Por el “bien de la justicia universal”, y por el monte las sardinas, tralará.

Javier Chinchón Álvarez

Culminado, vía la Ley Orgánica 1/2009, el anterior proceso de modificación de la jurisdicción universal en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, allá por octubre de 2009 escribí un breve artículo en el que tras tratar de explicar todo lo que vivimos aquellos meses, terminaba refiriéndome a “aquellos de nuestros representantes que [habían] votado a favor de [aquella] reforma infame”. En concreto, les compartía entonces que tanto por el fondo pero sobre todo por la forma en que la misma se desarrolló, todos ellos habían perdido mi confianza para las próximas elecciones. Aun tras aquello, y conociendo la vieja máxima de que todo es susceptible de empeorar, he de reconocer que la actual modificación iniciada a finales de enero me está dejando atónito, abochornado, casi sin palabras.

Sigue leyendo

Naciones Unidas y las desapariciones forzadas en España

Javier Chinchón Álvarez

Con motivo del día internacional de las víctimas de desapariciones forzada, el pasado 30 de agosto nuestro Gobierno declaraba solemnemente que “[e]l compromiso de España en esta materia se manifiesta de manera aún más patente este año 2013, ya que en el mes de septiembre España recibirá la visita del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de Naciones Unidas (…) [y] asimismo, en el mes de noviembre el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas examinará el primer informe que España ha presentado sobre su grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.

A fines del mes de septiembre, al hacerse públicas las primeras conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo tras finalizar su visita, escuché como un ex-alto dirigente del Partido que hoy nos gobierna sentenciaba sobre ellas, en tertulia al uso, que “las Naciones Unidas no se enteran de nada”. La razón fundamental que ofrecía como sustento de tal valoración podría resumirse en que frente a lo que el Grupo de Trabajo había constatado y señalado respecto a la situación de las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron durante la Guerra Civil y el franquismo, la realidad no era otra que los españoles ya habíamos decidido dejar atrás todo aquello hace muchos años; de tal suerte que ponerse ahora a hablar de esto era algo absurdo, sin sentido, impertinente.

image004

Unas semanas después, en la fase final del examen del Informe presentado por España al Comité contra la Desaparición Forzada, la representante española sostuvo que la Convención era un instrumento de futuro, cuyo sentido y razón de ser (básicos por no decir únicos) no estaban referidos a los actos cometidos en el pasado. Estas palabras condensaban una posición de orden técnico que nuestro país sostuvo con denuedo ante el Comité, jurídicamente legítima aunque desde luego más que discutible; sobre la que de cualquier modo no quiero incidir en este momento, ni es necesario volver a rebatir. No obstante, aunque a una distancia dialéctica ciertamente sideral, esta última consideración y lo que reprodujimos antes parecieran presentar cierta coincidencia de fondo; esto es, una suerte de convicción de que sea como fuere, lo relativo a las víctimas de desapariciones forzadas que comenzaron durante la Guerra Civil y el franquismo es algo que sólo pertenece a un pasado más o menos remoto, pero sin duda superado.

Sigue leyendo