Los derechos humanos en Cuba

Fernando Flores

Tras los discursos, se abrió el turno de preguntas y un periodista estadounidense con acento de Miami (confesó que su padre era un cubano que abandonó la Isla), preguntó al Presidente Obama sobre las palabras con las que había instado al Presidente Castro a realizar reformas en la Isla a favor de los derechos humanos. Al mandatario cubano le planteó directamente “¿por qué tiene presos políticos, y por qué no los sueltan?”. Acto seguido, Andrea Mitchell, de la NBC, señaló a Castro que para muchos era increíble oírle hablar de derechos humanos, y puso de manifieso que la visita de Obama había estado precedida del arresto de un grupo de las Damas de Blanco, que se estaban manifestando pacíficamente. De modo que no alcanzaba a comprender cómo podía existir una “coexistencia civilizada” entre dos países con una interpretación tan diferente de lo que significan la democracia y los derechos humanos. Sigue leyendo

Todo por la Marca. También los derechos humanos

Javier de Lucas

Algún día habrá que escribir la historia de lo que nos ha costado la ambiciosa operación de imagen, presentada como prioridad del gobierno Rajoy y eje estratégico de la política exterior española: la “Marca España”. De momento, contamos con algunos elementos de juicio. Veamos.

¿Qué quiere decir “Marca España”? ¿Por qué adoptar como santo y seña esta expresión, obviamente mercantil y que podría  llevarnos a sustituir  el vetusto <todo por la Patria>, por  <todo por la Marca>? La primera pista  me parece obvia: detrás de lo que podría parecer una operación de aggiornamento de la presentación internacional del Reino de España, en realidad se encuentra la idea tan trasnochada como cuestionable de que un país es ante todo un producto (bueno, digamos una empresa, al modo en que Reagan y Thatcher veían el mundo por venir, como una batalla entre capitanes de empresa), tal y como reza su Decreto de creación, el R.D. 998/2012, de 28 de junio. En esa norma se nos explica que se trata de “mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país”. Una ocurrencia formulada casi en los términos apodícticos propios de un catecismo Astete para catecúmenos neoliberales, esos sujetos que dibujan con tanta precisión Forges o Manel Fontdevila.

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Como casi todo en nuestro país, ha necesitado su propia burocracia: un Alto Comisionado, con rango de Secretaría de Estado, Oficina, un Observatorio y, cómo no, un sitio web. En todo caso, el coste al que me refería no es el de esas estructuras administrativas, seguramente prescindibles pero, al fin y al cabo, modestas en comparación con la pólvora de rey de eventos e instalaciones tan elefantiásicas como ruinosas (véanse los penúltimos ejemplos made in Calatrava y Gobiernos de la Generalitat valenciana), o con la nómina de asesores que pueblan todas las administraciones, de la Presidencia del Gobierno del Reino de España, al de Castilla – La Mancha o cualquier Ayuntamiento que se precie. Tampoco se trata sólo de lo que hemos invertido y dejado de recuperar en la promoción de este parto de los montes. Por ejemplo, la reorientación de las prioridades en nuestra diplomacia, que en realidad ha supuesto acomodar buena parte de nuestras embajadas al modelo de oficinas de negocios, para ir a lo mollar: la pasta. Y  lo peor es que apenas se ha querido invertir a fondo –más allá de una retórica trasnochada, la misma de esas fallidas cumbres iberoamericana- en la mejor baza del proyecto de marras, esto es, un idioma global, empeñado como está el gran preboste de nuestra diplomacia en revivir los blasones del imperio.

No. Lo malo, en términos de coste es que resulta que el balance de esta empresa nos ha dejado con el culo al aire. Porque, pese a los grandes logros de Aznar en la escena internacional y en la mesa de centro del rancho de Bush, pese a las coyunturas planetarias de Pajín y Zapatero, pese al “gran esfuerzo que han hecho los que más tienen” (sic) y que nos ha devuelto a la credibilidad internacional -al decir del increíble Floriano-; incluso pese a la reconocida elocuencia de Rajoy, que hace de él una luminaria en los foros internacionales casi comparable a Ana Botella, España, en este juego, no pasa de ser una marca de tercera regional. La Marca España, con una caída del 20%,  se sitúa entre las diez que más pierden en el mundo en 2013, según los datos del último informe de Brand Finance.

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Pero aún hay más. Otros costes, otros daños quizá menos mensurables a corto plazo y que, sin embargo, resultan más letales. Me refiero a la seudo pragmática “filosofía” que esa mal entendida <marca> nos obliga a adoptar cuando, mire usted por dónde, aparece una ¿impensable? colisión entre las exigencias del respeto a los derechos humanos y el interés de la precitada “Marca España”.  Porque viene sucediendo que la arrogancia de la tal Marca se torna vergonzante pleitesía en cuanto nos topamos con el que manda. Ya tenemos testimonio sobre la obsequiosidad de todos nuestros Gobiernos y ministros de exteriores con esos <asuntillos> que molestan al tío Sam (el caso Couso)  y a quienes mandan en el tío Sam (Wert es sólo un penúltimo ejemplo) o a sus aliados (Israel, pongamos por caso). Pero es que ahora, cada vez más, son otros los amos y no estamos acostumbrados a los nuevos protocolos, lo que quizá explica alguna reciente sorpresa.

Los lectores recordarán cómo ante la ofensiva de uno de esos aliados de verdad del tío Sam, Israel, el Gobierno de Zapatero (mediante un acuerdo entre PSOE y PP) promovió en enero de 2009 un primer recorte al marco legal mediante el cual nuestro país se había comprometido en serio con el principio de jurisdicción universal. La halcón israelí y entonces ministra de exteriores, la señora Tzipi Livni, leyó la cartilla al ministro Moratinos para que corrigiera o frenara a la Audiencia Nacional que, a semejanza de los tribunales belgas respecto al benemérito Ariel Sharon, amenazaba con órdenes de busca y captura contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.. Y así sucedió. Con el añadido de que los españoles no nos enteramos de esas intenciones por nuestro propio Gobierno, sino por las declaraciones de la ministra en ese mes de enero de 2009, que declaró que Moratinos le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. “El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español”, declaró Livni a la agencia Associated Press. “Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo… Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno”. (La noticia puede verse aquí).

Pues bien, no ha sido bastante. Otra vez algunos tribunales españoles, sin demasiado entusiasmo, todo hay que decirlo, pero obligados por un excelente trabajo jurídico y por la tozudez y aun el coraje de profesionales del Derecho y militantes de los derechos humanos, han tomado decisiones que molestan a poderosos gobiernos implicados muy verosímilmente en asuntillos, como genocidios o crímenes contra la humanidad. El caso de los dirigentes chinos contra los que se había conseguido que la Audiencia Nacional emprendiera acciones propias de la jurisdicción universal por su responsabilidad en el genocidio cometido en el Tibet es abrumador por la desvergüenza con la que han actuado el Gobierno chino y el sumiso gobierno Rajoy, siempre con la coartada del interés superior de la Marca España, entendida exclusivamente en términos de balanza comercial. El 12 de diciembre de 2013, una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso y reiteró la “perplejidad” e “incomprensión” de su Gobierno por la actuación de los tribunales españoles en relación con el Tibet, un “asunto doméstico”, interno, propio de la soberanía china. Nada nuevo en la vieja lógica contra la que trata de lucha precisamente el principio de jurisdicción universal. Dando muestra de una celeridad que para nosotros los ciudadanos españoles querríamos, el Gobierno en menos de un mes ha preparado el cambio legal requerido.

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Y lo que es peor, esta genuflexión ante el mercado chino da carpetazo a todas las investigaciones de los jueces españoles en los últimos diez años, como el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Son los dos que están en curso ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 (Santiago Pedraz): Caso Couso y genocidio en Guatemala. Los cuatro en el Juzgado Central nº 2 (Ismael Moreno): Genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. Uno en el Juzgado Central nº 3. (Javier Gómez Bermúdez), el Caso Vielman. Dos en el Juzgado Central nº 4. (Fernando Andreu): Crímenes de guerra en Irak y genocidio de Ruanda. Tres en el Juzgado Central nº 5 (Pablo Ruz): Torturas en Guantánamo, genocidio del pueblo saharaui y asesinato de Carmelo Soria. Y finalmente, uno en el Juzgado Central nº 6 (Eloy Velasco): el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador.

En fin, a juicio de no pocos, se trataría de una de esos slogans publicitarios con cuyo enunciado solemne pretenden deslumbrarnos (“estamos trabajando en modernizar la imagen e España”) los mismos políticos que no saben resolver las necesidades primarias, las verdaderas prioridades de sus empleadores, los ciudadanos. Los que parecen incapaces de atajar la corrupción, el paro, ni tampoco los conflictos reales que dañan la imagen de <marca> como el problema territorial. Ya sé que todo esto les parecerá a no pocos “expertos” en política exterior (y en cinismo de mesa camilla y tertulia, que disfrazan de realpolitik) un ejemplo de la ingenuidad característica de quien se embarca en política con la denostada <ética de principios>, lo que, al decir del tan reputado como brutal canciller Bismarck, era semejante a quien se adentra en un bosque infestado de bandoleros con un palillo entre los dientes…Pero es lo que tiene dedicarse a enseñar e investigar sobre derechos humanos, que uno se los toma en serio. Porque, en caso contrario, habrá que concluir que no vale la pena hacer política. Dejemos hacer al mercado, ese descrito por Scorsese en The Wolf of Wall Street, que es la única razón universal. Pero no nos llamemos a engaño. Su lógica no es esa filantrópica y al cabo benéfica para todos, tal y como sostienen los partidarios de esa patochada de la mano invisible. De los vicios privados no salen las virtudes públicas como pretendiera Mandeville. No, lo que el mercado, éste de ahora, persigue, aquello en lo que consiste no es otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios. Ya lo dijo Warren Buffet, una guerra entre ricos y pobres en la que, claro, van ganando ellos, los ricos, los que mandan de verdad.

que-es-marca-espana Jordi Bernadó

Viñetas: Manel Fontdevila y Peridis
Foto: Jordi Bernadó

Guantánamo sigue ahí. Y se multiplica.

Javier De Lucas

Una de las razones por las que el mandato del Presidente Obama queda muy, muy lejos de las expectativas que había despertado, es su falta de voluntad clara –dejémonos de eufemismos- para cumplir con la promesa de cerrar los diferentes campos -hasta seis- de la base norteamericana de la bahía de Guantánamo, donde permanecen encerrados los prisioneros relacionados con la guerra contra el terrorismo y, en primer lugar con Al-Qaeda, desde la intervención norteamericana en Afganistan, sometidos a diferente grado y tipo de medidas coercitivas.

Por ejemplo, en el más duro, el Camp 6, con capacidad para 178 prisioneros, se les mantiene en celdas individuales de acero sin ventana alguna, durante 22 horas al día. Sabido es que se ha  denunciado y documentado a lo largo de estos años que, en todos esos campos se somete a quienes, desde el punto de vista jurídico internacional, son prisioneros de guerra (aunque los EEUU se nieguen a aceptarlo así y los considera “combatientes enemigos ilegales”), a torturas y malos tratos. Un régimen no sólo ajeno, sino contrario a la legalidad internacional, según han puesto de manifiesto Cruz Roja y diferentes ONG de derechos humanos.

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Fue el 11 de enero de 2002 cuando llegó el primer grupo de 20 prisioneros a la base norteamericana, bajo mandato del Presidente Bush y en una situación jurídica de estado de guerra en la que, Patriot Act mediante, se suspendieron garantías elementales de derechos, según ha sido denunciado, por ejemplo por la American Civil Liberties Union. En su momento más álgido esos campamentos albergaron a 750 prisioneros. Hoy son 151. En su primera campaña presidencial, ya en 2008, Obama (pero también MacCain) se comprometió a cerrar esos campos si era elegido Presidente. En enero de 2009 decretó el cierre por un año, pero en 2009 y 2010 el Congreso rehusó el uso de fondos públicos para trasladar a los presos desde Guantánamo a territorio de los EEUU.

Sólo ha habido un juicio civil a un prisionero de Guantánamo: es el caso del tanzano  Ahmehd Ghailiani, absuelto de 284 de los 285 cargos imputados, entre ellos del de terrorismo, aunque considerado culpable de conspirar para destruir con explosivos propiedades estadounidenses. Sólo 67 presos han sido extraditados a alguno de los 16 países que aceptaron acogerlos. Las peripecias jurídicas que suponen negación de principios elementales han sido analizadas por Richard Wilson, profesor del Center for human Rights and humanitarian Law del College of Law (American University, Washington) en su  “Defending the Detainees at Guantanamo Bay”, Human Rights Brief, 12, nº 3 (2005). Quien esté interesado, puede encontrar una detallada cronología y documentación en el sitio que la web del New York Times dedica a los campos de Guantánamo o en la web del Center for Justice and International Law de Washington.

Con motivo de este triste aniversario, me referiré sólo a algunos de los hitos más recientes de esta historia negra, a lo largo del pasado año de 2013.

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Conviene recordar que en el mes de abril de 2013, ante la pregunta del corresponsal de CBS, en rueda de prensa oficial en la Casa Blanca, el presidente Obama, tras afirmar que “Guántanamo ya no era necesario“, reafirmó su voluntad de cerrarlo, aunque lamentó las obstrucciones planteadas por el Congreso.

En junio de 2013, por primera vez, se hizo pública una lista de 46 prisioneros a los que se retiene con carácter indefinido, sin acusación ni juicio, so pretexto de que son extremadamente peligrosos –entre ellos, Mahmoud Al Mujahid–  para ser liberados, aunque no haya elementos para llevarles a juicio (¿!).

En noviembre de 2013, tras la escalada de huelgas de hambre de prisioneros encerrados en Guntánamo, 25 ONGs se dirigieron a Obama para exigirle el cierre. Poco después, en el mismo mes de noviembre de 2013, tras reunirse con los dos enviados especiales del Departamento de Estado (Clifford Sloan) y del Pentágono (Paul Lewis volvió a hacer pública su “decisión” de cerrar esos campos y trasladar a los prisioneros a territorio de los EEUU, así como transferir a otros a países terceros.

Lo cierto es que esta última medida resulta particularmente polémica por cuanto no pocas de esas transferencias de prisión presentadas como repatriaciones, lo son contra la voluntad de los prisioneros (como en el caso de los prisioneros Djamel Ameziane y Belkacem Bensayah, trasladados a Argelia, contra su voluntad,  el 6 de diciembre de 2013; otros prisioneros saudíes y somalíes fueron también repatriados en idénticas condiciones), pero es que, aún peor, algunos son transferidos a cárceles en países terceros sin su consentimiento, como tres de los 11 prisioneros chinos de etnia iugur, transferidos a Eslovaquia el 10 de enero de 2014). A día de hoy, 15 de enero de 2014, los campos siguen ahí.

Pero cerrar Guantánamo no acaba con ese infierno, y digo infierno porque no es un limbo, salvo por la ausencia de control de los principios básicos del Estado de derecho. Según el testimonio de Zachary Katznelson, director del gabinete jurídico de la ONG Reprieve, que ha defendido a treinta de los encarcelados en Guantánamo, los EEUU tienen más de 16000 presos en todo el mundo en cárceles en Iraq, Afganistán (la muy conocida prisión de Bagram), Turquía, etc. (Puede consultarse también el libro de conversaciones editado por Nadim Mahoub The Guantanamo Files: The Stories of 744 Detainees in American’s illegal Prison, Plutopo Press, 2009, que reúne los testimonios de Andy Worthington, Moazzam Beg y Zachary Ktznelson .

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Y los europeos no podemos sacar pecho frente a esta ignominia. De un lado, con la sola excepción de la Sra Merkel en su primera visita oficial a los EEUU, ningún dirigente europeo (incluido en esta misma semana el presidente Rajoy) ha sido capaz de denunciar lo inaceptable ante la propia administración norteamericana. Pero la UE, además de colaborar a esta vergüenza –desde luego, no sólo por omisión-, tiene sus propios Guantánamos. Porque en punto a desprecio de los derechos humanos y de las obligaciones jurídicas internacionales, nada tienen que envidiar los 400 CIEs que mantiene en funcionamiento en el territorio de los 28, de los países candidatos a la entrada, de los que se benefician de la política de vecindad y de los que simple y llanamente hacen negocio con esta lacra. Así lo ha denunciado y documentado Migreurop, la ONG más importante en la UE en lo que se refiere a políticas de asilo e inmigración, que surgió precisamente a finales de 2000, en el Forum Social Europeo celebrado en Florencia, como una red europea para denunciar esa Europa de camps, expresión con la que muy intencionadamente se trataba de llamar la atención sobre la analogía con las más funestas experiencias de campos de concentración, como los de Argelés, imposibles de olvidar en la memoria de los republicanos españoles.

Migreurop ha desarrollado en la última década investigaciones, iniciativas populares y propuestas críticas en este ámbito. Por ejemplo, su campaña Open Access Now, en 2011, reclamando transparencia y acceso a los centros de internamiento de extranjeros en la UE, o el proyecto Dynamic mapping of detention of migrants, conectado con el AntiAtlas of Borders Project. Todo ello ha confluido en la iniciativa denominada Close the Camps, que se puso en marcha en 2011 y se ha presentado en diciembre de 2013 en el marco de las European Campaigns against the Administrative Detention of Migrants, que forma parte de las European Alternatives (EA Migration Area/EA Detention Programme). La iniciativa reúne una dimensión de análisis con la propuesta crítica, pues persigue una cartografía de los 393 campos de internamiento –Centros de internamiento en la terminología jurídica española. Esa cartografía, a su vez,  trata de poner de relieve el carácter central de esos centros en una política de auténtica guerra contra los inmigrantes (cfr a ese respecto su emblemático Manifiesto). El número de casi 400 campos reúne a los centros que existen en los 28 Estados de la UE, los Estados candidatos a la asociación, los que forman parte de la política de vecindad (European Neighbourhood Policy, ENP) y otros Estados que participan de esas políticas. Cerremos los CIE. Cerremos Guantánamo y todos los Guantánamos. Un buen propósito para 2014.