‘Los refugiados no son trigo limpio’: ¿odio o libertad de expresión?

Ana Valero

Las declaraciones realizadas el pasado miércoles por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en el Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, en las que cuestionó que los refugiados que llegan a Europa fueran “trigo limpio”, han generado una gran polémica, y no es para menos, pues ponen en evidencia que hay personas dentro de la jerarquía católica que no creen en el mensaje de solidaridad y de identificación con el más débil que supuestamente debería presidir la acción de tal institución.

Es evidente que las palabras de quien es cabeza visible de la Iglesia católica en la Comunidad Valenciana, son éticamente inaceptables y que, además, estigmatizan a las personas refugiadas y de origen inmigrante, pero ¿son, asimismo, incitadoras al odio contra ellas? Sigue leyendo

No es falta de caridad. ¡Son delitos, estúpidos!

Javier De Lucas

La repetición de naufragios en las costas italianas en apenas siete días, con un elevadísimo número de víctimas (331, el 3 de octubre; 50, el día 11) ha dado pie a toda suerte de lamentaciones. También de los responsables de las políticas migratorias y de asilo y de sus instrumentos legales, tanto los italianos como los de la UE. Ya hemos comentado (Malditos duelos!) que esas lágrimas de cocodrilo ofenden la dignidad de las víctimas y de todos nosotros. No escribo para insistir en esa vergüenza. Ahora quisiera llamar la atención del lector sobre una omisión gravísima y dos malentendidos o, peor, dos sofismas que, a mi juicio, lastran buena parte de las discusiones que se están produciendo y dejan al rey, a esos políticos, desnudos. Pero también a no pocos medios de comunicación.

La omisión es la que permite que sigamos discutiendo si son galgos o podencos, si son la UE, Italia, Malta, los pescadores, los isleños, quienes deben actuar. No. Quienes no socorren a los náufragos son delincuentes, porque violan la ley. Porque, si son delincuentes o criminales (según la conducta) los ciudadanos que infringen un precepto jurídico vigente, también lo son los políticos responsables de que la UE y/o sus Estados miembros violen una norma jurídica vigente. Y lo son con agravante quienes impiden a los simples ciudadanos que la cumplan.

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Esta es la cuestión. Dejemos de hablar de humanidad, de piedad, de solidaridad. Estamos ante una ofensa jurídica y de primer orden, que exige el establecimiento de responsabilidades y las correspondientes sanciones, para evitar el veneno de la impunidad, para evitar el desánimo ciudadano que acaba por metabolizar este horror, porque no hay nada que hacer y los telediarios no informarán más hasta que no suceda otro que supere la cifra de 331 muertos. Hay que dejar claro que se trata de delitos que exigen castigo.

La UE, a través de la obsesiva función de control represivo atribuida a Frontex y también los Estados, como Italia, Malta o España, parecen olvidar en tantísimas ocasiones que, frente a esos náufragos, hay un deber jurídico prioritario de asistencia, impuesto secularmente por las más viejas leyes del mar y hoy por el complejo de Tratados del Derecho internacional del mar. En su origen, insisto, hay normas consuetudinarias básicas que están, por ejemplo, por encima de la ley Fini-Bossi (como recordaba el abuelo de Filippo, el pescador protagonista de una película no precisamente descarnada pero oportuna, Terra Ferma, el film de 2011 de Emmanuele Crealese). Pero, hoy, debemos hablar de violación de obligaciones jurídicas vigentes. Sobre este punto, aconsejo la lectura del pronunciamiento de ACNUR en 2002, Background note on the protection of asylum-seekers and refugees rescued at sea y, sobre todo, del a mi juicio determinante trabajo de Daniel Oliva, Derecho del mar e inmigración irregular.

durao - lampedusa

En efecto, Oliva, tras recordar que “existe un consenso acerca de la obligación de todo buque, sea cual sea su situación, características y localización, sobre la necesidad de concentrarse en salvar vidas de los náufragos o inmigrantes en peligro en el mar“, fundamenta esa tesis en un análisis impecable del complejo de tratados de Derecho internacional del mar: así lo exigen,  explica, artículos como el 98.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (Convención de Montego Bay), de 10 de diciembre de 1982, que se complementa con lo dispuesto, entre otros, en los párrafos 2.1, 10 y 13.2 del Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo (Convenio SAR, versión 1979), y, por ejemplo, en la regla 33.1 del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS). En el último decenio se ha concretado y especificado la obligación de auxilio  exigible de los capitanes de buques y de los propios Estados mediante enmiendas a esos Tratados, así como la obligación de los Estados de ofrecer un lugar seguro a los supervivientes. Y aún se ha producido una mayor concreción a través de las denominadas Directrices respecto de la actuación con personas rescatadas en el mar, incluidas en la Resolución MSC.167 (78) del año 2004, del Comité de Seguridad Marítima, cuyo origen se encuentra en el lamentable episodio vivido en 2001 por el buque de pabellón noruego Tampa, que rescató a 433 solicitantes de asilo que se encontraban en peligro en un barco frente a las costas australianas y al que negaron el desembarco Australia e Indonesia.

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