La reputación constitucional de Dios

Fernando Flores

‘No sé si Dios existe, pero sería mejor para su reputación que no existiera’, decía el poeta francés Jules Renard. Yo, por mi parte, cada día le pongo una vela. Al poeta.

Los representantes oficiales de aquél no fallan. Semanalmente nos afligen con una o varias acciones, si no como creyentes (cada cual con sus contradicciones), sí como defensores de las libertades de conciencia, religiosa y del Estado laico. Es decir, como creyentes en un sistema constitucional decente.

En realidad todo encaja. En un país en el que los ministros y los altos cargos juran su Constitución teóricamente aconfesional frente a una biblia y un crucifijo, y en el que el homenaje institucional a los fallecidos (sean estos cristianos, musulmanes, ateos o budistas) por un accidente o un acto terrorista se realiza invariablemente en una catedral católica, el resto tiene que venir por añadidura.

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Estos días ha trascendido la Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la enseñanza de la religión católica en la educación obligatoria. Esta Resolución, desarrollo de la LOMCE y publicada en el BOE, lleva a cabo la decisión política del Partido Popular y la Conferencia Episcopal de hacer del catolicismo una asignatura de oferta obligatoria evaluable y cuya nota cuenta para hacer media del curso. Ana Valero ya advirtió hace unas semanas en este blog (A vueltas con la religión en la escuela: aclaraciones desde la Constitución), que la obtención de la carta de naturaleza académica de la asignatura de religión católica no es sino el paso previo a justificar su incursión en el currículo educativo de la escuela pública mediante el revestimiento de pretendidos tintes científicos. No ha pasado mucho tiempo para que los hechos le den la razón. En la Resolución, cuando se detallan las directrices curriculares, se afirma:

  • “la educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona”;
  • “la enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad”;
  • “la estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios”;
  • “si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene…”;
  • “no obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz”

Por lo demás se pide al alumno (quinto de primaria) que “dramatice con respeto algunos milagros narrados en los evangelios”, o que “argumente el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de Dios” (primero de secundaria).

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A muchas personas les ha sorprendido (en algunos casos indignado) que se haya utilizado la propia letra del BOE (no solo manuales, apuntes, videos o material al efecto) para decir estas cosas. Es decir, ha llamado la atención que haya sido el principal portavoz documental del Estado (obligado a respetar la Constitución –art.9.1 CE–, y por lo tanto la neutralidad, la aconfesionalidad y la libertad de conciencia) el que haya publicitado contenidos que como mínimo chocan con la historia (se habla de la intervención de Dios en ella, aunque en el currículo general de primaria no existen referencias a la evolución), y con las ciencias naturales. Por el contrario, para los obispos el currículo es coherente con una asignatura cuyo objetivo no es enseñar historia de la religión (o de las religiones), sino formar a los alumnos en los valores y creencias del catolicismo.

Mi opinión es que la Conferencia Episcopal acierta, por la sencilla razón de que quien puede lo más puede lo menos. Si impones –siquiera como optativa– una asignatura cuyo contenido es dogmático (al menos en parte), no puedes pretender que dicho contenido lo enuncie un funcionario civil; al revés, tiene todo el sentido que lo confeccione un funcionario religioso. Con el resultado referido. De hecho, la misma LOMCE (y antes la LOE) dispone que la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas” (DA 2ª.apdo 3).

Así que la clave no está en el currículo educativo, la clave está en el poder legislativo, en la Ley. Una vez incorporada la religión como asignatura evaluable, resulta coherente que exista una Resolución del Ministerio (que se publica en el BOE) que contenga sus directrices fundamentales. Así sucede con el resto de asignaturas y, en consecuencia, es normal que también suceda con la de religión. Lo que muestra esta consecuencia de aquella decisión política y legislativa es hasta qué punto con ella se permite a las confesiones –especialmente a la Iglesia Católica– penetrar en lo más profundo del Estado, hasta confundirse (en directa contradicción con el art.16.3 CE) con él.

Llama la atención que pocos hayan advertido el contenido de la Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Formación Profesional, por la que se publica el currículo del área Enseñanza Religión Islámica de la Educación Primaria. Las capacidades que respecto de la confesión islámica y con carácter general se establecen para toda la Educación Primaria son, entre otras:

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  • “conocer y arraigar la fe en Al-lah, Creador del Universo, de todos los seres vivos y Único Dios adorado“;
  • “valorar y apreciar la importancia de la Creación y reconocer en el mundo natural la acción y atributos de Dios“;
  • “apreciar el valor de la vida humana como don de Dios y derecho a su existencia, comprender su sentido para la vida mundana y la consecución de la vida venidera“;
  • “reconocer el Corán como palabra de Dios revelada al Profeta Muhammad (P.B.) y comprender el significado de su mensaje“;
  • “leer, recitar y memorizar diferentes fragmentos del Corán, profundizar en su estudio para comprender mejor su significado, lenguaje y, en último término, la palabra de Dios“; etc.

Esta Resolución también está publicada en el BOE.

¿Alguien se imagina una asignatura, siquiera optativa, en el marco de la libertad de conciencia, para Primaria o Secundaria, cuyo currículo negara la existencia de Dios o de Al-lah, que afirmara que el pecado no existe, que la religión es –además de contraria a las leyes de la física– perjudicial para el desarrollo de la personalidad, y que Dios es una ‘ficción suprema’? Probablemente la Iglesia y el Islam lo considerarían una afrenta y un ataque imperdonables, y reclamarían su supresión. Si Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos –que sólo propugnaba el aprendizaje de los valores de la Constitución española– acabó como acabó por la presión de la reacción católica institucional, no hace falta mucha perspicacia para intuir qué pasaría con una asignatura como la imaginada.

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No debe dejar de decirse que cada paso, cada acción que contribuye a la confusión del Estado, de los poderes públicos, de los servidores civiles, con una confesión religiosa, es un atentado contra los mandatos constitucionales y contra la libertad. Y por qué no decirlo,  también resulta un atentado contra la esencia de la propia religión, al menos de la religión católica, contra el principio de dar al (y recibir del, creo yo) césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios.

Hace unos días supimos que el cura de Santoña había intervenido (con hisopo) en la inauguración oficial de los juzgados de esa localidad. Si sucesos como éste no ocurrieran diariamente a lo largo del territorio español, lo comentaríamos como una anécdota graciosa o folclórica. Pero no lo son. Esta confusión de lo público y lo católico es habitual entre nosotros y vulnera la libertad de conciencia y religiosa de los ciudadanos, amén de la obligatoria aconfesionalidad del Estado.

La libertad religiosa y de cultos es un derecho tan respetable como cualquier otro recogido en la declaración constitucional, y debe ser garantizado, pero su límite está en la libertad de los demás (la de conciencia y la misma religiosa) y en la rigurosa aplicación de aquella aconfesionalidad. En España esos límites no son respetados, al contrario, por ahora la experiencia nos demuestra que los dioses oficiales se llevan mal con la Constitución y con la libertad. Si existieran, su reputación debería estar por los suelos. Al menos en una sociedad que creyera en el Estado democrático.

Ciencia-y-Religión

Charlie es libertad de expresión, no incitación al odio

Ana Valero

Lo sucedido en París el pasado 7 de enero nos debe conducir a plantearnos, una vez manifestado nuestro profundo dolor, indignación y solidaridad con las víctimas de la brutalidad cometida contra la Revista satírica Charlie Hebdo, si deben aplicarse límites a la libertad de expresión cuando ésta vulnera las creencias o los sentimientos religiosos de otras personas o comunidades. Y mi respuesta es un rotundo no, pero vayamos por partes.

El Consejo de Europa aprobó, poco después de la publicación de las viñetas de Mahoma en el periódico danés Jyllands-Poste, en el año 2006, una Resolución en la que afirmaba que la libertad de expresión, tal y como está protegida en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no debe ceder ni un ápice ante las exigencias derivadas de las crecientes sensibilidades de ciertos grupos religiosos. Ahora bien, la incitación al odio o el hate speech contra un determinado grupo religioso no es compatible con los derechos fundamentales y las libertades garantizadas en el Convenio. Lo cual exige, para determinar adecuadamente el ámbito de protección de la libertad religiosa, una graduación de las injerencias que en ella pueden producirse.

Con dicho fin, el Consejo de Europa en el año 2007, a través de su Recomendación 1805, estableció una importante distinción entre “blasfemia”, “insultos religiosos” y “discurso del odio contra las personas por razón de su religión”. Sigue leyendo

A vueltas con el burka, esta vez desde Europa

Ana Valero

Con fecha 1 de julio de 2014 se ha dado a conocer el pronunciamiento la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso S.A.S. c. Francia, donde se dilucidaba si la Ley francesa número 2010-1192, de once de octubre de 2010, que prohíbe la ocultación del rostro en el espacio público, es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los jueces han rechazado con esta sentencia la demanda interpuesta por una joven musulmana de 24 años de edad que se negó a descubrirse el rostro a petición de la policía, bajo la amenaza de una multa de 150 euros.

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La Asamblea Nacional francesa aprobó en 2010 la Ley que prohíbe el uso del burka con trescientos treinta y seis votos a favor y uno en contra, y el Senado la aprobó definitivamente el 14 de septiembre del mismo año. A partir de su entrada en vigor se aplica a todo el territorio nacional y establece que la violación de la prohibición de cubrir el rostro en espacios públicos implica la imposición de una multa de ciento cincuenta euros y la eventual obligación de seguir cursos de educación cívica. Y quien obligase a otro a llevar el velo integral podrá ser castigado con la pena de privación de libertad de hasta un año y con el pago de una multa de treinta mil euros. Tal sanción se duplica si la mujer es menor de edad. Desde que la norma entró en vigor, la Policía ha actuado por este asunto unas 400 veces al año. Apenas 1.900 mujeres de los cinco millones de habitantes musulmanes del país usan el velo integral.

Las razones esgrimidas por el Gobierno francés ante la Corte de Estrasburgo para defender la conformidad de la citada Ley con el Convenio Europeo de Derechos Humanos son varias, por lo que iré analizando una por una para ver cuál ha sido la argumentación de la Corte y exponer mi opinión al respecto.

1. El primero de los argumentos gubernamentales tiene que ver con el “principio de igualdad y no discriminación”: el velo que cubre el rostro de la mujer es, para el Gobierno francés, un instrumento de opresión sexista que niega la dignidad de la mujer y un símbolo del fundamentalismo islámico que manifiesta lejanía a los valores de la sociedad occidental y que denigra a la mujer musulmana.

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A este respecto, el Tribunal de Estrasburgo, en línea con lo defendido por el propio Consejo de Estado francés –máximo órgano consultivo del gobierno- en su Informe emitido con anterioridad a la aprobación de la Ley, ha considerado que un Estado Parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos no puede basarse en la igualdad de género para prohibir una práctica que las mujeres -como la demandante- reclama como manifestación de su propio derecho de libertad religiosa. Y ello porque, en ocasiones, el porte del velo es una práctica consciente y voluntaria por parte de un número considerable de mujeres que funda sus raíces en la exigencia de afirmar su propia identidad cultural.

A este respecto, me parece acertada la posición del Tribunal de Estrasburgo y coincido con la postura del Consejo de Estado francés cuando sostiene que suponer que el burka implica un ataque a la dignidad de las mujeres es discutible jurídicamente, y en concreto, cuando el uso del burka es el resultado de una decisión voluntaria y adoptada libremente por una persona mayor de edad. Y ello porque, cuando se hace referencia al principio de la dignidad humana, no se pueden dejar de lado dos conceptos que se pueden oponer o limitar mutuamente: aquél que exige salvaguardar la dignidad a expensas incluso del sacrificio de la autonomía y del libre albedrío de la persona; y aquél que considera que debe protegerse el libre albedrío como valor consustancial de la persona humana. Y es precisamente este último concepto el que ha defendido tradicionalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual ha reiterado en su jurisprudencia que “el respeto de la vida privada y del principio de autonomía personal implica que cada cual puede conducir su vida según sus convicciones y sus elecciones personales, incluso en el caso de que ponga en peligro su vida, siempre y cuando no atente contra terceros”.

El segundo de los argumentos que esgrime el Gobierno galo para defender la legitimidad de la Ley hace referencia a la necesidad de proteger “la seguridad pública”. A este respecto la Corte de Estrasburgo también adopta una posición que me parece acertada al sostener que, teniendo en cuenta el enorme impacto que una prohibición absoluta del uso del velo integral en los espacios públicos tiene para el derecho de libertad religiosa de las mujeres que lo portan libremente, la Ley de 11 de octubre de 2010 resulta desproporcionada. Y ello porque el objetivo del Gobierno galo quedaría satisfecho con una simple obligación de mostrar el rostro para permitir la identificación cuando ésta se hace necesaria y no siempre y en todo caso.

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Sin embargo, lo más llamativo de la Sentencia radica en que es el tercero de los argumentos esgrimidos por el Gobierno francés -“las exigencias mínimas de la convivencia y de la vida en sociedad”- el que ha asumido el Tribunal Europeo para declarar la adecuación de la Ley francesa al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Apelando a la discrecional doctrina del “margen de apreciación” que tiene cada Estado para valorar cuáles son las circunstancias particulares que se dan en su sociedad y en sus tradiciones nacionales, la Corte afirma que la normal interacción de los individuos en el espacio público puede ser un bien jurídico cuya protección justifique la limitación del derecho de las mujeres musulmanas a utilizar libremente el burka. De este modo el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos considera “legítima” la prohibición del velo islámico integral en los espacios públicos porque “el rostro juega un rol importante en la interacción social”, por lo que llevarlo tapado puede constituir una “amenaza para la convivencia”.

Mi posición a este respecto ya se expuso en el post publicado en este mismo blog bajo el título “El (es) tupido velo del paternalismo”, que analizaba una Sentencia del Tribunal Supremo español emitido con ocasión de un supuesto de hecho similar pero con un fallo opuesto al del Tribunal Europeo, por lo que sólo nos queda reiterar lo allí indicado. ¿Puede un genérico derecho a no ser molestado en el espacio público de acuerdo a los cánones occidentales de vida en comunidad anteponerse a un derecho constitucional como la libertad ideológica y religiosa de las mujeres adultas musulmanas que usan libremente el velo integral para relacionarse con sus vecinos? Mi respuesta es NO.