Justicia militar ¿Justicia del siglo XXI?

Fernando Flores

Poco a poco se van apagando los ecos del Caso Cantera, pero en la retina de muchos permanecen las imágenes del tribunal militar que lo juzgó, con unos jueces y un fiscal visiblemente incómodos ante la circunstancia de tener que condenar a un teniente coronel. El simple hecho de que sean militares los que juzguen militares, sumado a la clara percepción de que, en ese juego de equilibrios que es el proceso, el peso de la jerarquía del acusado (y de algunos testigos que lo apoyaron) ha influido en el comportamiento del tribunal, y quizás determinado su decisión, trae o debería traer a la sociedad el debate sobre la existencia misma de la justicia militar.

¿Por qué existe una justicia militar diferenciada de la justicia ordinaria? ¿Quiénes son las personas que componen sus tribunales? ¿Son imparciales? ¿Qué conflictos conocen y por qué esos y no otros? ¿Hay garantías de que respeten rigurosamente los derechos procesales que exige la Constitución?

juicio

En España existe un régimen jurídico de la justicia militar, configurado como una jurisdicción especializada por razones del ámbito en que se ejerce (el castrense) y por el derecho específico que aplica (diversas normas específicas para lo militar). Desde 1987 (Ley 4/1987, de 15 de julio) la justicia militar se integra en el Poder Judicial único del Estado, de acuerdo con el principio de unidad jurisdiccional que exige el artículo 117.5 de la Constitución.

El origen de este “compartimento estanco” es histórico. La justicia entre militares nació con los ejércitos, con el objetivo de mantener un control férreo sobre sus miembros, y se mantuvo a lo largo de la historia con argumentos sostenidos en la singularidad de su organización (en la que disciplina y jerarquía son esenciales) y de sus funciones (la defensa del territorio y el uso de la fuerza). Partiendo de esta base resulta comprensible que triunfase la idea según la cual “quien manda debe juzgar”, y que la jurisdicción militar se configurase como una justicia no judicial que aplicaba un derecho penal propio. La consolidación hacia principios del siglo XVIII de un ejército permanente no hizo sino fortalecer ese esquema, un esquema según el cual la justicia militar era competente (con vis atractiva en perjuicio de la justicia ordinaria) para conocer de todos aquellos casos que presentasen un “elemento militar”, fuera éste subjetivo (personal militar), objetivo (materia sujeta al derecho penal militar) o espacial (en lugares militares).

CódigoJM

La llegada del constitucionalismo y la configuración progresiva de los Estados de Derecho, sociales y democráticos comenzó a revertir la situación, es decir, a delimitar la justicia militar al ámbito estrictamente castrense. Ahora bien, esa voluntad transformadora encontró tanta resistencia por parte de los ejércitos, que hasta la Constitución de 1931 no se suprimió el triple criterio competencial (subjetivo, objetivo y territorial). Por lo demás, esta civilización de la Justicia duró poco, pues el régimen franquista devolvió a la jurisdicción militar su poder anterior a la República, un poder, corregido y aumentado, que había de ser coherente con la función de control social que se atribuyó a los ejércitos.

Tras la dictadura, la Constitución de 1978 tampoco consiguió (como sí sucedió en Alemania, Austria, Francia, Noruega, Holanda, Dinamarca…) deshacerse de la “peculiaridad institucional de los ejércitos”. Así que tras proclamar en el art.117 que “el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización de los Tribunales”, a párrafo seguido admitió que la ley regulase “el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”. Es decir, se optó por mantener la posibilidad (bien es cierto que vía legislativa) de una justicia especial cuya justificación en un Estado democrático ya no era (ni es) tan clara. Dado el contexto de la Transición (en el que debe enmarcarse el difícil proceso de democratización de los ejércitos españoles), sólo en la segunda mitad de los ochenta comenzó a legislarse para adaptar la justicia militar a los principios constitucionales por los que había de regirse. A día de hoy los cambios han sido importantes (el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional consideran que la justicia militar en España se ajusta a los parámetros de la Constitución), pero todavía cabe plantear, aunque sea brevemente y a modo de planteamiento del debate, algunas preguntas y reflexiones.

¿Exige la singularidad del mundo militar, del “ámbito castrense”, una jurisdicción propia?

Como se ha comentado antes, esa singularidad vendría definida, en primer lugar, por el aspecto organizativo y por la función propios de las Fuerzas Armadas. Desde esta perspectiva se plantea que la justicia castrense, así como el derecho penal militar propio, resultan esenciales para mantener la disciplina y la eficacia de las misiones atribuidas a los ejércitos. Argumentos que merecen una reflexión detenida, pero que de entrada resultan discutibles, ya que, de una parte, las faltas de disciplina u otros delitos cometidos por militares también pueden ser, además de contenidos en un Código Penal común, revisadas eficazmente por jueces ordinarios. Por otro lado, no queda claro en qué puede influir una jurisdicción común (siempre que sea eficiente) en el incumplimiento de las funciones militares.

militar y cura

Por lo demás, y aunque es cierto que en los últimos años se ha ido reduciendo sus límites (en esa dirección han ido las decisiones tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional), es evidente que todavía no queda del todo claro qué debe entenderse por “ámbito estrictamente castrense”, pues, por ejemplo, resulta más que dudoso que un delito de acoso sexual o laboral (como el del Caso Cantera), o una falta de hurto en un cuartel, deban conocerse por la justicia militar y no por la ordinaria.

¿Hay garantías de que en la justicia militar se respeten rigurosamente los derechos procesales que exige la Constitución?

De entrada, los principios procesales constitucionales relativos a la legalidad de los delitos y faltas disciplinarias, la libertad personal, la publicidad, la oralidad, el derecho a la defensa y los derechos que de ella se derivan, la motivación de las sentencias, el derecho a un recurso… todos tienen fiel reflejo en las leyes militares (Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar). Por ello debe deducirse que desde la perspectiva de la legalidad formal la garantía de esos derechos se cumple. Sin embargo, la eficacia de esa garantía esta directamente relacionada con la respuesta a la siguiente pregunta.

¿Están garantizadas la independencia e imparcialidad de los jueces militares?

En el Estado de Derecho la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado debe estar encomendada a un único conjunto de jueces, independientes e imparciales. Esa unidad jurisdiccional, establecida por unas normas de competencia y procedimentales previamente establecidas con carácter general por las leyes, se conecta directamente con la exigencia de independencia e imparcialidad, y es por ello que no caben manifestaciones de jurisdicción ajenas a ella.

Obviamente la justicia militar es una excepción admitida –no exigida, sino puesta a disposición del Legislador– por la Constitución, pero como toda excepción a la regla general, debe estar muy bien argumentada y muy bien delimitada. Más aún cuando se encuentran en juego derechos fundamentales de los ciudadanos, sean estos militares o civiles. En este sentido, cabe proponer dos reflexiones.

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La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de que los jueces (y los fiscales, ambos se extraen del Cuerpo Jurídico Militar) que conozcan los asuntos militares deban ser militares, un aspecto que se suele vincular a la necesidad de una “especial sensibilidad para la singularidad castrense”. De entrada, no queda claro que esa “especial sensibilidad” tenga que ser algo positivo (¿deben tener los jueces mercantiles ‘sensibilidad’ por lo comercial, o es suficiente con que tengan formación jurídica para resolver los conflictos que en esta materia se les plantean?); al contrario, podría pensarse que esa ‘empatía’ esconde intereses corporativos, intereses habitualmente favorables a los más fuertes (a los mandos de más alto rango).

La segunda tiene que ver directamente con su independencia e imparcialidad. Ciertamente, la Ley establece que los miembros de los órganos judiciales militares serán independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Su nombramiento, designación y cese se hará en la forma prevista en la Ley y no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni retirados, sino en los casos y con las garantías establecidas en las leyes. Además, si se consideran perturbados en su independencia, pueden ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial a través de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central. A partir de aquí, una vez más puede afirmarse que, en este ámbito y desde una perspectiva formal, la justicia militar española cumple con los requerimientos básicos, tanto los constitucionales como los establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: necesidad de dedicación permanente de los jueces, formación jurídica de los mismos, etc.

Sin embargo, la realidad muestra que esas garantías formales en muchos casos no pueden superar los pecados inevitablemente vinculados a toda endogamia, también la militar: amistades forjadas en promociones, confianza y protección de los oficiales de más alto rango, desconfianza en quien denuncia, valor de los testigos y sus declaraciones según su posición jerárquica, temor a no obtener apoyos de los superiores para ascensos o traslados, declaraciones que se realizan más ante un superior jerárquico militar que ante un juez o un fiscal… Aunque en la mayoría de los casos estas circunstancias no pueden probarse, la verdad es que existen, y vierten dudas legítimas sobre el cumplimiento de la exigencia de que el tribunal o juez esté “subjetivamente libre de sesgos y prejuicios personales” (así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Morris vs Reino Unido).

Concluyendo. Incorporadas plenamente las Fuerzas Armadas al siglo XXI, y en tiempos de paz, resulta discutible que argumentos de carácter organizativo y funcional justifiquen la configuración de una justicia militar separada de la justicia ordinaria. En realidad, es posible que el objetivo de dichas explicaciones sobre la singularidad castrense sea en algunos casos el de mantener un grado de autonomía poco compatible con el orden constitucional, antes que el de garantizar el buen orden y funcionamiento de los ejércitos.

La justicia debe ser absolutamente igual para todos, y solo argumentos muy poderosos pueden matizar o explicar desviaciones de ese principio. Sobre todo cuando con esa desviación se pone en juego algo tan esencial para los ciudadanos –sean estos militares o civiles– como el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Constitucion-1978

Para saber más:

– Beatriz López Lorca, Algunas reflexiones para la reforma de la Justicia Militar

– Francisco Fernández Segado, La reforma del ámbito competencial de la jurisdicción militar.

– Pablo Contreras, Independencia e imparcialidad en sistema de justicia militar: estándares internacionales comparados

– Consejo Económico y Social, Informe Decaux

¡Igualdad, no tolerancia!

Javier De Lucas

Los abominables crímenes terroristas cometidos en Paris han provocado una reacción ciudadana contundente y han permitido escenificar –como casi siempre- una supuesta unidad de las fuerzas políticas, incluso más allá del marco europeo. Tiempo habrá para valorar cuánto haya de representación escénica y cuanto de voluntad real a la hora de formular medidas que puedan ser aceptadas por la mayoría de los ciudadanos y, además, que respeten las exigencias básicas de la legitimidad democrática. Recordemos que no hay seguridad si no es ante todo seguridad en los derechos. Una seguridad que recorta la libertad no es tal: es la victoria precisamente de aquellos a quienes se trata de combatir, porque significaría reconocer que nuestra prioridad no es garantizar los derechos y libertades.

Pero quisiera dedicar estas líneas para llamar la atención sobre lo que considero un error fatal: esa apelación a la tolerancia que, como mantra o monserga habitual, como tópico del catecismo de lo políticamente correcto, se reitera y predica enfáticamente en muchas de esas manifestaciones y declaraciones. Quiero tratar de volver a proponer a los lectores una tesis que me parece capital para la cultura de los derechos: la necesidad de dejar de hablar de tolerancia para tomar en serio la igualdad o, como propone Balibar, la egalibertad. Sigue leyendo

Gallardón y Rajoy no quieren a Atticus Finch

Javier de Lucas

Cualquier jurista medianamente formado y mayor de cincuenta años conoce a Atticus Finch. El ministro de Justicia y el Presidente del Gobierno reúnen ambas condiciones, creo. Pero está claro que en su mundo no hay cabida para Atticus. Lo prueba, a mi juicio, el nuevo proyecto de ley de justicia gratuita, una pieza más de la reforma del sistema judicial que el ministro y el Gobierno construyen para dejar su impronta. Un ladrillo más en un muro como el que aplastaba a Pink, el personaje concebido por Roger Waters para el álbum de Pink Floyd, The Wall, que seguro que también resulta familiar incluso a juristas  de esa edad.

Por si acaso hay algún lector que no lo recuerde, quizá vale la pena anotar que Atticus Finch es el abogado protagonista del único libro que escribió la novelista Harper Lee, To kill a Mockingbird, publicado en 1960. La novela ganó el Pulitzer y obtuvo un éxito enorme, en no poca medida gracias a su adaptación cinematográfica (con guión de Horton Foote), estrenada en 1962, dirigida por Robert Mulligan, producida por Allan Pakula y protagonizada por Gregory Peck. La película obtuvo tres premios Oscar, uno de ellos para Peck, cuya interpretación resulta inolvidable para cualquiera que la haya visto, como lo es también la breve intervención de Robert Duvall (en el papel de Boo Radley). Y, desde luego, la de los niños que encarnan  a la protagonista (Scout, es decir, la propia Lee, a la que da vida Mary Badham), a su hermano Jem (Phillip Alford) y a su amigo de verano “Dill” (en realidad, Truman Capote, gran amigo de Lee, al que interpreta John Megna, cuyo parecido con el Capote niño resulta extraordinario). En los EEUU, los niños estudian el libro en las escuelas y Atticus Finch ha sido objeto de estudio y comentario por parte de alguno de los más notables juristas norteamericanos, aunque el personaje no es presentado como un genio del Derecho. Aquí se llamó Matar a un ruiseñor, aunque Mockingbird, en puridad, no es un ruiseñor, sino un sinsonte. Tanto el nombre náhuatl, Centzontototl, (“Ave de las cuatrocientas voces”), como el griego de su denominación científica, Mimus polyglottos, aluden a su capacidad canora: parece que los machos experimentados pueden expresar entre 50 y 200 canciones. Ruiseñor o sinsonte, no causa ningún daño; al contrario, nos deleita con sus cantos  y por eso Atticus les explica a los niños que matarlo es un pecado, porque es lo mismo que matar la inocencia.

Atticus_and_Tom_Robinson_in_court

¿Qué es lo que hace atractiva la figura de Atticus para los juristas y también para cualquier ciudadano, para cualquier justiciable? Atticus se gana la vida modestamente ejerciendo como abogado en Maycombe (trasunto de Monroeville, Alabama, el pueblo de Lee), en medio de la Depresión que golpea también a este villorrio. Su carácter recto, independiente, su honradez, se ponen a prueba cuando acepta la defensa de oficio de Tom Robinson (el actor es Brock Peters), un negro acusado de violar a una chica blanca, hija de un granjero borracho, maltratador y violento. Un jurado compuesto por doce hombres blancos hace prever el veredicto de culpabilidad, contra el que Atticus despliega toda su capacidad argumentativa, en balde…Y, sin embargo, no es tanto el abogado hábil y experimentado lo que nos queda de Atticus, sino el ser humano de una pieza que encarna el modelo de abogado de oficio, la institución clave para que pueda existir la justicia gratuita que garantiza el acceso al derecho a la defensa (por tanto, a la tutela judicial efectiva) a cualquiera. Y sin ese derecho, no existe el derecho a tener derechos para quien no tenga medios o se encuentre en situación de particular vulnerabilidad. Así sucede, por ejemplo, cuando se pertenece a un grupo que, por diferentes razones y factores que varían temporal y geográficamente, sitúa a determinados seres humanos en posición de prejuicio y desventaja: mujeres, niños, extranjeros, minorías raciales, religiosas, lingüísticas, de opción sexual, etc.

LIBRO EL BUEN JURISTA

¿Por qué encarna Atticus los valores del abogado de oficio? La mejor explicación la encuentro en un excelente volumen sobre deontología de jueces y abogados, editado por la profesora García Pascual, El buen jurista. Deontología del Derecho (Tirant lo Blanch, 2013). Varios de los autores del libro se refieren a las tesis de David Luban, autor de Legal Ethics and Human Dignity (Cambridge University Press, 2009), quien ofrece, a mi entender, la mejor justificación de la tarea del abogado de oficio, aunque no se refiera expresamente al personaje de Harper Lee.

DAVID LUBAN Legal Ethics and Human DignityPara Luban, en efecto,  la figura del abogado de oficio enlaza directamente con la defensa de los principios de dignidad y autonomía, fundamento a su vez de la noción misma de derechos humanos. Y es así porque, como escribe, el abogado de oficio defiende a un cliente al que las circunstancias sociales impiden o dificultan que tenga voz ante el Derecho. De esa forma, la institución de la justicia gratuita evita una humillación incompatible con la dignidad, con la autonomía, la de ser silenciado e ignorado, la de no ser valorado como alguien al que hay que escuchar en los tribunales de justicia. La de no ser considerado un igual ante el Derecho. En definitiva, concluye Luban, el deber deontológico de los abogados que les vincula con los principios de dignidad y autonomía, prohíbe “humillar a las personas y tratarlas como si sus historias y compromisos subjetivos propios fuesen insignificantes.”

Pues bien, esa tarea es la que se ve en peligro con la propuesta de reforma de la ley que ha presentado el Ministro Gallardón. Así lo argumentaron recientemente Carlos Carnicer, Presidente del Colegio general de la Abogacía de España y el Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán (como lo han hecho prácticamente todos los Decanos), en una rueda de prensa con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. En su opinión, el proyecto de ley de justicia gratuita que propone el ministro Gallardón supone un notable entorpecimiento del sistema actual, una reforma de la ley vigente que carece de justificación en términos de la defensa del justiciable sin medios: acaba con la territorialidad que asegura la proximidad y adecuación del abogado de oficio a la causa, no incluye la asistencia previa al proceso judicial, ni a presos, ni la posible intervención de diversos profesionales que podrían ser necesarios en el proceso. Además, pone en serio peligro la ya muy depauperada situación de estos profesionales, los abogados de oficio, pues “no se garantiza totalmente las prestaciones económicas a los abogados que prestan el servicio”, además de incrementar su carga burocrática.  Si este proyecto se une a la reforma de las tasas judiciales que ha implantado el mismo ministro, “se dará la puntilla al sistema”, en opinión de los Colegios de Abogados.

El ministro de justicia (y, no lo olvidemos, el Gobierno que preside el Sr Rajoy) alega que sus reformas “modernizarán” el acceso a la justicia y supondrán una gran racionalización y mejorarán la percepción de la justicia que tienen los ciudadanos. Es evidente que, para los señores Gallardón y Rajoy, Atticus Finch debe pertenecer a esa denostada categoría de progres radicales, que ignoran la verdaderas exigencias de la sociedad. Es lo mismo que pensaban una parte de los conciudadanos de Maycombe. Uno, la verdad, prefiere estar en el otro lado, en la compañía de Atticus Finch, no de esa mayoría que, aunque se evoque como silenciosa, pudiera resultar más próxima a otra cosa. Me refiero, claro, al proceso que nos describiera aquella otra película de 1966 de Arthur Penn, también con un texto de Horton Foote y Lillian Hellman, difícil de olvidar por el personaje del sheriff Calder, encarnado en este caso por Marlon Brando: La jauría humana.

Gregory Peck Dies at 87