España-Marruecos, ¿choque de ignorancias?

Carlos Penedo

Escuché a un embajador de Marruecos en España salir con éxito de una pregunta incómoda sobre derechos humanos señalando que los avances en las libertades individuales y colectivas, como la igualdad o la participación política, es un proceso histórico para todos los humanos, que según las circunstancias y el momento avanzan más en unas geografías que en otras. El embajador fue luego destinado a un puesto relacionado con la descentralización política de su país, labor sobre la que desconozco los resultados.

Digamos cortésmente que la iniciativa sobre conquistas sociales y políticas no se pilota hoy desde aquella orilla. Una afirmación, la anterior, compatible con el reconocimiento a que nuestro vecino del sur ha puesto en marcha avances políticos claros en los últimos años: un nuevo Código de Familia en 2004 que amplía los derechos de la mujer;  la Instancia Equidad y Reconciliación, una Comisión Marroquí de la Verdad creada ese mismo año con el objetivo de arrojar luz y testimonios sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999 -léase, represión de Hasán II, padre del rey reinante-, determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, y elaborar propuestas de reformas; o la nueva Constitución de 2011, que entre otros contenidos contempla el voto de españoles/extranjeros residentes, que se vería acompañado del voto marroquí en España, posibilidad no desarrollada.

Aparece hoy muy limitado el impulso aperturista inicial de Mohamed VI tras su acceso al trono en 1999, como de otros gobernantes árabes que heredaron el poder en el cambio de siglo –Abdalá II en Jordania también en 1999 o Báshar al Ásad en 2000-, que despertaron mejores expectativas que resultados, a pesar de haber sobrevivido a las revoluciones-primaveras árabes, que no tiene poco mérito, aunque puede no ser suficiente para que sus hijos hereden el puesto.

Decimos que Estados Unidos no es Trump, no sólo, que Reino Unido no es Johnson (ni May ni Cameron), de donde se deduce que Marruecos no es Mohamed VI ni España Pedro Sánchez (o Rajoy), que estos países y sociedades son bastante más que sus dirigentes, incluidos los económicos y mediáticos, pero está claro que toman decisiones que pueden ser relevantes sobre la vida y hacienda, sobre el destino de los recursos públicos y sobre la seguridad. Por poner un ejemplo, el progreso social y político puede verse favorecido o torpedeado.

Mayo de 2021, el Gobierno marroquí (incluye la Corona) provoca una crisis política y diplomática con España -con una importante derivada humanitaria- sin precedentes desde Perejil 2002, abriendo la frontera con Ceuta que atraviesan miles de personas sin control. El momento claramente es consecuencia del reconocimiento en diciembre por el presidente de EEUU de la soberanía marroquí del Sáhara occidental, en compensación por el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, leído por el poder político en Marruecos como una oportunidad para presionar a la UE, a España, a la ONU, para que muevan ficha a favor de su punto de vista de anexión incondicional y carpetazo al acuerdo de paz de 1991, un plan de arreglo que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecía un período de transición para preparar la celebración de un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental eligiera entre la independencia y la integración con Marruecos.

Existían sospechas, pero se ha confirmado ahora por sus protagonistas, de que el Gobierno de Marruecos utiliza el flujo migratorio como instrumento de presión diplomática, lo que parece poco responsable para sus intereses, para las personas afectadas y sirve ya de hecho acreditado que estará presente en todo tipo de negociación futura y costará difuminar.

La crisis tiene una clara relación con la seguridad, la soberanía y el pulso diplomático, y de su gravedad da idea el viaje inmediato a Ceuta y Melilla del presidente del Gobierno español, gesto que no se producía con o sin crisis desde Zapatero.

De máximo interés para especialistas en seguridad (que son pocos) y profesionales (muchos) es si estos acontecimientos se enmarcan en la zona gris, en estrategias y amenazas híbridas, si nos encontramos en el nivel de configuración del entorno, interferencia o desestabilización. En cualquier caso, cuando la seguridad pierde contacto con el ciudadano, como ha ocurrido en esta ocasión, estas decisiones están más relacionadas con la seguridad laboral de quienes se dedican a ella y de los responsables que manejan esos recursos.

No parece fundado el análisis, con defensores en ambas orillas del Estrecho, que sitúa el control de la inmigración, el terrorismo yihadista o el desarrollo económico de España-Europa en manos de Marruecos: recordemos los atentados en Casablanca de mayo de 2003, anteriores al 11-M; que cuanto más dura sea la política migratoria de España mayor será el problema para Marruecos, país de paso pero también de destino de poderosos flujos migratorios desde el sur; atendamos a que el desarrollo económico marroquí está bastante ligado a la relación con su primer socio económico, que es la UE, o comercial, que es España.

Provocado el conflicto surge la pelea por el relato, en el que situar imágenes como la del guardia civil submarinista salvando bebés de morir ahogados o la voluntaria de Cruz Roja abrazando a un inmigrante aterrado; o militares españoles dando porrazos a inmigrantes, según ilustra la prensa de uno u otro país, con un ganador claro.

En este mismo capítulo de la comunicación, el director de la agencia oficial de noticias de Marruecos -MAP-, vestido con traje de camuflaje, escribe algunas proclamas faltonas de consumo interno y explosivo nacionalismo, y otras frases con mayor interés sobre lo que parece haber descubierto en «la nueva realidad geopolítica»: «Ha llegado el momento de aclararse, especialmente después del reconocimiento por parte de los Estados Unidos de la plena soberanía de Marruecos sobre su Sahara. Qué vas a hacer?», aconsejando que España se alinee con EEUU (¿Trump, Biden?) y dar una oportunidad a la paz, inspirado por John Lennon.

«Estados miembros con un goteo de euros sin conciencia de un destino compartido. Y desvaríos infantiles en dirección a terceros países. Tu hechizo está roto», dice de la UE; «esta Europa desorientada, se debilita, que se alimenta a la fuerza de sus euros y se pierde en el siglo sin valores compartidos y sin un modelo gratificante ya no nos conviene, por qué entonces insistir en vivir juntos».

Además de cargar MAP contra las agencias EFE y AFP -entre bomberos no conviene pisarse la manguera-, el director de la marroquí opina que «Europa se está muriendo. Ni cohesión económica ni financiera. Sin capacidad para proteger realmente sus fronteras, ni en Oriente ni en Occidente. Ningún ejército capaz de asumir un desafío o imponer valores».

¿Imponer valores? Qué difícil debe ser dirigir un medio de comunicación público, visto el despiste generalizado en éstas y otras geografías.

Parece desconocer la comunicación oficial que no hay marroquí sin acceso a medios extranjeros ni español sin referencias marroquíes, con lo que estos esforzados cantores le dejan a uno algo asombrado. ¿Desconocen el millón de marroquíes en España su país de acogida o residencia? ¿Se creen estas cosas los marroquíes que vacacionan en la costa del Sol? ¿Hay algún marroquí con un móvil en la mano que no acceda a fuentes de información no oficiales?

Una de las lecciones de la última crisis Marruecos-España, sobre la que los medios no han conseguido imponer un nombre, aún no está bautizada con éxito (eso sería otra batallita que librar), es que los regímenes autoritarios y/o no democráticos en cualquier orilla del Mediterráneo, occidental u oriental, no son fiables, porque no son previsibles, y de forma imprevista actúan Turquía, Egipto, Israel o Marruecos; de donde se deduce que la pedagogía y el respeto a los derechos humanos debería formar parte de cualquier negociación de la UE con terceros, no por altruismo, sino porque interesa.

La crisis de Ceuta de mayo de 2021 está teniendo un claro coste reputacional para los responsables políticos marroquíes, de lo quizá aún no sean conscientes, y un deterioro claro de las relaciones con España y la Unión Europea (recordemos, por ejemplo, que es la UE quien negocia la pesca con Marruecos, no los países individualmente).

Hace medio siglo convivían en las dos orillas del Estrecho un príncipe de los creyentes y un general superlativo por la gracia de Dios, y no se llevaban mal, a pesar de que incluso intercambiaron disparos y algún muerto (800 en Ifni), o que el de aquí hizo carrera con la ocupación colonial de los súbditos del de allí.

La condición de súbditos es la clave, o ciudadanos, apostaría a que a ambos lados del Estrecho son mayoría los ciudadanos frente a los súbditos; la diferencia es que los ciudadanos opinan, tienen derechos y exigen responsabilidades a sus responsables políticos.

«La nueva realidad geopolítica» de la que escribe el director de MAP se remite a los acuerdos de normalización o de Abraham de algunos países árabes, más Bután, con Israel, disueltos como un azucarillo tras la última masacre de palestinos en Gaza de este mes de mayo. «¡Un gran avance para la paz en Oriente Medio!», escribió Trump a través de su cuenta de Twitter.

El diciembre de 2020, ya perdidas las elecciones, la Administración Trump difunde un comunicado conjunto firmado por el primer ministro marroquí, Saad Din el Otmani; Jared Kushner, yerno de Trump; y por parte israelí Meir Ben-Shabbat, asesor responsable del Consejo de Seguridad Nacional, más un director de Exteriores que pasaba por allí.

Refiere la declaración una conversación telefónica entre Trump y Mohamed VI, y afirma que «el establecimiento de plenas, pacíficas y amistosas relaciones diplomáticas (entre Marruecos e Israel) se produce por el interés compartido entre ambos países y promoverá la causa de la paz en la región, impulsando la seguridad y desbloqueando nuevas oportunidades para toda la zona». Los acontecimientos recientes en Palestina no han confirmado los deseos expresados en la declaración tripartita.

Imaginando un hipotético ejercicio de prospectiva ‘Marruecos 2050’, ¿seguirá la frontera con Argelia cerrada como está desde 1994?; ¿habrán vuelto los embajadores de Marruecos en Alemania y España a su lugar de trabajo?; ¿se mantendrán los dos millones de turistas españoles que visitaron Marruecos en 2019? (20% del total); ¿continuará la Operación Paso del Estrecho  con cerca de cuatro millones de personas? ¿Cómo habrán evolucionado los 2.000 millones de euros que envían en remesas los marroquíes residentes en España a su país de origen?

Frente a 2002 (Perejil), 1975 (Marcha Verde),  1958 (guerra de Ifni), 1956 (independencia de Marruecos), 1912 (Protectorado) ó 1860 (toma española de Tetuán), ha cambiado el escenario, los actores, la comunicación, los intercambios, los ciudadanos y la información que reciben, elementos que esperemos contribuyan a disolver el nudo de desconfianza en menos de diez años.

Las autoridades marroquíes han realizado un diagnóstico erróneo de la oportunidad que parecía abrirse con la diplomacia tuitera de Trump, independientemente de lo que haga ahora Biden, probablemente nada, más allá de contemplar incómodo cómo chocan dos aliados cercanos. Para EEUU, Marruecos y España ni son un problema ni son indispensables, por lo que su reacción será siempre modesta.

El Gobierno marroquí ha realizado también una mala calibración del momento político de la Unión Europea, enfrentándose a Alemania y España y provocando una reacción del club que no tuvo en la crisis de Perejil; mal diagnóstico de una UE ultra sensibilizada hoy contra chantajes sobre migrantes, y que vive un refuerzo federal y un avance de políticas comunes -no sólo financieras- como reacción a la crisis del covid, avances con repercusión sobre su política exterior y de seguridad.

Las relaciones entre España y Marruecos, afortunadamente,  son más profundas y fuertes que la habilidad de sus dirigentes para leer el momento político. Historia común, cultural, medieval, colonial, de la que no somos responsables los vivientes, sí de la actual. La exposición en el Museo Reina Sofía sobre arte contemporáneo marroquí es un ejemplo a imitar.

Cultura e información, probablemente también la relación empresarial, son ingredientes para fortalecer una relación que la tozuda geografía hace obligada. Cuanto más complejas y densas sean las relaciones entre los dos países, incluida la sociedad civil, menos podrán ser manipuladas sus opiniones públicas y sus sociedades por intereses coyunturales; incluso podríamos decir que cada vez dependerán menos de decisiones personales.

La expresión «choque de ignorancias» del título fue la alternativa del intelectual palestino Edward Saíd a aquel «choque de civilizaciones» de rampante éxito a finales del XX.

La respuesta a la pregunta del título es claramente negativa, no puede haber ignorancia entre Marruecos y España, no la hay entre los que toman decisiones, choque de extremistas sí puede existir, no de ignorantes. Aunque sí se puede estar produciendo otro tipo de carencia, el desconocimiento o incapacidad de leer el momento: la cooperación y la interdependencia destacan como lecciones obligadas del covid, no por altruismo, sino por interés interesado. Otra actitud responde simplemente a quien piensa que puede conseguir más en solitario que en asociación, legítimo, pero ¿acertado?

 

 

Refugiados: ¡tienen derechos! (En el Día Mundial de los Refugiados)

Javier de Lucas

Aunque es cada vez mayor la toma de conciencia de que los refugiados –como los inmigrantes, por cierto– son personas titulares de derechos cuyo cumplimiento obliga, como es obligado respetar cualquier otro derecho, lo cierto es que todavía hoy nos encontramos con dos tipos de mensajes, que calan en la opinión pública y obstaculizan ese obligado respeto.

De una parte, la visión “humanitaria” –seudohumanitaria, sería mejor decir– que apela a la “ética”. Una invocación que, las más de las veces, no acaba en la exigencia de acomodar nuestra conducta a esos valores, sino que nos propone esas conductas como ejemplares, pero no exigibles y, menos aún, sancionables, en caso de incumplimiento. A nadie se le ocurre castigar a quien no participa en una de esas telemaratones o subastas con los que compramos buena conciencia. Como se trata de un “problema de ética”, por definición, su observancia es cuestión de conciencia, de buena conciencia, de conciencia solidaria, sí, pero no exigible so pena de sanción. No es un comportamiento debido, aunque admiremos a quienes tienen la bondad de hacerlo.

De otro lado, asistimos todos los días a gravísimos incumplimientos de normas jurídicas internacionales y estatales sobre derechos de los refugiados, lo que lleva al ánimo de la opinión pública que, en el fondo, no se puede castigar la inobservancia ni la violación de esas normas. Se impone así la consideración pragmática, propia de seudoespecialistas en ciencia política, a quienes no se les cae de la boca la invocación al realismo político y que nos aleccionan en la necesidad de abandonar concepciones “moralistas”. Y fíjense que dicen moralistas, porque no consideran que el incumplimiento de los deberes jurídicos que imponen los Convenios internacionales sea, de verdad, sancionable, como lo son un hurto, una estafa, o una paliza.

Sin embargo, esto no es cuestión de limosnas, moralinas o buenas intenciones, sino de derechos y deberes, exigibles mediante coacción. En 2016, la ONU emprendió un proceso de análisis, debate e informes hacia un Global Compact on Refugees (GCR) que debería adoptarse ahora, en 2018, con la intención de que los Estados parte en ese GCR asuman obligaciones respecto a los refugiados. El punto de partida fue el acuerdo en torno a una Comprehensive Refugees Response Framework (CRRF), que puede leerse aquí. Los principales hitos quedaron establecidos en el Roadmap publicado el 17 de mayo de 2017. Hoy se trabaja ya sobre documentos –en febrero de 2018 se publicó  un borrador cero y en abril se conoció el borrador 1 (pueden consultarse aquí), que permiten apuntar hacia propuestas, es decir, hacia políticas que gestionen de forma global, legítima y eficaz esta realidad que adquiere nuevos perfiles y por tanto exige nuevas respuestas, más allá de los instrumentos internacionales básicos (Convención de Ginebra de 1951, Protocolo de Nueva York, 1977). Quizá la novedad más significativa y para la que aún no tenemos respuesta sea la del incremento exponencial de las personas que se ven obligadas a desplazarse y buscar lugar seguro como consecuencia del cambio climático. El Banco Mundial estima que en 20 años serán el grupo más importante de personas en busca de protección, refugiados y desplazados medioambientales.

En todo caso, lo que me parece más grave es que creíamos consolidados esos instrumentos internacionales básicos de Derechos de los refugiados, pero hemos descubierto que son permanentemente puestos en duda, incluso violados, por los propios Estados firmantes, como –sin necesidad de acudir a las barbaridades del Gobierno Trump– nos lo demuestra pertinazmente la realidad europea desde 2013, y los centenares de muertes de las que son responsables en cierta medida, al menos por omisión, nuestro Gobierno.

No sé cómo calificar, por ejemplo lo que se vivió en 2013 en aguas del canal de Sicilia, por la irresponsabilidad de Italia y Malta y que supimos 4 años después gracias al trabajo de investigación de un periodista de L’Espresso: las llamadas de un médico sirio para que atendieran a un barco a punto de naufragar, fueron desatendidas en un cruce de argumentos entre el Centro coordinador de rescates de Roma y el de Malta, del tipo, “no es esta la ventanilla que toca”, que acabó con 268 muertos, porque ninguno de los dos se puso de acuerdo. Esta semana pasada hemos estado a punto de asistir a algo similar (ya vivido por los pasajeros de barcos como el St Louis o el Tampa), con motivo de la decisión del Gobierno italiano (aparentemente respaldado por la mayor parte de la población, según sondeos publicados por Repubblica), que cerró sus puertos a buques de salvamento de ONG, concretamente al Aquarius, con 630 rescatados a los que se quería condenar a regresar a Libia prolongar su agonía en el mar a la vista de todos. Por cierto, el muy honorable y exquisito Sr Macron, tan atento a la hora de exigir que nadie le tutee, negó sus puertos al mismo barco. Y hoy hemos conocido sondeos que ofrecen un respaldo de la mayoría de los franceses a tan solidaria decisión.

Este año hemos alcanzado, según el ACNUR, los 68,5 millones de desplazados y refugiados. En puridad, personas que quieren que les sea concedida la protección que supone el derecho de asilo o, en su defecto, la protección internacional subsidiaria, de forma que es más correcto llamarles asylum seekers. De ellos, más de la mitad son niños. UNICEF estima que en Europa, se embarcaron en la ruta del Mediterráneo central no menos de 25 846 menores (el 90% no acompañados), el doble que en el año anterior y de ellos al menos 700 murieron. De todos los abrumadores datos que saltan a la luz estos días con motivo de la presentación de Informes sobre la situación de los refugiados en el mundo, como el de CEAR, o el de la propia ACNUR, éste me parece el más grave y acuciante.

Acabamos de ver imágenes para las que no tengo otro término que el de abominación (por ejemplo, en este reportaje de la BBC. Nos muestran a niños encerrados en jaulas, separados de sus padres y exhibidos- sí, exhibidos- como ejemplo de la firme política de la administración Trump respecto a los cientos de miles de personas (inmigrantes la mayoría, pero también hay posibles demandantes de asilo) que tratan de alcanzar la esperanza de lo que siguen creyendo un país de derechos y oportunidades, un refugio. ¿Cómo hemos dejado que esto suceda? Aún peor, ¿cómo consentimos, por ejemplo, que una parte de esos niños que buscan refugio desaparezcan sin explicación, sin que haya consecuencias?

Ha llegado la hora de tomarnos en serio los derechos de los refugiados. Es la conclusión que deberíamos adoptar. Y como se ha repetido tantas veces, no es un deseo. No es una opción, sino un deber. Si es que queremos seguir llamándonos civilizados.

Ilustraciones: 1. Desconocido. 2. Aegean Guernica. 3. Ulanovsky.

Canadá, un refugio

Ángeles Solanes

Mientras Europa da la espalda a los refugiados, obviando sus valores fundacionales e incumpliendo tratados internacionales ratificados por sus Estados miembros, como brillantemente han explicando expertos en la materia como Javier de Lucas, Sami Naïr o Steve Peers, Canadá ha puesto en marcha su programa #WelcomeRefugees #Bienvenueauxréfugiés. En el mismo se afirma que ante la acogida de los refugiados “hay muchas razones para estar orgullosos. Refleja nuestro compromiso y demuestra al mundo que compartimos la responsabilidad de ayudar a los desplazados y los perseguidos”. Esta política no es nueva en Canadá, aunque haya atravesado altibajos. Los gobiernos liberales y conservadores de la década de los setenta y los ochenta, por ejemplo, recibieron unos 60.000 refugiados indochinos que huían de los regímenes comunistas.

Como pone de relieve el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la responsabilidad que ha asumido Canadá desde 2013 hasta 2017 en relación a la admisión de personas sirias llega a las 48.089. El Gobierno canadiense muestra en su página web que desde el 4 de noviembre hasta el 1 de mayo de 2016, el país norteamericano ha admitido un total de 26.859 refugiados sirios. Entre ellos, 15.244 a cargo del gobierno, 2.307 dentro del programa mixto de refugiados designados por la oficina de visados, y 9.308 patrocinados por el sector privado. ¿Cuál es la propuesta canadiense que permite alcanzar estas cuotas y que ningún Estado europeo, salvo alguna histórica excepción, es capaz de emular?

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El actual Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, ya puso de manifiesto en la campaña electoral su voluntad de articular un programa para la acogida de refugiados sirios, lo cual en aquel momento no era unánimemente aceptado. Un 54% de los canadienses sondeados a finales de diciembre de 2015 apoyaban la acogida de 25.000 refugiados. Tras el triunfo electoral, a diferencia de lo que ocurre en algunos Estados Europeos, el líder el Partido Liberal no esperó para cumplir su promesa. El plan Trudeau para los refugiados sirios se concreta en cinco fases. La primera consiste en identificar a los refugiados sirios que llegarán a Canadá. Para ello el Estado canadiense colabora con ACNUR en la identificación de personas en Jordania y el Líbano, donde existen registros, y progresivamente también en Turquía. Para el estudio de las diferentes demandas, los refugiados interesados obtienen una cita en una de las dos oficinas establecidas en Amman y Beirut. Comienza así una segunda fase que comprende una entrevista individual, un examen médico completo y la comprobación de determinados datos biográficos y biométricos que son verificados en las bases de datos de inmigración para la protección de la seguridad. Aquellos que superan estas dos primera fases son trasladados, en aviones privados con el apoyo de aviones militares si es necesario, a Montréal y Toronto. Antes de la partida, la Agencia Canadiense de Fronteras (ASF) verifica los datos de cada refugiado. Esta misma Agencia, en la cuarta fase, es la encargada de acogerlos a su llegada a Canadá para tramitar la entrada. Tras este último control en el que de nuevo se verifica la identidad y el estado de salud, comienza la quinta y última fase de instalación e integración en la comunidad que permite que el refugiado tenga la residencia permanente.

La propia forma gráfica que sintetiza este proceso en la página web del gobierno canadiense es significativa de la visión positiva que se pretende ofrecer del mismo:

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Uno de los aspectos más llamativos de este programa es que invita a participar en él a la ciudadanía canadiense a través de la posibilidad de patrocinio privado o apadrinamiento de un refugiado, con un plan y una guía para hacerlo efectivo. Así tanto grupos de cinco o más personas cuanto organizaciones pueden implicarse en esta iniciativa como sponsor.

Este programa, que supera toda ridícula previsión realizada por los Estados Europeos, tiene, con todo, algunas matizaciones. Se trata de un programa cuyo objetivo principal, en este momento, es la población siria, y entre ésta la que forma parte de las preferencias establecidas por el gobierno canadiense. En ese sentido, en la primera fase del programa literalmente se afirma “con el fin de minimizar los riesgos de seguridad y para proporcionar a los refugiados vulnerables un nuevo lugar para vivir, Canadá pidió a ACNUR establecer una lista de prioridades de los refugiados vulnerables que representen un bajo riesgo para la seguridad, incluyendo a las mujeres en situación de riesgo y a familias completas. Esta forma de proceder es conforme a la que ha seguido Canadá en el reasentamiento de los refugiados”. En su política tradicionalmente colectivos como el LGBTI también han sido considerados como grupos vulnerables.

Junto a la postura oficial de apertura, un sentir social difícil de cuantificar aparece también en el ámbito canadiense: el miedo al otro. Así el alcalde de Québec verbalizaba el temor latente entre la población por la llegada de refugiados, ahondando en el sentir de un parte de la población que llegó a recoger firmas para detener el proceso. Una posición semejante, en cuanto a la ralentización o suspensión de la acogida fue mantenida por el alcalde de Toronto y el primer ministro de la Saskatchewan, Brad Wall. Canadá tampoco ha contado con el apoyo de Estados Unidos en la articulación de este plan. A las críticas de una parte de la ciudadanía se ha unido el desasosiego del país vecino. El presidente de la Comisión del Senado de Estados Unidos sobre la Seguridad Interior, Ron Johnson, puso de manifiesto la inquietud por la llegada de “un gran número de refugiados” amparados por el programa canadiense, apelado a una cuestión siempre presente como es la de la seguridad en la frontera.

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Un segundo aspecto debe tomarse en consideración para entender que el acceso al estatuto de refugiado en Canadá no es lineal. Es decir, junto a quienes no forman parte de los grupos vulnerables de refugiados sirios hay otros solicitantes cuyas demandas se demoran y/o se conceden en menor medida. Se trata de una opción que tiene que ver con la necesidad imperante de organizar la llegada. Más allá del programa específico para los sirios, sigue existiendo el que podría denominarse régimen general de asilo (aunque éste por su propia naturaleza vinculada a la persecución no pueda ser calificado como tal) que es el que se aplica al resto de refugiados. El sistema canadiense de protección de asilo distingue entre los programas de reasentamiento de refugiados y personas que requieren protección humanitaria para aquellos que se encuentran en el extranjero, y el programa para las personas que presentan una demanda de asilo cuando ya se están en Canadá. Se mantiene la división tripartida entre los refugiados a cargo del gobierno, en el programa mixto y los que cuentan con el patrocinio del sector privado. Entre quienes se han sumado a las críticas al plan para la acogida de los refugiados sirios, también se ha puesto en evidencia el descenso de otros colectivos, como puede verse en la evolución desde 2005 atendiendo a los diferentes países de procedencia de los demandantes.

Canadá no es, con todo, un paraíso para los refugiados. Siguen pendientes cuestiones de gran calado, dentro del estrategia global articulada por ACNUR para el período 2014-2019, como el acabar o minimizar las detenciones de los solicitantes de asilo y refugiados. Sin embargo, no puede negarse que, aún con desavenencias internas y reservas externas, ha sabido priorizar lo que el derecho de asilo supone en cuanto protección internacional frente a la persecución y la ayuda de carácter humanitario. Canadá ha sido históricamente y es de los pocos Estados capaces de llevar a la práctica el lema que exhibe en la página oficial de su programa #WelcomeRefugees #Bienvenueauxréfugiés: “acoger a los refugiados en nuestros corazones y en nuestras comunidades”, continuando así una tradición de la que, sin duda, podrían aprender los líderes europeos.

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Fotos. 1, 2 y 4: De la página web del gobierno canadiense dedicada a los refugiados. 3. El Primer Ministro Justin Trudeau recibe el primer vuelo de refugiados sirios que llega a Canadá (Nathan Denette/Canadian Press).

Por una nueva política migratoria (II)

Paco Solans

Tras mi anterior artículo, en el que repasaba los tres ejes fundamentales de una “no política” de inmigración fracasada: contención, represión y discriminación, los demagogos atacan con el más viejo de los trucos: acusar de radicalismo y de no proponer alternativas. La frase ya típica y en tono airado “¿entonces tú qué es lo que quieres, abrir las fronteras, que pueda venir todo el mundo? ¡Eso sería el caos!”.

Responder con la palabra “ponderación” a estas mentes preclaras que nos atacan con semejantes argumentos no resulta fácil. Espero tengan cerca un diccionario. Pero confiemos en que llegue a alguien más. El alarmismo exagerado de la amenaza de avalanchas e invasiones ha tenido en los últimos años un enemigo argumental cuyos hechos presentan una fuerza incontrovertible: la crisis económica ha demostrado que el “efecto llamada” es mentira, y que lo que existe es un fuerte “efecto expulsión” en los países de origen. Un efecto que se exacerba en casos de conflicto, pero que no nos es ajeno en este momento, y no sólo para muchos de nuestros jóvenes, sino que aquellos inmigrantes que ya han conseguido una mayor estabilidad –la ansiada nacionalidad– han sentido o vuelto a sentir ese efecto expulsión y han debido marchar, a su país de origen quien lo tenía o a un tercero en cualquiera de los dos casos. Sigue leyendo

Por una nueva política migratoria (I)

Paco Solans

Hablar sobre asuntos que, de forma recurrente, aparecen con frecuencia en los medios de comunicación y se encuentran en el debate público, te expone a acusaciones – es tan fácil y barato desviar un debate necesario pero incómodo mediante acusaciones sin demasiado fundamento – de oportunismo o de hablar de algo sólo porque está “de moda”. Comienzo con una defensa no pedida no porque sea manifiesta la culpabilidad, sino porque parto de la extrema seguridad de que habrá quien haga esa acusación. La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía lleva reuniéndose de una forma u otra desde hace más de 25 años, y la postura que voy a intentar explicar quizás ha tenido variantes en su formulación concreta, pero ha sido una constante de nuestra posición, profundamente crítica con los distintos modelos de política migratoria que han movido y mueven los gobernantes europeos y españoles. Y rechazamos toda vinculación que se hace gratuitamente entre la necesidad de una actitud más dura con la inmigración debido a los riesgos de la amenaza terrorista de esos desalmados que – con pasaporte francés o británico – atentaron contra sus propios países.

Hablar de “política migratoria” es ya una concesión cuando hablamos de lo que ha regido durante estos cuarenta y cinco últimos años. Puesto que por una determinada “política” entendemos un conjunto de actuaciones planificado, con ponderación de costes, ventajas, valores, objetivos, cumplimiento de éstos, previsión de efectos adversos y paliativos, con un seguimiento, estudios sociológicos, necesidades nuevas, gestión proporcionada mediante órdenes, instrucciones y normativas públicas, etc. Esta “política” en el sentido de planificación de actuaciones a distintos niveles, puede ser proactiva o reactiva, pero ello no cambia su naturaleza de ser una respuesta colectiva e inteligente a un fenómeno o a un problema cuya complejidad requiere amplitud de miras. Sigue leyendo

El prestigio de la seguridad

Fernando Flores

Repetimos sin pararnos mucho a pensar que libertad y seguridad no son contradictorias sino complementarias (la semana pasada asistí a unas jornadas sobre seguridad y derechos fundamentales donde esto se afirmó varias veces), pero yo no tengo muy claro este planteamiento. Mi padre y yo no somos, de entrada, contradictorios ni incompatibles; de hecho, nos queremos mucho. Pero pónganos en una habitación a hablar de política y verán.

También es común escuchar o leer la metáfora según la cual la libertad es un barco (quizás esto se deba a José Luis Perales) y la seguridad el agua por la que ese barco navega. Tampoco acepto de buen grado esta figura. Si la asumo pienso que, si acaso, la seguridad sería la calidad del agua, no el agua misma. Ésta es el contexto social, político, legal, económico, moral, en que la libertad se desenvuelve; de la calidad de ese contexto depende la facilidad con la que navegue por él. Sigue leyendo

Tras la conmoción por los refugiados, un riesgo que es una paradoja

Javier de Lucas

Quisiera proponer a los lectores que dediquen unos minutos a considerar lo que me parece un riesgo que podríamos calificar como “efecto rebote” e incluso como paradoja, resultado del cambio positivo que se advierte en la opinión pública acerca de la “crisis de refugiados”.

Todos los ciudadanos europeos, incluso los más experimentados en el contacto con tragedias humanas, se han visto conmocionados por las imágenes recientes de maltrato a los refugiados en su difícil tránsito a países que garantizan plenamente el asilo (fundamentalmente Alemania; también Suecia; en menor medida, otros Estados nórdicos), que han culminado en la foto de un niño sirio ahogado. Crecen desde diferentes instancias –ciudadanos a título individual u organizados, ONG, colegios u organizaciones profesionales, asociaciones de toda índole, Ayuntamientos, regiones, comunidades autónomas– las iniciativas de ayuda, o, por utilizar el término que corresponde, de solidaridad con quienes vemos como desamparados ante riesgos muy graves para su vida. Y nadie puede negar que se trate de una reacción muy positiva, que podría contribuir a un cambio en las políticas de asilo de la UE. Está por ver lo que durará esta toma de conciencia y su impacto real sobre las decisiones de la clase gobernante. Ojalá que sea de más largo alcance que los consabidos telemaratones anuales con los que compramos buena conciencia sin riesgo alguno, ante la pantalla del televisor y con la ayuda del móvil. Sigue leyendo

La UE y el derecho a la vida de los Otros. Una historia reciente de falacias e hipocresía

Javier de Lucas

Deberes universales y primarios ante derechos humanos elementales

Los muertos en la madrugada del 19 de abril no son, obviamente, los primeros (basta con consultar, por ejemplo, este mapa). Ya no son tampoco los últimos. Pero su impacto sobre la opinión pública ha promovido tal debate que debiera permitirnos aprender algo. Creo que la lección más importante que hemos extraer de lo sucedido en la semana escasa transcurrida entre del naufragio –uno más- que supuso la muerte de más de 800 personas en el canal de Sicilia, en la madrugada del sábado al domingo 19 de abril y las reacciones de la UE (reunión de los Ministros de Interior y exteriores en Luxemburgo el lunes 20 de abril; cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas el jueves 23 de abril), es que aquellos a los que seguimos llamando “líderes europeos”, no valoran como prioritario el derecho a la vida. No, al menos, cuando se trata de la vida de los otros.

Sé que a algunos puede parecerles una conclusión exagerada, demagógica. No lo pienso así. Trato de hablar desde una perspectiva elemental en Derecho y en política, la que impone como objetivo básico y criterio de juicio de la legitimidad el respeto de los derechos humanos. De esos que decimos, con razón, que son universales y de cuya defensa ha hecho santo y seña la Unión Europea. Hablamos de derechos humanos. ¿Hay un derecho humano más elemental que el derecho a la vida? En mi opinión, sólo el derecho a la libertad, a la autonomía, es más importante. Pero el derecho a la vida es condición del reconocimiento de todos los demás derechos. Que un derecho sea universal significa, a la par, que es reconocido a todos los seres humanos y que obliga universalmente. El derecho a la vida, obviamente, lo es. Como lo es también el derecho de asilo, según hemos tratado de recordar, con ACNUR en este mismo blog.

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Pues bien, más de doscientos años después de las primeras declaraciones de derechos, hoy no podemos seguir sosteniendo prácticas estatales que ratifican que esa distinción entre derechos del hombre y derechos del ciudadanos significa que no existen otros derechos que los derechos de los ciudadanos, cuya garantía compete a sus propios Estados. Ya no podemos mantener que a un Estado sólo le obligan los derechos humanos de sus ciudadanos. También le vinculan –tiene obligaciones- respecto a los derechos humanos, como el derecho a la vida y el derecho de asilo, de todos los seres humanos que se hayan bajo el alcance de su soberanía. Y no por razones morales, insisto.

Afortunadamente, el progreso en estos dos siglos del Derecho internacional de los derechos humanos y, sobre todo, en la segunda mitad del XX, ha producido instrumentos jurídicos vinculantes que establecen obligaciones correlativas a esos derechos elementales. Por ejemplo, el complejo de Convenciones del Derecho internacional del Mar, presididas por la obligación primaria de socorrer a quien está en riesgo de naufragio, o el Derecho internacional de los refugiados. Todas esas normas vinculan, establecen obligaciones jurídicas a los Estados parte. Todos los Estados de la UE lo son. Todos ellos tienen obligaciones jurídicas primarias. No hablo de moralina ni de caridad. El incumplimiento de esas obligaciones es una grave infracción jurídica, no una tragedia, ni una cuestión de estadística, ni un “problema humanitario”. No es cuestión de caridad, sino de derechos de seres humanos, y de deberes y responsabilidades jurídicas y políticas que han de ser establecidas y exigidas.

Decía Hobbes en el Leviathan (caps XXIX y XXX) que la única razón que podía justificar la desobediencia al Estado era que éste no garantizara la vida. Desde entonces hemos aprendido que la obligación primaria del Estado no es sólo garantizar la vida como primer derecho de sus ciudadanos, sino la vida de todos aquellos que se encuentran al alcance de su soberanía. La UE viola grosera, masiva, gravemente esta obligación primaria cuando se trata de inmigrantes y refugiados. Y con ello pierde la legitimidad y la razón básica de obediencia.

No es crisis humanitaria, sino hipocresía institucional

Quiero dejar claro que no hablo de asumir ingenuamente responsabilidades ”respecto a toda al miseria del mundo”, tal y como afirmaba Michel Sapin tan eficaz como falazmente, evocando supuestamente una afirmación de Rocard. No. Simplemente trato de explicar que la UE, los Estados de la UE, los gobernantes, los eurodiputados, tienen obligaciones jurídicas primarias respecto a los seres humanos que pierden la vida en ese Mar Mediterráneo, cuyas aguas son en buena medida territoriales de los Estados de la UE, o están al alcance de nuestra soberanía. Ante nuestros ojos, en suma.

Está claro que el derecho a la vida de inmigrantes y refugiados (y el derecho de asilo de éstos) sufre un riesgo gravísimo, detectable, cierto, al alcance de nuestros sofisticados sistemas de vigilancia y control. Pero, según parece, esos medios en los que no dejamos de invertir y que recibirán aún más presupuesto como conclusión prioritaria de los acuerdos de Bruselas del 23 de abril, no deben tener más función que ésta, vigilar (la UE confirma a Foucault: la función primaria es vigilar y castigar), defendernos de una amenaza contra nuestra seguridad. Por eso la prioridad es reforzar la Agencia FRONTEX, triplicando sus fondos, según el modelo de las operaciones Tritón y Egeo, que no son de salvamento y rescate, sino de vigilancia y control. Eso significa, según parece, que nuestro esfuerzo prioritario, aquí y ahora, no es el de rescatar y salvar a los seres humanos que, gracias a esos sistemas, detectamos que corren un peligro grave e inminente. No. Lo ha dejado claro Cameron: solidaridad europea para vigilar impedir que nos lleguen. Pero si llegan, o si los rescatamos, nadie quiere hacerse responsable: tenemos que quitárnoslos de encima lo antes posible. Como señaló recientemente la eurodiputada Kyenge, la UE habla de crisis humanitaria, pero la crisis de verdad es la de hipocresía institucional.

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Por eso, las prioridades que debería haber planteado Bruselas son otras. Las dos que resumen, por ejemplo, los eurodiputados Ska Keller y Ernest Urtasun: primero, un programa de rescate europeo cuyo objetivo sea rescate y salvamento de vidas, no vigilancia y control, dotado de medios suficientes, al menos, equiparables a la dotación de la iniciativa italiana Mare Nostrum (es decir, 105 millones de euros anuales). Además, la segunda prioridad debe ser facilitar una respuesta suficiente a las necesidades reales de refugiados que tratan de encontrar una respuesta en Europa. En 2014, la UE sólo acogió a 37.000. Y los acuerdos de Bruselas hablan de 5.000 plazas de refugiados, voluntarias, sin contemplar, por ejemplo, medidas específicas d reasentamiento.

¿Por qué tiene la UE ese planteamiento? ¿Por qué nuestra prioridad es una política de vigilancia, control y aun defensa contra una amenaza que parece cuasi bélica? ¿Quién es ese enemigo frente al que tenemos que blindar nuestras frontera, en Ceuta y Melilla, en el canal de Sicilia, en el Mar Egeo?

Una guerra clandestina contra inmigrantes y refugiados

Ya en octubre de 2013, tras el primer gran naufragio con 300 víctimas en Lampedusa, la alcaldesa Giusi Nicolini, harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que la UE se decidiera a actuar. Por su parte, el vicealcalde, Damiano Sferlazzo, se mostró escandalizado por el abandono de la “cultura de la vida” por parte de la UE.

Créame el lector cuando digo que procuro medir cuidadosamente mis palabras, como debe hacerlo alguien cuyo trabajo profesional como profesor de Filosofía del Derecho consiste en tratar de entender y explicar críticamente lo que se nos presenta como Derecho. Pues bien, consciente de ello, estoy convencido de que lo que hemos vivido en estos días es una confirmación de la tesis sostenida por la red euroafricana de ONGs Migreurop desde 2013, con su campaña FRONTEXIT: la UE está en guerra (una guerra que en no pocos aspectos tiene las características de guerra sucia y clandestina) contra los inmigrantes y ahora también, contra los refugiados.

Los acuerdos de Bruselas de 23 de abril de 2015, adoptados para abordar lo que se denominaba con pretensión de contundente denuncia (¡??) “tragedia humanitaria”, que debía ser abordada “con urgencia”, según proclamaban indistintamente Renzi, Hollande, Merkel, Cameron y ¡Rajoy!, no sólo dejan claro la ausencia de voluntad política, la ceguera, incluso, de quienes no entienden, no quieren entender qué es lo que está en juego. Después de los golpes de pecho y las lágrimas de cocodrilo, nuestros líderes paren un ratón. Peor, un viejo y tramposo ratón, que tenía como guinda –o cola- el recurso a la antiquísima y reaccionaria, imperialista y colonial “política de cañoneras”, de la mano de Renzi. El mensaje, simplista y maniqueo, pero terriblemente eficaz, insiste en presentarnos a la fortaleza Europa como una ciudadela asediada, y a nuestros gobernantes como los arriesgados héroes que nos defienden contra un “peligro mortal”: las avalanchas de inmigrantes y refugiados, amenaza para la estabilidad de la UE, para el sostenimiento de nuestro bienestar, nuestro estilo de vida, nuestros valores.

Item más, nuestros adalides han de tomar decisiones que les desgarran la conciencia, pero son por nuestro bien: no aumentarán las operaciones de salvamento y rescate (en el fondo, les gustaría, son altruistas, tienen corazón), porque producen efecto llamada, como ya sostuvo Cameron y ha repetido García Margallo. Sí, es cierto, esas operaciones (como la Mare Nostrum que Italia mantuvo en 2014) salvan vidas. Pero claro, eso mismo fomenta que los inmigrantes se lancen en masa a la aventura, sabedores de que los salvaremos, y enriquece a las mafias, que ven negocio redondo. Sería risible si no fuera trágico. Y menos mal que la preocupación por las formas ha permitido detener un proyecto presentado como panacea, bombardear los barcos de los traficantes de personas, los que utilizan mafias africanas (en contacto con las mafias europeas, no lo olvidemos, y con quienes compran su mercancía) que dominan la costa libia, entre el reducto gubernamental del este (de Bengasi a Tobruk, desde donde se garantiza la exportación de petróleo y gas) y el guetto yihadista en que se ha convertido Trípoli.

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Pero las decisiones de Bruselas revelan que persistimos en el error. Como algunos llevamos denunciando desde hace años, son la prueba de que la UE practica verdadera xenofobia institucional, convirtiendo a unos y otros en amenaza, hasta el límite perverso de identificar en ellos el enemigo que justifica la prioridad de blindar nuestras fronteras y, aún más, convertir la legislación de inmigración en un Derecho de excepción, en el que vale todo (como contra el terrorismo yihadista): recortes de derechos y garantías, hasta el intento de legitimar lo ilegal, como lo muestra el torpe empeño del Gobierno Rajoy por legalizar las “devoluciones en caliente” mediante una reforma legislativa express y fuera de lugar (sobre ello, entre otros informes, me parece muy útil el del Servicio Jesuita de Migraciones), un objetivo que parece haber encontrado eco muy recientemente en alguna decisión judicial. Pero claro, según nos dicen los periódicos, la UE trata de seguir el ejemplo de España en su “lucha contra la inmigración irregular”, ¡atiza!.

El mismo propósito es el que hay detrás de las crecientes medidas que buscan dificultar que se pueda plantear el asilo, y reducen a cuotas vergonzosas (5000 refugiados) la “carga” asumible por la UE (pensemos en que sólo la guerra en Siria ha provocado 4 millones de desplazados y refugiados, la inmensa mayoría en los países limítrofes), y que tratan de externalizar la acogida y atención de los refugiados, fuera de nuestras fronteras, un proyecto, por cierto, en el que la urgencia por quitarse de en medio el problema como sea queda ejemplificada en la iniciativa del para mí incomprensiblemente elogiado Renzi, de quien parte la iniciativa de pagar a países como Egipto (recordemos, presidido por el golpista Al Sisi, líder en sentencias de pena de muerte y por tanto, alguien en quien confiar para defender los derechos humanos), Somalia y Túnez (que necesitan ser ayudados, en lugar de echarles la carga de remediar lo que en buena medida causa el caos libio) para que asuman vigilancia y recepción de inmigrantes y refugiados. Contra lo que el ignorante ministro García Margallo sostiene, los refugiados no son sólo quienes huyen por motivos políticos, sino de persecución de todo tipo: lo saben bien en Italia donde en 2014, de los casi 150000 personas que arribaron sin papeles, más del 35 % provenían de Siria, Eritrea y Mali.

Síntomas y causas de un desafío que es un problema

Por supuesto que la UE debe luchar contra quienes explotan a esas personas que huyen del hambre, la enfermedad, la miseria y la persecución o que simplemente (qué escándalo, ¿verdad?) pretenden trabajar y encontrar una vida mejor. Debemos luchar contra las formas contemporáneas de esclavitud que acechan a inmigrantes y refugiados, contra quienes controlan y envían esos barcos de la muerte. Nada nuevo. Hace siglo y medio, en 1839, el genial William Turner pintó su archifamoso The Slave Ship (cuyo título original era Slavers through the Deadd and Dying-Typhoon coming on), tras leer The History of the Slave Trade (Th. Clarkson), un cuadro que se exhibió en la Anti-SlaverySociety Convention celebrada en Londres en 1840, junto a unos versos del propio Turner que parecen describir los naufragios de Lampedusa o Libia: “… Hope, fallacious Hope! / Where is thy market now”.

Turner

Pero las medidas, las políticas efectivas no consisten sólo ni prioritariamente en la lucha contra semejantes criminales. Entre otras cosas, porque se trata de intermediarios, no de los causantes de la existencia de esos éxodos que nos preocupan. Y no se nos diga que no hay soluciones.

Las soluciones pasan ante todo por entender la dimensión del desafío migratorio y de asilo. Una viñeta explica mejor que mil palabras y tratados. Escojo ésta:

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Frente a las causas complejas y globales de los desplazamientos e población, que tienen en su fondo el problema de la desigualdad radical en las relaciones internacionales, no se pueden oponer recetas simplistas ejecutadas por agentes nacionales.

La UE debe plantearse propuestas a medio y largo plazo, como ha planteado la resolución 2050/2015 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (aun provisional), titulada “The human tragedy in the Mediterranean: immediate action needed”, que en todo caso insiste en la prioridad: medios suficientes para asegurar el rescate, el objetivo de salvar vidas. Medios que pasan en primer lugar por una política de codesarrollo, no instrumental ni cortoplacista, ni centrada en las relaciones entre los Gobiernos de la UE y los gobiernos (en no pocos casos, elites corruptas y dictatoriales) de los países de origen y tránsito de los flujos migratorios y de asilo. Lo han explicado bien Tapinos o Naïr. No insistiré en ello ni en los riesgos de manipulación de esas políticas.

Y si insisten en preguntarme ¿qué hacer? Responderé que no faltan iniciativas. Hay buen número de ejemplos, como los proporcionados por acciones que pasan por crear corredores humanitarios, por políticas de visados que permitan ampliar los cauces legales, por la recuperación de la posibilidad de solicitar asilo en un tercer país, o reactivar el asilo diplomático. Desde diferentes ONG se han resumido algunas de esas medidas urgentes, que contemplan sobre todo cuatro líneas de acción, tal y como lo resumía un artículo reciente de Daniel Ríos.

Mientras tanto, me sumo a la propuesta de los ante mencionados eurodiputados Keller y Urtasun: bloqueemos los presupuestos de la UE si no hay una respuesta eficaz para el cumplimiento de un deber elemental. Y si no cumplimos ese deber, caiga sobre nosotros, como recordó el importante discurso de Francisco en Lampedusa, la vergüenza. Malditos seamos si no somos capaces de entender cuán profunda y terrible es esa vergüenza.

 Frank Wilbert Stokes (American, 1858-1955), The Phantom Ship, Atlantic Ocean

Mos Maiorum: de nuevo el discurso del miedo y la xenofobia institucional

Javier de Lucas

Mos maiorum: ¿Un operativo policial más?

Este lunes 13 de octubre comienza una operación de política migratoria que está previsto que se mantenga hasta el 26. Se trata de la denominada Mos maiorum, una iniciativa del Consejo Europeo, adoptada en el mes de julio de 2014. El conjunto de actuaciones que se desplegarán en esos días será coordinado por la secretaría general del Consejo Europeo y el Directorio Central de Inmigración y Política de Fronteras italiano, (recordemos que nos hallamos bajo presidencia italiana de la UE). En ella  se ha invitado especialmente a participar a todos los países de la zona Schengen, que sufragarían el coste, junto con la agencia de fronteras Frontex.

Ese operativo policial conjunto (J.O Mos maiorum) habría pasado desaparcibido, de no ser por la ONG State Watch, que publicó el documento. Tras esa publicación, se despertó un considerable interés en la prensa (cfr. por ejemplo Diagonal y eldiario.es). Sigue leyendo

Inmigración: el Estado al margen de la ley

Fernando Flores

Se dice que la lucha contra las amenazas que ponen en peligro nuestra seguridad tienen como objetivo salvaguardar nuestro Estado de Derecho, nuestra cultura y la legalidad democrática. Sin embargo, por lo que se refiere al ámbito de la inmigración –los flujos migratorios irregulares son considerados una “amenaza”– lo que produce es precisamente lo contrario, la vulneración flagrante del Estado de Derecho y la violación sistemática de los derechos humanos.

Un nutrido grupo de profesores de Derecho presenta hoy el Informe “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al margen de la ley.

Se trata de un documento que desmiente de forma categórica los argumentos del gobierno de España que tratan de justificar la entrega a la policía marroquí de inmigrantes que ya están en territorio español, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido.

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La muerte en febrero de este año de 15 personas que trataban de llegar a nado a las costas de Ceuta puso la atención de los medios en la frontera y provocó que saliera a la luz el modus operandi de la Guardia civil, al tratar de resolver por la vía rápida la expulsión de inmigrantes que acaban de cruzar la frontera ilegalmente. Con el tiempo no sólo se ha comprobado que nos encontramos ante un protocolo habitual (ordenado por tanto desde el Ministerio del Interior), sino también que el Gobierno se empecina en su necesidad y legalidad.

El Informe demuestra que el Estado está actuando sistemáticamente al margen de la ley:

– Las expulsiones por vía de hecho, ajenas al procedimiento establecido, vulneran la legislación de extranjería y los derechos fundamentales de asistencia jurídica y de intérprete que protegen al extranjero.

– El concepto “operativo” de frontera defendido por el Ministerio (una hipotética frontera constituida por la línea formada por agentes de la Guardia Civil en una playa española o por la valla interior en las ciudades de Ceuta y Melilla en las zonas de doble valla ) es útil para la ejecución por la vía de hecho, pero inadmisible jurídicamente.

– Los extranjeros que hayan entrado clandestinamente por un puesto no habilitado no pueden ser devueltos, sino que deben ser sometidos al procedimiento de expulsión, con las garantías inherentes al mismo.

– Un acuerdo entre Estados no puede dar cobertura a actuaciones ilegales. Es decir, el Acuerdo hispano-marroquí de readmisión en ningún caso puede ser un título jurídico que permita excepcionar a las autoridades administrativas los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería, a saber, ni “expulsiones en caliente” ni devoluciones cuando procedan expulsiones.

– Las “expulsiones en caliente” son incompatibles con nuestro derecho interno, pero no solo. También resultan contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional de los derechos humanos. Dotarlas de cobertura legal, una intención reiterada por el Ministerio del Interior, es inviable.

– Por último, el Informe advierte que los agentes que ejecutan este tipo de expulsiones no están amparados por el principio de obediencia debida, y pueden incurrir en la comisión de delitos (coacciones, delito cometido por funcionario público contra los derechos fundamentales, obstaculización de asistencia de abogado al detenido o preso, prevaricación…).

En los últimos años el Estado español, como la Unión Europea, han desarrollado políticas de inmigración que se alejan del Estado de Derecho y se acercan al Estado de excepción. La crisis económica y criterios de seguridad han justificado este deterioro de uno de los grandes valores europeos, la protección indiscutible dentro de sus fronteras de los derechos fundamentales de las personas. El trato al otro, al diferente, siempre ha constituido una prueba definitiva de los valores que sostienen a una civilización y del sistema normativo en que cristaliza. El Informe que ahora se presenta nos muestra una civilización que pierde altura por momentos.

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