No acatar ideológicamente la Constitución es un derecho fundamental

Ana Valero

Un año más conmemoramos el aniversario de la Constitución, pero este no es un aniversario cualquiera, la crisis catalana ha hecho que no lo sea.

Muchos somos los que pensamos que ésta nos ha conducido a una auténtica crisis constitucional, pues ha puesto en jaque el pacto del 78; otros, sin embargo, se envuelven en la bandera de la Constitución para defender posturas inmovilistas; los más osados se atreven a afirmar que aquel pacto nació muerto por ser de herencia franquista y que ha llegado la hora de desprenderse de sus ataduras.

Sea como fuere, lo cierto es que la crisis catalana ha llevado a buena parte de la esfera política y mediática, tanto española como catalana, a generalizar una maniquea distinción entre ‘partidos constitucionalistas’ y ‘partidos soberanistas’. Mientras este último término es empleado para referirse a los partidos políticos que defienden la independencia, el término ‘constitucionalistas’ se emplea con alusión a aquéllos que se oponen a ella. Se trata de una distinción manipuladora que está haciendo creer erróneamente a la opinión pública que dentro de nuestra Constitución sólo caben determinadas líneas políticas.

Sin embargo, esto no es así, pues, a diferencia de la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución española vigente no exige la adhesión ideológica hacia sus principios fundamentales. Es cierto que para el acceso a determinados cargos públicos resulta necesaria una declaración pública en forma de juramento o promesa de acatar la Constitución, pero, incluso en este caso, como ya señaló el Tribunal Constitucional, estamos ante una declaración formal que no entraña necesariamente una adhesión ideológica o una conformidad a su total contenido.

El Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el deber de lealtad constitucional sólo puede ser entendido desde una perspectiva procedimental, esto es, en el deber de acatamiento de los procedimientos previstos por la Constitución para defender cualesquiera fines políticos, incluso aquellos contrarios a la misma. Por lo que, en nuestro modelo cabe la defensa de ideologías que pretendan, por ejemplo, instaurar la pena de muerte, defender la separación de una parte de España o acabar con el propio sistema democrático, basta con que se respeten los procedimientos constitucionalmente previstos para alcanzar dicha aspiración.

De tal modo que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, sólo cabe ilegalizar aquellos partidos que incurren en alguno de los supuestos tasados en el artículo 515 del Código Penal (ilicitud penal), esto es, los que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidos, promuevan su comisión, empleen medios violentos o fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia; o en el artículo 9 de la Ley 6/2002, de Partidos Políticos (la llamada ilicitud civil), que se resumen de la siguiente manera: la promoción, justificación o exculpación de los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o la persecución de éstas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual; el fomento, propicio o legitimación de la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas; o complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines. Supuestos en los que no incurre, en ningún caso, la propuesta soberanista.

Por lo que se hace evidente que, tras el uso político y mediático que se está dando al término “constitucionalista” con motivo de la crisis catalana, se esconde la voluntad política manipuladora de defender una determinada interpretación de la Constitución en lo relativo a su organización territorial. Y ello porque, en la medida en que en el ordenamiento jurídico español cabe la defensa de cualesquiera ideas o fines políticos, los partidos que defienden la independencia de una parte de su territorio no dejan de estar fuera de la Constitución, -como no lo están los que defienden su unidad-, incluso si para alcanzar dicho fin defienden la necesidad de desbordar el marco jurídico vigente abogando por la desobediencia civil o por una declaración unilateral de independencia, pues el límite que no se puede traspasar se encuentra en la defensa del uso de la violencia para alcanzar dicho fin.

Algo distinto, evidentemente, es la puesta en práctica del método propuesto, pues, en la medida en que, como he afirmado, el principio de “lealtad constitucional” es de carácter procedimental, esto es, requiere del respeto de los procedimientos constitucionalmente previstos para alcanzar cualesquiera fines políticos, la subversión de estos hará que reaccionen legítimamente los resortes del Estado de Derecho. Sin embargo, lo que no puede perseguir el Estado es la mera reivindicación de la desobediencia.

Estos días estamos asistiendo a grandes debates en este sentido, siendo necesario arrojar algo de luz sobre los límites que el principio de lealtad constitucional establece en nuestro ordenamiento, junto con cómo deben interpretarse determinadas libertades de los actores implicados en el Procés.

En este sentido, el desaparecido Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, condicionó su petición de prisión provisional del expresidente Oriol Junqueras y los ocho exconsellers del Govern al acatamiento de la Constitución y a la búsqueda de sus objetivos políticos dentro de los cauces legales. Algo que ha reiterado el Auto del Magistrado del Tribunal Supremo que actualmente instruye la causa contra ellos y contra los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Pablo Llanera. Haciendo depender de dicha declaración, entre otras cosas, el riesgo de reiteración en los delitos de rebelión y sedición imputados.

Desde mi punto de vista, resulta cuando menos sorprendente que se haga depender de un “acto de fe” constitucional, claramente atentatorio de la libertad ideológica de los investigados, su propia libertad personal, teniendo en cuenta además que junto a ella se vulnera un derecho tan importante como el de negarse a declarar, ya que de no hacerlo en ningún caso deberían derivarse consecuencias sancionatorias como la prisión, incluso la provisional. Además, cuando los investigados comparecieron ante la Judicatura evidenciaron que reconocían la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por lo que exigirles una manifestación verbal expresa al respecto, condicionante de su libertad, es una clara vulneración de su libertad ideológica. Libertad, esta última que, de acuerdo nuevamente con la jurisprudencia constitucional, se ve vulnerada por el mero hecho de que se deriven consecuencias de proceder o no a la declaración de las propias ideas o creencias.

Ahora bien, que no se lleven a engaño aquellos que afirman que Junqueras y los exconsellers están en prisión –a día de hoy se mantienen el exvicepresidente, el exconseller de interior y los dos Jordis– por sus ideas políticas. Pues lo están por sus actos que, en opinión del magistrado instructor de la causa, son constitutivos de los delitos de rebelión y sedición, con independencia de la opinión negativa que personalmente me merezca tal presunción. Cosa distinta es que éste, en una interpretación restrictiva de la libertad personal de los investigados, haga depender de su libertad ideológica y con carácter cautelar, algo que es perfectamente defendible en una campaña electoral, la vía unilateral hacia la independencia. Algo que, mientras no implique violencia en el método, tiene cabida en una Constitución no militante como la nuestra.

Libertad de expresión e imparcialidad de los jueces: el caso De Prada

Fernando Flores

Se ha escrito mucho sobre la sorprendente capacidad del ministro del Interior, señor Fernández Díaz, para violentar la Constitución española, una capacidad que refuerza con la especial atención que dedica al Título Primero de la misma, el que reconoce y garantiza los derechos fundamentales. Es por eso que atribuyo a una muestra de su perseverancia el que en las últimas semanas lo encontremos enredado en vicisitudes tan diversas como el escándalo de los espionajes a políticos independentistas, la puesta de nuestra seguridad en manos de la Virgen, o en la persecución de jueces que ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión.

Los dos primeros casos están recibiendo atención y reproche mediático, y no cabe duda de que, especialmente el primero, resultan muy graves. El último, sin embargo, no sólo ha pasado relativamente desapercibido a pesar de su importancia (aunque ha sido objeto de varios artículos relevantes), sino que su tratamiento está siendo confuso incluso por algunas organizaciones que, con razón, defienden el derecho de los jueces a opinar sobre temas tan sensibles como el de la tortura. Veamos. Sigue leyendo

Justicia militar ¿Justicia del siglo XXI?

Fernando Flores

Poco a poco se van apagando los ecos del Caso Cantera, pero en la retina de muchos permanecen las imágenes del tribunal militar que lo juzgó, con unos jueces y un fiscal visiblemente incómodos ante la circunstancia de tener que condenar a un teniente coronel. El simple hecho de que sean militares los que juzguen militares, sumado a la clara percepción de que, en ese juego de equilibrios que es el proceso, el peso de la jerarquía del acusado (y de algunos testigos que lo apoyaron) ha influido en el comportamiento del tribunal, y quizás determinado su decisión, trae o debería traer a la sociedad el debate sobre la existencia misma de la justicia militar.

¿Por qué existe una justicia militar diferenciada de la justicia ordinaria? ¿Quiénes son las personas que componen sus tribunales? ¿Son imparciales? ¿Qué conflictos conocen y por qué esos y no otros? ¿Hay garantías de que respeten rigurosamente los derechos procesales que exige la Constitución?

juicio

En España existe un régimen jurídico de la justicia militar, configurado como una jurisdicción especializada por razones del ámbito en que se ejerce (el castrense) y por el derecho específico que aplica (diversas normas específicas para lo militar). Desde 1987 (Ley 4/1987, de 15 de julio) la justicia militar se integra en el Poder Judicial único del Estado, de acuerdo con el principio de unidad jurisdiccional que exige el artículo 117.5 de la Constitución.

El origen de este “compartimento estanco” es histórico. La justicia entre militares nació con los ejércitos, con el objetivo de mantener un control férreo sobre sus miembros, y se mantuvo a lo largo de la historia con argumentos sostenidos en la singularidad de su organización (en la que disciplina y jerarquía son esenciales) y de sus funciones (la defensa del territorio y el uso de la fuerza). Partiendo de esta base resulta comprensible que triunfase la idea según la cual “quien manda debe juzgar”, y que la jurisdicción militar se configurase como una justicia no judicial que aplicaba un derecho penal propio. La consolidación hacia principios del siglo XVIII de un ejército permanente no hizo sino fortalecer ese esquema, un esquema según el cual la justicia militar era competente (con vis atractiva en perjuicio de la justicia ordinaria) para conocer de todos aquellos casos que presentasen un “elemento militar”, fuera éste subjetivo (personal militar), objetivo (materia sujeta al derecho penal militar) o espacial (en lugares militares).

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La llegada del constitucionalismo y la configuración progresiva de los Estados de Derecho, sociales y democráticos comenzó a revertir la situación, es decir, a delimitar la justicia militar al ámbito estrictamente castrense. Ahora bien, esa voluntad transformadora encontró tanta resistencia por parte de los ejércitos, que hasta la Constitución de 1931 no se suprimió el triple criterio competencial (subjetivo, objetivo y territorial). Por lo demás, esta civilización de la Justicia duró poco, pues el régimen franquista devolvió a la jurisdicción militar su poder anterior a la República, un poder, corregido y aumentado, que había de ser coherente con la función de control social que se atribuyó a los ejércitos.

Tras la dictadura, la Constitución de 1978 tampoco consiguió (como sí sucedió en Alemania, Austria, Francia, Noruega, Holanda, Dinamarca…) deshacerse de la “peculiaridad institucional de los ejércitos”. Así que tras proclamar en el art.117 que “el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización de los Tribunales”, a párrafo seguido admitió que la ley regulase «el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución». Es decir, se optó por mantener la posibilidad (bien es cierto que vía legislativa) de una justicia especial cuya justificación en un Estado democrático ya no era (ni es) tan clara. Dado el contexto de la Transición (en el que debe enmarcarse el difícil proceso de democratización de los ejércitos españoles), sólo en la segunda mitad de los ochenta comenzó a legislarse para adaptar la justicia militar a los principios constitucionales por los que había de regirse. A día de hoy los cambios han sido importantes (el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional consideran que la justicia militar en España se ajusta a los parámetros de la Constitución), pero todavía cabe plantear, aunque sea brevemente y a modo de planteamiento del debate, algunas preguntas y reflexiones.

¿Exige la singularidad del mundo militar, del “ámbito castrense”, una jurisdicción propia?

Como se ha comentado antes, esa singularidad vendría definida, en primer lugar, por el aspecto organizativo y por la función propios de las Fuerzas Armadas. Desde esta perspectiva se plantea que la justicia castrense, así como el derecho penal militar propio, resultan esenciales para mantener la disciplina y la eficacia de las misiones atribuidas a los ejércitos. Argumentos que merecen una reflexión detenida, pero que de entrada resultan discutibles, ya que, de una parte, las faltas de disciplina u otros delitos cometidos por militares también pueden ser, además de contenidos en un Código Penal común, revisadas eficazmente por jueces ordinarios. Por otro lado, no queda claro en qué puede influir una jurisdicción común (siempre que sea eficiente) en el incumplimiento de las funciones militares.

militar y cura

Por lo demás, y aunque es cierto que en los últimos años se ha ido reduciendo sus límites (en esa dirección han ido las decisiones tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional), es evidente que todavía no queda del todo claro qué debe entenderse por “ámbito estrictamente castrense”, pues, por ejemplo, resulta más que dudoso que un delito de acoso sexual o laboral (como el del Caso Cantera), o una falta de hurto en un cuartel, deban conocerse por la justicia militar y no por la ordinaria.

¿Hay garantías de que en la justicia militar se respeten rigurosamente los derechos procesales que exige la Constitución?

De entrada, los principios procesales constitucionales relativos a la legalidad de los delitos y faltas disciplinarias, la libertad personal, la publicidad, la oralidad, el derecho a la defensa y los derechos que de ella se derivan, la motivación de las sentencias, el derecho a un recurso… todos tienen fiel reflejo en las leyes militares (Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar). Por ello debe deducirse que desde la perspectiva de la legalidad formal la garantía de esos derechos se cumple. Sin embargo, la eficacia de esa garantía esta directamente relacionada con la respuesta a la siguiente pregunta.

¿Están garantizadas la independencia e imparcialidad de los jueces militares?

En el Estado de Derecho la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado debe estar encomendada a un único conjunto de jueces, independientes e imparciales. Esa unidad jurisdiccional, establecida por unas normas de competencia y procedimentales previamente establecidas con carácter general por las leyes, se conecta directamente con la exigencia de independencia e imparcialidad, y es por ello que no caben manifestaciones de jurisdicción ajenas a ella.

Obviamente la justicia militar es una excepción admitida –no exigida, sino puesta a disposición del Legislador– por la Constitución, pero como toda excepción a la regla general, debe estar muy bien argumentada y muy bien delimitada. Más aún cuando se encuentran en juego derechos fundamentales de los ciudadanos, sean estos militares o civiles. En este sentido, cabe proponer dos reflexiones.

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La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de que los jueces (y los fiscales, ambos se extraen del Cuerpo Jurídico Militar) que conozcan los asuntos militares deban ser militares, un aspecto que se suele vincular a la necesidad de una “especial sensibilidad para la singularidad castrense”. De entrada, no queda claro que esa “especial sensibilidad” tenga que ser algo positivo (¿deben tener los jueces mercantiles ‘sensibilidad’ por lo comercial, o es suficiente con que tengan formación jurídica para resolver los conflictos que en esta materia se les plantean?); al contrario, podría pensarse que esa ‘empatía’ esconde intereses corporativos, intereses habitualmente favorables a los más fuertes (a los mandos de más alto rango).

La segunda tiene que ver directamente con su independencia e imparcialidad. Ciertamente, la Ley establece que los miembros de los órganos judiciales militares serán independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. Su nombramiento, designación y cese se hará en la forma prevista en la Ley y no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni retirados, sino en los casos y con las garantías establecidas en las leyes. Además, si se consideran perturbados en su independencia, pueden ponerlo en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial a través de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central. A partir de aquí, una vez más puede afirmarse que, en este ámbito y desde una perspectiva formal, la justicia militar española cumple con los requerimientos básicos, tanto los constitucionales como los establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: necesidad de dedicación permanente de los jueces, formación jurídica de los mismos, etc.

Sin embargo, la realidad muestra que esas garantías formales en muchos casos no pueden superar los pecados inevitablemente vinculados a toda endogamia, también la militar: amistades forjadas en promociones, confianza y protección de los oficiales de más alto rango, desconfianza en quien denuncia, valor de los testigos y sus declaraciones según su posición jerárquica, temor a no obtener apoyos de los superiores para ascensos o traslados, declaraciones que se realizan más ante un superior jerárquico militar que ante un juez o un fiscal… Aunque en la mayoría de los casos estas circunstancias no pueden probarse, la verdad es que existen, y vierten dudas legítimas sobre el cumplimiento de la exigencia de que el tribunal o juez esté “subjetivamente libre de sesgos y prejuicios personales” (así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Morris vs Reino Unido).

Concluyendo. Incorporadas plenamente las Fuerzas Armadas al siglo XXI, y en tiempos de paz, resulta discutible que argumentos de carácter organizativo y funcional justifiquen la configuración de una justicia militar separada de la justicia ordinaria. En realidad, es posible que el objetivo de dichas explicaciones sobre la singularidad castrense sea en algunos casos el de mantener un grado de autonomía poco compatible con el orden constitucional, antes que el de garantizar el buen orden y funcionamiento de los ejércitos.

La justicia debe ser absolutamente igual para todos, y solo argumentos muy poderosos pueden matizar o explicar desviaciones de ese principio. Sobre todo cuando con esa desviación se pone en juego algo tan esencial para los ciudadanos –sean estos militares o civiles– como el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Constitucion-1978

Para saber más:

– Beatriz López Lorca, Algunas reflexiones para la reforma de la Justicia Militar

– Francisco Fernández Segado, La reforma del ámbito competencial de la jurisdicción militar.

– Pablo Contreras, Independencia e imparcialidad en sistema de justicia militar: estándares internacionales comparados

– Consejo Económico y Social, Informe Decaux

TVE y servicio público: ¿De qué estamos hablando?

Ana Valero

El pasado martes 25 de febrero TVE emitió, como todas las tardes desde el pasado mes de agosto, el más polémico de los programas de su parrilla, Entre Todos. Un programa que la propia web de RTVE define, propagandísticamente, como de “servicio público”, entrevista a personas que se encuentran en situaciones extremas de necesidad, cuando no de exclusión social, para que cuenten en directo su drama personal. Una presentadora con un discutible sentido de la ética y la estética periodística, hurga en su desgracia mientras canaliza las llamadas de ayuda de los tele-espectadores. En un país donde el “Estado del bienestar” está siendo desmantelado a marchas forzadas, y donde se hacen retroceder los derechos sociales y las libertades civiles, no puede negarse cierta coherencia a eso de sustituir servicio público por caridad. Si quitas algo, lo mejor es que pongas otra cosa, aunque sean migajas. Esta es la ideología que nos traen los que abominan de la ideología, y nos la traen desde la radio y la televisión públicas.

En el último programa de Entre todos, la presentadora Toñi Moreno traspasó la línea roja al alentar a una presunta víctima de la violencia de género a que volviese con el que definió como el “hombre de su vida” y la reprendió afirmando que “quien no denuncia los malos tratos, debe callar para siempre”. Pero es que esa misma semana, en otro magazine llamado La Mañana de la 1, su conductora, Mariló Montero, organizó una mesa de debate sobre un curso que se iba a celebrar en Barcelona el 22 de febrero bajo el título “Ser puta no es fácil”. En dicho debate la directora del curso defendió el interés que en tiempos de crisis puede tener para las mujeres aprender las “claves del oficio” y la presentadora se negó a que, lo que muchos podríamos entender como “apología de la prostitución”, pudiera ser discutido y contrarrestado por el punto de vista de otra de las invitadas, la abogada y feminista Lidia Falcón, al suspender de manera inesperada el debate.

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