Vallas, ruido mediático, legalidad y derechos

Javier de Lucas

Los árboles de tantas imágenes y tanto ruido sobre vallas y “expulsiones en caliente” no deberían ocultarnos el bosque de los problemas reales. Para empezar, los primeros y verdaderos problemas. Los problemas que obligan a los inmigrantes y refugiados, en situación equivalente al estado de necesidad, a apostar todo lo que son (porque apenas tienen nada) en arriesgar su vida en un viaje de años, para volverla a arriesgar ante los obstáculos de la frontera, por ejemplo, las de Ceuta y Melilla.

Son problemas que tienen mucho que ver con la garantía de derechos elementales. Primero allí: allí de donde salen. Porque para muchos de ellos y, desde luego, para todos los refugiados, no hay libertad de circulación, sino el destino inexorable de huir para no morir, para no sobrevivir miserablemente. Incluso para tratar de vivir mejor, sí. Es decir, para ellos, el hecho de emigrar, de exilarse, no es fruto de una decisión libre, sino de una obligación de sobrevivir. Donde hay necesidad no puede existir libertad, ni podemos hablar de derechos y deberes que no sean el de intentar sobrevivir. El asunto es que el origen de esa situación, la desigualdad, la miseria, la ausencia de libertades, no es ajena. En buena medida es heredada de nuestras políticas coloniales e impuestas por nosotros: por ejemplo por las reglas del FMI y la banca mundial, las multinacionales y las potencias (incluida China) que ven en África un granero de donde extraer recursos. Por eso las políticas de inmigración que no empiecen por ir a esas causas no servirán nunca.

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Pero esos derechos, y el derecho a la vida y a la integridad física, y el derecho a la libertad de circulación, no son prioridades en nuestras políticas de inmigración, tan ocupadas en blindar fronteras y pactar con terceros para que las blinden por nosotros. No, cuando estamos tan ocupados en modificar leyes para hacer legal lo que es ilegal. Eso es lo que pretende ahora el Gobierno Rajoy para cohonestar su vergonzante acuerdo con Marruecos para permitir devoluciones ilegales, modificando la Ley de Extranjería. Y eso es otro problema.

A ese empeño, que nos crea un problema, no son ajenos los medios de comunicación que nos bombardean día sí y otro también, con el mensaje de emergencia, con las fotos de avalanchas, de fronteras, policía y guardia civil desbordadas. policía marroquí en la valla y de las denominadas «devoluciones en caliente». Indigna la frivolidad (en el mejor de los casos) con la que se trata el asunto, en particular en medios de comunicación. Pondré dos ejemplos que, además, algunos han entendido precisamente como favorables a una visión crítica sobre la inmigración. Que santa Lucía les conserve la vista.

El primero, el programa Salvados -que dirige el periodista Jordi Evole- el domingo 6 de abril de 2014. Un programa que (salvo pequeñas excepciones como las entrevistas al padre Esteban en Nador, a Estrella Galán (CEAR) y a Sergio Riera, abundó en la vía del «testimonio», con «entrevistas» tan efectistas como descontextualizadas a inmigrantes en el Gurugú, sin hablar de causas e intereses, sin un análisis legal de lo que pasa en la valla, de la violación masiva e institucionalizada del derecho de asilo ni, claro, del papel de los medios de comunicación. En definitiva, un tono paternalista, simplificador, en el que los inmigrantes no son sujetos de derecho, sino “pobres víctimas”. Me parece un pretexto para utilizar  un «tema sensible», de los que da audiencia, y confeccionar un programa efectista que garantiza audiencia y “buena conciencia”.

Segundo ejemplo. El diario El País publicó el jueves 3 de abril una página entera, con el título “Interior consuma nuevas expulsiones sin identificación previa en Melilla” y firmada por Toñi Ramos, hablando de las denominadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes detenidos tras saltar la valla de Melilla. Resulta inadmisible que en ningún momento la periodista recoja las evidentes razones jurídicas que prueban que esas devoluciones violan la ley de extranjería vigente. Tampoco se mencionaba (y esto me parece muy grave) la infracción de la legislación internacional (Convenios de Ginebra, protocolos adicionales) sobre refugiados, pues cuando la Guardia Civil devuelve subrepticiamente a quienes han entrado, no pregunta a nadie si tiene las condiciones para pedir asilo, ni siquiera si lo quiere pedir. Ni se cuestionaban las “devoluciones en caliente” que el Gobierno Rajoy pretende ahora legalizar modificando la ley de extranjería.

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Respecto a esa pretensión, como han argumentado clara y contundentemente no pocos expertos en Derecho migratorio y de asilo, si el Gobierno sostiene que estas actuaciones son una forma de rechazo en frontera, estaría admitiendo que la valla es un puesto fronterizo de los previstos en el artículo 25 de la Ley, lo que evidentemente no es. Pero es que, si lo fuera, los agentes violarían el artículo 26.2 de la misma ley, que exige denegación de la entrada mediante resolución motivada y tras asistencia letrada (nada, pues, de “en caliente”). En realidad, como también subrayan esos expertos, lo que se aplica a esos extranjeros extracomunitarios que son interceptados cuando intentan entrar irregularmente es el artículo 58.3 b de la citada Ley de Extranjería, una “devolución” que también exige procedimiento con asistencia letrada.

Digámoslo claro: la urgencia irrefrenable de esa reforma para legalizar “devoluciones en caliente” es afán de legalizar procedimientos ilegales que violan derechos elementales y deberes jurídicos consagrados en el Derecho internacional. Eso que el Gobierno Rajoy sostiene y que obliga a ejecutar a los agentes de la Guardia Civil no son devoluciones en caliente, son “calenturas” o delirios jurídicos injustificables. Inaceptables. Indignos.

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Negando a Montesquieu, ese pijo ácrata

Patricia Goicoechea

Tiene gracia que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, haya criticado a los magistrados de la Audiencia Provincial por “dejarse llevar por el sentir de la calle (…) algo propio de la Revolución francesa”. Curioso que se le viniera a la cabeza, precisamente, la Revolución francesa.

En 1789 se inició, en el continente, el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la lucha contra el poder absolutista. El éxito no fue inmediato e hicieron falta varias revoluciones a lo largo del siglo XIX para que el liberalismo se asentara. Sí, el liberalismo, esa doctrina política que giraba en torno a dos ejes fundamentales: el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos –plasmados en los textos constitucionales y de obligado respeto por el estado– y la separación de poderes, como protección frente al autoritarismo y la arbitrariedad que habían caracterizado al Antiguo Régimen. Así, sobre estas dos bases, se configuró el Estado de derecho.

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Natural por tanto que, para que esto no sea un desmadre y nos creamos con derecho a presentarnos ante las instituciones con nuestros cuadernos de quejas –como aquellos franceses revolucionarios con sus Cahiers de Doléances–, Ana Botella les haya recordado a los jueces que lo que tienen que hacer es “aplicar leyes emanadas del Parlamento”. Y se preguntarán ustedes: ¿pero es que los tres magistrados de la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid no se han basado en leyes emanadas del Parlamento para confirmar que un escrache pacífico no es delito? Quédense tranquilos porque, sí, efectivamente, se basaron en leyes emanadas de nuestro Parlamento; concretamente, en el Código Penal y la Constitución, como ya ha contado muy bien aquí Joan Carles Carbonell Mateu hace unos días.

 Si la alcaldesa recurrió a esa linda y desacertada referencia a la Revolución francesa fue probablemente porque no supo ser tan sincera en sus deseos como algunos de sus compañeros de partido. Sí lo fue la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que apenas unas semana antes nos regaló la siguiente declaración de principios: “los jueces interfieren con sus actuaciones en decisiones que son políticas”.

Si alguno de ustedes sabe en qué consiste esa categoría de “decisiones políticas” que estarían por encima de la ley y habrían de ser incuestionables, le estaré muy agradecida de que me lo explique. Porque a mí lo que me contaron en las facultades de Derecho por las que pasé es que la separación de poderes no quiere decir que cada poder del Estado hace lo que le viene en gana y los demás callan. De lo que se trata es de que el ejecutivo toma sus decisiones, sabiendo que el poder judicial puede y debe ejercer un control de la legalidad de esas decisiones, de su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. En ese ordenamiento se incluyen la Constitución, las leyes emanadas del Parlamento –ahí sí tiene razón Botella–, las normas de rango inferior a la ley y, por supuesto, las normas de origen internacional que han sido debidamente ratificadas por nuestro país.

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Hay que reconocer que quien se lleva la palma en sinceridad es Esperanza Aguirre. La semana pasada, compartía sus deseos en Twitter: Espero que el ministro de Justicia deje bien claro que este tipo de autos y sentencias no se pueden producir.” En esta ocasión se refería al Auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el escrache a la Vice-Presidenta. Pero no es la primera vez que Aguirre reclama al Ministro de Justicia (poder ejecutivo) que le pare los pies a uno o varios jueces, que le baje los humos al poder judicial y que les deje clarito que lo de la separación de poderes no había que tomárselo al pie de la letra. También preguntó Aguirre hace unos meses, “¿Por qué no hemos destituido a López Guerra?, refiriéndose al juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, tras la sentencia que acabó con la Doctrina Parot.

Muy lógico. En una democracia asentada en un Estado de Derecho es inconcebible que el poder ejecutivo no vaya por ahí poniendo y quitando jueces, a su antojo, para asegurarse de que sus decisiones no sean sometidas a ningún control. Algo parecido ha sugerido también el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que los jueces españoles han de dejar de meterse donde no deben y abstenerse de tratar de proteger los derechos de los trabajadores para no frustrar los objetivos de la reforma laboral. Normal, porque no vaya a ser que mientras uno anda tomando decisiones políticas tenga además que preocuparse de cumplir con las normas. Que así no hay quien trabaje.

Los ataques de sinceridad de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, como las referencias históricas de Ana Botella, o los despropósitos del FMI, dan mucho juego. Inspiran chistes muy agudos, viñetas ocurrentes y amenizan las tertulias. Pero francamente no tienen ninguna gracia y deberían hacernos reflexionar sobre la preocupante tendencia que reflejan.

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Las críticas a los jueces y a las decisiones judiciales son necesarias en una sociedad democrática. Como poder del estado que son están necesariamente expuestos a las opiniones de la colectividad. Las opiniones pueden ser ofensivas, como aquello de pijo ácrata que le espetó Hernando al juez Pedraz. Pueden ser misóginas, como mucho de lo que se ha dicho de la juez Alaya. Pueden ser, en definitiva, una falta de respeto a la persona que hay debajo de la toga.

Pero aquí no se trata sólo un problema de respeto, ni a la persona ni a su función. De lo que se trata en cada una de esas declaraciones que he reproducido más arriba es de un grave desprecio a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Desprecian la independencia de los jueces porque sólo conciben un poder judicial que intervenga para refrendar sus decisiones. Un poder judicial al que se le pueda decir “ahora no toca” y éste se cuadre, se abstenga de tratar de velar por el respeto de la legalidad, de proteger los intereses de la sociedad y los derechos de todos. Quieren una justicia sumisa, a su medida. A sus órdenes.

 Esta voluntad es la que subyace a la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recortar, hasta casi eliminar, la competencia de los tribunales españoles para investigar y juzgar crímenes internacionales. Con esa reforma pretenden, entre otras aberraciones, que las causas actualmente abiertas sean inmediatamente archivadas. Esa voluntad de callar al poder judicial está presente en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la que buscan darle a la Administración la capacidad de multar por comportamientos que los jueces se han negado a sancionar, considerándolos lícitos y necesarios en una sociedad democrática. Su deseo no disimulado de controlar la función judicial está, también, presente en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con la que se pretende traspasar la instrucción a los fiscales, añadiendo a ello además un principio de oportunidad.

Desprecian el Estado de Derecho y tratan de sustituirlo por un Estado de su derecho. Allí donde las normas traduzcan sus postulados ideológicos, donde la crítica no tenga cabida y en el que únicamente seamos libres para estar de acuerdo con ellos. El problema lo tienen, en fin, con la propia democracia: el autoritarismo del que hacen gala, y que ya ni se molestan en disimular, da mucho juego para la sátira y el humor, pero nos está llevando por una senda muy peligrosa.

Si Montesquieu viviera hoy en España, saldría Cifuentes a decirle que se deje de sandeces, que los jueces no deben entorpecer “lo político” con sus inoportunas sentencias. Hernando lo llamaría pijo ácrata. Aguirre le pediría a Gallardón una reforma del Código Penal rapidita para poder meterle un paquete y callarle de una vez. Quizá el propio Fernández Díaz nos diría, muy circunspecto, que detrás de este ilustrado y sus amigos están en realidad grupos itinerantes de radicales de extrema izquierda con la oscura agenda de hacer peligrar la paz social.

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Dylan y el comisario Rehn (o los derechos sin contexto)

Javier de Lucas

Tenía el día suelto, que se dice. Y, por qué no, decidió permitirse alguna licencia poética. Mejor aún, musical. Pidió a su secretario que buscara en Google algo de Dylan. Preferentemente algo menos conocido, que diese la apariencia de un experto seguidor del viejo cantautor… y le salió Ballade of a Thin Man, una compleja canción del álbum de 1965 Highway 61 Revisited, protagonizada por un estrafalario Mr Jones.

El tono irónico y hasta crítico, quedaría bien, se dijo. Por ejemplo, donde Dylan canta algo así como “algo está pasando por aquí, pero tú no te enteras, Mr Jones!” (Because something is happening here / But you don’t know what it is / Do you, Mister Jones?).

Ni corto ni perezoso, colocó esos versos al principio y al final de su post Spanish Sketches A.D. 2013: Can Spain achieve what Ireland and Latvia did?, y lo colgó el 6 de agosto. Un post dedicado esta vez a amonestar a España, ese socio preocupante que, pese a los esfuerzos ímprobos de Mariano -siempre obediente y disciplinado-, debería tener la valentía de dar un paso más en el modelo de equilibrio y reforma de la economía europea por la que tanto  se esforzaban los líderes del FMI, al igual que los de la Comisión Europea dirigida por Barroso (él mismo sin duda; incluso el español Almunia…). ¿Cuánto le había dicho Lagarde que recomendaría el FMI a España? Sí, una reducción del 10% de los salarios en dos años sería un buen ejemplo de una meta seria, que permitiera el “tan esperado punto de inflexión”. O sea, una “devaluación interna”, como la que había dado resultados tan exitosos en Irlanda y Letonia, modelo de lo que España debería ser capaz de asumir. Y con argumento nada malo: favorecer el empleo de esos centenares de miles de jóvenes españoles que incrementaban la tasa de desempleo. Sí, decididamente España, como Mr Jones, tenía que poner el oído: no podían seguir instalados en esas cantinelas del Estado del bienestar, ideologías arcaicas propias de los que no se enteran de que el mundo que cuenta está ya en otra cosa.

Pero lo que no cuenta el comisario finlandés son otros datos: por seguir con los modelos que propone imitar, resulta que basta acercarse a los indicadores que más preocupan a los ciudadanos, como el paro y el poder adquisitivo (bien es verdad que esa es una variable que al comisario no le preocupa: ¿acaso mandan algo los ciudadanos?), desmienten semejante optimismo: Irlanda ha pasado del 6,4% de paro en 2008 al 14,7% en 2012 a pesar de haberse estancado en su poder adquisitivo. Y Letonia, del 8% al 14,9% de paro, pero además sus ciudadanos han perdido un 8,9% de capacidad de compra.

Aún peor. No es sólo que al buen Olli le parezcan cuentos de vieja eso de la prioridad de los derechos sociales, corazón del modelo social europeo. Es que él mismo tiene un pensamiento más abstracto que el fobotipo que los ingleses achacan a la filosofía alemana, y realiza esa operación tan frecuente que consiste en desvincular los derechos de su contexto. Aunque fue precisamente un descendiente de esa tradición filosófica, Marx, quien puso en evidencia ese pensamiento abstracto en su conocida crítica del concepto burgués de derechos humanos. Es ese planteamiento irreal el que le permite seguir diciendo que sí, que por supuesto tiene la mayor preocupación por los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores. Pero habría que recordarle al comisario Rehn, a la Sra Lagarde y demás cabezas de huevo al servicio de sus verdadero amos –que no de los ciudadanos-, que no es así como se garantizan los derechos. El contexto histórico, social, las condiciones concretas, son imprescindibles para medir si la presunta preocupación coincide con la garantía real, efectiva. Y entonces resulta fácil comprobar que nuestro Olli habla de boquilla, precisamente como ese Mr Jones al que critica Dylan.

¿Qué es eso de analogar todos los salarios? ¿De qué salarios habla cuando pide la reducción del 10%? Evidentemente, no del salario de Christine Lagarde (un 10% de 320.000 euros)? Ni del suyo como comisario (un 10% de 250.000 euros)? No son esos sueldos sobre los que se piden rebajas, porque, además, a ellos les incrementan el salario cada año, seguramente por lo bien que lo están haciendo. ¿Sabe el buen Rehn que los 25000 euros  -o incluso los 32000 euros -que supondrían en su caso y en el de Lagarde tales reducciones, son más del doble del salario completo medio de un trabajador en España, que apenas llega a 12000 y casi cuatro veces más que el salario mínimo interprofesional? ¿Sabe que cuando habla, pues, de bajar el sueldo un 10 % le está diciendo al trabajador español medio que pierda 1200 euros de sus 12000?

Al final habría que reconocer que sí. Probablemente el secretario de Rehn escogió bien dentro del repertorio de Dylan. Pero no para sostener sus argumentos, sino para permitirnos conocer mejor al comisario. Porque ¿quién no le reconocería en la descripción que ofrece Dylan de Mr Jones? ¿No es Rehn alguien que parece sobre todo preocupado por su imagen entre los académicos dominantes (esos que predican el evangelio neoliberal) y por citar de memoria lo política y culturalmente correcto? (you’ve been with the professors / and they’ve all liked your looks / With great lawyers you have / discussed lepers and crooks / You’ve been through all of / F. Scott Fitzgerald’s books / You’re very well read / it’s well known.

¿No podríamos decir que, con su post, Rehn ha entrado como un elefante en una cacharrería o, como dice Dylan de Mr Jones, “you walk into the room / Like a camel”?

Quizás habría que recomendarle, por seguir con la canción, que saque su nariz del muro y se ponga unos buenos auriculares para escuchar la realidad. Sí, eso es lo que necesita Rehn. Escuchar de verdad a Dylan y, de paso, releer el ensayo de otro sabio, el texto de Marx sobre La cuestión judía al que me refería más arriba y que nos enseña que, desvinculados de las condiciones reales, esos derechos proclamados como humanos sólo sirven para mantener el espléndido aislamiento de unos pocos, los que se pueden permitir vivir como islas, en un océano de miseria. Que Rehn se ponga auriculares, y escuche lo que le gritan millones de ciudadanos en Grecia, Portugal y España, hartos del despeñadero al que las recetas de las buenas intenciones de Rehn y sus condiscípulos con las que está empedrado nuestro infierno. De otra forma, merecerá el reproche del payaso a Mr Jones: «¿cómo se siente uno siendo un friki?” («How does it feel To be such a freak ?»).

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