Expulsión y ciudadanía: inmigrantes 4 años fuera del sistema sanitario

María Dalli

Hoy se cumplen cuatro años desde que se aprobara la reforma de la normativa sanitaria que regula el derecho de acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Hace cuatro años, el 20 de abril de 2012, se aprobaba el Real Decreto-ley 16/2012, que posteriormente fue complementado por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto. Se puede hablar hoy, también, de que han pasado cuatro años desde que se expulsó a los inmigrantes en situación irregular del sistema sanitario. Utilizo el término ‘expulsión’ para describir la voluntad directa de excluir a este grupo de la población. Es el término que utiliza precisamente la recientemente nombrada Doctora Honoris Causa por la Universitat de València, Saskia Sassen, en su libro Expulsiones para referirse a las exclusiones que produce el actual orden económico y social de una forma que no es precisamente espontánea. Sigue leyendo

Una narración pendiente

Noelia Pena

La historia no comienza cuando algo sucede sino en el momento en el que empieza a ponerse por escrito. Las muestras más antiguas de escritura que conservamos proceden de la zona de Mesopotamia (donde se encuentra actualmente Irak) y pertenecen al conocido como período Uruk IV (entre 3400 y 3100 a.C.). Proceden también del oeste de Irán, de la Mesopotamia septentrional y de Siria. Se trata de un sistema de escritura grabada sobre bolas de arcilla que se aplastaban tomando la forma de tablilla y se horneaban para evitar posibles modificaciones posteriores. Funcionaba con unidades silábicas a las que correspondía un signo cuneiforme, donde los circulares hacían de numerales. Estaba relacionada con cuestiones administrativas y de contabilidad, necesarias para la economía interna y las relaciones comerciales; su uso se prolongó durante unos tres mil años y sirvió para escribir en unas cincuenta lenguas distintas. Sigue leyendo

La crisis de la igualdad

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Paco Solans

Perdidos en debates a veces estériles o irresolubles si no es desde una honestidad en el propio desarrollo del discurso que evite todo intento de manipulación –algo que se echa de menos de forma clamorosa– nos enfrentamos a falsas dicotomías. La que hoy está más en boga es la que enfrenta libertad y seguridad. En otro tiempo no muy lejano la “moda” era enfrentar libertad e igualdad. Ni que decir tiene que tanto los que presentaban la desigualdad como precio de la libertad como los contrarios, que argumentaban la necesidad de pagar con libertad un caro precio por la igualdad, mentían descaradamente. Ocurre que esas dialécticas se articulan en base a conceptos cuyo contenido no parece estar muy claro para nadie, como suele pasar con todos los símbolos y banderas, que es en lo que se convierte a estos conceptos. Y eso que como bandera, la libertad ha funcionado como ninguna otra en estos dos siglos y pico que, tras la Ilustración, han definido eso tan pomposo que los historiadores llaman la modernidad. Sigue leyendo

Inmigración: el Estado al margen de la ley

Fernando Flores

Se dice que la lucha contra las amenazas que ponen en peligro nuestra seguridad tienen como objetivo salvaguardar nuestro Estado de Derecho, nuestra cultura y la legalidad democrática. Sin embargo, por lo que se refiere al ámbito de la inmigración –los flujos migratorios irregulares son considerados una “amenaza”– lo que produce es precisamente lo contrario, la vulneración flagrante del Estado de Derecho y la violación sistemática de los derechos humanos.

Un nutrido grupo de profesores de Derecho presenta hoy el Informe “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley.

Se trata de un documento que desmiente de forma categórica los argumentos del gobierno de España que tratan de justificar la entrega a la policía marroquí de inmigrantes que ya están en territorio español, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido.

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La muerte en febrero de este año de 15 personas que trataban de llegar a nado a las costas de Ceuta puso la atención de los medios en la frontera y provocó que saliera a la luz el modus operandi de la Guardia civil, al tratar de resolver por la vía rápida la expulsión de inmigrantes que acaban de cruzar la frontera ilegalmente. Con el tiempo no sólo se ha comprobado que nos encontramos ante un protocolo habitual (ordenado por tanto desde el Ministerio del Interior), sino también que el Gobierno se empecina en su necesidad y legalidad.

El Informe demuestra que el Estado está actuando sistemáticamente al margen de la ley:

– Las expulsiones por vía de hecho, ajenas al procedimiento establecido, vulneran la legislación de extranjería y los derechos fundamentales de asistencia jurídica y de intérprete que protegen al extranjero.

– El concepto “operativo” de frontera defendido por el Ministerio (una hipotética frontera constituida por la línea formada por agentes de la Guardia Civil en una playa española o por la valla interior en las ciudades de Ceuta y Melilla en las zonas de doble valla ) es útil para la ejecución por la vía de hecho, pero inadmisible jurídicamente.

– Los extranjeros que hayan entrado clandestinamente por un puesto no habilitado no pueden ser devueltos, sino que deben ser sometidos al procedimiento de expulsión, con las garantías inherentes al mismo.

– Un acuerdo entre Estados no puede dar cobertura a actuaciones ilegales. Es decir, el Acuerdo hispano-marroquí de readmisión en ningún caso puede ser un título jurídico que permita excepcionar a las autoridades administrativas los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería, a saber, ni “expulsiones en caliente” ni devoluciones cuando procedan expulsiones.

– Las “expulsiones en caliente” son incompatibles con nuestro derecho interno, pero no solo. También resultan contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional de los derechos humanos. Dotarlas de cobertura legal, una intención reiterada por el Ministerio del Interior, es inviable.

– Por último, el Informe advierte que los agentes que ejecutan este tipo de expulsiones no están amparados por el principio de obediencia debida, y pueden incurrir en la comisión de delitos (coacciones, delito cometido por funcionario público contra los derechos fundamentales, obstaculización de asistencia de abogado al detenido o preso, prevaricación…).

En los últimos años el Estado español, como la Unión Europea, han desarrollado políticas de inmigración que se alejan del Estado de Derecho y se acercan al Estado de excepción. La crisis económica y criterios de seguridad han justificado este deterioro de uno de los grandes valores europeos, la protección indiscutible dentro de sus fronteras de los derechos fundamentales de las personas. El trato al otro, al diferente, siempre ha constituido una prueba definitiva de los valores que sostienen a una civilización y del sistema normativo en que cristaliza. El Informe que ahora se presenta nos muestra una civilización que pierde altura por momentos.

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Testigos del otro. El Método Villoro.

Javier de Lucas

Para Javier Baeza y todos los Javier Baeza

Como a muchos otros ciudadanos de este país, me avergüenza que haya transcurrido un mes desde la tragedia de El Tarajal, en la que murieron 15 personas, sin que nadie haya asumido la más mínima responsabilidad política por un suceso luctuoso que, si hubiera ocurrido en un accidente de tráfico o por una explosión fortuita de gas, por poner dos ejemplos conocidos, ya habría concitado el esfuerzo de los políticos profesionales por hacer saber en prime time su decidida voluntad de establecer responsabilidades y llegar a las últimas consecuencias. Aún más, como a muchos otros, me indigna la inmundicia que se arroja sobre quienes han/hemos pedido que se investiguen los hechos, porque con ello –aseguran- ponemos bajo sospecha nada menos que a la Benemérita. Precisamente por todo eso, me parece más necesario que nunca acudir al pensamiento intempestivo, tal y como lo ejerció Luis Villoro, el filósofo mexicano de origen español que nos acaba de dejar.

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Gobierno y Carta Social Europea: por las buenas o por las malas

Mª Belén Cardona Rubert y Carmen Salcedo Beltrán

En los últimos meses, nuestro Ejecutivo ha sido objeto de reprobación por parte del Comité Europeo de Derechos Sociales, en relación a dos de sus reformas legislativas más controvertidas. Dichas reformas incumplen uno de los Tratados internacionales más importantes, la Carta Social Europea, considerada como la norma que incluye el catálogo más completo a nivel europeo de los derechos humanos de carácter social, cuyo texto, dicho sea de paso, está ratificado en su totalidad por España desde 1980, en su versión originaria.

La más reciente y mediática de dichas vulneraciones se refiere a la asistencia sanitaria de los extranjeros en situación administrativa irregular.

El pasado 29 de enero se hicieron públicas las Conclusiones elaboradas por el Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo adscrito al Consejo de Europa (formado por 47 países), que se encarga de verificar el cumplimiento de la Carta Social Europea, mediante el procedimiento de control de Informes.

En total se han dictado seis Conclusiones de no conformidad con las políticas legislativas del Estado Español -muy interesantes algunas de ellas en cuanto señalan las vulneraciones del derecho a la Seguridad Social, del derecho a la asistencia social y médica, del derecho a los beneficios de los servicios sociales y del derecho a la protección social-, y dos, en las que se le concede al Gobierno un aplazamiento para que facilite información complementaria para poder realizar la valoración correctamente, advirtiendo que, en el caso de no suministrarla, pasarán a ser calificadas también de no conformidad.

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¿Por qué yo, agente?

José Antonio García Saez

El pasado viernes 22 de noviembre se presentó el informe sobre Identificación policial y perfil étnico en España, elaborado por investigadores del Institut de Drets Humans de la Universitat de València y de la Universidad de Oxford. En el acto nos reunimos académicos, fiscales, policías y miembros de ONG para discutir sobre el asunto. ¿Por qué, como muestra el Informe, la policía para e identifica en la vía pública diez veces más a los gitanos que a los payos? ¿Por qué a los magrebíes siete veces más que a los blancos? ¿Por qué a los extranjeros tres veces más que a los nacionales? ¿Qué podemos hacer para que esta situación, que rompe el principio de igualdad, cambie?

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Un día antes de la celebración del seminario, la prensa daba a conocer que la policía acudía a las puertas del centro social de la ONG Valencia Acoge en busca de inmigrantes sin papeles, parando únicamente a las personas que respondían a determinadas características físicas. Y ello a pesar de que la propia Dirección General de Policía, a través de la Circular 2/2012, de 16 de mayo, prohibió los cupos de identificación o detención de extranjeros y las actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos. Tras múltiples denuncias de las organizaciones sociales, del Defensor del Pueblo y de distintos organismos internacionales (recuérdese la resolución del Comité de Derechos Humanos por el caso Williams Lecraft), dicha Circular puede ser claramente interpretada como el reconocimiento implícito por parte del Estado español de la práctica de identificaciones policiales basadas en el perfil étnico.

El problema planteado por Juvenal de quis custodiet ipsos custodes, quién vigila a los vigilantes, quién controla a los que controlan, es tan antiguo como la propia organización social. Somos libres porque somos siervos de la ley, porque nos sometemos por igual a unas mismas normas, nos dice la teoría política clásica desde Cicerón. En un Estado democrático de Derecho esa sumisión, sin embargo, no es una sumisión sin condiciones: por un lado los ciudadanos, a través del voto, participan idealmente en la elaboración de la ley a la que están sometidos; por otro lado, quien ejerce el poder lo hace también sometido a la ley. La esencia del Estado de Derecho consiste, precisamente, en que todo ejercicio del poder está siempre sometido al Derecho y (al menos en la versión del Estado constitucional) a los derechos. Nunca cabe, por lo tanto, un ejercicio absoluto del poder por ninguno de los órganos del Estado.

Aunque sometidos a la ley, los policías, como los jueces, o como cualquier funcionario, se ven obligados continuamente a tomar decisiones; y esas decisiones implican en no pocas ocasiones un inevitable margen de discrecionalidad. Hay que confiar en la policía —reclamaba un directivo de la Escuela Nacional de Policía durante el acto de presentación del informe—, porque es inevitable que el policía tome decisiones discrecionales en el ejercicio de su tarea de velar por la seguridad pública. En efecto, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 1/1992, otorga a los agentes de policía la potestad de requerir la identificación “siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad”. La ley no especifica mucho más para regular esta potestad.

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Ahora bien, es necesario recordar una idea nada novedosa: discrecionalidad no es arbitrariedad. Dentro del margen que le otorga la ley, un órgano estatal puede tomar una decisión u otra, pero lo importante es que esa decisión se encuentre suficiente y adecuadamente justificada. Un juez podrá condenar a quien ha cometido un homicidio a 10 años o a 14 años de prisión, y ambas decisiones serán aceptables en Derecho siempre que se aporten razones que las justifiquen, siempre que se encuentren motivadas. La motivación es el requisito que se le exige a toda sentencia para que pueda ser controlada por un órgano judicial superior ante un eventual recurso. Cualquier decisión que tome un poder, entonces, debe ser una decisión motivada, que se justifique, que aporte razones de por qué ha sido tomada. Y ello porque la motivación es un requisito para el control, y el control de las decisiones de la autoridad es un pilar de la democracia. Tan importante es dar cuenta hoy de las razones que sustentan las decisiones jurídicas que juristas como Manuel Atienza han llegado a caracterizar al Derecho como una actividad fundamentalmente argumentativa.

La decisión de un agente de policía de parar e identificar a una persona (y no a otra) por la calle no puede escapar a esta exigencia de justificación. La experiencia de ser sometido a un control policial, además de no ser agradable para nadie, supone una limitación de derechos fundamentales; en consecuencia, sería deseable que el agente que tomara la decisión deba realizar un mínimo esfuerzo justificativo ante la persona que identifica. Por ese motivo en otros países han comenzado a implementarse el uso de boletines para las paradas e identificaciones policiales. Cuando un policía decide identificar a una persona, debe cumplimentar un boletín, del que entrega copia a la persona identificada, en el que especifica las razones que le motivan a pararla y esas razones, obviamente, no pueden estar basadas en prejuicios relacionados con los rasgos étnicos de la persona.

En España, la experiencia de Fuenlabrada, implementada tras la participación en el proyecto europeo STEPSS (Strategies for Effective Police Stop and Search Project), es todo un ejemplo en este sentido. La utilización de boletines ha hecho que las identificaciones practicadas por la policía se reduzcan a la mitad y que, al mismo tiempo, la efectividad de las mismas aumente del 10 al 30%. Según nos explicó David Martín, segundo jefe de la Policía Local de Fuenlabrada, junto con una adecuada formación en la gestión policial de la diversidad, el uso de boletines obliga al agente de policía a pensar mucho mejor su decisión de parar a una persona, haciéndole dejar al margen los prejuicios raciales que pueda tener y fijarse mucho más en el comportamiento de las personas y en otros elementos objetivos que puedan ser indicativos de cualquier infracción.

Se llega así a la constancia de que la identificación policial por perfil étnico no solamente viola los derechos fundamentales de la persona que es identificada sin mayor razón, sino que además disminuye la efectividad policial y, con ella, la seguridad ciudadana. Es por ello que los expertos y las organizaciones por la defensa de los derechos humanos reclaman cada vez con más fuerza la introducción de boletines de identificación, entre otros mecanismos de control. Cualquiera que sea parado e identificado debe tener, como mínimo, el derecho a obtener respuesta a la pregunta de ¿por qué yo, agente? ¿por qué me identifica a mí, y no a otra persona? No se trata de entrar en la estéril discusión sobre la bondad o maldad de los policías, sino de conquistar mecanismos de fiscalización y control que sirven para garantizar derechos fundamentales. Y ello, en un momento en el que el poder amenaza con hacer justo lo contrario, es más necesario que nunca.

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Foto: Edu León & Olmo Calvo http://www.fronterasinvisibles.org

¡Birlibirloque! De sanidad universal a modelo de aseguramiento

Birlibirloque es una expresión que remite a la magia, pero también, sin permiso de la RAE, a la habilidad de “birlar” o robar sin que nadie se percate. Se acaba de cumplir un año de vigencia del Real Decreto 16/2012 que excluía de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, para ahorrar 7000 millones de euros en el gasto sanitario. El efecto inmediato es la salida de 873.000 personas del sistema de salud (cifra oficial de tarjetas retiradas). En su primer mes de aplicación, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana ya documentó una “punta del iceberg” de más 78 denuncias por desatención sanitaria. En junio de 2013, Médicos del Mundo presentó ante el Congreso más de 700 casos.

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Violentando la Constitución, que en su artículo 43 establece el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos las “medidas preventivas” y las “prestaciones y servicios necesarios”. Y entrando a saco en la Ley General de Sanidad, para excluir del sistema a una parte de la población. Desde el año 1986, año de la Ley que lleva la firma del ministro Ernest Lluch, existe en España un derecho universal a la sanidad: por el mero hecho de ser persona, de residir o transitar por el territorio nacional, se tiene acceso a la atención sanitaria. Un avance civilizatorio reconocido en todo el mundo. Pero hete aquí que, ¡Birlibirloque!, en un año se ha sustituido el concepto de derecho a la salud por el de “asegurado”. Los asegurados son trabajadores, pensionistas, parados con subsidio y demandantes de empleo. Sus familiares directos (hasta los 26 años), extranjeros comunitarios y los no comunitarios que tengan permiso de residencia, se consideran beneficiarios. Inmigrantes ilegales y mayores de 26 no cotizantes, quedan fuera. O estás en el sistema público o te buscas un seguro a quien se le pueda facturar, de lo contrario estás fuera. Lo que veíamos en las películas yanquis, lo tenemos ya ante nosotros, justo ahora que los norteamericanos empiezan a descubrir el derecho universal a la sanidad. Unos van y otros volvemos.

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La estadística del empeoramiento de la salud del colectivo excluido no es aún muy conocida, pero va aflorando un goteo de casos: Mª Concepción (Honduras) a la que dieron un alta muy dudosa cuando se evidenció que carecía de papeles. Fátima (Marruecos) cuyo tumor hepático no será analizado, si no puede pagarlo. Mamadou (Senegal) murió de un cáncer de próstata e intestino mientras era atendido por Médicos del Mundo, ya que no podía sufragar su tratamiento. Alfa Pam (Senegal) que murió de tuberculosis  tras negarle asistencia un Hospital de Baleares. Y tantos otros casos cuyo nombre y circunstancias no han llegado a la prensa. Para no asumir el coste de imagen pública de sus decisiones, el gobierno intenta cargar estos casos sobre las espaldas de los profesionales, con acusaciones de negligencia o errores médicos. Una estrategia que resulta consonante con el ataque de la caverna mediática a los supuestos privilegios de los funcionarios, que se viene utilizando para legitimar el recorte de derechos impuesto por la reforma laboral.

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Tetek (I): La zona gris

José Miguel Sánchez

Se abre la puerta del Centro de Internamiento de Extranjero (CIE). Un subsahariano, alto y delgado, la franquea. Es la tercera vez que repite este ritual. Siempre la misma canción. Es detenido cerca de la sede de la asociación de los sin papeles. Quizá en el entorno de ese centro cívico okupado. Ahí recibe el consejo jurídico de los compañeros voluntarios o las clases de español para posibilitar su integración. Algo de lo que cualquier estamento público hace mucho que se ha desentendido. En una ocasión, incluso, cuando esperaba en la cola del comedor comunitario de Caritas. Está en situación irregular en España.

No me detengo a contarles su experiencia migratoria. Algún día lo haré. Tiene verdadero pánico a que se conozca la verdad por la que salió del Camerún. Pobre Tetek. Después de lo que le hemos hecho sufrir en este país. Piensa que ni le entenderíamos. No cambiaría ni el peor de los tratos recibidos en España por lo que le esperaría si retorna. Le admiro. Te mira a los ojos. Sabe que conozco su historia. Me repite: “si llegaras sólo a sospechar lo que sufrió ella en nuestro viaje hasta el norte de Marruecos”. Siempre para ahí. Se le inunda la mirada y se le caen unas lágrimas. Sólo lo he visto llorar en las ocasiones en que intenta hablar de “ella”. No sé quien es “ella”. Intuyo que ya no puedo hacer nada. Nunca insisto. Su recuerdo es lo que le ha dado fuerzas para continuar contra toda adversidad.

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Llegó hace ocho años a España. Era menor de edad. Eso fue otra desgracia para él. Recuérdenme que también se lo cuente. Tetek ha puesto a prueba mis más sesudos conocimientos del derecho. Años de estudios jurídicos, de doctorado, de práctica profesional, de imbuirme de la normativa sobre inmigración en España. De poco sirvieron cuando hubo que enfrentarlos a la reacción del Estado español. ¡Joder que crueldad! Nunca vi tanto ensañamiento. Ingeniería jurídica estatal en toda su pureza. Se le aplicaban interpretaciones normativas imposibles con una naturalidad que sonrojaría a los juristas más ineptos. Todos los estamentos estaban alineados. Su objetivo: no dejar ni un solo resquicio de trato humanitario. Eran tiempos de Gobierno del señor Zapatero. El Ministro del Interior era el señor Rubalcaba y su Secretario de Estado para la Seguridad el señor Camacho. No esperaba que se pusieran a la cabeza de la defensa de los derechos de los migrantes. Sobre lo que hicieron o permitieron hacer a las fuerzas policiales, prefiero no recordarlo ahora. Pecados de acción y/u omisión que nunca les perdonaré. Nada quiero decir. Qué impotencia.

Tetek está saliendo del CIE. Pampa es el único que le espera. Ninguno de sus compañeros se hubiera atrevido a acercarse tanto a la sede de la Brigada Provincial de Documentación y Fronteras de Madrid. Todos están en situación irregular. Pampa es harina de otro costal. Compañero, compañero del alma, compañero. Ya tiene la nacionalidad española. Para él era más fácil. Es argentino. Un superviviente. De esos que en la patera se hubieran tirado al agua sin pestañear a socorrer a un compañero. Se hubiera ahogado. El mar lo escupiría vivo. Es de esos compañeros que necesita toda persona que ya ha perdido la fe en el ser humano. Al menos, a mi me la hizo recuperar. No es mi amigo en el sentido fuerte. No dudaría en poner mi vida en sus manos. Gracias compañero, compañero del alma, compañero.

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Tetek está en la calle por tercera vez. Es la tercera vez que el Estado español se ha visto en la imposibilidad jurídica de expulsarlo a su país de origen. Otra vez. Se ha renunciado a ejecutar una decisión firme de retorno. ¿Cuál es la situación jurídica en que queda Tetek? No se lo van a creer. Bueno, sí, sí lo van a creer. Ya son muchos los años de contacto con la Administración española, de todo signo, para saber que aquí nunca se resuelve nada. Efectivamente. Tetek queda en la calle en la misma situación jurídica en la que entró. La situación de estancia irregular en España le llevó al CIE para ejecutar una expulsión, sustitutiva de una sanción de multa de trecientos euros. Pasó sesenta días dentro del CIE para que el Estado pudiera hacer efectiva esa sanción de expulsión. El retorno no se vio impedido por Tetek. Se limitó a esperar en el CIE. El Estado fue el único responsable de la inejecución. Salió de su internamiento en la misma condición de irregularidad migratoria. Imagínense: nos condenan a unos años de prisión para purgar la comisión de un delito. Tras salir de la cárcel ahí sigue la deuda con la sociedad, esperándonos en la puerta del centro penitenciario. Peor aún. Comete una infracción de tráfico. Después de pagar sus cien euros de sanción, eternamente llega un requerimiento para que siga pagando esos cien euros. Ni Sísifo, con la necesidad eterna de empujar la piedra por la ladera, fue sometido a tal agravio sin fin.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEx), con sus sucesivas reformas, no ha establecido ninguna previsión al respecto sobre la situación de Tetek y los otros muchos Tetek anónimos. Tampoco el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la LOEx lo ha previsto. En su Título quinto (arts. 123 a 146) se regula la residencia por circunstancias excepcionales. Entre esas circunstancias no se hace mención alguna a los supuestos de los inmigrantes extracomunitarios con estancia irregular en España que hayan abonado la sanción de multa o los que, tras la imposición de una sanción de expulsión, haya prescrito o su ejecución haya sido renunciada por la Administración por imposibilidad jurídica o material de hacerla efectiva.

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Esta omisión normativa consagra una “zona gris”. Es una situación de silencio. Es la penumbra de la existencia de inmigrantes en situación de estancia irregular que el Estado no puede expulsar. Tampoco les quiere otorgar un permiso de residencia y trabajo. Son personas sometidas a un régimen de alegalidad migratoria. La omisión no ha sido involuntaria. Diversos informes fueron presentados durante la tramitación del Reglamento de la LOEx. Ni caso. Esta “zona gris” viene siendo asumida en España con normalidad como una consecuencia de la imposibilidad de ejecución de la legislación de extranjería.

El Derecho de la Unión Europea es tajante al respecto. No caben estas “zonas grises” en las legislaciones nacionales. A los inmigrantes extracomunitarios a los que se les impone una sanción de expulsión: o se los expulsa o se los regulariza. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en su Sentencia de 22 de octubre de 2009 (asuntos acumulados C-261 y C-348/08, María Julia Zurita García contra la Delegación del Gobierno en Murcia y Aurelio Choque Cabrera contra Delegación del Gobierno en Murcia) que ni el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen ni el entonces vigente Reglamento (CE) núm. 562/2006, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece el Código de Fronteras Schengen, “debe interpretarse en el sentido de que, cuando un nacional de un tercer país se encuentra en situación irregular en el territorio de un Estado miembro porque no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos relativos a la duración de la estancia aplicables en él, dicho Estado miembro no está obligado a adoptar contra él una resolución de expulsión”. Las dudas expresadas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia fueron categóricamente respondidas. La normativa europea no exigía a los Estados miembros la sanción de expulsión frente a cualquier situación de irregularidad migratoria en su territorio. Declaraba que la normativa española, que ha optado por sancionar con pena de multa la infracción administrativa de estancia irregular en España, es plenamente compatible con la normativa de la Unión Europea.

El art. 57.1 LOEx establece que “podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español (…)”. Es preciso analizar, por tanto, en los casos en que se pague la sanción de multa o ésta se sustituya por una decisión de expulsión, cuál es la previsión de la Unión Europea con quienes ya ha pagado la multa o aquellos en que la decisión de expulsión no pudiera ser ejecutada. La Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular regula en su artículo 6 la decisión de retorno. Su apartado primero habilita la adopción de estas decisiones de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio. El apartado cuarto también hace especial incidencia en que “los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo (…)”.

Una apresurada lectura hace pensar que ambas regulaciones están desconectadas. Están recogidas en el mismo artículo correspondiente a la decisión de retorno. Ello impone una interpretación sistemática. La conclusión es que el Estado miembro, ante la situación de irregularidad en su territorio de un nacional de un tercer país, debe optar entre proceder a su expulsión o proceder a su regularización. Esta interpretación es la normalmente asumida por la Comisión Europea. El 18 de marzo de 2010, el Eurodiputado don Ramón Tremosa i Balcells dirigió a la Comisión Europea una pregunta escrita prioritaria [P7_QP(2010)1687] sobre la “Inscripción en el padrón municipal de los ciudadanos extracomunitarios y la Directiva 2008/115/CEE”. Interrogó sobre la conformidad a la normativa comunitaria de la actitud de las administraciones locales de no comprobar la situación de legalidad o ilegalidad de la residencia de los nacionales extracomunitarios a los que proceda a inscribir en los padrones municipales. La pregunta fue respondida por la Comisaria europea de Interior, doña Cecilia Malmström, el 7 de abril de 2010.

UN 10 % DE VALENCIANOS ABOGA POR EXPULSAR A TODOS LOS INMIGRANTES IRREGULARES

Su respuesta tuvo un importante eco en los medios de comunicación españoles. Los responsables políticos y los medios de comunicación hicieron especial incidencia en la primera parte de la respuesta. Se señalaba la posibilidad prevista en el art. 6.1 de la Directiva 2008/115/CE de “(…) expedir una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio”. La respuesta de la Comisaria contenía una segunda parte. Expresamente mencionaba que “[i]nmediatamente después, en el artículo 6, apartado 4, de esa Directiva, se aclara que los Estados miembros pueden, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo. En este caso no se expedirá ninguna decisión de retorno o, de haberse expedido ya, se retirará”. Esta parte de la respuesta evidenciaba que la posición de la Comisión europea, en apreciación del derecho comunitario todavía vigente, es que sólo quedan dos opciones: se ejecuta la decisión de retorno o se regulariza.

La respuesta de la comisaria Malmström es inequívoca al respecto. Incide en que la imposición de esta alternativa en el derecho comunitario era conscientemente buscada. Concluye que “(…) fue propuesta por la Comisión y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo con el fin de reducir las «zonas grises», evitar la explotación de las personas en situación irregular y mejorar la seguridad jurídica de todas las partes implicadas”. Además, la respuesta, lejos de ser una apreciación abstracta, contiene una apelación directa a las autoridades españolas, al señalar su falta de libertad para optar por cualquier otra alternativa que no sea la de ejecutar la expulsión o “(…) poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio”.

La respuesta finalizaba con un recordatorio de la mayor importancia. “Los Estados miembros han de incorporar la Directiva 2008/115/CE a sus legislaciones nacionales antes del 24 de diciembre de 2010. La Comisión no está en situación de tomar medidas formales con respecto al cumplimiento de esa Directiva antes de tal fecha, pero incita a todos los Estados miembros, incluida España, a velar por el cumplimiento de las normas fijadas en la Directiva tan pronto como sea posible”. Muy atrás ha quedado la fecha del 24 de diciembre de 2010. Ninguna regulación ha desarrollado el Estado español sobre el particular. Poca voluntad política tuvo el Gobierno del señor Zapatero. Menos la tiene el del señor Rajoy. Ocupado está en otros menesteres. La Comisión de la Unión Europea esta llamada a informar antes de finales del año dos mil trece sobre el cumplimiento en la transposición y aplicación de esta Directiva.

No espero mucho. Tetek espera menos. Creo que este año ha conseguido nuevamente hacer la campaña de la fruta en Girona. No tiene permiso de trabajo. No tiene permiso de residencia. A su patrono poco le importa. Bueno. Sí le importa. Prefiere esta mano de obra. Son buena gente. Buenos trabajadores. Con ellos no hay problemas. El Estado lo sabe. Calla. Consiente.

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