¿Desahuciar a menores? Humanidad y cumplimiento de la ley

Por Sergi Tarín y Fernando Flores

Ayer por la mañana, mientras el diputado Rafael Blasco (del PP) mantenía su escaño a pesar de que la fiscalía y la abogada de la Generalitat Valenciana pedían cárcel para él (14 y 11 años, respectivamente), la policía intentaba desalojar a una familia sin recursos de un piso público de la misma Generalitat. Que las irregularidades por las que el ex-portavoz del Consell valenciano está imputado comenzaran en la Conselleria de Solidaridad es sólo una coincidencia macabra.

Gloria y Javier ocupan una vivienda del IVVSA desde hace cuatro años, trabajan recogiendo y vendiendo chatarra. Con ellos conviven tres hijos. Pilar, la pequeña, de 7 años, es una niña como todas. Eloy, de 12 años, es un referente en el Colegio Santiago Apóstol como buen estudiante; tiene asma desde que nació. E Isaac, de 17, acaba de salir de la Unidad de Psiquiatría del hospital La Fe, donde ha estado internado cerca de un mes a causa de un brote psicótico. La familia ha intentado negociar con el IVVSA un alquiler solidario, sin éxito. Hace quince días la Administración les comunicó por la vía contenciosa la orden de desalojo que debía producirse ayer. En principio se intentó llevar a cabo el desahucio, y tras la oposición solidaria de un grupo de vecinos, la Policía otorgó una prórroga de ocho días.

¿Ha sido un acto de humanidad o se está cumpliendo la ley?

En los días previos al de la orden de desalojo, la abogada Pilar Serrano elaboró e interpuso recurso de apelación (del auto de orden de desalojo) y solicitud de suspensión cautelarísima del desahucio, a la vista de que concurrían otros intereses más importantes que el del cobro del alquiler por el IVVSA.

En efecto, antes que nada existe el interés del menor. El artículo 158 del Código Civil obliga al juez para que, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dicte las disposiciones que considere oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios, medidas que podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria.

No es la única norma que se refiere al tema. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, afirma en su artículo 2 que el interés superior de los menores primará sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Y en su artículo 3, además de extender a los menores los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales (especialmente la Convención de derechos del Niño de Naciones Unidas) ordena a los poderes públicos que garanticen el respeto a sus derechos, y que adecúen sus actuaciones a dicha Ley y a la mencionada normativa internacional. Por último, el artículo 13.1 de la Ley 1/96 obliga a toda persona o autoridad y especialmente a aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, a comunicarlo a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

¿Humanidad o cumplimiento de la ley? Para responder a esta pregunta hemos de averiguar si con el desahucio instado por la Generalitat se provoca algún peligro o perjuicio para los menores implicados en este caso. Así que formulemos otra pregunta: ¿desalojar sin alternativa habitacional a una niña de 7 años, a un menor con asma y a un adolescente recién salido de la Unidad de Psiquiatría puede ocasionar algún trastorno o perjuicio a estos menores?

Quizás sea oportuno señalar que el desarrollo de los menores está vinculado a su derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, reconocido en el artículo 47 de la Constitución española. Y que este derecho a la vivienda, aún formando parte de ese capítulo constitucional (el III del Título I) degradado injusta e inconstitucionalmente por algunos a la absoluta disponibilidad del legislador, da sentido a otros derechos como el de dignidad de la persona (artículo 10 CE), el de la intimidad personal y familiar (artículo 18 CE), el derecho a la educación (artículo 27 CE) o el derecho a la salud (artículo 45 CE). Todos ellos muy presentes en este caso.

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De modo que una aplicación nada forzada de la Constitución y la Ley obliga a unos poderes públicos (la Generalitat, el IVVSA, el juzgado de lo contencioso) a tomar medidas de protección a favor de Pilar, Eloy e Isaac, e impide a otros (la Policía) a llevar a cabo el desahucio. Es curioso que la página web del IVVSA se publicite a sí misma por las viviendas que entrega a familias en riesgo de exclusión social y se permita desahuciar a otras sin los miramientos a los que la ley y los derechos humanos le obligan.

No se trata de pedir lo imposible, ni caridad ni humanidad, sino de cumplir lo que la ley prescribe. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y algunos jueces españoles aplican la Constitución y las leyes que protegen los derechos fundamentales en el caso de desalojos de familias con menores. Sus resoluciones son valientes y deberían ser un referente a seguir por el juzgado que debe resolver la apelación contra el desalojo de Gloria y Javier.

Si al diputado Blasco, que dejó de ser menor de edad hace muchos años, la Generalitat no lo desaloja de su escaño, ¿cómo se atreve a intentarlo con Pilar, Eloy e Isaac?

Video: Sergi Tarín