¿La libertad de expresión en manos de un algoritmo?

Ana Valero

El pasado 26 de diciembre podíamos leer en prensa que el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaba a las redes sociales y distribuidores de contenidos una acción más contundente contra el aluvión de noticias falsas que inunda Internet. Dos días antes, el 22 de diciembre, algunos diarios españoles se hacían eco de la noticia de que Facebook había comunicado a las administradoras de la web feminista “Locas del coño” que ésta quedaba clausurada por no cumplir sus normas comunitarias entre las que se encuentra no utilizar lenguaje que incite al odio.

Esta situación no es nueva, y trae causa de la firma a finales de mayo de un Código de conducta propuesto por la Comisión Europea por el que las empresas de Internet se comprometieron públicamente a evitar la proliferación de mensajes que fomentaran el odio, el racismo y la xenofobia a través de la Red.

En cumplimiento de dicho Código, Facebook, Microsoft, Twitter y Google, han procedido a borrar 163 contenidos denunciados por las 12 ONG de nueve diferentes Estados miembros que han participado en una primera evaluación de las publicaciones desde octubre a noviembre de 2016. La siguiente tendrá lugar en 2017. Sin embargo, a ojos de la Comisión, el resultado es decepcionante e insuficiente. Sigue leyendo

¿Nos vigila el Gran Hermano? Queremos saberlo

Rosario Serra Cristóbal

La idea de un Gran Hermano que nos vigila ya no es una ficción de Orwell. Las revelaciones de Snowden y la información que poco a poco ha ido filtrando la prensa sobre espionaje masivo de millones de ciudadanos hace que muchos se sientan como si fueran protagonistas de la novela de aquel autor, 1984.

1984-movie-bb_a1

Es cierto que desde tiempos inmemoriales los Estados han procurado recabar información, dentro del propio ámbito territorial y fuera de él, para analizarla y utilizarla en la defensa o protección de los intereses nacionales de cualquier naturaleza. Y esto se ha realizado bajo el manto del principio del secreto, exento a todo conocimiento público y con escaso o nulo control judicial. Ya en uno de los escritos más antiguos que existen sobre estrategia en momentos de confrontación –El arte de la guerra, de Sun Tzu, que data del siglo V a.C.-, se aleccionaba sobre lo esencial que es el espionaje para conocer la situación del contrincante y sacar ventaja de ello en el enfrentamiento, recordando al mismo tiempo que “no hay  asunto más secreto que el espionaje”.

Pero el espionaje de nuestros días se aleja de ese que tantas películas ha inspirado. Nos encontramos ante un nuevo escenario que trae causa de:

(a) un enemigo (digamos, el terrorismo internacional) que no es fácilmente determinable y actúa a escala global;

(b) un avance tecnológico del cual se benefician tanto los terroristas o bandas del crimen, como los servicios de inteligencia al brindarles nuevas herramientas para la captación de datos y comunicaciones;

(c) la existencia de grandes proveedores de servicios de Internet -que a su vez almacenan millones de datos de clientes (Google, Facebook, Skype, Microsoft, Apple, Compañías de telefonía,…)-; y

(d) el desarrollo de programas informáticos muy elaborados y potentes que son capaces, no simplemente de recabar multitud de datos, sino de tratarlos y extraer una información de calidad. Esa recopilación de información que realizan los servicios de inteligencia aparenta ser cada vez menos selectiva en cuanto sus destinatarios, puede ser muy incisiva (se tiene la capacidad técnica de filtrar millones de datos, interpretarlos con perspectiva y crear perfiles) y se realiza de un modo globalizado. Es un control de carácter estratégico, exploratorio, táctico, preventivo, general, prospectivo, -como prefiera denominarse-. En todo caso, es una vigilancia que incide sobre miles de ciudadanos sin que exista el más mínimo indicio en ellos que pudiera justificarla.

panopticon

Las escasas explicaciones de los poderes públicos aluden, entre otras razones, a la necesidad de prevenir riesgos, de recabar información para poder actuar frente a las amenazas a las que se enfrenta el mundo globalizado -en concreto frente al terrorismo internacional-, y de salvaguardar la seguridad nacional.

En este contexto, la ciudadanía no pude más que inquietarse. Las preguntas que se hace son muchas: ¿hasta qué punto  estoy siendo controlado? ¿puede hacer esto el Estado? Si lo hacen para prevenir futuros riesgos, ¿están justificadas en todas las ocasiones las medidas que los Gobiernos adoptan?, ¿son ciertos esos riesgos o están sobrevalorados? ¿cuándo están legitimados los Gobiernos para adoptar determinadas medidas que suponen cercenar mis libertades? ¿tengo derecho a saberlo?

La ciudadanía quiere saber. La (libre) información constituye un elemento nuclear en cualquier democracia. Ésta exige participación y para participar hay que estar informado. Los ciudadanos necesitan poder emplazar a los gobiernos a informar sobre cómo gestionaron los problemas sociales que surgieron, qué medidas se adoptaron y por qué lo hicieron. Queremos transparencia e información para cubrir necesidades de naturaleza muy distinta, desde tener la capacidad de adoptar medidas de precaución ante los posibles riesgos para nuestros derechos o intereses -riesgos cuya existencia conocemos porque fluye la información-, hasta poder ejercer un control-crítica sobre la respuesta de las instituciones del Estado al delito o a las amenazas que se ciernen sobre el Estado, sus instituciones y sus ciudadanos.

Pero el derecho a ser informado sobre asuntos generales solo cubre el derecho a serlo de aquello que es de “interés público”, y aún así, no siempre. Porque, la Constitución no impone la publicidad absoluta de toda actuación de los poderes públicos. En la seguridad y defensa del Estado encontraremos la primera gran excepción: la exclusión de las materias referidas a la inteligencia (de esa información tratada con fines estratégicos) del derecho de acceso de los ciudadanos  y, por lo tanto, del debate público.

Aquí es donde se abren nuevos interrogantes:

pasillo archivo

De entrada, nos planteamos: ¿está justificada y es proporcional la decisión de apartar del conocimiento público toda información sobre los controles masivos de datos y comunicaciones que puedan estar realizando los servicios de inteligencia? La vaguedad de la Ley (preconstitucional) de Secretos Oficiales ofrece al Gobierno márgenes tan poco precisos para decidir sobre la clasificación de una determinada información, que pone fácil la declaración del secreto, y se corre el peligro de convertir esta prerrogativa en una especie de carta blanca a su favor. La Ley le autoriza a retener aquella información cuyo conocimiento pueda provocar (desde su perspectiva) un peligro para la seguridad del Estado, permitiéndole actuar sin control alguno por parte del poder judicial o de la ciudadanía.

Incluso podríamos aceptar que no se puede saber todo, que hay un interés público que proteger -la propia seguridad-, que determinadas actuaciones de los servicios de inteligencia y sus métodos no pueden ser conocidos, porque se pondría en riesgo el éxito de sus misiones o podría suponer dejar en manos de terceros una información que puede dañar los intereses individuales o colectivos de un país. Aún así, cabe una información a posteriori. Cuando la información que recaban los servicios de inteligencia no necesita seguir manteniéndose como reservada, porque su conocimiento ya no puede poner en peligro la seguridad nacional, o, simplemente, cuando ese secreto es desvelado por quien no debía hacerlo, lo que antes estaba fuera del alcance del público pasa a ser de general conocimiento. Es cuando la sociedad recobra los elementos necesarios para seguir ejerciendo su derecho a participar: su derecho a exigir explicaciones, a entender el porqué de una actuación, de los medios utilizados y sus consecuencias, a fiscalizar si la acción estatal constituía la única alternativa, si fue proporcionada y si se respetaron las reglas del Derecho. En definitiva, a exigir una rendición de cuentas. Es cuando las instituciones reafirman su legitimidad o se deslegitiman.

cámara

En el debate público está la cuestión de cómo se están gestionando los riesgos o amenazas en nuestros días, y si las técnicas y medidas de lucha contra esos riesgos son proporcionales a los mismos. ¿Tiene justificación que para la persecución de posibles terroristas se almacenen y procesen de forma masiva datos de millones de ciudadanos? ¿Tiene sentido que ello se haga sin que exista ningún indicio racional de que los espiados puedan tener la más mínima relación con actos terroristas? ¿El riesgo del terrorismo es tan fuerte que justifica ese tipo de intromisiones en la privacidad de los ciudadanos? Se trata de una cuestión que interesa a la ciudadanía. Esperamos que nuestros gobernantes adopten los medios para conseguir un equilibrio entre la garantía de la seguridad y, al tiempo, la salvaguarda de unos estándares básicos de respeto de nuestros derechos.

Porque hablamos de derechos fundamentales que están en juego: la libertad informativa, el derecho a la autodeterminación personal, el derecho a la privacidad, derecho al secreto de las comunicaciones… Puesto que nos encontramos ante el tratamiento de datos personales, debieran acompañarle todos aquellos principios que reglan y limitan este tipo de actividad. Aunque pudiéramos no tener derecho a saber a priori que esas labores de espionaje se producen, sí tenemos derecho, como mínimo, a que el tratamiento de los datos sea el adecuado y que las actividades de vigilancia se realice dentro del respeto a la legalidad vigente: que haya autorización judicial cuando así se requiera, que la recopilación de datos tenga una justificación o finalidad concreta, que se adopten las medidas de seguridad necesarias para que terceros no puedan acceder a los mismos, o que nuestros datos sean usados únicamente con el propósito para el que fueron recabados. ¿Tenemos garantía de que ellos es así? ¿Acaso esa masiva recopilación de datos no puede estar sirviendo al tiempo a otros intereses distintos al de la salvaguarda de la seguridad?

En definitiva, tenemos libertades que alegar y derechos que proteger. Para hacer frente a la amenaza del terrorismo, como a cualesquiera otras, habrá que barajar principios como los de prevención, precaución y anticipación, pero también los de proporcionalidad, justificación, respeto al Estado de Derecho y responsabilidad. No podemos olvidar que sin seguridad no nos sentimos libres, pero si se coartan nuestras libertades, de nada nos sirve sentirnos seguros.

liniers misterio

La libertad de expresión de los jueces

Fernando Flores

Existe un dicho judicial según el cual ‘los jueces se expresan por medio de sus autos y sentencias’, un deseo que obedece, en principio, al noble objetivo de mantener a salvo la imparcialidad como base de su actuación, requisito imprescindible en el Estado de Derecho.

La semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz creyó necesario aclararle públicamente -vía twitter- al diputado Iñaki Oyarzábal la decisión de no impedir la reunión de los expresos de ETA en Durango. Oyarzábal había tuiteado previamente que discrepaba y le resultaba incomprensible dicha decisión. El revuelo causado por la respuesta del juez fue considerable.

pedraz

¿Disponen los jueces de la libertad de expresión como el resto de los ciudadanos? ¿Debe la ley limitársela, o debe quedar al buen criterio de cada cual la decisión sobre la oportunidad de ejercerla?

Opinión desde luego tienen. No hay más que asomarse a las cuentas de Facebook y Twitter del juez Elpidio José Silva, donde vierte diariamente opiniones lapidarias sobre todo tipo de temas, incluyendo los que están bajo su jurisdicción. O recordar algunas entrevistas, como las del propio Silva, la reciente de Gómez Bermúdez, las de Grande Marlaska, las numerosas a Garzón o, también hace poco, la de Vázquez Taín, juez de casos tan mediáticos como el del Códice Calixtino o el de Asunta, quien, aprovechando las preguntas que le hacían en su calidad de novelista, dijo que el ministro Gallardón era un desastre. Por lo demás, no es difícil encontrar artículos de opinión de jueces en ejercicio, como el que, contra la guerra de Iraq, le valió al propio Garzón la apertura en 2003 de un expediente disciplinario por el Consejo General del Poder Judicial (en aquel caso sin mayores consecuencias). Por no hablar del prolífico Requero, numerario ejerciente, magistrado de lo contencioso de la Audiencia Nacional y azote de las políticas de Zapatero cuando fue vocal del CGPJ, cuyas opiniones ultraconservadoras sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto o la doctrina Parot son públicas y notorias.

¿Qué dice la Constitución y la ley al respecto? La Constitución impide a los jueces desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos o sindicatos (art. 127 CE), pero nada dice de su libertad de expresión. En cuanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, únicamente establece como falta grave sujeta a responsabilidad disciplinaria:

“Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición” (art.418.3 LOPJ).

Es cierto que resulta habitual escuchar (y leer) que los jueces tienen prohibido opinar de aquellos asuntos que investigan o que tienen que juzgar. Sin embargo, no existe una prohibición normativa, expresa, que así lo disponga. En realidad es la propia prudencia, sentido común y autocontención de los jueces la que regula sus manifestaciones y sus silencios en relación con los temas sobre los que tienen que decidir. Sin duda, el juez Silva sería un ejemplo de laxitud en este sentido.

elpidio

En resumen, salvo lo dispuesto en el artículo transcrito, los jueces están sujetos a su propio criterio a la hora de realizar declaraciones, por lo que puede decirse que su libertad de opinión es prácticamente igual a la de cualquier otro ciudadano. Una opción razonable que, además, resulta coherente con el reconocimiento del derecho de los jueces a la libre asociación (art.401 LOPJ) pues, ¿de qué les serviría asociarse si no pueden expresar la posición de la organización a la que pertenecen?

Un tema sensiblemente distinto aparece con las opiniones expresadas en el propio texto de las resoluciones judiciales. Recuérdese la que se armó cuando Pedraz deslizó un comentario –“la convenida decadencia de la clase política”– en el auto (muy bien fundamentando jurídicamente) que archivaba la causa contra ocho imputados por promover la manifestación del 25-S (“Rodea el Congreso”). Esta veleidad le valió al magistrado obtener la opinión (semicontrastada en carne propia) del portavoz adjunto del PP, Rafael Hernando, quien lo calificó como “pijo ácrata”, aclarando de inmediato (vía twitter) que no se trataba de un insulto personal.

Y hablando de ironías, también puede contemplarse en estos días la del juez Castro (caso Urdangarín) quien, además de achacar a la codicia del Duque de Palma y de la infanta Doña Cristina la vinculación de ciertas facturas a la empresa pantalla Aizoon, reprocha al fiscal la distinta vara de medir cuando exige más argumentos que justifiquen la imputación de la infanta Cristina, y lo hace (por auto) de esta forma:

“Cuando finalice la instrucción de esta Pieza Separada (caso Nóos) y se vuelva a la normalidad procesal quizá pocas personas quieran recordar que para llamar a una persona (a la infanta) a prestar declaración en calidad de imputada, trámite este que por millares se viene llevando a cabo cada día en los Juzgados de España con total respeto a las garantías procesales y sin que absolutamente a nadie se escandalice, se habría precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal.

Nada que ver, en todo caso, con el juez Pardo de Andrade, quien decidió sentenciar en verso una demanda en la que una azafata de vuelo pedía ser indemnizada por una academia a la que había asistido para obtener un título. Más o menos de esta manera: “Tinieblas del corazón. La resolución de la litis empieza por el final. ¿Por qué asistió la Sra. Cabo Vizo al juicio si no se había pedido su interrogatorio? Porque le dolía, le duele el corazón. Acaso, ojalá, contribuya la presente a derivar tal dolor hacia el bolsillo (…)” etc.

Captura de pantalla 2014-01-09 a la(s) 08.45.31

Sea como fuere, la LOPJ tiene norma para todos estos casos, pues considera falta grave la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico” (art.418.6), y describe entre las faltas leves la “desconsideración hacia los ciudadanos…“ (art.419.2). Obviamente, como la aplicación de estas normas debe ser restrictiva (se trata de normas que limitan la libertad de los jueces), ninguno de los casos referidos ha merecido o merecerá sanción. Así que a la vista de todo ello puede reiterarse que la legislación se entromete muy poco en la limitación de la libertad de expresión de los jueces, lo que de una parte es coherente con un sistema de libertades riguroso y creíble, pero que, de otra, provoca de tanto en tanto las molestias de común aliadas al ejercicio de la opinión, más aún si ésta viene respaldada por la autoridad que se le presume a la judicatura.

Muy probablemente son estas molestias liberales las que una vez más han despertado de su ligero sueño de interventor al ministro de Justicia. En efecto, hace unos meses Gallardón filtraba un texto de reforma de la LOPJ en el que se prohíbe a los jueces y a las asociaciones judiciales que emitan opiniones en los medios de comunicación sobre los asuntos que se tramitan en los tribunales, e incluso sobre los casos que ya estuvieran definitivamente sentenciados y resueltos. Es decir, según dicho artículo Hernando podría opinar sobre lo pijo que es Pedraz, pero éste no podría aclararle al afrentado Oyarzábal que, amén de otras circunstancias, resultaba formalmente imposible prohibir la reunión de Durango. Visto así, no es extraño que la contestación de las asociaciones judiciales fuera de rechazo frontal. Ese proyecto, además de ser una intromisión en la libertad de expresión de los jueces a todas luces inconstitucional (se entromete en su contenido esencial), revela cierta querencia por el desequilibrio de poderes.

En fin, los derechos fundamentales no deben limitarse más de lo imprescindible. En el caso de los jueces, es sólo la garantía de la imparcialidad (esencial para la efectividad de la tutela judicial reconocida por el art. 24 CE) la que debe oponerse a su libertad de expresión. Hay que partir de que ellos y ellas tienen ideología y opiniones, como cualquier otra persona. Conocerlas puede resultar incluso una garantía para el ciudadano pues, llegado el caso, éste podría fundamentar una recusación por considerar que el juez que ve su caso está contaminado de tal manera que no puede resolverlo de modo ecuánime.

La prudencia y la ecuanimidad son características que dan valor a la judicatura, y creo que puede afirmarse que los jueces españoles las poseen por abrumadora mayoría. Interferir legamente en su libertad por unos pocos (y discutibles en su improcedencia) casos aislados es al mismo tiempo un error monumental y una muestra de autoritarismo incompatible con un Estado democrático que protege los derechos de sus ciudadanos. En último término, y más allá de extravagancias puntuales, habría que preguntarse muy seriamente sobre el ejercicio de la libertad de expresión por los jueces cuando sus expresiones son actos reflejos contra las intromisiones reiteradas (y mafiosas) de otros poderes, públicos y privados, que tratan de excepcionar el principio sagrado de la igualdad ante la ley. El ejercicio de la libertad de expresión de los jueces como síntoma insoportable de que, para algunos, el Estado de Derecho no existe.

libertad-y-justicia

¿Sin masas y sin “demos”?

Pepe Reig Cruañes

Decía El Roto que España está sirviendo de laboratorio y los españoles de “cobayas” de un “experimento a gran escala”. Hablando con toda propiedad puede decirse que estamos ante una alevosa expropiación de la población a manos de los gobiernos, con el objetivo confeso de devolver a los bancos (españoles y, sobre todo alemanes) el dinero que arriesgaron en operaciones de inversión que no pasarían la prueba de un contable de tercera. Ante este meridiano ejemplo de la vieja y denostada lucha de las clases por la titularidad del producto social, una pregunta recorre Europa … bueno, no la recorre pero debería hacerlo: ¿dónde diablos están las masas indignadas?

Sí, ya sé que no estamos en los años treinta, ni siquiera en los felices sesenta. Ahora las cosas son de otro modo y se pueden presentar una docena de explicaciones a esta ausencia de reacción. Las redes familiares de solidaridad, propias del mundo latino. La reserva de protección social que, aún a punto de agotarse, sirve de muro de contención. La doctrina del Shock, que nos explicó agudamente Naomi Klein, y que ha logrado paralizar a la gente de miedo. Aquello que Hanna Arendt llamaría la “desesperación organizada” que había servido de base a los regímenes totalitarios. El hecho contraintuitivo de que la gente se rebela cuando está mal, pero deja de hacerlo cuando está absolutamente mal. En fin, la generosidad cuasi infinita de las masas que prefieren siempre creer en la promesa de salvación colectiva con que las elites las adormecen día a día, antes que asumir el riesgo de tomar las riendas.

imagen 1

Una combinación de todo ello, más la falta de arrojo de la izquierda política, puede estar inhibiendo la socialización de la indignación, es decir, la extensión incremental de la protesta e impidiendo que se desborde en acciones de masas que parecen las únicas capaces de inducir un cambio de rumbo en la elite del poder o propiciar aquello de que “el miedo cambie de bando”. La participación en las huelgas y manifestaciones ha ido subiendo y bajando desde la explosión del 15-M y también la sensación de hartazón de la gente, pero ¿dónde está aquella ola de indignación contra el gobierno que nos metía en la guerra de Irak allá por 2003? Aquellas protestas casi no había que convocarlas, millones de personas salían simultáneamente en manifestación en todas las ciudades, o hacían caceroladas y colgaban pancartas de sus balcones. Había un estado de efervescencia que el propio Tony Blair retrató certeramente al decirle a Aznar que el porcentaje de gente que apoyaba la aventura bélica era igual que el que creía que Elvis estaba vivo. ¿Dónde están aquellas mayorías ahora, cuando se ataca no ya la fibra ética del pacifismo popular, sino algo mucho más cercano al “interés” inmediato como es el empleo o el derecho a la salud y la educación?

La conversión de las masas en sujeto histórico es un “tema” del siglo XX, pero ha sufrido varias circunvoluciones desde que la archicitada Rebelión de las masas (Ortega, 1929), expresara el miedo a la extensión de la democracia fuera del ámbito político (liberal) para invadir el todo social. Tres décadas después de Ortega, Elías Canetti (Masa y Poder, 1960) se percataba de que la irrupción de los modernos medios de comunicación masivos había acabado con la capacidad de tumulto o asamblea física de las masas, que ya sólo se reunían virtualmente en torno a símbolos mediáticos, modas y personajes famosos. Estas masas que ya no se reúnen han perdido la “conciencia de su potencia política” (Sloterdijk, 2002). Si esto sucede en la era de la comunicación de masas ¿qué no ocurrirá en la de las redes sociales, cuando los símbolos y modos en torno a los que podrían reunirse las masas se han multiplicado al mismo ritmo que se fraccionaba hasta el infinito su antigua atracción universal?

imagen2

Hay un ejemplo en nuestra experiencia reciente como país que puede ilustrar esa relación entre los medios, los individuos y las masas. Durante las marchas convocadas por el Gobierno de Aznar en protesta contra los atentados de aquel nefasto 11 de marzo, que congregaron a millones de ciudadanos de forma simultánea en todas las ciudades, se produjo un fenómeno que puede haber pasado desapercibido para muchos: la llegada de noticias por medios extranjeros y nacionales que confirmaban la autoría islamista del atentado, produjo multitud de cambios cognitivos individuales “durante” el transcurso de esas manifestaciones, lo que unido a la visibilidad que adquirían las protestas aisladas de grupos reducidos contra la manipulación informativa del gobierno, acabó generando una difusa sensación de incomodidad e impaciencia que tendría su traducción en el castigo electoral de 48 horas después. El caso (Vid. Multitudes on line. Sampedro, 2005) ilustra bien la velocidad y la intensidad con que cambios en el nivel “micro” se traducen en tormentas “macro”, pero también es un ejemplo del cruce de las realidades físicas con las virtuales que constituye el nuevo espacio público.

Se ha hablado mucho de cómo Facebook o Twitter cambian las relaciones personales al facilitar contactos evitando los inconvenientes del roce físico o facilitando una gestión diferente de las identidades sociales. Lo que no se ha tratado tanto es la forma en que esas redes sociales modifican la relación del individuo con el colectivo social y, en primer lugar, cómo esto altera la composición y la conducta de los individuos en situaciones de masa y de las propias masas congregadas. Las informaciones y opiniones críticas con la gestión de la crisis se difunden rápidamente y proliferan en el sistema viral de las redes sociales, pero con la misma frecuencia empiezan a surgir voces denunciando un posible fenómeno de sustitución, en virtud del cual la gente acaba desgañitándose en las redes, dando así por cumplido su deber de intervención en el espacio público, en vez de acudir a las convocatorias y acciones “reales” que son las únicas que tienen posibilidad de influir en el orden político.

¿Es entonces el sino de nuestras sociedades posmodernas la desaparición del tumulto y la reunión de masas? Las masas siempre se han considerado reactivas, salvo por una parte del marxismo que entendió que mediante adecuadas organizaciones de masas, éstas podían ser programadas para la acción. Una acción, por supuesto, pensada y dirigida por una minoría consciente.

imagen3

Algo muy diferente de esto es el “demos” de la democracia, o eso que damos en llamar “ciudadanía”, que solo puede ser creado mediante un complejo sistema de derechos y libertades: opinión, expresión, reunión, manifestación, participación, delegación, elección, etc. Un sistema de libertades que le permite conquistar algunas mínimas “igualdades”, vamos a llamarlo así, o derechos sociales de los que incluimos en el estado del bienestar. Es decir, esa otra clase de derechos que tienden a paliar algunas de las inseguridades intrínsecas de la vida humana, como una cierta protección ante la enfermedad, una cierta igualdad de oportunidades ante el ascenso social, alguna estabilidad laboral, el acceso a la cultura, seguridad jurídica, etc.. En tal escenario de libertades y de  potenciales “igualdades”, los procesos de formación de la voluntad popular se superponen y hasta sustituyen a la reactividad de las masas. Esos procesos deberían parecerse cada vez más al ideal “dialógico” habermasiano de la democracia deliberativa, con sus condiciones de comunicación, participación y negociación de intereses en busca del bien común.

imagen4

Pero ¿qué ocurre cuando a ese “demos” se le retiran, por decreto, derechos de los que es titular? ¿Qué ocurre cuando en lugar de ayudar a los ciudadanos particulares a saldar su deuda con los bancos, se opta por ayudar con dinero público a éstos manteniendo la deuda de los particulares y expulsándolos de sus viviendas cuando llega el caso? ¿qué ocurre cuando se hace una reforma laboral pensada para desequilibrar la capacidad negociadora a favor del capital? ¿o cuando se invierten deliberadamente los efectos igualadores del sistema de enseñanza, favoreciendo una nueva elitización? ¿Qué ocurre cuando se expulsa a casi un millón de ciudadanos del sistema de salud y se deteriora deliberadamente la atención sanitaria para favorecer la privatización y el negocio? ¿Qué pasa con el “demos” cuando se propone dificultar la protesta cívica volviendo a un esquema de orden público más propio del franquismo, que multa, prohíbe y castiga? ¿Qué ocurre cuando se empuja a las mujeres a abandonar los espacios conquistados trabajosamente durante décadas y se le vuelve a pedir sumisión y silencio? ¿O cuando se reorganiza el negocio de la cultura para que deje de ser un empeño común y se convierta en el adorno particular de unos cuantos? ¿Qué ocurre, en definitiva, cuando se expropian derechos mientras se empobrece al famoso “demos” de la democracia? ¿No debería entonces “pasar algo”?

¿Cuál es el umbral de derechos que una ciudadanía viva puede perder sin estallar en una insurrección cívica? Esa es la verdadera naturaleza del experimento de ingeniería social a que aludía sabiamente El Roto, y la respuesta, hoy por hoy, parece ser que podemos llegar muy, pero muy abajo sin que tiemble la tierra.

imagen5

Somos transparentes, son opacos

Fernando Flores

¿Qué saben de nosotros sin nuestro permiso? ¿Qué nos ocultan que deberíamos saber? ¿Por qué (en sociedades llamadas democráticas) los ciudadanos somos tan transparentes y los gobiernos son tan opacos?

Ahora que parece que la historia de Edward Snowden se ha estabilizado en Moscú (mientras mantenga la boca callada) y la del soldado Manning ha quedado sentenciada a 35 años de cárcel (una desproporción denunciada con argumentos nada débiles), quizás podamos detenernos un poco más en el aviso urgente que sus acciones revelaron y en las razones por las que la terrible fuerza del sistema estadounidense los ha aplastado.

Por el analista de inteligencia del ejército estadounidense Manning supimos, entre otras muchas cosas, que su gobierno pasó por alto y no investigó cientos de informes que durante la Guerra de Iraq denunciaban violaciones graves de derechos humanos: abusos, torturas, violaciones y asesinatos llevados a cabo por parte del ejército que ocupó Iraq, así como por la policía y el ejército iraquís, aliados de las fuerzas internacionales. Supimos que sí había un registro oficial de víctimas (algo que se negaba reiteradamente), y asistimos al espeluznante y frívola masacre perpetrada desde un helicóptero Apache a un grupo de personas (entre ellas un periodista de Al Jazeera) que no presentaban actitud peligrosa o agresiva, así como de quienes trataron de recoger y proteger a los heridos.

Snowden - Manning

A Snowden, antiguo empleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), le debemos la revelación de documentos clasificados sobre varios programas de la NSA, especialmente el conocido como PRISM, dirigido a la vigilancia de ciudadanos estadounidenses que viven dentro y fuera del país. Dicho programa pondría a disposición de la Agencia correos electrónicos, vídeos, chat de voz, fotos, direcciones IP, notificaciones de inicio de sesión, transferencia de archivos y detalles sobre perfiles en redes sociales.

La razón de Manning era la necesidad de que el público conociera cómo operan las Fuerzas Armadas estadounidenses en el exterior. “Pensaba y todavía pienso que estos son algunos de los más importantes documentos de nuestra era”, afirmó en juicio. Dijo además que su país “se había obsesionado con matar gente” en sus operaciones, y argumentó que mucha de la información que manejaba y filtró a Wikileaks no era especialmente sensible para la seguridad nacional estadounidense y que, pese a que tenía el sello de clasificada, “podía dejarse sobre la mesa”.

En cuanto a Snowden, el Washington Post informó de que el motivo de sus filtraciones era destapar el “estado de vigilancia” existente en Estados Unidos, pues en conciencia no podía permitir al gobierno “destruir la privacidad, la libertad en internet y las libertades básicas de la gente de todo el mundo con esta gigantesca máquina de vigilancia que están construyendo en secreto”.

NSA building

Aunque así se ha afirmado por la acusación, no está claro que las filtraciones de Manning hayan puesto en grave peligro personas o instalaciones vinculadas al ejército estadounidense o a las fuerzas de la OTAN, y en el juicio no se pudo mencionar a una sola persona que falleciera a causa de represalias en respuesta a la publicación de dichas informaciones. Sobre las repercusiones que las revelaciones de Snowden hayan tenido sobre la seguridad nacional, están por ver, aunque según el Presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, “la revelación de esta información pone en peligro a los estadounidenses, muestra a nuestros adversarios qué podemos hacer, y es una violación gigantesca de la ley”.

Sea como fuere, la reacción de la administración estadounidense en ambos casos ha sido, desde un principio, implacable. Como decía Bill Keller, del New York Times, “Estados Unidos ha lanzado un mensaje escueto pero claro: si están pensando en incumplir su obligación de guardar secretos, piénsenselo dos veces, porque les buscaremos y les abatiremos. Puede que para algunos (Manning y Snowden) sean soplones beatificados, pero para su Gobierno son traidores”. Este mensaje no ha quedado en palabras y repercusiones negativas para los informadores, ha provocado importantes consecuencias dentro y fuera del país. Por ejemplo, la empresa estadounidense de mail seguro que dio servicio a Snowden –Lavabit–  ha decidido cerrar antes que dar información y datos al Gobierno (por cierto, muy interesante su nota de despedida, en la que argumenta que cierra “para evitar ser cómplice de crímenes contra el pueblo americano”). Y más allá del enfriamiento diplomático con Rusia, no hace falta recordar la penosa situación que han protagonizado varios países europeos (entre ellos España) por su gestión del asunto Evo Morales, aun habiéndose revelado que ellos mismo son “objetivo a espiar” (eso sí con distintas prioridades) por los Estados Unidos.

colateral murder

Sin embargo, desde otra perspectiva que no deja de ser importante –la de los derechos fundamentales–, estos “traidores” revelaron información secreta o clasificada que nos habla de algunas cosas que deberíamos haber sabido sobre la actuación de la Administración estadounidense (y aliadas), y nos habla de cosas que esa Administración sabe sobre la privacidad de los ciudadanos, sin que esos ciudadanos siquiera estén advertidos de que eso puede ser posible. Es decir, esa información nos habla de la negación de nuestro mismo derecho a dar y recibir información; nos habla de la distorsión del derecho al control de los poderes públicos en los sistemas democráticos; y nos habla de la intromisión aparentemente desproporcionada en el derecho a la intimidad personal y familiar, en ese espacio privado irreductible que debe estar a salvo de cualquier intromisión de terceros, más aún si ese tercero es el Estado.

Llegados a este punto, tres son las reflexiones que brevemente me gustaría compartir en este post.

Sigue leyendo