Estadísticas conflictivas sobre seguridad y defensa

Carlos Penedo

El mundo de la seguridad, defensa, Fuerzas Armadas, tiene una relación conflictiva con la realidad. Se trata de personas que viven profesionalmente del conflicto -para enfrentarlo, evitarlo o provocarlo- y, como es natural, lo detectan por todos sitios porque es su objetivo profesional. Por ejemplo, el campo de las predicciones suele estar trufado de previsiones catastrofistas, precisamente porque muchos de los que se dedican a predecir el futuro son financiados o trabajan directamente en seguridad y perciben un porvenir inseguro, por deformación profesional y por la cuenta que les trae.

En cualquier caso, que el mundo de la seguridad tenga una relación conflictiva con la realidad es una paradoja que aparece cuando uno se pone a escribir sobre otro tema, relacionado pero distinto, que es su relación conflictiva con las estadísticas.

En algún momento indeterminado de este otoño de 2018, el Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS- principal organismos demoscópico español, independientemente de quién ocupe su presidencia, ha publicado en su web el estudio identificado con el número 3.188 y el nombre “La Defensa nacional y las Fuerzas Armadas”.

El momento ha podido ser en octubre, quizá noviembre. En cualquier caso sin publicidad, nota de prensa ni promoción alguna de una encuesta que tuvo su trabajo de campo en septiembre de 2017. En éste y otros casos la conexión entre los trabajos académicos o científicos y la clandestinidad no suele ser habitual.

Aunque tiene su explicación: esta encuesta la elabora el CIS por encargo del Ministerio de Defensa cada dos años, ya van doce ediciones, es decir, que se viene realizando desde finales de los noventa con un mismo cuestionario, 2.500 entrevistas personales, en 255 municipios y 50 provincias del país. No existe otro estudio similar.

Resulta que hará unos años, en tiempos de Pedro Morenés como ministro, coincidiendo con la crisis y la desconfianza del ciudadano hacia quienes les dejaron a la intemperie, al Ministerio de Defensa empezaron a no gustar las respuestas de los españoles a sus preguntas, y dejó de difundir su encuesta, o a tardar años en acompañarla con sus propios comentarios.

El motivo del desencuentro afecta principalmente a los campos relacionados con la financiación de la defensa y el gasto militar; y también las cuestiones emparentadas con la identidad nacional concretada en símbolos como la bandera, el himno, la sangre derramada; también las respuestas referidas a los valores más apreciados por la ciudadanía en la profesión militar y la propia valoración de los ejércitos.

Se podría decir que en algunos aspectos  la opinión pública no coincide con los referentes simbólicos de las Fuerzas Armadas, lo que está lejos de ser un problema, si bien aconsejaría a los responsables militares y a los civiles de quienes dependen los primeros a replantearse el contenido de su comunicación externa; la interna, si funciona, puede seguir repitiendo conceptos del siglo XIX.

El CIS está obligado a publicar sus encuestas como máximo un año después de elaborarlas y por eso conocemos esta última.

Tomemos entonces tres capítulos: uno simbólico, otro profesional y un tercero financiero. Cabe interpretar que el propio cuestionario en sí merecería una valoración, colocando a las Fuerzas Armadas como garantes de las esencias más allá de su función como instrumento de seguridad del Estado.

Entrando en los datos, apartado simbólico, el 77% de los encuestados se siente muy o bastante orgulloso de ser español, el 54% se emociona al ver la bandera española en un acto o ceremonia, y el 57% al escuchar el himno nacional. Una cuarta parte de los españoles siente una intensa emoción por estos asuntos y otra cuarta parte siente indiferencia, pero se puede concluir que los niveles de nacionalismo español son muy aceptables, sobre todo en contraste con la impresión general en circulación, aquella que dice que entre la indiferencia general España se va yendo por el desagüe, girando en círculos que por supuesto son hacia la derecha como sucede en el hemisferio norte, en el sur el desastre suele llegar girando hacia la izquierda (comentario no basado en el CIS, sino en la teoría de Coriolis, que habla de fluidos, no de ideologías, con una reputación algo homeopática).

En relación con las amenazas, la encuesta pregunta de forma abstracta, dejando aparte la familia (¿por qué la dejan aparte, con lo cerca que la tenemos?), si el encuestado considera que hay algo por lo que arriesgar o dar la vida. El 46,4% responde que no, el 45% que sí.

Ésta es una de las respuestas que no gustan. Tampoco que entre quienes se jugarían la vida la mayoría no lo haría por la patria (47% no, 44% sí), aunque mayoritariamente sí la arriesgarían por salvar la vida a otra persona (93%), la paz (84%) o la libertad (82%).

En el caso de que España fuera atacada militarmente, el encuestado no se presentaría voluntario. Esto es como preguntar por intención de voto sin elecciones convocadas, el encuestado no acaba de entrar en situación, si bien de la encuesta se puede deducir un fuerte sentimiento pacifista entre la población española, que considera la respuesta militar como un ámbito profesional que tiene esa misión, y que no se percibe una amenaza militar existencial que aterrorice al país.

Entre las principales amenazas que pueden afectar a la seguridad de España, Defensa y el CIS incluyen los flujos migratorios irregulares (significativo su presencia), aunque los españoles priorizan y colocan en puestos de cabeza el terrorismo, la inestabilidad económico y financiera, y los ciberataques.

En el apartado profesional, el valor más importante que los españoles opinan que debe tener un militar es… la preparación técnica, muy por encima de la honradez, la disciplina, lealtad, el espíritu de sacrificio, la capacidad de mandar u obedecer que trufan los discursos.

El 70% de los españoles creen que las Fuerzas Armadas están muy o bastante capacitadas profesionalmente (y mejorando), dos tercios tienen una opinión buena o muy buena de las Fuerzas Armadas (se ha recuperado desde el 55% en 2013), y que los ejércitos seguirán siendo necesarios para mantener la paz, la seguridad y la defensa.

En el capítulo de respuestas incómodas, la opinión generalizada no cree que el volumen de tropas sea insuficiente; y un escaso 17% de los españoles piensa que el presupuesto destinado a la defensa nacional y las Fuerzas Armadas sea escaso, aunque algo ha subido desde el 13% de 2015.

Sobre el origen de las amenazas militares, la mayoría de los españoles no cree que ningún país esté pensando en atacarnos (46%), y entre los que sospechan que sí (41%) responden con vaguedades como países islámicos (que curiosamente distinguen de países árabes), aparecen como amenazantes para quienes se sienten amenazados la categoría países de Asia, también lógicamente países donde haya islamistas radicales y entre países concretos que son quienes suelen lanzar ataques militares pues el encuestado menciona a Marruecos, Siria (?) y a poca distancia a Estados Unidos (estos países son mencionados por un centenar de personas de entre las 2.500 encuestadas).

Más de 60 preguntas podrían hacer la relación interminable. Finalicemos con que los españoles se reparten a partes iguales entre los que defienden la actual situación de las Fuerzas Armadas a las órdenes del Gobierno nacional y los que las integrarían en un ejército europeo o internacional, circunstancia que ampara el acento presente y reciente que encuadra mucho de lo que se hace militarmente bajo el paraguas de una Defensa europea aún inexistente.

Si las estadísticas son fiel reflejo o aproximado a la realidad social, y no gustan las respuestas, el mundo militar y civil de defensa no tendría un problema con las estadísticas, sino con la sociedad o la comunidad política a la que deben defender.

Continúa abierta la disyuntiva de tratar de cambiar las percepciones sociales con información y debate, labor siempre complicada y de largo plazo, o adaptar los instrumentos que el Estado financia para la seguridad a los ciudadanos y circunstancias del país. Las dos opciones parecen compatibles. Lo claramente descartable es no informar y además que las Fuerzas Armadas/Defensa ignoren al ciudadano al que protegen.

Justicia militar ¿Justicia del siglo XXI?

Fernando Flores

Poco a poco se van apagando los ecos del Caso Cantera, pero en la retina de muchos permanecen las imágenes del tribunal militar que lo juzgó, con unos jueces y un fiscal visiblemente incómodos ante la circunstancia de tener que condenar a un teniente coronel. El simple hecho de que sean militares los que juzguen militares, sumado a la clara percepción de que, en ese juego de equilibrios que es el proceso, el peso de la jerarquía del acusado (y de algunos testigos que lo apoyaron) ha influido en el comportamiento del tribunal, y quizás determinado su decisión, trae o debería traer a la sociedad el debate sobre la existencia misma de la justicia militar.

¿Por qué existe una justicia militar diferenciada de la justicia ordinaria? ¿Quiénes son las personas que componen sus tribunales? ¿Son imparciales? ¿Qué conflictos conocen y por qué esos y no otros? ¿Hay garantías de que respeten rigurosamente los derechos procesales que exige la Constitución?

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En España existe un régimen jurídico de la justicia militar, configurado como una jurisdicción especializada por razones del ámbito en que se ejerce (el castrense) y por el derecho específico que aplica (diversas normas específicas para lo militar). Desde 1987 (Ley 4/1987, de 15 de julio) la justicia militar se integra en el Poder Judicial único del Estado, de acuerdo con el principio de unidad jurisdiccional que exige el artículo 117.5 de la Constitución.

El origen de este “compartimento estanco” es histórico. La justicia entre militares nació con los ejércitos, con el objetivo de mantener un control férreo sobre sus miembros, y se mantuvo a lo largo de la historia con argumentos sostenidos en la singularidad de su organización (en la que disciplina y jerarquía son esenciales) y de sus funciones (la defensa del territorio y el uso de la fuerza). Partiendo de esta base resulta comprensible que triunfase la idea según la cual “quien manda debe juzgar”, y que la jurisdicción militar se configurase como una justicia no judicial que aplicaba un derecho penal propio. La consolidación hacia principios del siglo XVIII de un ejército permanente no hizo sino fortalecer ese esquema, un esquema según el cual la justicia militar era competente (con vis atractiva en perjuicio de la justicia ordinaria) para conocer de todos aquellos casos que presentasen un “elemento militar”, fuera éste subjetivo (personal militar), objetivo (materia sujeta al derecho penal militar) o espacial (en lugares militares).

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La llegada del constitucionalismo y la configuración progresiva de los Estados de Derecho, sociales y democráticos comenzó a revertir la situación, es decir, a delimitar la justicia militar al ámbito estrictamente castrense. Ahora bien, esa voluntad transformadora encontró tanta resistencia por parte de los ejércitos, que hasta la Constitución de 1931 no se suprimió el triple criterio competencial (subjetivo, objetivo y territorial). Por lo demás, esta civilización de la Justicia duró poco, pues el régimen franquista devolvió a la jurisdicción militar su poder anterior a la República, un poder, corregido y aumentado, que había de ser coherente con la función de control social que se atribuyó a los ejércitos.

Tras la dictadura, la Constitución de 1978 tampoco consiguió (como sí sucedió en Alemania, Austria, Francia, Noruega, Holanda, Dinamarca…) deshacerse de la “peculiaridad institucional de los ejércitos”. Así que tras proclamar en el art.117 que “el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización de los Tribunales”, a párrafo seguido admitió que la ley regulase “el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”. Es decir, se optó por mantener la posibilidad (bien es cierto que vía legislativa) de una justicia especial cuya justificación en un Estado democrático ya no era (ni es) tan clara. Dado el contexto de la Transición (en el que debe enmarcarse el difícil proceso de democratización de los ejércitos españoles), sólo en la segunda mitad de los ochenta comenzó a legislarse para adaptar la justicia militar a los principios constitucionales por los que había de regirse. A día de hoy los cambios han sido importantes (el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional consideran que la justicia militar en España se ajusta a los parámetros de la Constitución), pero todavía cabe plantear, aunque sea brevemente y a modo de planteamiento del debate, algunas preguntas y reflexiones.

¿Exige la singularidad del mundo militar, del “ámbito castrense”, una jurisdicción propia?

Como se ha comentado antes, esa singularidad vendría definida, en primer lugar, por el aspecto organizativo y por la función propios de las Fuerzas Armadas. Desde esta perspectiva se plantea que la justicia castrense, así como el derecho penal militar propio, resultan esenciales para mantener la disciplina y la eficacia de las misiones atribuidas a los ejércitos. Argumentos que merecen una reflexión detenida, pero que de entrada resultan discutibles, ya que, de una parte, las faltas de disciplina u otros delitos cometidos por militares también pueden ser, además de contenidos en un Código Penal común, revisadas eficazmente por jueces ordinarios. Por otro lado, no queda claro en qué puede influir una jurisdicción común (siempre que sea eficiente) en el incumplimiento de las funciones militares.

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Por lo demás, y aunque es cierto que en los últimos años se ha ido reduciendo sus límites (en esa dirección han ido las decisiones tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional), es evidente que todavía no queda del todo claro qué debe entenderse por “ámbito estrictamente castrense”, pues, por ejemplo, resulta más que dudoso que un delito de acoso sexual o laboral (como el del Caso Cantera), o una falta de hurto en un cuartel, deban conocerse por la justicia militar y no por la ordinaria.

¿Hay garantías de que en la justicia militar se respeten rigurosamente los derechos procesales que exige la Constitución?

De entrada, los principios procesales constitucionales relativos a la legalidad de los delitos y faltas disciplinarias, la libertad personal, la publicidad, la oralidad, el derecho a la defensa y los derechos que de ella se derivan, la motivación de las sentencias, el derecho a un recurso… todos tienen fiel reflejo en las leyes militares (Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar). Por ello debe deducirse que desde la perspectiva de la legalidad formal la garantía de esos derechos se cumple. Sin embargo, la eficacia de esa garantía esta directamente relacionada con la respuesta a la siguiente pregunta.

¿Están garantizadas la independencia e imparcialidad de los jueces militares?

En el Estado de Derecho la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado debe estar encomendada a un único conjunto de jueces, independientes e imparciales. Esa unidad jurisdiccional, establecida por unas normas de competencia y procedimentales previamente establecidas con carácter general por las leyes, se conecta directamente con la exigencia de independencia e imparcialidad, y es por ello que no caben manifestaciones de jurisdicción ajenas a ella.

Obviamente la justicia militar es una excepción admitida –no exigida, sino puesta a disposición del Legislador– por la Constitución, pero como toda excepción a la regla general, debe estar muy bien argumentada y muy bien delimitada. Más aún cuando se encuentran en juego derechos fundamentales de los ciudadanos, sean estos militares o civiles. En este sentido, cabe proponer dos reflexiones.

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La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de que los jueces (y los fiscales, ambos se extraen del Cuerpo Jurídico Militar) que conozcan los asuntos militares deban ser militares, un aspecto que se suele vincular a la necesidad de una “especial sensibilidad para la singularidad castrense”. De entrada, no queda claro que esa “especial sensibilidad” tenga que ser algo positivo (¿deben tener los jueces mercantiles ‘sensibilidad’ por lo comercial, o es suficiente con que tengan formación jurídica para resolver los conflictos que en esta materia se les plantean?); al contrario, podría pensarse que esa ‘empatía’ esconde intereses corporativos, intereses habitualmente favorables a los más fuertes (a los mandos de más alto rango).

La segunda tiene que ver directamente con su independencia e imparcialidad. Ciertamente, la Ley establece que los miembros de los órganos judiciales militares serán independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Su nombramiento, designación y cese se hará en la forma prevista en la Ley y no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni retirados, sino en los casos y con las garantías establecidas en las leyes. Además, si se consideran perturbados en su independencia, pueden ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial a través de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central. A partir de aquí, una vez más puede afirmarse que, en este ámbito y desde una perspectiva formal, la justicia militar española cumple con los requerimientos básicos, tanto los constitucionales como los establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: necesidad de dedicación permanente de los jueces, formación jurídica de los mismos, etc.

Sin embargo, la realidad muestra que esas garantías formales en muchos casos no pueden superar los pecados inevitablemente vinculados a toda endogamia, también la militar: amistades forjadas en promociones, confianza y protección de los oficiales de más alto rango, desconfianza en quien denuncia, valor de los testigos y sus declaraciones según su posición jerárquica, temor a no obtener apoyos de los superiores para ascensos o traslados, declaraciones que se realizan más ante un superior jerárquico militar que ante un juez o un fiscal… Aunque en la mayoría de los casos estas circunstancias no pueden probarse, la verdad es que existen, y vierten dudas legítimas sobre el cumplimiento de la exigencia de que el tribunal o juez esté “subjetivamente libre de sesgos y prejuicios personales” (así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Morris vs Reino Unido).

Concluyendo. Incorporadas plenamente las Fuerzas Armadas al siglo XXI, y en tiempos de paz, resulta discutible que argumentos de carácter organizativo y funcional justifiquen la configuración de una justicia militar separada de la justicia ordinaria. En realidad, es posible que el objetivo de dichas explicaciones sobre la singularidad castrense sea en algunos casos el de mantener un grado de autonomía poco compatible con el orden constitucional, antes que el de garantizar el buen orden y funcionamiento de los ejércitos.

La justicia debe ser absolutamente igual para todos, y solo argumentos muy poderosos pueden matizar o explicar desviaciones de ese principio. Sobre todo cuando con esa desviación se pone en juego algo tan esencial para los ciudadanos –sean estos militares o civiles– como el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

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Para saber más:

– Beatriz López Lorca, Algunas reflexiones para la reforma de la Justicia Militar

– Francisco Fernández Segado, La reforma del ámbito competencial de la jurisdicción militar.

– Pablo Contreras, Independencia e imparcialidad en sistema de justicia militar: estándares internacionales comparados

– Consejo Económico y Social, Informe Decaux

¿Pueden votar los militares en las primarias?

Fernando Flores

Dice Europa Press que dice el Ministerio de Defensa que no, que los militares no pueden votar en las primarias.

El derecho de participación de los militares no está limitado por la Constitución, pero sí por la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ésta, en el marco de la obligación de “neutralidad política”, les prohíbe los “actos de colaboración” con los partidos políticos. Además, los militares no pueden afiliarse ni a éstos ni sindicatos, ni recurrir a los medios propios de la actividad sindical (negociación colectiva, huelga, etc). Tampoco pueden organizar ni participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical, ni asistir a manifestaciones públicas vestidos de uniforme, o haciendo uso de su condición militar. Pueden votar, pero no tienen derecho al sufragio pasivo, es decir, no pueden ser candidatos electorales, no pueden ser votados. En concordancia con esta limitaciones, la Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas prevé sanciones para su incumplimiento.

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Al respecto son varias son las cuestiones que se plantean: ¿Rompe la participación en primarias el principio de “neutralidad política” de los militares? ¿Votar en las primarias (sin participar en la organización de las mismas) supone un acto de colaboración con un partido político? En último término, y lo que creo es más importante: ¿Cuál es la finalidad de la Ley al limitar la participación política de los militares? ¿Es proporcionada la limitación prevista en relación con el bien público que se protege? ¿Estamos hoy, en 2014, en el mismo contexto político que en 1977 ?

Los argumentos que deben responder a estas preguntas necesitan de un espacio mucho mayor que el del post de un blog, pero en éste me gustaría al menos dejar planteada una cuestión que, como casi todas las que afectan al mundo de la defensa y la seguridad, no suele ser motivo de atención por la sociedad y los medios progresistas.

Como reflexión previa, debe decirse que los militares son tan ciudadanos como el resto de las personas de la sociedad en que viven y trabajan, y que como tales son titulares de todos los derechos fundamentales que la Constitución recoge. Partiendo de aquí, y reconociendo que los derechos no son absolutos, debe tenerse en cuenta que a los militares también debe aplicarse el principio de máxima restricción a la hora de limitárselos.

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Yendo a las cuestiones. En primer lugar, no creo que votar en unas primarias rompa el principio de neutralidad política de los militares. La aplicación de este principio ni les impide tener ideología, ni votar en las elecciones, así que podría decirse que quien puede lo más, puede lo menos. Además, cuando el ciudadano se registra para votar en unas primarias no lo hace en su condición de militar, de médico o maestro (no se pide expresar la profesión), sino en la de ciudadano. En el registro para poder votar, como mucho, se le pedirá que declare que está de acuerdo –por ejemplo- con los principios progresistas del partido, pero parece que dicha declaración, además de estar sujeta a la legislación sobre la protección de datos, y por lo tanto no ser pública sin el consentimiento del titular, no rompe la neutralidad política tal y como debe entenderse en este caso. En último término, nada le impide participar en las primarias de distintos partidos.

En segundo lugar, tampoco creo que pueda afirmarse que el solo hecho de votar en las primarias (con el par de euros que se paga por participar) sea un estricto “acto de colaboración” con el partido político, de los que prohíbe la Ley. De ser así el militar no podría comprar lotería, tomarse una cerveza o adquirir un libro cuando la venta fuera promocionada por un partido (por un militante, en una caseta popular de feria o en una tienda propia). Los límites a los derechos tienen que interpretarse con arreglo al objetivo que persiguen, y deben ser proporcionados. Es aquí donde llegamos al centro de la cuestión.

¿Cuál es la razón de que se restrinja el derecho a los militares a la participación política? Si leemos el discurso que el General Gutiérrez Mellado pronunció en la Capitanía General de Sevilla, en febrero de 1977, entenderemos que tras esa limitación estaba (y está) el principio de la unión real y efectiva del ejército, así como su neutralidad. Una unión, en palabras del general, basada:

“en el compañerismo dentro de la jerarquía, para que nuestros Ejércitos constituyan un bloque compacto. 
Bloque que ha de ser invulnerable a cualquier intento de desunión, sea cual fuere el señuelo que se nos agite, bien de tipo religioso, social o político…”.

            Una unión que, además, exige

“la obligada neutralidad de los Ejércitos ante las opciones políticas temporales de gobierno, [Ejércitos] que respeten la legalidad y admitan los principios fundamentales de soberanía, unidad, integridad, seguridad de la Patria y libertad de sus ciudadanos”.

En consecuencia, concluía Gutiérrez Mellado, quien particularmente desee dedicarse a la política, debe apartarse del servicio militar.

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El planteamiento es más que comprensible. Los estudiosos han contado en España 105 asonadas militares entre 1814 y 1981. Es decir, en nuestra historia está más que constatada la utilización del ejército como instrumento para llegar a poder. Ese argumento, junto al golpe de 1936, a la dictadura franquista y al hecho cierto de que no pocos militares en activo en 1977 tenían la tentación de afiliarse a partidos políticos no caracterizados por sus principios democráticos, llevaron a Gutiérrez Mellado (al Gobierno de Suárez del que formaba parte) a exigir mediante Decreto Ley que para hacerlo, primero abandonasen el servicio activo.

Han pasado treinta y cinco años desde que se aprobó la Constitución y es obligatorio preguntarnos si la finalidad de algunas de estas restricciones (cuando se trata de participación política no proselitista, como votar en unas primarias, o afiliarse a un partido político) sigue teniendo una justificación tan potente como para considerarla proporcionada a la intromisión que supone en los derechos fundamentales de los militares, y si esas limitaciones favorecen su relación natural con una sociedad democrática.

En último término, se podrá decir que la cuestión del posible voto de los militares en las primarias es un “no problema”, en la medida en que muy pocos se habrán planteado siquiera la posibilidad de participar en ellas, y que lo que realmente crea el problema es plantearla. Ambos argumentos ­–poco interés de la mayoría de militares y tema delicado– pueden ser ciertos y, añadiría yo, con seguridad esta discusión merece muchos más matices de los aportados en este comentario. Aún así, creo que el debate riguroso y no sectario sobre estos temas (nuestro ejército, los militares, su realidad, su encaje constitucional, sus derechos) trasciende su repercusión inmediata, afecta al sistema democrático y al tipo de sociedad que queremos, y es por eso que deben ser tratados públicamente.