Un viejo test para la democracia y los nacionalismos: los derechos de los otros

Javier de Lucas

Comenzaré por una cortesía elemental. Reconocer que no soy nacionalista, de ninguno de los nacionalismos posibles aquí y ahora, que ya es decir. Porque es imposible negar que hay donde elegir en el mapa plural en el que vivimos hoy los europeos. No digamos los españoles.

Quizá la razón más importante que nos aparta a algunos de nosotros de una ideología como el nacionalismo, a la que tantas veces -equivocada e irresponsablemente- se ha dado por muerta y enterrada y que, evidentemente, goza de tan buen salud, son los derechos y en particular aquellos que se relacionan con el fenómeno de la diversidad. Más aún hoy, cuando su condición estructural y su visibilidad la han hecho imposible de ignorar.

Hablo en primer lugar de los derechos de los otros. De los derechos de los que no son, no somos como la mayoría. En particular, de los derechos de aquellos que se encuentran en situación manifiestamente vulnerable y heredada, por su condición de minoría. Minoría en el sentido, sobre todo, cualitativo, esto es, su posición de inferioridad, que se concreta en un status de discriminación y dominación, fruto de la ignorancia y el prejuicio y del afán de dominación de quienes victimizan esa condición minoritaria: sexo, clase, edad, opción sexual,  pero también otros marcadores de identidad: nacionalidad, raza, lengua, religión .

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Y por eso hablo también de diversidad. Nuestras sociedades se han vuelto tan interdependientes y tendencialmente abiertas que ya es imposible recurrir a los modelos de antaño con los que se ha gestionado política, cultural, socialmente la diversidad. Modelos que algunos parecen empeñados en mantener contra viento y marea o, lo que es peor, en resucitar para sus proyectos de nuevos Estados.  Son los modelos que consisten en ocultarla, invisibilizarla; no digamos expulsarla, eliminarla. Es decir, ocultar, invisibilizar, expulsar o eliminar a las personas que son agentes visibles de esa diversidad, sobre todo la que molesta a nuestra ignorancia y a nuestros prejuicios. La que resulta inconcebible, la que es vista como un mal, como patología, desde  la pulsión primaria del monismo. Cuando resulta que precisamente ese monismo, el que subyace al mito de Babel, es la verdadera patología social. Lo ha recordado recientemente entre nosotros el profesor de la Universidad de Montreal, Jean Leclair, en su bien argumentado alegato a favor de la solución federalista en sociedades complejas como Canadá o, desde luego, España.

Por eso, cada vez que me topo con amigos que hacen del nacionalismo bandera, sea el que fuere (españolistas, valencianistas, catalanistas, vascos, andaluces también, sardos, flamencos o escoceses) he decidido, en lugar de contar hasta diez, practicar un pequeño reflejo mental: recordarme a mí mismo lo que soy: un inmigrante. Un inmigrante laboral.  Eso me sirve para intentar saber si el nacionalismo de que se trata practicaría conmigo aquello que sigue pareciéndome, lo siento, una cuadratura del círculo: una sociedad plural e incluyente, construida desde ese nacionalismo como ideología-guía.

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Voy a recurrir a una experiencia personal, pero que es común a muchos de nosotros. Como otros muchos emigrantes interiores en España, salí de mi ciudad y región de origen y me fui a otra. Lo hice por razones de trabajo. Eso sí: tuve la inmensa suerte de poder hacerlo libremente (no como la inmensa mayoría de los inmigrantes que llamamos laborales), como he escogido también libremente otros destinos laborales. Algunos en otro país y durante un período de tiempo que bien podría considerarse propio de un título de residencia estable, casi ocho años. No por necesidad. No por obligación. Los elegí para tener mejor formación, más oportunidades laborales, una vida mejor.

Por eso me produce un rechazo inmenso cada vez que alguien ha intentado imponerme un criterio de aceptación de mi presencia en condiciones de igualdad con los indígenas de turno: lengua o acento lingüístico, aprecio por usos y costumbres (siempre mejores que los míos, claro), “amor por la tierra” (como Sarkozy pretendía exigir). Y me digo y les digo que los disfrute el que tenga esos sentimientos, el que tenga la suerte o el gusto de experimentar orgullo, satisfacción u orgasmo viendo su bandera, entonando sus himnos o practicando sus ritos y usos ancestrales (o no tanto). Pero ni hablar de imponérmelos. Menos aún, pretender condicionar mis derechos a esos sentimientos o mitos.

Y si eso me pasa a mí, ¿cómo no voy a rebelarme cuando unos y otros tratan de condicionar a esos sentimientos o mitos los derechos elementales de gentes que huyen de su país por necesidad, por supervivencia? No: ese “patriotismo” del que se disfrazan los nacionalismos monistas, excluyentes, discriminadores, siempre ávidos de dominar a algún otro, es sólo un refugio de indignidad, de la incapacidad para reconocer los vínculos con cualquier otro, por lejos que esté de mi sangre o mis sueños.

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Por eso, hay un test de aceptabilidad que, a mi juicio, debe superar cualquier proyecto político hoy, y en primer lugar el de los nacionalismos viejos y nuevos, los periféricos y los centralistas. También y sobre todo los de ese gran enemigo de Europa, del proyecto europeo en el que creo, que es el nacionalismo fundamentalista europeo construido desde otra ideología-eje. Esta vez, no una basada en el Blut und Boden, sino en un modelo de mercado presidido por el totem del beneficio y sus corolarios (el déficit fiscal como tabú). Una ideología de efectos profundamente desigualitarios y excluyentes, incluso entre los propios europeos, como sabemos los griegos, portugueses o españoles, por ejemplo.

Es el test es del reconocimiento de plenos derechos, de igualdad, a esos otros que son los inmigrantes. No digamos, el de reconocimiento de un primer derecho por el que pugnan millones de seres humanos, el de recibir refugio frente a la persecución: el derecho al asilo.

Por eso, creo que si queremos hablar de nueva democracia, podemos dar un primer paso: comenzar por modificar las política europeas de inmigración y asilo, incompatibles con una democracia incluyente y plural. Y algunos de nosotros valoraremos la actuación de partidos y movimientos (como lo hicimos con sus programas) con la atención puesta en sus hechos a este respecto.

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Fútbol y racismo, crimen y castigo

Fernando Flores

Durante un partido de primera división un tipo de 25 años lanza un plátano a un jugador de fútbol. Las cámaras captan el acto racista. Se abre una campaña de carácter internacional (#somostodosmacacos) en la que numerosos deportistas, políticos, actores, presentadoras… se solidarizan con el injuriado comiéndose un plátano y reclamando la igualdad para todos. La campaña tiene un éxito notable en los medios. Se identifica al agresor, que aparentemente muestra arrepentimiento. El club le retira el carnet de socio y le prohíbe ingresar en el campo de por vida. El aficionado se expone también a una fuerte multa de la Comisión Antiviolencia. Se abre instrucción penal por posible delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal, relativo a aquellos que “provoquen a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas”.

Llevo días dándole vueltas a este tema, porque no me cuadra. No dudo de que los actos de racismo deben ser perseguidos y castigados, pero en este caso hay varias circunstancias que dan que pensar.

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La primera de ellas es que la estrella del fútbol que lanza la campaña antirracista –el brasileño Neymar– está implicado, fruto de su contrato con el F.C. Barcelona, en una operación de fraude fiscal de muchos millones de euros, algo que, a la vista del programa Salvados emitido ayer, es habitual en los grandes clubs. Me resulta difícil respetar y hacer la ola a una persona que reclama igualdad mientras no paga sus impuestos, por más que su mensaje sea correcto. Precisamente por eso, sospecho que o él o su agencia de marketing tratan de lavar con detergente ajeno una mancha muy propia.

Pero lo que más me llama la atención de la campaña es la discriminación sobre aquellos a quienes pretende proteger (las víctimas del racismo). En realidad, creo que estamos ante una reacción antirracista que sólo defiende al fuerte de entre las víctimas. Por más que se diga que el mensaje de esa campaña antirracista es universal y se extiende a todos, no lo creo. Y es que, por ejemplo, más allá de los delitos económicos continuados que cometen, es sabido que algunos clubs de fútbol trafican con personas, muchas de ellas africanos desesperados llegados a Europa con lo puesto que ponen su nombre para blanquear altísimas sumas de dinero, dinero libre que los clubs dirigirán a cometer más fraude fiscal (es decir, a robar a todos los ciudadanos), a pagar “en b” a los “neymar” y a enriquecer a los directivos de (casi siempre) raza blanca. En este sentido, apreciaría mucho como gesto humanitario y comprometido de Neymar una foto acompañado de su hijo en una patera de pega, con el hastag –por ejemplo– #somostodosfutbolistas?

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Por último, me deja sin palabras la desproporción de la pena impuesta por el club, al parecer mucho más preocupado por su imagen que por hacer pedagogía (¿no se trataba de esto?). El pretendido mensaje de “tolerancia cero” (maldita expresión) se traduce en que al agresor se le impide entrar en el estadio de por vida. Sin embargo, al aplicársele el castigo como una pena de muerte o una cadena perpetua futbolística, el mensaje real es la renuncia (el desprecio) desde el inicio a la educación de la persona, a la sensibilización para el civismo y el respeto al otro. El club se desentiende de su socio, y aquí no ha pasado nada.

En fin, por concluir, creo que la defensa de la igualdad y de los derechos de las personas, la lucha contra la discriminación y el racismo (que efectivamente son un problema también en el fútbol), no pueden sostenerse sobre una pila de mentiras de este calibre. Es por eso que la campaña no me cuadra y la considero una tomadura de pelo. En cuanto al futuro como hincha del aficionado racista, no albergo temor. Habiendo apoyado el presidente del Villarreal –Roig– la solicitud de indulto al expresidente del Sevilla hoy encarcelado, Del Nido, doy por sentado que, en cuanto se pase el sofocón del tema del odioso plátano, readmitirán al socio hoy desterrado, y aquí paz y allá gloria.

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Vallas, ruido mediático, legalidad y derechos

Javier de Lucas

Los árboles de tantas imágenes y tanto ruido sobre vallas y “expulsiones en caliente” no deberían ocultarnos el bosque de los problemas reales. Para empezar, los primeros y verdaderos problemas. Los problemas que obligan a los inmigrantes y refugiados, en situación equivalente al estado de necesidad, a apostar todo lo que son (porque apenas tienen nada) en arriesgar su vida en un viaje de años, para volverla a arriesgar ante los obstáculos de la frontera, por ejemplo, las de Ceuta y Melilla.

Son problemas que tienen mucho que ver con la garantía de derechos elementales. Primero allí: allí de donde salen. Porque para muchos de ellos y, desde luego, para todos los refugiados, no hay libertad de circulación, sino el destino inexorable de huir para no morir, para no sobrevivir miserablemente. Incluso para tratar de vivir mejor, sí. Es decir, para ellos, el hecho de emigrar, de exilarse, no es fruto de una decisión libre, sino de una obligación de sobrevivir. Donde hay necesidad no puede existir libertad, ni podemos hablar de derechos y deberes que no sean el de intentar sobrevivir. El asunto es que el origen de esa situación, la desigualdad, la miseria, la ausencia de libertades, no es ajena. En buena medida es heredada de nuestras políticas coloniales e impuestas por nosotros: por ejemplo por las reglas del FMI y la banca mundial, las multinacionales y las potencias (incluida China) que ven en África un granero de donde extraer recursos. Por eso las políticas de inmigración que no empiecen por ir a esas causas no servirán nunca.

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Pero esos derechos, y el derecho a la vida y a la integridad física, y el derecho a la libertad de circulación, no son prioridades en nuestras políticas de inmigración, tan ocupadas en blindar fronteras y pactar con terceros para que las blinden por nosotros. No, cuando estamos tan ocupados en modificar leyes para hacer legal lo que es ilegal. Eso es lo que pretende ahora el Gobierno Rajoy para cohonestar su vergonzante acuerdo con Marruecos para permitir devoluciones ilegales, modificando la Ley de Extranjería. Y eso es otro problema.

A ese empeño, que nos crea un problema, no son ajenos los medios de comunicación que nos bombardean día sí y otro también, con el mensaje de emergencia, con las fotos de avalanchas, de fronteras, policía y guardia civil desbordadas. policía marroquí en la valla y de las denominadas “devoluciones en caliente”. Indigna la frivolidad (en el mejor de los casos) con la que se trata el asunto, en particular en medios de comunicación. Pondré dos ejemplos que, además, algunos han entendido precisamente como favorables a una visión crítica sobre la inmigración. Que santa Lucía les conserve la vista.

El primero, el programa Salvados -que dirige el periodista Jordi Evole- el domingo 6 de abril de 2014. Un programa que (salvo pequeñas excepciones como las entrevistas al padre Esteban en Nador, a Estrella Galán (CEAR) y a Sergio Riera, abundó en la vía del “testimonio”, con “entrevistas” tan efectistas como descontextualizadas a inmigrantes en el Gurugú, sin hablar de causas e intereses, sin un análisis legal de lo que pasa en la valla, de la violación masiva e institucionalizada del derecho de asilo ni, claro, del papel de los medios de comunicación. En definitiva, un tono paternalista, simplificador, en el que los inmigrantes no son sujetos de derecho, sino “pobres víctimas”. Me parece un pretexto para utilizar  un “tema sensible”, de los que da audiencia, y confeccionar un programa efectista que garantiza audiencia y “buena conciencia”.

Segundo ejemplo. El diario El País publicó el jueves 3 de abril una página entera, con el título “Interior consuma nuevas expulsiones sin identificación previa en Melilla” y firmada por Toñi Ramos, hablando de las denominadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes detenidos tras saltar la valla de Melilla. Resulta inadmisible que en ningún momento la periodista recoja las evidentes razones jurídicas que prueban que esas devoluciones violan la ley de extranjería vigente. Tampoco se mencionaba (y esto me parece muy grave) la infracción de la legislación internacional (Convenios de Ginebra, protocolos adicionales) sobre refugiados, pues cuando la Guardia Civil devuelve subrepticiamente a quienes han entrado, no pregunta a nadie si tiene las condiciones para pedir asilo, ni siquiera si lo quiere pedir. Ni se cuestionaban las “devoluciones en caliente” que el Gobierno Rajoy pretende ahora legalizar modificando la ley de extranjería.

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Respecto a esa pretensión, como han argumentado clara y contundentemente no pocos expertos en Derecho migratorio y de asilo, si el Gobierno sostiene que estas actuaciones son una forma de rechazo en frontera, estaría admitiendo que la valla es un puesto fronterizo de los previstos en el artículo 25 de la Ley, lo que evidentemente no es. Pero es que, si lo fuera, los agentes violarían el artículo 26.2 de la misma ley, que exige denegación de la entrada mediante resolución motivada y tras asistencia letrada (nada, pues, de “en caliente”). En realidad, como también subrayan esos expertos, lo que se aplica a esos extranjeros extracomunitarios que son interceptados cuando intentan entrar irregularmente es el artículo 58.3 b de la citada Ley de Extranjería, una “devolución” que también exige procedimiento con asistencia letrada.

Digámoslo claro: la urgencia irrefrenable de esa reforma para legalizar “devoluciones en caliente” es afán de legalizar procedimientos ilegales que violan derechos elementales y deberes jurídicos consagrados en el Derecho internacional. Eso que el Gobierno Rajoy sostiene y que obliga a ejecutar a los agentes de la Guardia Civil no son devoluciones en caliente, son “calenturas” o delirios jurídicos injustificables. Inaceptables. Indignos.

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Testigos del otro. El Método Villoro.

Javier de Lucas

Para Javier Baeza y todos los Javier Baeza

Como a muchos otros ciudadanos de este país, me avergüenza que haya transcurrido un mes desde la tragedia de El Tarajal, en la que murieron 15 personas, sin que nadie haya asumido la más mínima responsabilidad política por un suceso luctuoso que, si hubiera ocurrido en un accidente de tráfico o por una explosión fortuita de gas, por poner dos ejemplos conocidos, ya habría concitado el esfuerzo de los políticos profesionales por hacer saber en prime time su decidida voluntad de establecer responsabilidades y llegar a las últimas consecuencias. Aún más, como a muchos otros, me indigna la inmundicia que se arroja sobre quienes han/hemos pedido que se investiguen los hechos, porque con ello –aseguran- ponemos bajo sospecha nada menos que a la Benemérita. Precisamente por todo eso, me parece más necesario que nunca acudir al pensamiento intempestivo, tal y como lo ejerció Luis Villoro, el filósofo mexicano de origen español que nos acaba de dejar.

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La inmigración no debe ser un tema de seguridad

Fernando Flores


Mientras escribo estas líneas Ana Pastor entrevista

a la eurodiputada Marine Le Pen en #ObjetivoUltraderecha.

Oigo a ésta hablar del interés superior de Francia,

de la inmigración útil e inútil, del obligado cierre de fronteras,

y el tono me resulta familiar, pues estas últimas semanas

he escuchado varias veces las declaraciones

del Ministro del Interior y del Director General de la Guardia Civil

 

Cada Telediario de TVE de los últimos diez días comienza con una “avalancha de subsaharianos fuertes y violentos” contra las vallas de Melilla o de Ceuta. Varios policías marroquís heridos. Todos los días. A mediodía y por la noche. “Han conseguido entrar 100, 200…”, proclama la locutora, pero con las veces que lo repite se diría que han entrado miles. Imágenes de muchachos negros, enloquecidos de alegría por haber podido alcanzar territorio español. Centros de acogida desbordados. Entrevista a agentes de la autoridad. Misión de siembra cumplida: avalanchas humanas de africanos, violencia, desesperación, euforia desatada y descontrol, no caben, hay que mandarlos a la Península… Imposible que no crezca la desconfianza y el temor.

Para España, para Europa, digan lo que digan la Constitución, las leyes, los tratados internacionales vigentes en materia de derechos y los discursos de los políticos, la inmigración se plantea como un tema de seguridad, no como un tema de derechos humanos. Por eso cuando las personas tratan de llegar a nado se les dispara pelotas de goma, en vez de lanzarles flotadores.

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Una oportunidad perdida

Manuel  Atienza

La lectura, hace unos días, de un artículo de Mario Vargas Llosa, “Los parias del Caribe”, me ha llevado a interesarme por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que está causando -y con razón- un considerable revuelo. La decisión del alto tribunal del pasado 23 de septiembre (168/13) niega la nacionalidad dominicana a los hijos de inmigrantes irregulares y ha merecido, por parte del gran escritor peruano, juicios de una extremada dureza. Así, califica la sentencia de “aberración jurídica”, “inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta”, de “paralogismo jurídico”, etc. Y de quienes la dictaron afirma que “a la crueldad e inhumanidad de semejantes jueces se suma la hipocresía”; aunque señala también que “los dos jueces disidentes” del tribunal “salvaron el honor de la institución y de su país oponiéndose a una medida claramente racista y discriminatoria”.

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¿Tiene razón Vargas Llosa al descalificar de esa manera al tribunal y a la sentencia? Mi respuesta, después de haber leído con detalle la justificación de la decisión (de unas 150 páginas), es que sí; lo que prueba, por cierto, una vez más, que el sentido común, el sentido de la justicia y la técnica jurídica no pueden ir por caminos muy separados. O sea, que no hace falta ser un experto en Derecho para darse cuenta de que ciertas decisiones de los tribunales, simplemente, no pueden tener cabida en nuestros ordenamientos jurídicos porque, si la tuvieran, el Derecho de los Estados constitucionales no podría ser considerado como una institución, una práctica, racional encaminada a la obtención de decisiones razonablemente justas. Hay, ciertamente, algunas cuestiones de detalle, de precisión jurídica, que podrían aducirse en relación con ese artículo, pero ninguna de ellas reviste verdadera importancia. Yo diría que la principal corrección a introducir es que los miembros disidentes del tribunal no fueron “dos jueces”, como afirma Vargas Llosa, sino “dos juezas”, lo cual podría tener algún significado cuando se advierte que, de los trece magistrados firmantes de la sentencia, sólo tres eran mujeres. Por lo demás, el voto disidente de una de ellas, Katia Miguelina Jiménez Martínez, es un notable ejemplo de argumentación jurídica: un modelo de buena técnica jurídica al servicio de una causa justa. Lo que no puede decirse del voto mayoritario, por más que deba reconocerse en el mismo un buen oficio jurídico pero, ay, encaminado a justificar lo injustificable. Y pasemos ya de las (des)calificaciones al análisis.

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Tetek (III): El origen

José Miguel Sánchez

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La infancia de Tetek son recuerdos de un descampado polvoriento de Yaundé y un terreno mísero donde a duras penas crecen algunas verduras. Él siempre fue el de en medio. Era el mediano de los hijos varones. El terreno familiar estaba frente a la carretera oeste entre otras dos propiedades. Sus tardes las pasaba dando patadas a un balón soñando ser un medio punta.

Un día se sorprendió a sí mismo. No había llegado todavía a los doce. Se mantenía sentado dejando caer distraído la tierra entre sus dedos. Estaba pasmado mirando a Jacques. Fue como… Nunca ha sido capaz de describirlo. Era un cosquilleo en el estómago. No el del hambre. Ese es distinto. Se irritó consigo mismo. Salió corriendo. Llegó a casa. Se acurrucó en un rincón. Abrazó sus rodillas. Anduvo varios días cabizbajo. No hablaba. ¡Que no sea verdad Tetek! ¡Que no sea verdad Tetek! Se repitió una y mil veces. Cuando uno se dice eso, todo está perdido. No hay tiempo para la desesperación. Tampoco merece la pena huir. Nadie corre más rápido que su sombra. Es el momento de la estrategia. La inteligencia ha de sacarte adelante. Tetek dejó de tener los ojos llorosos. Su mirada adquirió ese brillo de los que tiene una misión que cumplir.

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Fueron dos semanas de planificación. Pensaba que mejor en alguno de los descansos en la escuela. Al rato creía que tras el oficio religioso del domingo. Quizás en el descampado. Al día siguiente, ya no estaba tan seguro de qué manera debía hacerlo. Según transcurría el tiempo solo sabía que tenía que hacerlo. Era una obsesión. Sin dormir. Apenas comer. Dejó casi intacto el ndolé que tanto le gustaba. Su madre había hecho un gran esfuerzo para celebrar el 20 de mayo. No pudo aguantar más. Acabó el partidillo de aquella tarde. Supo que había llegado el momento. No era el lugar adecuado. Tampoco el instante propicio. Pero se iba a volver loco. Se acercó a él. Ya no quedaba nadie más. Lo miró fijamente a esos ojos azabache. ¡Qué pestañas! pensó. Jacques le sostenía la mirada. Entre atónito y divertido. Era su mejor amigo. Esas dos últimas semanas su comportamiento le había parecido extraño. Quería saber qué tenía que decirle. Tetek abrió la boca. No articuló palabra. Cerró los ojos. Se acercó. Le dio un beso en la mejilla. Salió corriendo. Tanto pensar cómo iba a decírselo y al final: eso. Un beso. Mierda, masculló entre dientes. Ese día tardó más en llegar a casa. No pudo explicárselo. Vaya reacción estúpida.

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¡Birlibirloque! De sanidad universal a modelo de aseguramiento

Birlibirloque es una expresión que remite a la magia, pero también, sin permiso de la RAE, a la habilidad de “birlar” o robar sin que nadie se percate. Se acaba de cumplir un año de vigencia del Real Decreto 16/2012 que excluía de la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, para ahorrar 7000 millones de euros en el gasto sanitario. El efecto inmediato es la salida de 873.000 personas del sistema de salud (cifra oficial de tarjetas retiradas). En su primer mes de aplicación, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana ya documentó una “punta del iceberg” de más 78 denuncias por desatención sanitaria. En junio de 2013, Médicos del Mundo presentó ante el Congreso más de 700 casos.

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Violentando la Constitución, que en su artículo 43 establece el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos las “medidas preventivas” y las “prestaciones y servicios necesarios”. Y entrando a saco en la Ley General de Sanidad, para excluir del sistema a una parte de la población. Desde el año 1986, año de la Ley que lleva la firma del ministro Ernest Lluch, existe en España un derecho universal a la sanidad: por el mero hecho de ser persona, de residir o transitar por el territorio nacional, se tiene acceso a la atención sanitaria. Un avance civilizatorio reconocido en todo el mundo. Pero hete aquí que, ¡Birlibirloque!, en un año se ha sustituido el concepto de derecho a la salud por el de “asegurado”. Los asegurados son trabajadores, pensionistas, parados con subsidio y demandantes de empleo. Sus familiares directos (hasta los 26 años), extranjeros comunitarios y los no comunitarios que tengan permiso de residencia, se consideran beneficiarios. Inmigrantes ilegales y mayores de 26 no cotizantes, quedan fuera. O estás en el sistema público o te buscas un seguro a quien se le pueda facturar, de lo contrario estás fuera. Lo que veíamos en las películas yanquis, lo tenemos ya ante nosotros, justo ahora que los norteamericanos empiezan a descubrir el derecho universal a la sanidad. Unos van y otros volvemos.

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La estadística del empeoramiento de la salud del colectivo excluido no es aún muy conocida, pero va aflorando un goteo de casos: Mª Concepción (Honduras) a la que dieron un alta muy dudosa cuando se evidenció que carecía de papeles. Fátima (Marruecos) cuyo tumor hepático no será analizado, si no puede pagarlo. Mamadou (Senegal) murió de un cáncer de próstata e intestino mientras era atendido por Médicos del Mundo, ya que no podía sufragar su tratamiento. Alfa Pam (Senegal) que murió de tuberculosis  tras negarle asistencia un Hospital de Baleares. Y tantos otros casos cuyo nombre y circunstancias no han llegado a la prensa. Para no asumir el coste de imagen pública de sus decisiones, el gobierno intenta cargar estos casos sobre las espaldas de los profesionales, con acusaciones de negligencia o errores médicos. Una estrategia que resulta consonante con el ataque de la caverna mediática a los supuestos privilegios de los funcionarios, que se viene utilizando para legitimar el recorte de derechos impuesto por la reforma laboral.

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Malditos duelos!

Javier De Lucas

Como muchos de los que conocen de primera mano la realidad de la inmigración irregular y del laberinto del asilo, escribo desde el hartazgo de escuchar palabras huecas en las declaraciones de tantos prominentes hombres y mujeres que nos gobiernan. Esos que ahora buscan a la prensa para exhibir su compasión y que son los mismos que han rechazado una y otra vez, con prudente realismo y en aras de criterios económicos “racionales”, nuestras críticas ante su ciega política de inmigración y asilo. Por eso, por hipócritas o, aún peor, por cínicos, malditos sean la inmensa mayoría de los duelos, lamentos y condenas que hemos podido leer en estos días, después de la enésima tragedia en las costas de Lampedusa, el pasado jueves 3 de octubre

Hay excepciones, sí. La primera, la del papa Francisco, que escogió cuidadosamente  Lampedusa para su primera salida del Vaticano, en julio de este año  y dejó un un duro e impecable  discurso sobre lo que llamó “globalización de la indiferencia”. También la de la alcaldesa Giusi Nicolini, que harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que La UE se decidiera a actuar. Y que contestó al cínico vicepresidente Alfano conminándole a venir a enterrar a los muertos,  cuando éste pretendió erigirse (¡¡habrase visto desvergüenza!!) en portavoz de la necesidad de “otra” consideración de la policía migratoria.

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Por lo que se refiere a la prensa, entre mucha basura y no poca crónica de rutina, me parecen destacables tres testimonios: el artículo en La Stampa de Domenico Quirico “Sul molo de Lampedusa a contemplare la norte”, (se puede encontrar traducción italiana en El País: “De nuevo en el muelle de la muerte”); el de Juan Luis Sánchez, “Asalto o vergüenza: en qué quedamos”; y el de Sami Naïr, “Morir en Lampedusa”. Los tres ponen de manifiesto algo que me parece imprescindible. Hay relación de nexo causal entre esas tragedias y las políticas migratorias de los países de la UE, empeñados en un modelo basado en el control “hidráulico” (tantos entran como puestos de trabajo disponibles y necesarios; ni uno más. Y a los que “se cuelan” hay que echarlos de inmediato), y obsesionado con la lucha contra la inmigración ilegal, pero no tanto con las causas reales de los movimientos migratorios. Y es que resulta insoportable la contradicción de estar empeñados en difundir discursos xenófobos y racistas que predican una Europa asediada por las amenazas de las hordas del tercer mundo, discursos que inspiran la construcción de muros y la vigilancia de los mares con cañoneras (como exigía el ministro Marone, compadre del hoy compungido Alfano) y luego soltar la lágrima por los muertos.

Porque estos muertos no son los primeros. Baste pensar en qué han quedado en las aguas y orillas de Lampedusa más de 8000 cadáveres desde 1990: los cómputos más fiables hablan de más de 17000 en los últimos diez años en toda Europa: basta examinar por ejemplo el dossier “Muertos en las fronteras de Europa: un éxodo letal”, o, de la misma ONG, la lista de refugiados muertos en las fronteras europeas. Para quien esté interesado en las cifras en nuestro país, es decir, para las víctimas en el Estrecho y en el viaje desde las costas de África Occidental a Canarias, son imprescindibles los informes anuales “Los derechos humanos en la Frontera sur”, elaborados por la Asociación por Derechos Humanos/Andalucía, APDHA.

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En el desastre del día 3 en Lampedusa hablamos quizá de más de trescientos muertos, puesto que sólo se ha rescatado con vida a 155 de los aproximadamente 500 pasajeros. 500 hombres, niños y mujeres (algunas de ellas embarazadas) que, en su mayoría (salvo los procedentes de Siria) han recorrido más de 4.000 km en su huida de la guerra en Somalia y del caos en Eritrea, de la miseria aquí y  allá. Más de 300 muertos. Un listón paradójica y tristemente demasiado alto como para que los próximos naufragios –que llegarán- alcancen atención mediática. Pero no pasa nada. Las lamentaciones se producen como si se tratase de muertes naturales o de crueles designios del destino. No podemos, no debemos aceptarlo. El hartazgo y la rabia que nos llena a muchos de nosotros no es el de la impotencia ante desastres “naturales”, tan lamentables como inevitables. Lo diré: esas muertes son homicidios, si no algo peor. Y hay responsables. Hablemos de ellos. Y no sólo para decir que malditos sean.

Malditas, sí, las autoridades nacionales –las italianas en este caso-, que hacen leyes que convierten a inmigrantes irregulares y necesitados de asilo en presuntos delincuentes. Hagamos algunas preguntas: ¿Alguien ha reparado en el hecho de que forman parte del actual Gobierno italiano (ese que, al decir de algunos prudentes opinadores, sería una esperanza para la izquierda por haber vencido a Berlusconi) un vicepresidente –Alfano- y varios ministros del partido que respaldó la ley Fini-Bossi que significó en 2002 el establecimiento de la inmigración irregular como delito y la penalización de la ayuda a los inmigrantes irregulares? ¿Alguien ha tenido en cuenta que esa ley, que el mismo “renovador” Gobierno Letta no ha derogado –ni entraba en sus planes; veremos ahora, ante la conmoción de la opinión pública- es muy probablemente la razón de que los tres pesqueros que no auxiliaron al buque en llamas podían haber sido multados (incluso con penas de prisión) en caso de haberlo hecho? No es esa ley una violación flagrante de las viejas leyes del mar, como muestra Terra ferma, la película de Emmanuele Crealese de 2011? ¿Qué grado de cinismo permite a ese Gobierno declarar que dará la nacionalidad póstuma a los muertos para enterrarlos como ciudadanos italianos –europeos- y así “cumplir al menos de esta manera su sueño”, sin vomitar por ese gesto de asqueroso paternalismo? Hay toneladas de dignidad mayor en las miles de tumbas sin nombre, que no en estos entierros “oficiales” para “buenos muertos europeos”.

Lampedusa migration

Maldito sea el Senatur Bossi y su Legha Nord, que han atizado el fuego xenófobo y a los que no les parece suficiente la ley antimigratoria que él mismo impulsó junto con su entonces aliado Fini. Y malditos los políticos del Polo de la libertad de Berlusconi que hicieron también campaña con estos lemas y defendieron esa ley aberrante. Maldito Bossi, quien tiene el cinismo de echar la culpa de la tragedia a la ministra de integración del Gobierno Letta, Cecile Kyenge, que por el mero hecho de ser africana constituye de suyo un poderoso “efecto llamada”, origen del viaje irresponsable que emprenden los “inmigrantes africanos”. Un efecto como aquel que tanto preocupó a los Gobiernos de Aznar en España y, de otra manera, también a algunos ministros del PSOE, como los señores Corbacho y Camacho. Por eso, malditos los gobiernos que permiten que continúe la tragedia en torno a Canarias y en el Estrecho, cementerios marinos, territorios de naufragio que ha sabido documentar con mirada propia el extraordinario fotoperiodista Marcos Moreno, a quien dedicó su página especial la revista Periodistas en su número 39.

Malditas las autoridades europeas responsables de las políticas migratorias y de asilo de la UE. Es cierto que la competencia en estos temas corresponde a los estados nacionales, pero ¿podemos olvidar el efecto criminalizador y de negación de derechos, por ejemplo, de la malhadada Directiva europea de retorno, adoptada en 2008? ¿Podemos olvidar la progresiva degradación del derecho de asilo a la que contribuyen no sólo los Estados nacionales que modifican a la baja su marco legal sobre asilo y refugio (como lo han hecho el Gobierno español, el del Reino Unido, el italiano, el danés  o el holandés, por poner algunos ejemplos), sino la propia UE? En efecto, la UE se muestra terne en su empeño de una lista restrictiva de “países seguros” y voraz en exigencias de blindaje de fronteras para impermeabilizarlas contra una presión de refugiados ignorando que éstos se dirigen sobre todo a países limítrofes y apenas pueden llegar a Europa. ¿Qué decir de esos acuerdos bilaterales para permitir expulsiones rápidas (y aun colectivas) de recién llegados de quienes apenas alguna vez se averigua si pudieran ser refugiados a los que hacen cada vez más difícil plantear las demandas de asilo? Por eso, no es aceptable el horror de la comisaria Malström que se espanta de lo sucedido y dice que hay que luchar más eficazmente contra los traficantes de personas. No se han enterado de nada. No quieren enterarse de la verdad. Veremos si la reunión de los Ministros de Interior de la UE en Luxemburgo, el martes 8 de octubre, da muestras de haber aprendido algo…

Malditos, insisto, quienes propician que se lesione sin remedio ese derecho elemental, el derecho de asilo, última esperanza para centenares de miles de refugiados. Porque se comete un gravísimo un error, a mi juicio, cuando se habla de tragedia de inmigrantes irregulares o indocumentados o clandestinos. Sería muy grave si se tratase de eso. Pero es aún peor. Quienes llegaban ahora a esa isla eran, en gran medida, como sucedió en 2011, refugiados que huyen en busca de asilo. Huyen de Estados fallidos como Somalia o Eritrea. Huían de la guerra, del hambre y de la persecución de bandas paramilitares y parapoliciales, cuando no de la propia policía y de los ejércitos que devastan a la población civil. Y nuestros Estados (Italia, España, Francia…la UE también) no tienen frente a ellos un deber de caridad, de solidaridad o humanitario, sino una obligación jurídica de primer orden. La que nace de ser partes, de haber incorporado en nuestro Derecho las Convenciones  e instrumentos jurídicos del Derecho internacional de refugiados.

cementerio - Lampedusa

Por eso, maldito será también el Alto Comisario de los Refugiados de la ONU (ACNUR), el portugués Gutierres si, además de lamentar la tragedia y enfatizar su gravedad de modo ritual, como en ocasiones anteriores, no recuerda con toda exigencia y vigor que se están violando obligaciones jurídicas internacionales, y que hay responsabilidades exigibles. Y hace todo lo posible para que se establezcan esas responsabilidades, en lugar de mirar para otro lado tras el comunicado con crespón.

Malditas las autoridades nacionales y europeas cuando, en casos contrastados aunque afortunadamente excepcionales respecto a lo que es su línea de actuación habitual (por la que merecen reconocimiento), han hecho la vista gorda sobre naufragios en los que hay fuertes indicios de responsabilidad por parte de quienes tienen el primer deber de proteger. Pongo como ejemplo el caso detallada y empecinadamente denunciado por el periodista Nicolás Castellano y sobre el que ocho meses después (no como en el accidente del Alvia en Santiago) seguimos sin haber esclarecido los hechos.

Ya sé que siempre habrá una voz realista que recuerde que la responsabilidad frente a las desgracias que ocurren en el mundo no es de Europa, ni de Occidente, sino en primer lugar de los propios regímenes y aún de los países en que la población vive en la miseria, con hambre, sin derechos, sin expectativas de vida. Pero no puedo aceptar que nuestra respuesta a los eritreos, somalíes y sirios, a ese nuevo pueblo que vive una Anábasis inédita como escribía Quirico, el pueblo de la inmigración, el de los refugiados, sea: “busquen en otra ventanilla. Nosotros ya cumplimos y más que nadie con los programas de cooperación y desarrollo”. Vergüenza para todos nosotros, quienes presumimos de los valores de la UE, de la defensa y garantía de los derechos humanos y de la democracia y los olvidamos en cuanto son de otros y llegan hasta nosotros. ¿Cómo podrán entender esta barbarie nuestros nietos, si no exigimos que se haga justicia, que se adopten medidas que primen esa garantía de los derechos humanos universales como condición sine qua non, en lugar de hacer cada vez más difícil la esperanza de asilo para los desamparados y negar el derecho elemental a la salud a los pobres inmigrantes irregulares como hemos aprobado aquí con el Decreto 16/2012 del Gobierno Rajoy?

A todos aquellos a quienes maldigo, les deseo como redención que sean capaces de emprender, al menos metafóricamente, al menos mediante la lectura,  el viaje al revés, el de Salvatore Piraci, el protagonista de la novela de Laurent Gaudé, Eldorado. Piraci, comandante del guardacostas Zeffiro, con base en Catania, vigila la llegada de inmigrantes a Lampedusa. Este “centinela del la ciudadela Europa” conoce a una mujer inmigrante que ha perdido a su bebé en la travesía hacia Lampedusa y sólo vive para vengarse de los traficantes que la explotaron en ese viaje. Piraci acabará por emprender el viaje a la inversa y comprender así la Anábasis de los desplazados, la travesía vital de miles de seres humanos que llegan hasta Libia, hasta Ceuta o Melilla, en pos de un sueño que los europeos sólo queremos para nosotros.