La dictadura de la verdad… y la libertad de expresión

Joaquín Urías

Últimamente se ha puesto de moda entra la prensa “seria” española dedicarle artículos sesudos al tema de La Verdad. Lo más granado y tradicional de nuestro periodismo se rasga las vestiduras ante la falta de rigor de algunos medios en el contraste de sus noticias y la fe injustificada que despierta Internet.

Uno de los detonantes fueron las informaciones (erróneas) de que un jugador de la selección española de fútbol había cortado las mangas de su camiseta para (se decía) borrar cualquier rastro en ellas de unas banderitas rojigualdas. La anécdota ha servido para enarbolar a diestro y siniestro la enseña de la verdad. Así que parece que éste es un buen momento para recordar que esta feroz invocación de la verdad es sin duda el mayor enemigo de la libertad de expresión, seguido de cerca tan sólo por lo políticamente correcto.

Los derechos fundamentales nacen y sirven exclusivamente para proteger a la minoría frente a la mayoría. En términos jurídicos, desde hace siglos la mayoría se expresa a través de la ley. Y la mayoría, -y su ley- tiene siempre la tendencia de machacar a las minorías. Por eso nacen los derechos fundamentales. Frente a la ley. Constituyen ese reducto inalterable, necesario para ser persona, que ni siquiera la expresión de la voluntad mayoritaria puede eliminar. Sigue leyendo

Democracia interna, derecho de participación y resultados electorales

Fernando Flores

De Santa Bárbara nos acordamos cuando truena y de la democracia interna de los partidos cuando llegan las elecciones y se elaboran las listas electorales. Casi siempre demasiado tarde, casi siempre categóricamente. Siempre desde el cálculo político, nunca desde lo que de exigencia constitucional (jurídica, exigible) tiene.

Leyendo los documentos que han girado alrededor de la defenestración de Tomás Gómez y su equipo (la Resolución de la Comisión Ejecutiva Federal, el Recurso de Tomás Gómez ante la Comisión Federal de Ética y Garantías, los Estatutos del PSOE, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Ejecutiva…), uno se pregunta cómo tanta gente tiene tan claras las cosas que han pasado, y tan claro lo que ha estado bien y ha estado mal en la decisión de unos y en el comportamiento de otros. La realidad es que el peso de esos criterios viene dado en buena medida por la simpatía o antipatía hacia el verdugo o el ejecutado, o, si por ninguno, por la evaluación de los pros y contras resultantes de una decisión tan radical. Es comprensible. Pocos ámbitos como el de la vida interna de los partidos para experimentar el verdadero significado de palabras como sectarismo, ambigüedad y escurridizo.

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Aún así, en esa decisión se ha aplicado el Derecho, se han ejercido derechos fundamentales (el derecho de autoorganización como ejercicio del derecho de asociación, por parte de la CEF), y se ha afectado gravemente a derechos fundamentales (al menos el derecho de participación política de los militantes suspendidos de sus cargos). Así que, además de valorar el acierto o desacierto político de la medida, resulta conveniente preguntarse si ésta ha respetado la exigencia constitucional de funcionamiento democrático del partido y de respeto de los derechos de los militantes. Una pregunta que, como va a verse, no tiene una respuesta fácil. Sigue leyendo

¿Es necesaria una nueva regulación del derecho de huelga?

Belén Cardona

¿Es necesaria una nueva regulación del derecho de huelga en servicios esenciales para la comunidad? La pregunta no es nueva, desde la aprobación de nuestra Carta Magna y la inclusión del derecho a la huelga como derecho fundamental colectivo, en su art. 28.2, la cuestión se ha planteado con cierta frecuencia.

Hay que tener en cuenta que el régimen jurídico del derecho de huelga se contiene en una norma de carácter preconstitucional, el Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, cuya texto fue sometido al control del Tribunal Constitucional en su emblemática sentencia 11/1981, de 8 de abril, que declaró derogadas buena parte de sus disposiciones, quedando vigentes los preceptos que actualmente constituyen la regulación del derecho del huelga en el ordenamiento laboral español.

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Sólo en 1993, bajo la penúltima legislatura de Felipe González, se estuvo a punto de aprobar una ley general de huelga, que finalmente no prosperó por el adelanto de las elecciones generales.

Ahora la pregunta vuelve a traerla a la actualidad, al calor de la huelga en los servicios de limpieza de Madrid, unas declaracionesdel presidente del Gobierno en las que informa sobre su decisión de encargar al Ministerio de Empleo que estudie una ley de servicios mínimos.

La regulación concreta de la huelga en servicios esenciales para la comunidad se encuentra en el art. 10 del Decreto Ley de 1977, que articula a favor de la autoridad gubernativa la facultad de imponer la realización de servicios mínimos a los trabajadores huelguistas, cuando la huelga afecte a servicios esenciales para la comunidad. La parquedad e indeterminación del precepto deja cuestiones en el aire, a las que la Jurisprudencia ha ido dando respuesta.

Indudablemente, la actual regulación del derecho de huelga adolece de defectos y carencias, no es la mejor de las regulaciones, pero podríamos decir que con el apoyo de la Jurisprudencia y doctrina de los tribunales se ha ido construyendo un edificio sólido y suficiente.

Pero partiendo de lo que parece ser la apertura de un nuevo escenario regulador en el que el ejecutivo tiene la intención de introducir lo que denomina una “ley de servicios mínimos”, es el momento de reflexionar sobre qué elementos sería interesante introducir en la misma y cuáles evitar.

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Comenzando por los factores negativos, el primero a evitar sería la adopción del prisma neoliberal, al que parecen haber sucumbido las instituciones europeas y según el cual las libertades económicas prevalecen sobre los derechos sociales fundamentales, como el derecho de huelga, y en la que éstos sólo son realizables en el espacio europeo condicionados y subordinados a los primeros. Es la lógica de la propuesta de Reglamento conocido como Monti II, que la Comisión Europea se vio obligada a retirar ante el rechazo sindical y social que condujo a diversos Parlamentos nacionales (entre los que no se hallaba España) a activar el procedimiento de “tarjeta amarilla”, que permite contestar iniciativas legislativas europeas, cuando se consideren lesivas del principio de subsidiariedad y por tanto de la soberanía nacional (n. 2 del Tratado de Lisboa).

Ni que se pretenda con la anunciada nueva regulación, introducir un aparato normativo restrictivo del ejercicio de derecho de huelga, que permita reprimir la oleada de protestas que la crisis y la destrucción de empleo y derechos laborales está provocando.

La óptica adecuada sería aquella de considerar el derecho de huelga como una forma de autotutela colectiva de los trabajadores que sirve para compensar la disparidad de fuerzas en el contrato de trabajo y que como tal mecanismo reequilibrador, merece consideración y reconocimiento de derecho fundamental, ponderando al tiempo la necesidad de atender y garantizar la prestación de los servicios esenciales a la comunidad, en nuestro diseño constitucional que no es otro que el del Estado social y democrático de Derecho, que proclama nuestra Constitución.

En referencia a qué elementos debería imprescindiblemente hacerse referencia en ese eventual diseño legal, una de las primeras cuestiones es la definición de servicio esencial.

No es cierto que existiera un vacío en este sentido, puesto que el Tribunal Constitucional ha ido construyendo en su jurisprudencia un concepto de servicio esencial a partir de la afectación a los usuarios de derechos fundamentales, libertades públicas y bienes constitucionalmente protegidos, en la que se ha optado por ponderar las circunstancias concretas concurrentes (gravedad, duración, extensión territorial, ámbitos personales y funcionales afectados…), rechazando la consideración de antemano de una actividad productiva o servicio como esencial (SSTC 26/1981, 8/1992). Se trata de un concepto flexible, en el que partiendo de la obligada atención al interés de los ciudadanos de recibir los servicios considerados esenciales y admitiendo, por tanto, una constricción del ejercicio del derecho de huelga, dicha limitación debe ser entendida de manera restrictiva sin que, en ningún caso, dicho límite puede afectar el contenido esencial del derecho de huelga, dejándolo vacío de contenido por la vía de hacerlo  impracticable.

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Se trata de una cuestión de límites de un derecho fundamental “en la que, en la relación entre el derecho y su posible límite, el criterio de interpretación debe ser el de mayor amplitud posible del derecho y la restricción del límite a lo necesario” (SSTC 40/1995, 183/2006). La consideración de un servicio como esencial no puede comportar la supresión del derecho de huelga de los trabajadores que hubieran de prestarlo, sino “la necesidad de disponer las medidas precisas para su mantenimiento o, dicho de otra forma, para asegurar la prestación de los trabajos que sean necesarios para la cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que satisface dicho servicio, sin que exija alcanzar el nivel de rendimiento habitual ni asegurar su funcionamiento normal” (STC 191/2996; también, SSTC 26/1981, 53/1986, 27/1989, 43/1990).

Por otra parte, “la cláusula abierta de esencialidad” (MERINO SEGOVIA) que el Tribunal Constitucional construye ha permitido la generosa y paulatina introducción de diversos servicios en el amplio concepto de servicio esencial, también incorporado en la doctrina del Tribunal Supremo, así: el servicio de transporte ferroviario, el tráfico aéreo, transporte metropolitano urbano, residencia de ancianos, suministro de energía eléctrica, la estiba portuaria en el caso de un puerto de interés general, la alimentación básica, abastecimiento de agua, suministro de derivados del petróleo, administración de justicia, prisiones enseñanza, finanzas, hospitales, medios de comunicación, limpieza…

Choca esta tendencia propia de nuestro sistema, a la generosa consideración del concepto de esencialidad del servicio con los parámetros internacionales y tradicional doctrina de la OIT, que incorpora un concepto restrictivo al considerar que “al tratarse de una excepción del principio general del derecho de huelga, los servicios esenciales respecto de los cuales es posible obtener una derogación total o parcial de ese principio deberían definirse de forma restrictiva; la Comisión estima, por lo tanto, que solo pueden considerarse servicios esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en todo o parte de la población” (“Libertad sindical y negociación colectiva: el derecho de huelga”. Informe III, parte 4B, presentado a la 81 Conferencia de la OIT, 1994, apartado 159).

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Sería necesaria, por tanto, sí, una revisión del propio concepto de servicios esenciales y una definición más precisa del mismo. La amplitud con la que el Tribunal Constitucional ha interpretado la “vaporosa noción” de servicio esencial (BAYLOS GRAU) tiene un indudable potencial invasivo en el ejercicio del derecho fundamental de huelga del que sería necesario desprenderse.

En segundo lugar, siendo loable que el Gobierno haya manifestado su intención de buscar para esta futura norma el consenso con los agentes sociales, imprescindible en mi opinion, siempre que se quiera garantizar la pacífica aplicación de la misma, mayor importancia adquiere, si lo que se quiere es introducer un sistema moderno, democrático, eficiente y alejado de lógicas autoritaria, que se aproveche esta oportunidad para cuestionarse el modelo de decisión gubernativa articulado en el art. 10 del Decreto de 1977, que propicia, en ocasiones, el abuso de derecho en la fijación desproporcionada de servicios mínimos. Siguiendo al Profesor CABEZA PEREIRO, desde el respeto a la intervención y capacidad decisoria final de la autoridad gubernativa, sería el momento de dar carta de naturaleza a la participación de los sindicatos en la determinación de los servicios mínimos, lo que implicaría por otra parte atender a las reiteradas advertencies del Comité de Libertad Sindical al Reino de España, en dicho sentido.

Respondiendo a la pregunta que da título a este post, una nueva regulación del ejercicio de derecho de huelga en los servicios esenciales ¿resulta imprescindible y urgente? En mi opinion, no  ¿Podría ser positiva? Sí, siempre que la misma se realice sin urgencias, rehuyendo populismos, sin introducir en el debate la ficticia contraposición del interés de los usuarios al de los trabajadores huelguistas, buscando el consenso social y confiriendo el protagonismo necesario e imprescindible a los agentes sociales en la misma y desde la perspectiva de que lo que se pretenda sea introducir un sistema más eficiente, moderno y democrático de gestión en los procesos de huelga en servicios esenciales, escrupulosamente respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental a la huelga.

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