Mutilación genital femenina: identidad y estigma

Ana Valero

El Tribunal Supremo acaba de revocar una sentencia de la Audiencia Nacional que condenó en abril de 2013 a una madre senegalesa a dos años de cárcel por ser responsable de la mutilación genital practicada a su hija de tres años de edad. La sentencia de la Audiencia era la primera dictada en España condenando a una persona extranjera por este tipo de delito cometido en el extranjero y antes de que la víctima y sus responsables emigraran a España. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha absuelto a la madre de la menor por considerar, entre otras cosas, que no hizo omisión de su condición de garante de la vida y salud de la menor por dejarla en casa de su abuela, quien supuestamente le confirió una práctica que es de uso generalizado en las zonas rurales de Senegal.

La mutilación genital es una de las prácticas más abominables que pueden llevarse a cabo sobre la mujer y, sin embargo, es considerada por quienes la practican –mujeres en la mayor parte de los casos- como definitoria de su identidad cultural y de género. Estamos, pues, ante uno de los más graves conflictos que la convivencia en sociedades multiculturales como las actuales plantea. Y de las respuestas de que nos dotemos acerca de cómo deben coexistir la distintas culturas y creencias y de cómo debe gestionarse la multiculturalidad, dependerá en gran medida la calidad de nuestra convivencia social y la estabilidad de las comunidades políticas en las que vivimos.

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Desde una perspectiva estrictamente jurídica es evidente que en las respuestas que los países de acogida dan o deben dar a la mutilación genital o a otras prácticas como la poligamia o el uso del burka en espacios públicos, subyace el inconcluso dilema sobre la universalidad de los derechos humanos, por un lado, y el relativismo en que se sustenta la obediencia a la norma cultural del grupo de pertenencia, por otro. Y las respuestas no son sencillas.

La mutilación genital femenina es una práctica ancestral extendida en un importante número de países, en su gran mayoría del África subsahariana, vinculada a un rito de iniciación a la pubertad social. A diferencia de lo generalmente entendido, no es una práctica vinculada a la religión musulmana, pues el Corán no la menciona en ninguno de sus versículos y se practica por otras comunidades como las mujeres falashas de Etiopía o las cristianas coptas en Egipto o Sudán. Podríamos afirmar, en consecuencia, que es un rito cuya constricción a su perpetración responde más a los usos y costumbres sociales y a la tradición -lo que la convierte en una sunna-, que a la obligatoriedad religiosa.

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Educación segregada o igualitaria. No da igual

Pepe Reig

La segregación por sexos en la enseñanza, que la democracia había sacado por la puerta, volverá subrepticiamente por la ventana con la LOMCE. Así está el tema. El ministro Wert le ha dado carta de naturaleza al modificar el apartado 3 del artículo 84 de la LOE, que prohibía cualquier discriminación en la admisión de alumnos, por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, etc. El proyecto de Ley aprobado por el Gobierno el pasado 17 de mayo excluye la discriminación por sexo de esa lista. Para ello se acoge a una Convención de la UNESCO del año 1960. Un texto que, para nuestros estándares de igualdad resulta inconstitucional, según los más importantes pedagogos del país reunidos en el Foro de Sevilla.

La ley anterior, Ley Orgánica de Educación, aprobada con un gobierno socialista en 2006, había empezado a inclinar la balanza a favor de las Comunidades que optaban por no subvencionar con conciertos a los colegios segregados, en su mayoría del Opus y otras órdenes ultraconservadoras. Las sentencias de tribunales superiores y del Supremo, que hasta entonces habían sido contradictorias, empezaron a dibujar un compromiso con la escuela mixta, aunque sin ilegalizar las experiencias segregadas. El tema pudo quedar definitivamente atado con el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que entre otras cosas prohibía expresamente concertar con centros segregados. El adelanto electoral dejó en el cajón esta ley y el nuevo Gobierno no será quien la rescate.

Cuando a finales de 2013, se apruebe la LOMCE, los gobiernos autonómicos ya no podrán denegar subvenciones o conciertos a los colegios que segreguen por sexo a sus alumnos.

Del debate jurídico al de género

El debate de fondo es sobre igualdad. La lógica dice que se mezcla para igualar y se separa para mantener desigual, aunque ahora se pretende que también segregando se puede igualar.

María Calvo, profesora de la Universidad Carlos III y presidenta de EASSE (Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada) cree en un “derecho al pleno desarrollo de la esencia femenina y masculina”. Un derecho que se supone mejor atendido en aulas homogéneas, es decir en una “educación diferenciada”. Ella rechaza el término “segregada” porque, dice, segregar significa “separar a los sexos para dar un trato de inferioridad a uno de ellos”, algo muy distinto de lo que, en su criterio, se logra separando a los chicos de las chicas.

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“Si se considera que cada persona puede ocupar cualquier posición –señala la socióloga y experta en educación Marina Subirats, en las antípodas de la anterior- ¿qué sentido tiene que se las eduque por separado?”. Lo que se pretende en el fondo es mantener roles diferentes según el sexo.

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