La doble vida de la Ley de Amnistía

Pepe Reig Cruañes

¿Quién le iba a decir a la famosa Ley de Amnistía que viviría, 40 años después, un renacimiento de su fama como el que ahora contemplamos? Lo que entonces nos parecía la fuerza imparable de la razón, se nos muestra ahora como el truco final e inapelable de la fuerza. La puerta cerrada a cal y canto. Misterios de las cosas hechas a medias, o sea, de casi todo lo que hacemos por aquí, al parecer.

Izquierda Unida ha presentado una proposición de ley para derogar la Ley de Amnistía, una norma que su partido matriz, el PCE, impulsó en su día más que nadie. El propósito explícito es superar “40 años de franquismo y otros 40 años de impunidad garantizada”. En esto de la derogación IU ha cambiado de postura, porque en 2010 lo que pedía era una reforma de la Ley, para recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben e impedir su utilización como “ley de punto final”.

Esa iniciativa conecta bien con la nueva sensibilidad pública hacia los derechos de las víctimas del franquismo, que desde mediados de los noventa no ha hecho más que extenderse, y también con la desafección creciente hacia el “régimen” de la transición, visto ahora como culpable de todas las disfunciones que la crisis puso dramáticamente de relieve. El ataque a aquella Ley se justifica por el uso y abuso que de ella vienen haciendo quienes se oponen al esclarecimiento de los crímenes del franquismo, al levantamiento de las fosas y al relato de la naturaleza criminal de aquel régimen. A la cabeza de todos ellos el juez ultraconservador Adolfo Prego, ponente que fue de la causa contra Baltasar Garzón, a quien acusó de ignorar la Ley de Amnistía cuando pretendió investigar la desaparición forzada de más de cien mil personas. Sigue leyendo

La memoria también es un derecho. Las invisibles constituyentes y el derecho a recordar

Pepe Reig Cruañes

“Yo no podía ser testigo de la historia, sino protagonista de ella”

Asunción Cruañes

 

La maduración de las sociedades democráticas sólo puede darse a través de un permanente proceso de ampliación de derechos. Se sabe, ahora quizá más que nunca, que es un camino lleno de altibajos y reveses. Y se sabe también que en ese proceso la iniciativa corresponde a unas sociedades civiles vivas y organizadas que desarrollan una cultura cívica cada vez más exigente en cuanto al ámbito de aplicación de esos derechos. La salud, la educación, la privacidad, la seguridad jurídica, no fueron siempre derechos universales ni siquiera sobre el papel.  Ciudadanos y ciudadanas en acción los acuñaron y luego los extendieron a capas cada vez más amplias de la población. Y aún procuran que no se les escamoteen en cada crisis.

Lo mismo ocurre con una clase de “nuevos derechos” como la identidad sexual, la calidad ambiental o la memoria histórica. Derechos que han pasado de reivindicación más o menos aislada a convencimiento cada vez más general. En el año 2008, a pocos meses de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, el CIS preguntó a los españoles si les parecía bien esa Ley y si era una medida necesaria y suficiente. La respuesta puede sorprender cuando llevamos tanto tiempo oyendo a la derecha argüir que esa no es una demanda social:  conocida por un 62%, más de la mitad tenían una buena o muy buena opinión de ella, frente a un 15% que la veía mal o muy mal. La cosa pintaba distinto cuando se preguntaba si debían investigarse las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil (si: 38,9%, no: 44,8%) y durante el franquismo (No: 42,2%; sí: 40,8%).

1.manif

El franquismo ocultó sus crímenes y la democracia no ha hecho mucho por desvelarlos, desatendiendo así a las víctimas. Aunque el derecho de éstas a saber encaja como un guante en el que la sociedad tiene a la memoria, aún pesa el velo de silencio. La resistencia del sistema judicial y del político tiene su correlato en ese 42% de españoles que no quería investigar las violaciones de derechos durante el franquismo. Aunque ese porcentaje puede haber mejorado desde entonces, parece que esta sección de la memoria que podríamos llamar del “reproche”, no tiene aún suficientes partidarios.

Si se entiende bien la dificultad intrínseca de reconstruir ésta, no se entiende tanto que el velo también envuelva la “otra” memoria, la que no contiene reproches sino actos meritorios. La memoria de la transición sigue aún aquejada de varios sesgos omnipresentes: por un lado el relato “consensual” que los medios –no los historiadores- han canonizado tiende a borrar el rastro de lo conflictual. Así, se han difuminado las tensiones, atentados, abusos represivos, ruidos de sables y presiones ilícitas que rodearon todo el proceso. Por otro lado, la hegemonía de aquel proceso transitorio, que nunca perdieron las clases dominantes del franquismo, ha determinado también la difuminación deliberada de todo protagonismo social: ni el movimiento obrero que levantó huelgas generales cuando estaban prohibidas; ni los movimientos vecinales que deslegitimaron el urbanismo salvaje del franquismo y se unieron a la marcha democrática; ni la agitación universitaria que desde el 56 cambió la mentalidad de las clases medias; ni las protestas “profesionales” de abogados, artistas, economistas o funcionarios. Tampoco los partidos comprometidos en la lucha democrática, los de izquierda y especialmente los comunistas, salen en la foto. El mérito se ha reservado exclusivamente a las elites y los personajes que convienen al relato oficial: Suárez, el rey, la Iglesia y las Fuerzas Armadas.

2. ellos

Pero, si bien se mira, ese oscurecimiento de una parte de la realidad palidece ante otro de dimensiones numéricas aún mayores: la invisibilización sistemática de la mitad femenina de todos aquellos protagonismos ocultos en la marcha hacia la democracia. Para ellas la invisibilidad era doble. La aportación de las mujeres en los movimientos democráticos y en el feminismo no sólo no se ha contado, es que tampoco se ha colado en el “recuerdo” de la transición. Las mujeres y sus organizaciones llegaron a estar en el núcleo mismo de la tan glorificada transición, pero cuando el CIS pregunta por el recuerdo de los protagonistas, no aparecen junto a Suárez , el Rey, la prensa o los partidos democráticos. Y sin embargo, allí estaban.

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Esa es la doble injusticia que ha querido reparar Oliva Acosta al acercarnos el rostro y la palabra de estas mujeres que nadie recuerda aunque fueron “madres de la Constitución”. La película LAS CONSTITUYENTES se inspiró en un libro-homenaje a las primeras diputadas y senadoras de nuestra democracia que encargó la vicepresidenta Fernández de la Vega a la Red de Mujeres Constitucionalistas y dirigió la profesora Julia Sevilla. Producida por Olivavá Producciones y Canal Sur Televisión, se estrenó en 2012 y acaba de salir en DVD. La película documental de Oliva Acosta lleva la investigación sobre aquellas notables mujeres hasta un plano de proximidad y reivindicación que vuelve el relato emocionante.

Las 27 mujeres (6 senadoras y 21 diputadas) que integraron las Cortes Constituyentes de 1977. Dolores Ibarruri, Carlota Bustelo, Asunción Cruañes, Dolors Calvet, Ana María Ruiz Tagle, Soledad Becerril, Belén Landáburu, María Izquierdo y tantas más. Alternando encuentros particulares con cada una de ellas (las que aún vivían durante el rodaje) con una conversación colectiva en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso que reúne a varias de ellas con las actuales representantes de la soberanía popular. Setenta minutos intensos de visibilidad –palabra talismán para el feminismo- que revelan la magnitud de lo que se nos había ocultado. Un documento imprescindible para quien quiera reconstruir la imagen completa de aquella gesta colectiva de la transición que no es un cuento de príncipes que liberan princesas, como se nos hizo ver, sino una obra compleja e incompleta de ciudadanas y ciudadanos en busca de sus derechos.

Más allá de la precisa textualidad de las leyes, hay derechos que no están aún escritos ni reconocidos en la Declaración de la ONU, pero se han ido abriendo paso como derechos morales por la persistencia de unos pocos y por la fuerza de sus razones. El derecho a la memoria de lo que se ha sufrido y de lo que se ha luchado. El derecho a la visibilidad de lo que cada uno y cada una aporta en el espacio público. Porque es requisito para el aprendizaje de la ciudadanía, es decir, de esa condición que habilita para ser “no testigo, sino protagonista de la historia” y porque “sin ellas, sin las mujeres, no es democracia”.

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Naciones Unidas y las desapariciones forzadas en España

Javier Chinchón Álvarez

Con motivo del día internacional de las víctimas de desapariciones forzada, el pasado 30 de agosto nuestro Gobierno declaraba solemnemente que “[e]l compromiso de España en esta materia se manifiesta de manera aún más patente este año 2013, ya que en el mes de septiembre España recibirá la visita del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de Naciones Unidas (…) [y] asimismo, en el mes de noviembre el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas examinará el primer informe que España ha presentado sobre su grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.

A fines del mes de septiembre, al hacerse públicas las primeras conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo tras finalizar su visita, escuché como un ex-alto dirigente del Partido que hoy nos gobierna sentenciaba sobre ellas, en tertulia al uso, que “las Naciones Unidas no se enteran de nada”. La razón fundamental que ofrecía como sustento de tal valoración podría resumirse en que frente a lo que el Grupo de Trabajo había constatado y señalado respecto a la situación de las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron durante la Guerra Civil y el franquismo, la realidad no era otra que los españoles ya habíamos decidido dejar atrás todo aquello hace muchos años; de tal suerte que ponerse ahora a hablar de esto era algo absurdo, sin sentido, impertinente.

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Unas semanas después, en la fase final del examen del Informe presentado por España al Comité contra la Desaparición Forzada, la representante española sostuvo que la Convención era un instrumento de futuro, cuyo sentido y razón de ser (básicos por no decir únicos) no estaban referidos a los actos cometidos en el pasado. Estas palabras condensaban una posición de orden técnico que nuestro país sostuvo con denuedo ante el Comité, jurídicamente legítima aunque desde luego más que discutible; sobre la que de cualquier modo no quiero incidir en este momento, ni es necesario volver a rebatir. No obstante, aunque a una distancia dialéctica ciertamente sideral, esta última consideración y lo que reprodujimos antes parecieran presentar cierta coincidencia de fondo; esto es, una suerte de convicción de que sea como fuere, lo relativo a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron durante la Guerra Civil y el franquismo es algo que sólo pertenece a un pasado más o menos remoto, pero sin duda superado.

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