propias instituciones que deberían protegernos. Es importante que el Estado persiga los delitos de odio, pero no se puede hacer de manera honesta y efectiva si no se ha reflexionado sobre el papel del propio Estado en su proliferación.

En estas circunstancias, ¿Cómo pueden las personas y grupos afectados denunciar o acudir a la justicia y confiar en que las instituciones abordarán de forma efectiva los delitos de odio cuando a diario son discriminadas por las propias instituciones? Si tampoco se fomenta un diálogo y acercamiento entre la población afectada e instituciones y la actitud de estas últimas exacerba el distanciamiento, sólo se contribuye a alimentar un caldo de cultivo para tensiones mayores.

Si desde las administraciones se quiere hablar de delitos de odio cuando se les interpela sobre qué están haciendo para poner fin al uso de perfil étnico-racial o en materia de brutalidad policial, deberían hacerlo únicamente cuando se tomen medidas efectivas para abordar la naturaleza estructural del problema. Está fuera de lugar tratar de dividir en pedazos un problema del que no se reconoce su existencia. Mientras no se dé ese reconocimiento, las respuestas de Interior a las propuestas de la sociedad seguirán siendo discursos vacíos que perpetúan las injusticias.

Expulsión y ciudadanía: inmigrantes 4 años fuera del sistema sanitario

María Dalli

Hoy se cumplen cuatro años desde que se aprobara la reforma de la normativa sanitaria que regula el derecho de acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Hace cuatro años, el 20 de abril de 2012, se aprobaba el Real Decreto-ley 16/2012, que posteriormente fue complementado por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto. Se puede hablar hoy, también, de que han pasado cuatro años desde que se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Utilizo el término ‘expulsión’ para describir la voluntad directa de excluir a este grupo de la población. Es el término que utiliza precisamente la recientemente nombrada Doctora Honoris Causa por la Universitat de València, Saskia Sassen, en su libro Expulsiones para referirse a las exclusiones que produce el actual orden económico y social de una forma que no es precisamente espontánea. Sigue leyendo

Una narración pendiente

Noelia Pena

La historia no comienza cuando algo sucede sino en el momento en el que empieza a ponerse por escrito. Las muestras más antiguas de escritura que conservamos proceden de la zona de Mesopotamia (donde se encuentra actualmente Irak) y pertenecen al conocido como período Uruk IV (entre 3400 y 3100 a.C.). Proceden también del oeste de Irán, de la Mesopotamia septentrional y de Siria. Se trata de un sistema de escritura grabada sobre bolas de arcilla que se aplastaban tomando la forma de tablilla y se horneaban para evitar posibles modificaciones posteriores. Funcionaba con unidades silábicas a las que correspondía un signo cuneiforme, donde los circulares hacían de numerales. Estaba relacionada con cuestiones administrativas y de contabilidad, necesarias para la economía interna y las relaciones comerciales; su uso se prolongó durante unos tres mil años y sirvió para escribir en unas cincuenta lenguas distintas. Sigue leyendo

La crisis de la igualdad

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Paco Solans

Perdidos en debates a veces estériles o irresolubles si no es desde una honestidad en el propio desarrollo del discurso que evite todo intento de manipulación –algo que se echa de menos de forma clamorosa– nos enfrentamos a falsas dicotomías. La que hoy está más en boga es la que enfrenta libertad y seguridad. En otro tiempo no muy lejano la “moda” era enfrentar libertad e igualdad. Ni que decir tiene que tanto los que presentaban la desigualdad como precio de la libertad como los contrarios, que argumentaban la necesidad de pagar con libertad un caro precio por la igualdad, mentían descaradamente. Ocurre que esas dialécticas se articulan en base a conceptos cuyo contenido no parece estar muy claro para nadie, como suele pasar con todos los símbolos y banderas, que es en lo que se convierte a estos conceptos. Y eso que como bandera, la libertad ha funcionado como ninguna otra en estos dos siglos y pico que, tras la Ilustración, han definido eso tan pomposo que los historiadores llaman la modernidad. Sigue leyendo

Inmigración: el Estado al margen de la ley

Fernando Flores

Se dice que la lucha contra las amenazas que ponen en peligro nuestra seguridad tienen como objetivo salvaguardar nuestro Estado de Derecho, nuestra cultura y la legalidad democrática. Sin embargo, por lo que se refiere al ámbito de la inmigración –los flujos migratorios irregulares son considerados una “amenaza”– lo que produce es precisamente lo contrario, la vulneración flagrante del Estado de Derecho y la violación sistemática de los derechos humanos.

Un nutrido grupo de profesores de Derecho presenta hoy el Informe “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley.

Se trata de un documento que desmiente de forma categórica los argumentos del gobierno de España que tratan de justificar la entrega a la policía marroquí de inmigrantes que ya están en territorio español, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido.

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La muerte en febrero de este año de 15 personas que trataban de llegar a nado a las costas de Ceuta puso la atención de los medios en la frontera y provocó que saliera a la luz el modus operandi de la Guardia civil, al tratar de resolver por la vía rápida la expulsión de inmigrantes que acaban de cruzar la frontera ilegalmente. Con el tiempo no sólo se ha comprobado que nos encontramos ante un protocolo habitual (ordenado por tanto desde el Ministerio del Interior), sino también que el Gobierno se empecina en su necesidad y legalidad.

El Informe demuestra que el Estado está actuando sistemáticamente al margen de la ley:

– Las expulsiones por vía de hecho, ajenas al procedimiento establecido, vulneran la legislación de extranjería y los derechos fundamentales de asistencia jurídica y de intérprete que protegen al extranjero.

– El concepto “operativo” de frontera defendido por el Ministerio (una hipotética frontera constituida por la línea formada por agentes de la Guardia Civil en una playa española o por la valla interior en las ciudades de Ceuta y Melilla en las zonas de doble valla ) es útil para la ejecución por la vía de hecho, pero inadmisible jurídicamente.

– Los extranjeros que hayan entrado clandestinamente por un puesto no habilitado no pueden ser devueltos, sino que deben ser sometidos al procedimiento de expulsión, con las garantías inherentes al mismo.

– Un acuerdo entre Estados no puede dar cobertura a actuaciones ilegales. Es decir, el Acuerdo hispano-marroquí de readmisión en ningún caso puede ser un título jurídico que permita excepcionar a las autoridades administrativas los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería, a saber, ni “expulsiones en caliente” ni devoluciones cuando procedan expulsiones.

– Las “expulsiones en caliente” son incompatibles con nuestro derecho interno, pero no solo. También resultan contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional de los derechos humanos. Dotarlas de cobertura legal, una intención reiterada por el Ministerio del Interior, es inviable.

– Por último, el Informe advierte que los agentes que ejecutan este tipo de expulsiones no están amparados por el principio de obediencia debida, y pueden incurrir en la comisión de delitos (coacciones, delito cometido por funcionario público contra los derechos fundamentales, obstaculización de asistencia de abogado al detenido o preso, prevaricación…).

En los últimos años el Estado español, como la Unión Europea, han desarrollado políticas de inmigración que se alejan del Estado de Derecho y se acercan al Estado de excepción. La crisis económica y criterios de seguridad han justificado este deterioro de uno de los grandes valores europeos, la protección indiscutible dentro de sus fronteras de los derechos fundamentales de las personas. El trato al otro, al diferente, siempre ha constituido una prueba definitiva de los valores que sostienen a una civilización y del sistema normativo en que cristaliza. El Informe que ahora se presenta nos muestra una civilización que pierde altura por momentos.

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Testigos del otro. El Método Villoro.

Javier de Lucas

Para Javier Baeza y todos los Javier Baeza

Como a muchos otros ciudadanos de este país, me avergüenza que haya transcurrido un mes desde la tragedia de El Tarajal, en la que murieron 15 personas, sin que nadie haya asumido la más mínima responsabilidad política por un suceso luctuoso que, si hubiera ocurrido en un accidente de tráfico o por una explosión fortuita de gas, por poner dos ejemplos conocidos, ya habría concitado el esfuerzo de los políticos profesionales por hacer saber en prime time su decidida voluntad de establecer responsabilidades y llegar a las últimas consecuencias. Aún más, como a muchos otros, me indigna la inmundicia que se arroja sobre quienes han/hemos pedido que se investiguen los hechos, porque con ello –aseguran- ponemos bajo sospecha nada menos que a la Benemérita. Precisamente por todo eso, me parece más necesario que nunca acudir al pensamiento intempestivo, tal y como lo ejerció Luis Villoro, el filósofo mexicano de origen español que nos acaba de dejar.

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Gobierno y Carta Social Europea: por las buenas o por las malas

Mª Belén Cardona Rubert y Carmen Salcedo Beltrán

En los últimos meses, nuestro Ejecutivo ha sido objeto de reprobación por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales, en relación a dos de sus reformas legislativas más controvertidas. Dichas reformas incumplen uno de los Tratados internacionales más importantes, la Carta Social Europea, considerada como la norma que incluye el catálogo más completo a nivel europeo de los derechos humanos de carácter social, cuyo texto, dicho sea de paso, está ratificado en su totalidad por España desde 1980, en su versión originaria.

La más reciente y mediática de dichas vulneraciones se refiere a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación administrativa irregular.

El pasado 29 de enero se hicieron públicas las Conclusiones elaboradas por el Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo adscrito al Consejo de Europa (formado por 47 países), que se encarga de verificar el cumplimiento de la Carta Social Europea, mediante el procedimiento de control de Informes.

En total se han dictado seis Conclusiones de no conformidad con las políticas legislativas del Estado Español -muy interesantes algunas de ellas en cuanto señalan las vulneraciones del derecho a la Seguridad Social, del derecho a la asistencia social y médica, del derecho a los beneficios de los servicios sociales y del derecho a la protección social-, y dos, en las que se le concede al Gobierno un aplazamiento para que facilite información complementaria para poder realizar la valoración correctamente, advirtiendo que, en el caso de no suministrarla, pasarán a ser calificadas también de no conformidad.

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¿Por qué yo, agente?

José Antonio García Saez

El pasado viernes 22 de noviembre se presentó el informe sobre Identificación policial y perfil étnico en España, elaborado por investigadores del Institut de Drets Humans de la Universitat de València y de la Universidad de Oxford. En el acto nos reunimos académicos, fiscales, policías y miembros de ONG para discutir sobre el asunto. ¿Por qué, como muestra el Informe, la policía para e identifica en la vía pública diez veces más a los gitanos que a los payos? ¿Por qué a los magrebíes siete veces más que a los blancos? ¿Por qué a los extranjeros tres veces más que a los nacionales? ¿Qué podemos hacer para que esta situación, que rompe el principio de igualdad, cambie?

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Un día antes de la celebración del seminario, la prensa daba a conocer que la policía acudía a las puertas del centro social de la ONG Valencia Acoge en busca de inmigrantes sin papeles, parando únicamente a las personas que respondían a determinadas características físicas. Y ello a pesar de que la propia Dirección General de Policía, a través de la Circular 2/2012, de 16 de mayo, prohibió los cupos de identificación o detención de extranjeros y las actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos. Tras múltiples denuncias de las organizaciones sociales, del Defensor del Pueblo y de distintos organismos internacionales (recuérdese la resolución del Comité de Derechos Humanos por el caso Williams Lecraft), dicha Circular puede ser claramente interpretada como el reconocimiento implícito por parte del Estado español de la práctica de identificaciones policiales basadas en el perfil étnico.

El problema planteado por Juvenal de quis custodiet ipsos custodes, quién vigila a los vigilantes, quién controla a los que controlan, es tan antiguo como la propia organización social. Somos libres porque somos siervos de la ley, porque nos sometemos por igual a unas mismas normas, nos dice la teoría política clásica desde Cicerón. En un Estado democrático de Derecho esa sumisión, sin embargo, no es una sumisión sin condiciones: por un lado los ciudadanos, a través del voto, participan idealmente en la elaboración de la ley a la que están sometidos; por otro lado, quien ejerce el poder lo hace también sometido a la ley. La esencia del Estado de Derecho consiste, precisamente, en que todo ejercicio del poder está siempre sometido al Derecho y (al menos en la versión del Estado constitucional) a los derechos. Nunca cabe, por lo tanto, un ejercicio absoluto del poder por ninguno de los órganos del Estado.

Aunque sometidos a la ley, los policías, como los jueces, o como cualquier funcionario, se ven obligados continuamente a tomar decisiones; y esas decisiones implican en no pocas ocasiones un inevitable margen de discrecionalidad. Hay que confiar en la policía —reclamaba un directivo de la Escuela Nacional de Policía durante el acto de presentación del informe—, porque es inevitable que el policía tome decisiones discrecionales en el ejercicio de su tarea de velar por la seguridad pública. En efecto, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 1/1992, otorga a los agentes de policía la potestad de requerir la identificación “siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad”. La ley no especifica mucho más para regular esta potestad.

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Ahora bien, es necesario recordar una idea nada novedosa: discrecionalidad no es arbitrariedad. Dentro del margen que le otorga la ley, un órgano estatal puede tomar una decisión u otra, pero lo importante es que esa decisión se encuentre suficiente y adecuadamente justificada. Un juez podrá condenar a quien ha cometido un homicidio a 10 años o a 14 años de prisión, y ambas decisiones serán aceptables en Derecho siempre que se aporten razones que las justifiquen, siempre que se encuentren motivadas. La motivación es el requisito que se le exige a toda sentencia para que pueda ser controlada por un órgano judicial superior ante un eventual recurso. Cualquier decisión que tome un poder, entonces, debe ser una decisión motivada, que se justifique, que aporte razones de por qué ha sido tomada. Y ello porque la motivación es un requisito para el control, y el control de las decisiones de la autoridad es un pilar de la democracia. Tan importante es dar cuenta hoy de las razones que sustentan las decisiones jurídicas que juristas como Manuel Atienza han llegado a caracterizar al Derecho como una actividad fundamentalmente argumentativa.

La decisión de un agente de policía de parar e identificar a una persona (y no a otra) por la calle no puede escapar a esta exigencia de justificación. La experiencia de ser sometido a un control policial, además de no ser agradable para nadie, supone una limitación de derechos fundamentales; en consecuencia, sería deseable que el agente que tomara la decisión deba realizar un mínimo esfuerzo justificativo ante la persona que identifica. Por ese motivo en otros países han comenzado a implementarse el uso de boletines para las paradas e identificaciones policiales. Cuando un policía decide identificar a una persona, debe cumplimentar un boletín, del que entrega copia a la persona identificada, en el que especifica las razones que le motivan a pararla y esas razones, obviamente, no pueden estar basadas en prejuicios relacionados con los rasgos étnicos de la persona.

En España, la experiencia de Fuenlabrada, implementada tras la participación en el proyecto europeo STEPSS (Strategies for Effective Police Stop and Search Project), es todo un ejemplo en este sentido. La utilización de boletines ha hecho que las identificaciones practicadas por la policía se reduzcan a la mitad y que, al mismo tiempo, la efectividad de las mismas aumente del 10 al 30%. Según nos explicó David Martín, segundo jefe de la Policía Local de Fuenlabrada, junto con una adecuada formación en la gestión policial de la diversidad, el uso de boletines obliga al agente de policía a pensar mucho mejor su decisión de parar a una persona, haciéndole dejar al margen los prejuicios raciales que pueda tener y fijarse mucho más en el comportamiento de las personas y en otros elementos objetivos que puedan ser indicativos de cualquier infracción.

Se llega así a la constancia de que la identificación policial por perfil étnico no solamente viola los derechos fundamentales de la persona que es identificada sin mayor razón, sino que además disminuye la efectividad policial y, con ella, la seguridad ciudadana. Es por ello que los expertos y las organizaciones por la defensa de los derechos humanos reclaman cada vez con más fuerza la introducción de boletines de identificación, entre otros mecanismos de control. Cualquiera que sea parado e identificado debe tener, como mínimo, el derecho a obtener respuesta a la pregunta de ¿por qué yo, agente? ¿por qué me identifica a mí, y no a otra persona? No se trata de entrar en la estéril discusión sobre la bondad o maldad de los policías, sino de conquistar mecanismos de fiscalización y control que sirven para garantizar derechos fundamentales. Y ello, en un momento en el que el poder amenaza con hacer justo lo contrario, es más necesario que nunca.

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Foto: Edu León & Olmo Calvo http://www.fronterasinvisibles.org

¡Birlibirloque! De sanidad universal a modelo de aseguramiento

Birlibirloque es una expresión que remite a la magia, pero también, sin permiso de la RAE, a la habilidad de “birlar” o robar sin que nadie se percate. Se acaba de cumplir un año de vigencia del Real Decreto 16/2012 que excluía de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, para ahorrar 7000 millones de euros en el gasto sanitario. El efecto inmediato es la salida de 873.000 personas del sistema de salud (cifra oficial de tarjetas retiradas). En su primer mes de aplicación, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana ya documentó una “punta del iceberg” de más 78 denuncias por desatención sanitaria. En junio de 2013, Médicos del Mundo presentó ante el Congreso más de 700 casos.

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Violentando la Constitución, que en su artículo 43 establece el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos las “medidas preventivas” y las “prestaciones y servicios necesarios”. Y entrando a saco en la Ley General de Sanidad, para excluir del sistema a una parte de la población. Desde el año 1986, año de la Ley que lleva la firma del ministro Ernest Lluch, existe en España un derecho universal a la sanidad: por el mero hecho de ser persona, de residir o transitar por el territorio nacional, se tiene acceso a la atención sanitaria. Un avance civilizatorio reconocido en todo el mundo. Pero hete aquí que, ¡Birlibirloque!, en un año se ha sustituido el concepto de derecho a la salud por el de “asegurado”. Los asegurados son trabajadores, pensionistas, parados con subsidio y demandantes de empleo. Sus familiares directos (hasta los 26 años), extranjeros comunitarios y los no comunitarios que tengan permiso de residencia, se consideran beneficiarios. Inmigrantes ilegales y mayores de 26 no cotizantes, quedan fuera. O estás en el sistema público o te buscas un seguro a quien se le pueda facturar, de lo contrario estás fuera. Lo que veíamos en las películas yanquis, lo tenemos ya ante nosotros, justo ahora que los norteamericanos empiezan a descubrir el derecho universal a la sanidad. Unos van y otros volvemos.

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La estadística del empeoramiento de la salud del colectivo excluido no es aún muy conocida, pero va aflorando un goteo de casos: Mª Concepción (Honduras) a la que dieron un alta muy dudosa cuando se evidenció que carecía de papeles. Fátima (Marruecos) cuyo tumor hepático no será analizado, si no puede pagarlo. Mamadou (Senegal) murió de un cáncer de próstata e intestino mientras era atendido por Médicos del Mundo, ya que no podía sufragar su tratamiento. Alfa Pam (Senegal) que murió de tuberculosis  tras negarle asistencia un Hospital de Baleares. Y tantos otros casos cuyo nombre y circunstancias no han llegado a la prensa. Para no asumir el coste de imagen pública de sus decisiones, el gobierno intenta cargar estos casos sobre las espaldas de los profesionales, con acusaciones de negligencia o errores médicos. Una estrategia que resulta consonante con el ataque de la caverna mediática a los supuestos privilegios de los funcionarios, que se viene utilizando para legitimar el recorte de derechos impuesto por la reforma laboral.

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