Descontrol del Gobierno y derecho de participación de sus señorías

Fernando Flores

La negativa del Gobierno en funciones a someterse al control parlamentario ha suscitado bastante controversia, y tiene varias lecturas. Como este blog trata de derechos fundamentales, la mirada que le interesa es la de saber si alguno de ellos se ve afectado por aquella decisión. Y la conclusión es que sí. Con su huida táctica, Rajoy y sus ministros vulneran el derecho de participación política de los diputados y los senadores.

Hay que empezar recordando que este derecho de participación no se limita a la facultad que tienen los ciudadanos de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art.23.2 CE). El Tribunal Constitucional dejó claro hace tiempo que el derecho de participación política de los parlamentarios tiene una triple dimensión: acceso, permanencia y ejercicio del cargo, y en cada uno de ellos se ejercen derechos diversos.

Las funciones de los parlamentarios en ejercicio de su cargo (lo que se llama ius in officium) son derechos fundamentales de los representantes (así lo dice, por ejemplo, la STC 177/2002). Si el control del Gobierno es una de esas funciones, se concluye que su limitación (negarse a él limita –mas bien anula– la misma posibilidad del control) arbitraria constituirá una vulneración del derecho fundamental de participación política de sus señorías. Sigue leyendo

#SinJusticia

Rights International Spain lanza hoy una campaña dirigida a informar sobre la agenda de  reformas del Gobierno que restringen derechos y  libertades y reducen las  garantías de los  ciudadanos ante la Justicia. La intención de esta campaña es mostrar las conexiones entre las diferentes reformas (Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Justicia Gratuita, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Tasas ya en vigor) del gobierno como parte de un solo plan para dejarnos #SinJusticia

Esta es su presentación

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de nosotros impedirlo.

Frente a una sociedad civil que manifiesta de forma activa su rechazo a las políticas de recortes del Gobierno, éste, en lugar de atender a las demandas de la ciudadanía, se protege aplicando una agenda de reformas que restringen derechos y libertades y reducen las garantías de los ciudadanos ante la Justicia. No son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo plan para dejarnos #SinJusticia.
En Rights International Spain (RIS) creemos que es necesario conocer y denunciar esta situación. Por eso os proponemos una campaña informativa en la que podréis encontrar material elaborado por RIS con la intención de que cualquier persona, desde un ciudadano de a pie a juristas expertos, pueda usarlo para informarse e informar a otros sobre las siguientes reformas del gobierno.

SIN JUSTICIA alturas

Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana: el Gobierno quiere reformar la “Ley Corcuera”, en vigor desde 1992. La reforma actual ya ha sido calificada como “ley anti-protesta” y “ley mordaza” porque en ella se sancionan actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía de sus derechos fundamentales a la participación en asuntos públicos, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión.

Reforma del Código Penal: la reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno es muy criticable. Primero, porque no es necesario en este momento reformar precisamente el Código Penal; segundo, porque las modificaciones que incluye la reforma tendrán por consecuencia restringir derechos de la ciudadanía; tercero, porque aquellos delitos que sí deben ser incluidos o modificados no lo son.

Tasas judiciales: parece que al Gobierno le preocupa que los ciudadanos vayamos a los tribunales para reclamar nuestros derechos y que la Justicia nos proteja. Por esa razón se están poniendo obstáculos para acceder a los tribunales.

Justicia Gratuita: el Proyecto de Ley para reformar la asistencia jurídica gratuita (es decir, el poder disponer de un abogado de oficio por no tener recursos económicos para pagarlo) supondrá que menos personas podrán beneficiarse de ese derecho.

SIN JUSTICIA CARTEL

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la reforma que quiere hacer el Gobierno de la ley procesal penal hiere de muerte la acción popular, un derecho reconocido en la Constitución. Además pondrá en manos del fiscal, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado, la fase destinada a la investigación. Los fiscales tendrán el monopolio de la acción penal, sin contrapesos que hagan frente a su falta de independencia. 
 


Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: se ha disminuido la plantilla del Poder Judicial. Esto es una manera de debilitarlo y de reducir las posibilidades de los ciudadanos de obtener Justicia. Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial demuestran la desconfianza del Gobierno hacia los jueces. Para impedir las quejas y críticas por parte de los jueces también se pretende amordazarlos.

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informarnos, informa a los tuyos, comparte.

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Nociones de Derecho constitucional para Rouco y Gallardón

Por Ana Valero

«Fuera de la Iglesia no hay ni salvación ni remisión de pecados», Unam Sanctam. Con esta bula promulgada el 18 de noviembre de 1302, el papa Bonifacio VIII afirmó la absoluta supremacía del poder espiritual sobre el poder temporal. El pasado 15 de abril, el presidente de la Conferencia Episcopal española reclamó al Gobierno que cambie la legislación sobre el aborto y sobre el matrimonio homosexual. Horas después, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón dijo que la reforma de la primera llegará muy pronto.

sandro boticelli san agustin

La Iglesia católica en España se niega a aceptar un principio fundacional de todo sistema democrático, esto es, que el pueblo es el único soberano y que el Parlamento es su representante político. En consecuencia, sus leyes son la expresión de la voluntad popular, de la voluntad de la ciudadanía –aunque quizá esto sería discutible en los tiempos que corren, dado que el Partido Popular viene utilizando de manera torticera la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento para desoir el clamor ciudadano. Pero esta cuestión, quizá, sea objeto de un nuevo post.

Es evidente que la Iglesia rechaza dicho principio fundacional de la democracia al relegar al Parlamento al rol de “institución política” y otorgarse a sí misma el carácter de “autoridad moral”. La Iglesia española sigue a pies juntillas, en pleno siglo XXI, los dictados de la Unam Sanctam cuando sostiene que nadie más que el Parlamento puede legislar y que sus leyes deben cumplirse, pero sólo “si son justas” –palabras de Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal. Y yo me pregunto, ¿hay una apelación más directa que ésta a la “desobediencia civil”?

La Iglesia tampoco reconoce el papel que en nuestro sistema se asigna al Tribunal Constitucional, el de intérprete supremo de la Constitución, siendo quien tiene la última palabra para expulsar o no del ordenamiento jurídico aquellas leyes que vulneren el Texto fundacional, garantizando así su primacía y valor normativo. Pues bien, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha dictado recientemente una sentencia declarando que no hay contradición alguna entre la ley que permite el matrimonio homosexual y la Constitución, Rouco Varela afirmaba lo siguiente el pasado 15 de abril: “El legislador también después de la sentencia del Tribunal Constitucional es libre de legislar de modo justo reconociendo esos derechos de los ciudadanos y, en particular, de los niños”.

Pues no, señor Rouco, no, el legislador no es libre para contradecir lo dicho por el Tribunal Constitucional, salvo que, como en el caso del aborto, hayan transcurrido 28 años desde que se pronunció sobre el asunto y proceda adaptar su doctrina a la nueva realidad social. Pero esto último parece que no sólo lo desconoce el presidente de la Conferencia Episcopal si no que, lo que es más grave, parece no querer entenderlo el propio Ministro de Justicia cuando se aferra a la Sentencia del Tribunal Constitucional, sobre la constitucionalidad de la ley despenalizadora del aborto en determinados supuestos, del año 85, para sostener que ésta impide que en España rija una ley de plazos y proponer, incluso, la desaparición de los supuestos que despenalizan el aborto cuando exista riesgo para la madre o riesgo de malformación del feto.

El Ministro de Justicia parece desconocer que el Tribunal Constitucional desde hace años viene aplicando en la mayor parte de sus decisiones la “teoría evolutiva” para interpretar la Constitución, que consiste en interpretarla en relación con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada. Y parece indiscutible que, transcurridos 28 años, el Tribunal Constitucional puede y, desde mi punto de vista, debe, cambiar su doctrina sobre el derecho a la vida y reconocer la constitucionalidad de una ley de plazos que, dicho sea de paso, es la que tienen la mayor parte de los países europeos. O, ¿es que nuestra realidad social dista tanto de las de los países de nuestro entorno? Me atrevería a decir que precisamente en este asunto, no.

Cuando el señor Gallardón afirma que una ley de plazos como la vigente es inconstitucional para justificar su reforma, además de engañar a los ciudadanos, está haciendo caso omiso a un principio básico del Derecho Constitucional contemporáneo, el que vincula la vigencia y perdurabilidad de la Constitución a su interpretación conforme con la realidad social vigente en cada momento histórico.

En España, es el propio Gobierno, y la mayoría que lo sustenta en el Parlamento, quien, plegándose a la voluntad de la Iglesia católica en sus iniciativas legislativas, desconoce las exigencias del principio fundacional de la democracia, el de la soberanía popular, así como las del principio constitucional de laicidad, aquél que impide precisamente la confusión entre el poder político y el poder espiritual.

¿Sería mucho pedir que en alguno de sus encuentros los señores Rouco y Gallardón intercambiasen libros? Yo tengo un par de propuesta para ambos: “La Ciudad de Dios”, de San Agustín y la “Constitución española de 1978”, del pueblo soberano.

* Ilustración: San Agustín en su gabinete, Sandro Botticelli,1480, 
Iglesia de Ognissanti (Florencia)