Hartos de la ‘Carta Magna’

Imagen

Javier de Lucas

Este 6 de diciembre de 2018, en España, soportaremos hasta el paroxismo la exaltación oficial de la Constitución española de 1978, con motivo de su 40 aniversario. No seré yo quien niegue -todo lo contrario- el valor de esta Constitución, que ha servido de marco para el más importante periodo de estabilidad y progreso que ha conocido nuestro país.

No me cuento entre los debeladores de la ‘cultura de la transición’ y tampoco entre quienes carecen del más mínimo sentido histórico y olvidan que las Constituciones son un producto jurídico y político, herramientas que sirven para acuerdos que nacen de un contexto y de unas necesidades concretas, por mucha voluntad de durar que las presida. Sus fortalezas y debilidades son, por así decirlo, inevitables, porque no es mejor Constitución la que diseñan genios inmarcesibles del Derecho, la filosofía, la ciencia política, la ética pública y la economía, sino la que sirve para expresar un conjunto de reglas de juego ampliamente compartido por quienes tienen que jugar y un programa de convivencia no menos ampliamente acordado, que se trata de desarrollar.

Lo que me parece inadecuado es aproximar esta conmemoración a una fiesta religiosa, más que ciudadana, por aquello de no tocarla ni mancharla, como si la Constitución fuera un dogma caído del cielo o los diez mandamientos. Y es que este tipo de conmemoración desvela de nuevo una dolorosa paradoja. ¿Cómo vamos a creer a las autoridades que pronunciarán discursos una y otra vez sobre lo importante que es la Constitución, cuando en buena medida (hay excepciones, es cierto) son los mismos cuya falta de voluntad política para reformarla origina esa paradoja de que conviva la conciencia mayoritaria de la necesidad de reforma con la conciencia de su evidente imposibilidad, habida cuenta del bloqueo impuesto por las propias fuerzas políticas? Esa paradoja es, por cierto, la raíz de una importante y creciente brecha entre ese texto y las necesidades reales de los ciudadanos, empezando por las nuevas generaciones…

Hay otra razón para nuestra impaciencia ante los festejos conmemorativos, aunque esta parezca meramente lexicográfica y, por tanto, menor: el 6 de diciembre y en torno a estos días se dirá y escribirá mil veces que celebramos el 40 aniversario de nuestra ‘Carta Magna’. Y no, no es así. Por fortuna.

Por mucho que ruborice, alguien tendría que recordar que una Constitución es algo radicalmente distinto de la Carta Magna, aunque la metáfora repetida desde tiempo inmemorial y que nos hace creer que ese documento, la Carta Magna, es la garantía de los derechos de la ‘gente común’, del pueblo, de los ciudadanos, sea casi imbatible en el discurso, en la retórica política al uso.

La Carta Magna original, la de 1215, no es otra cosa que una suerte de acuerdo de paz otorgado/pactado por Juan sin Tierra ante los barones y la iglesia, en Runnymede, y ratificado tras la guerra de los barones en 1217. Es un acuerdo medieval entre el monarca inglés y los barones y la Iglesia, para que barones e Iglesia vean reconocidos por el rey sus privilegios como derechos. No es el documento de garantía de derechos de la gente común que, en todo caso, son súbditos en una sociedad feudal. Nada ni remotamente parecido a ciudadanos, al pueblo como denos, como sujeto y origen del poder constituyente que alumbra la Constitución. No, desde luego, en el sentido contemporáneo de Constitución, el democrático, es el pueblo, titular de la soberanía, quien proclama (o, según las versiones, reconoce) la existencia de derechos originarios de los ciudadanos. Incluso proclama que todos los seres humanos tienen derechos que en ningún caso pueden ser entendidos como concesiones graciosas de un autócrata.

Si seguimos empleando esa metáfora, se dice, es porque los revolucionarios norteamericanos aceptaron ese mito haciéndolo propio. Pero lo cierto es que la Declaración de independencia de 1776, como es lógico, no es una Carta Magna. La Declaración se separa radicalmente del mito de la Carta Magna, al que tanto ha contribuido Hollywood con sus películas sobre Robin Hood como precedente de los luchadores por los derechos del pueblo, en lugar de lo que se supone que, en caso de existir, habría sido: un miembro de la nobleza inferior, vinculado a la tradición sajona y enrolado en la causa de los barones, frente al rey y su apoyo normando. No: los padres fundadores norteamericanos son revolucionarios y proclamarán sus derechos sin la presencia de ningún vestigio de que estos sean fruto de un acuerdo entre el pueblo y el rey. Reivindican un nuevo sujeto político y otro fundamento de los derechos.

Así que deberíamos dejar de utilizar esta metáfora por socorrida y aceptada que sea. Conmemoremos la Constitución de 1978, no la Carta Magna. Y recordemos que no es el fruto de la bondad de un rey, ni de una élite política sabia y bondadosa. No. La Constitución española de 1978 nace de un poder constituyente democrático, de los ciudadanos como soberanos. Y eso es algo que en esta celebración debería situarse en primer lugar.

Refugiados: ¡tienen derechos! (En el Día Mundial de los Refugiados)

Javier de Lucas

Aunque es cada vez mayor la toma de conciencia de que los refugiados –como los inmigrantes, por cierto– son personas titulares de derechos cuyo cumplimiento obliga, como es obligado respetar cualquier otro derecho, lo cierto es que todavía hoy nos encontramos con dos tipos de mensajes, que calan en la opinión pública y obstaculizan ese obligado respeto.

De una parte, la visión “humanitaria” –seudohumanitaria, sería mejor decir– que apela a la “ética”. Una invocación que, las más de las veces, no acaba en la exigencia de acomodar nuestra conducta a esos valores, sino que nos propone esas conductas como ejemplares, pero no exigibles y, menos aún, sancionables, en caso de incumplimiento. A nadie se le ocurre castigar a quien no participa en una de esas telemaratones o subastas con los que compramos buena conciencia. Como se trata de un “problema de ética”, por definición, su observancia es cuestión de conciencia, de buena conciencia, de conciencia solidaria, sí, pero no exigible so pena de sanción. No es un comportamiento debido, aunque admiremos a quienes tienen la bondad de hacerlo.

De otro lado, asistimos todos los días a gravísimos incumplimientos de normas jurídicas internacionales y estatales sobre derechos de los refugiados, lo que lleva al ánimo de la opinión pública que, en el fondo, no se puede castigar la inobservancia ni la violación de esas normas. Se impone así la consideración pragmática, propia de seudoespecialistas en ciencia política, a quienes no se les cae de la boca la invocación al realismo político y que nos aleccionan en la necesidad de abandonar concepciones “moralistas”. Y fíjense que dicen moralistas, porque no consideran que el incumplimiento de los deberes jurídicos que imponen los Convenios internacionales sea, de verdad, sancionable, como lo son un hurto, una estafa, o una paliza.

Sin embargo, esto no es cuestión de limosnas, moralinas o buenas intenciones, sino de derechos y deberes, exigibles mediante coacción. En 2016, la ONU emprendió un proceso de análisis, debate e informes hacia un Global Compact on Refugees (GCR) que debería adoptarse ahora, en 2018, con la intención de que los Estados parte en ese GCR asuman obligaciones respecto a los refugiados. El punto de partida fue el acuerdo en torno a una Comprehensive Refugees Response Framework (CRRF), que puede leerse aquí. Los principales hitos quedaron establecidos en el Roadmap publicado el 17 de mayo de 2017. Hoy se trabaja ya sobre documentos –en febrero de 2018 se publicó  un borrador cero y en abril se conoció el borrador 1 (pueden consultarse aquí), que permiten apuntar hacia propuestas, es decir, hacia políticas que gestionen de forma global, legítima y eficaz esta realidad que adquiere nuevos perfiles y por tanto exige nuevas respuestas, más allá de los instrumentos internacionales básicos (Convención de Ginebra de 1951, Protocolo de Nueva York, 1977). Quizá la novedad más significativa y para la que aún no tenemos respuesta sea la del incremento exponencial de las personas que se ven obligadas a desplazarse y buscar lugar seguro como consecuencia del cambio climático. El Banco Mundial estima que en 20 años serán el grupo más importante de personas en busca de protección, refugiados y desplazados medioambientales.

En todo caso, lo que me parece más grave es que creíamos consolidados esos instrumentos internacionales básicos de Derechos de los refugiados, pero hemos descubierto que son permanentemente puestos en duda, incluso violados, por los propios Estados firmantes, como –sin necesidad de acudir a las barbaridades del Gobierno Trump– nos lo demuestra pertinazmente la realidad europea desde 2013, y los centenares de muertes de las que son responsables en cierta medida, al menos por omisión, nuestro Gobierno.

No sé cómo calificar, por ejemplo lo que se vivió en 2013 en aguas del canal de Sicilia, por la irresponsabilidad de Italia y Malta y que supimos 4 años después gracias al trabajo de investigación de un periodista de L’Espresso: las llamadas de un médico sirio para que atendieran a un barco a punto de naufragar, fueron desatendidas en un cruce de argumentos entre el Centro coordinador de rescates de Roma y el de Malta, del tipo, “no es esta la ventanilla que toca”, que acabó con 268 muertos, porque ninguno de los dos se puso de acuerdo. Esta semana pasada hemos estado a punto de asistir a algo similar (ya vivido por los pasajeros de barcos como el St Louis o el Tampa), con motivo de la decisión del Gobierno italiano (aparentemente respaldado por la mayor parte de la población, según sondeos publicados por Repubblica), que cerró sus puertos a buques de salvamento de ONG, concretamente al Aquarius, con 630 rescatados a los que se quería condenar a regresar a Libia prolongar su agonía en el mar a la vista de todos. Por cierto, el muy honorable y exquisito Sr Macron, tan atento a la hora de exigir que nadie le tutee, negó sus puertos al mismo barco. Y hoy hemos conocido sondeos que ofrecen un respaldo de la mayoría de los franceses a tan solidaria decisión.

Este año hemos alcanzado, según el ACNUR, los 68,5 millones de desplazados y refugiados. En puridad, personas que quieren que les sea concedida la protección que supone el derecho de asilo o, en su defecto, la protección internacional subsidiaria, de forma que es más correcto llamarles asylum seekers. De ellos, más de la mitad son niños. UNICEF estima que en Europa, se embarcaron en la ruta del Mediterráneo central no menos de 25 846 menores (el 90% no acompañados), el doble que en el año anterior y de ellos al menos 700 murieron. De todos los abrumadores datos que saltan a la luz estos días con motivo de la presentación de Informes sobre la situación de los refugiados en el mundo, como el de CEAR, o el de la propia ACNUR, éste me parece el más grave y acuciante.

Acabamos de ver imágenes para las que no tengo otro término que el de abominación (por ejemplo, en este reportaje de la BBC. Nos muestran a niños encerrados en jaulas, separados de sus padres y exhibidos- sí, exhibidos- como ejemplo de la firme política de la administración Trump respecto a los cientos de miles de personas (inmigrantes la mayoría, pero también hay posibles demandantes de asilo) que tratan de alcanzar la esperanza de lo que siguen creyendo un país de derechos y oportunidades, un refugio. ¿Cómo hemos dejado que esto suceda? Aún peor, ¿cómo consentimos, por ejemplo, que una parte de esos niños que buscan refugio desaparezcan sin explicación, sin que haya consecuencias?

Ha llegado la hora de tomarnos en serio los derechos de los refugiados. Es la conclusión que deberíamos adoptar. Y como se ha repetido tantas veces, no es un deseo. No es una opción, sino un deber. Si es que queremos seguir llamándonos civilizados.

Ilustraciones: 1. Desconocido. 2. Aegean Guernica. 3. Ulanovsky.

Gobierno y derechos humanos: la coordinación es un valor

Diego Blázquez

El día 22 de febrero el Profesor Javier de Lucas dedicaba su entrada en este blog a los conflictos y limitaciones que conlleva un organismo gubernamental de coordinación de la política de Derechos Humanos, y las ilustraba al hilo de la (bochornosa) experiencia francesa al respecto.

Efectivamente, coincido con Javier de Lucas en que la creación de una estructura permanente de derechos humanos en el Gobierno se trata de una de las propuestas más interesantes de los documentos programáticos de los partidos en este largo periodo electoral; por cierto, una más de las similitudes que comparten Podemos y el PSOE. Una medida que implica la esperada revitalización de un futuro II Plan de Derechos Humanos, y una apuesta política por la vuelta a una senda de liderazgo y de prestigio internacional que nunca debió abandonar nuestro país.

También comparto con el profesor la certeza sobre las muchas dificultades y contradicciones que posiblemente entraña la existencia de un departamento gubernamental dedicado a los Derechos Humanos, y más si tenemos en juego a personajes políticos como Sarkozy y sus fichajes de liga de las estrellas. Sigue leyendo

La razón de Estado y los derechos humanos. ¿Un Ministerio de derechos humanos?

Javier de Lucas

Entre las ideas interesantes que se encuentran en los diferentes documentos presentados por los partidos políticos a propósito de las negociaciones para investidura y/o Gobierno en estas semanas, una de las que apenas ha recibido atención es la formulada por Podemos, la propuesta de crear una Secretaría de Estado de derechos humanos.

En la estructura actual de la Administración central del Estado no existe tal cosa (si dejamos aparte el Defensor del Pueblo, porque su naturaleza es muy diferente, comenzando por el hecho de que es Comisionado de las Cortes generales y, por tanto, independiente del Ejecutivo). Sí hay departamentos de menor rango, con competencias específicas y limitadas. Por ejemplo, durante mucho tiempo existió la oficina de derechos humanos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, transformada por un Decreto de 9 de enero de 2015 del Gobierno Rajoy que creó la Dirección general de Naciones Unidas y derechos humanos. Con todo, conviene tener en cuenta el propósito con el que tomó esta iniciativa, en el que parece decisivo el contexto político, esto es, medidas que acompañaran al papel que alcanzaba España al ser elegida miembro del Consejo de Seguridad en ese período. Sigue leyendo

Ni 15, ni 25 años después (En el día internacional de los inmigrantes)

Javier de Lucas

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el día 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante (resolución 55/93). La elección tenía fundamento: en ese día, en 1990, la misma Asamblea había adoptado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (resolución 45/158), un Convenio internacional que, 25 años después, no ha sido ratificado por ningún país de la UE, pese a los continuos llamamientos a ese respecto por parte del propio EuroParlamento.

Hablamos de personas, no de números, pero conviene recordarlos: En España, casi 5 millones, que representan aproximadamente un 10,2% de los residentes. En Europa, 33 millones, algo más del 7% de la población. Según la OIM, son casi 215 millones de inmigrantes en el mundo (algo así como un 3.2% de la población mundial). Personas, no números. Pero invisibles: por ejemplo, en esta campaña electoral. Sigue leyendo

Tras la conmoción por los refugiados, un riesgo que es una paradoja

Javier de Lucas

Quisiera proponer a los lectores que dediquen unos minutos a considerar lo que me parece un riesgo que podríamos calificar como “efecto rebote” e incluso como paradoja, resultado del cambio positivo que se advierte en la opinión pública acerca de la “crisis de refugiados”.

Todos los ciudadanos europeos, incluso los más experimentados en el contacto con tragedias humanas, se han visto conmocionados por las imágenes recientes de maltrato a los refugiados en su difícil tránsito a países que garantizan plenamente el asilo (fundamentalmente Alemania; también Suecia; en menor medida, otros Estados nórdicos), que han culminado en la foto de un niño sirio ahogado. Crecen desde diferentes instancias –ciudadanos a título individual u organizados, ONG, colegios u organizaciones profesionales, asociaciones de toda índole, Ayuntamientos, regiones, comunidades autónomas– las iniciativas de ayuda, o, por utilizar el término que corresponde, de solidaridad con quienes vemos como desamparados ante riesgos muy graves para su vida. Y nadie puede negar que se trate de una reacción muy positiva, que podría contribuir a un cambio en las políticas de asilo de la UE. Está por ver lo que durará esta toma de conciencia y su impacto real sobre las decisiones de la clase gobernante. Ojalá que sea de más largo alcance que los consabidos telemaratones anuales con los que compramos buena conciencia sin riesgo alguno, ante la pantalla del televisor y con la ayuda del móvil. Sigue leyendo

Muerte de un mantero senegalés

Javier de Lucas 

Aún no tenemos datos suficientes sobre las circunstancias de la muerte de un vecino de Salou, de cincuenta años de edad. Mor, así se llamaba, era senegalés y se ganaba la vida como “mantero”. Tenía sus papeles en regla, cuentan en algunas informaciones. Y lo primero que uno se pregunta es ¿si no los tuviera, sería menos grave su muerte?

Seamos ecuánimes, claro. Hay que tener en cuenta todos los puntos de vista y lo que para Mor y muchas otras personas es un medio de subsistencia, para otros (la industria discográfica, una parte de los buenos botiguers y la burguesía de orden), la existencia de manteros es una amenaza para el bien común y, como mínimo, según nos explicó la inefable señora Aguirre en una de sus memorables e ingeniosas intervenciones, estropea el turismo. Por eso, es comprensible que el Govern del Sr. Más (como el de Rajoy) entienda que mostrar que se combate esa peligrosa delincuencia, da buenos réditos en esos sectores de votantes y contribuyentes. Así que los Mossos d’Esquadra que hoy dirige el Sr. Jané se aplican en la persecución de estos insidiosos criminales que no respetan la propiedad ni el mercado. Como si los manteros fueran los verdaderos responsables de ese negocio, ciertamente ilegal (ilegalidad que no tengo el propósito de negar). Sigue leyendo

La UE y el derecho a la vida de los Otros. Una historia reciente de falacias e hipocresía

Javier de Lucas

Deberes universales y primarios ante derechos humanos elementales

Los muertos en la madrugada del 19 de abril no son, obviamente, los primeros (basta con consultar, por ejemplo, este mapa). Ya no son tampoco los últimos. Pero su impacto sobre la opinión pública ha promovido tal debate que debiera permitirnos aprender algo. Creo que la lección más importante que hemos extraer de lo sucedido en la semana escasa transcurrida entre del naufragio –uno más- que supuso la muerte de más de 800 personas en el canal de Sicilia, en la madrugada del sábado al domingo 19 de abril y las reacciones de la UE (reunión de los Ministros de Interior y exteriores en Luxemburgo el lunes 20 de abril; cumbre extraordinaria celebrada en Bruselas el jueves 23 de abril), es que aquellos a los que seguimos llamando “líderes europeos”, no valoran como prioritario el derecho a la vida. No, al menos, cuando se trata de la vida de los otros.

Sé que a algunos puede parecerles una conclusión exagerada, demagógica. No lo pienso así. Trato de hablar desde una perspectiva elemental en Derecho y en política, la que impone como objetivo básico y criterio de juicio de la legitimidad el respeto de los derechos humanos. De esos que decimos, con razón, que son universales y de cuya defensa ha hecho santo y seña la Unión Europea. Hablamos de derechos humanos. ¿Hay un derecho humano más elemental que el derecho a la vida? En mi opinión, sólo el derecho a la libertad, a la autonomía, es más importante. Pero el derecho a la vida es condición del reconocimiento de todos los demás derechos. Que un derecho sea universal significa, a la par, que es reconocido a todos los seres humanos y que obliga universalmente. El derecho a la vida, obviamente, lo es. Como lo es también el derecho de asilo, según hemos tratado de recordar, con ACNUR en este mismo blog.

mapa1

Pues bien, más de doscientos años después de las primeras declaraciones de derechos, hoy no podemos seguir sosteniendo prácticas estatales que ratifican que esa distinción entre derechos del hombre y derechos del ciudadanos significa que no existen otros derechos que los derechos de los ciudadanos, cuya garantía compete a sus propios Estados. Ya no podemos mantener que a un Estado sólo le obligan los derechos humanos de sus ciudadanos. También le vinculan –tiene obligaciones- respecto a los derechos humanos, como el derecho a la vida y el derecho de asilo, de todos los seres humanos que se hayan bajo el alcance de su soberanía. Y no por razones morales, insisto.

Afortunadamente, el progreso en estos dos siglos del Derecho internacional de los derechos humanos y, sobre todo, en la segunda mitad del XX, ha producido instrumentos jurídicos vinculantes que establecen obligaciones correlativas a esos derechos elementales. Por ejemplo, el complejo de Convenciones del Derecho internacional del Mar, presididas por la obligación primaria de socorrer a quien está en riesgo de naufragio, o el Derecho internacional de los refugiados. Todas esas normas vinculan, establecen obligaciones jurídicas a los Estados parte. Todos los Estados de la UE lo son. Todos ellos tienen obligaciones jurídicas primarias. No hablo de moralina ni de caridad. El incumplimiento de esas obligaciones es una grave infracción jurídica, no una tragedia, ni una cuestión de estadística, ni un “problema humanitario”. No es cuestión de caridad, sino de derechos de seres humanos, y de deberes y responsabilidades jurídicas y políticas que han de ser establecidas y exigidas.

Decía Hobbes en el Leviathan (caps XXIX y XXX) que la única razón que podía justificar la desobediencia al Estado era que éste no garantizara la vida. Desde entonces hemos aprendido que la obligación primaria del Estado no es sólo garantizar la vida como primer derecho de sus ciudadanos, sino la vida de todos aquellos que se encuentran al alcance de su soberanía. La UE viola grosera, masiva, gravemente esta obligación primaria cuando se trata de inmigrantes y refugiados. Y con ello pierde la legitimidad y la razón básica de obediencia.

No es crisis humanitaria, sino hipocresía institucional

Quiero dejar claro que no hablo de asumir ingenuamente responsabilidades ”respecto a toda al miseria del mundo”, tal y como afirmaba Michel Sapin tan eficaz como falazmente, evocando supuestamente una afirmación de Rocard. No. Simplemente trato de explicar que la UE, los Estados de la UE, los gobernantes, los eurodiputados, tienen obligaciones jurídicas primarias respecto a los seres humanos que pierden la vida en ese Mar Mediterráneo, cuyas aguas son en buena medida territoriales de los Estados de la UE, o están al alcance de nuestra soberanía. Ante nuestros ojos, en suma.

Está claro que el derecho a la vida de inmigrantes y refugiados (y el derecho de asilo de éstos) sufre un riesgo gravísimo, detectable, cierto, al alcance de nuestros sofisticados sistemas de vigilancia y control. Pero, según parece, esos medios en los que no dejamos de invertir y que recibirán aún más presupuesto como conclusión prioritaria de los acuerdos de Bruselas del 23 de abril, no deben tener más función que ésta, vigilar (la UE confirma a Foucault: la función primaria es vigilar y castigar), defendernos de una amenaza contra nuestra seguridad. Por eso la prioridad es reforzar la Agencia FRONTEX, triplicando sus fondos, según el modelo de las operaciones Tritón y Egeo, que no son de salvamento y rescate, sino de vigilancia y control. Eso significa, según parece, que nuestro esfuerzo prioritario, aquí y ahora, no es el de rescatar y salvar a los seres humanos que, gracias a esos sistemas, detectamos que corren un peligro grave e inminente. No. Lo ha dejado claro Cameron: solidaridad europea para vigilar impedir que nos lleguen. Pero si llegan, o si los rescatamos, nadie quiere hacerse responsable: tenemos que quitárnoslos de encima lo antes posible. Como señaló recientemente la eurodiputada Kyenge, la UE habla de crisis humanitaria, pero la crisis de verdad es la de hipocresía institucional.

barcacenital

Por eso, las prioridades que debería haber planteado Bruselas son otras. Las dos que resumen, por ejemplo, los eurodiputados Ska Keller y Ernest Urtasun: primero, un programa de rescate europeo cuyo objetivo sea rescate y salvamento de vidas, no vigilancia y control, dotado de medios suficientes, al menos, equiparables a la dotación de la iniciativa italiana Mare Nostrum (es decir, 105 millones de euros anuales). Además, la segunda prioridad debe ser facilitar una respuesta suficiente a las necesidades reales de refugiados que tratan de encontrar una respuesta en Europa. En 2014, la UE sólo acogió a 37.000. Y los acuerdos de Bruselas hablan de 5.000 plazas de refugiados, voluntarias, sin contemplar, por ejemplo, medidas específicas d reasentamiento.

¿Por qué tiene la UE ese planteamiento? ¿Por qué nuestra prioridad es una política de vigilancia, control y aun defensa contra una amenaza que parece cuasi bélica? ¿Quién es ese enemigo frente al que tenemos que blindar nuestras frontera, en Ceuta y Melilla, en el canal de Sicilia, en el Mar Egeo?

Una guerra clandestina contra inmigrantes y refugiados

Ya en octubre de 2013, tras el primer gran naufragio con 300 víctimas en Lampedusa, la alcaldesa Giusi Nicolini, harta de entierros sin nombre y de lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían que ampliar su cementerio sin que la UE se decidiera a actuar. Por su parte, el vicealcalde, Damiano Sferlazzo, se mostró escandalizado por el abandono de la “cultura de la vida” por parte de la UE.

Créame el lector cuando digo que procuro medir cuidadosamente mis palabras, como debe hacerlo alguien cuyo trabajo profesional como profesor de Filosofía del Derecho consiste en tratar de entender y explicar críticamente lo que se nos presenta como Derecho. Pues bien, consciente de ello, estoy convencido de que lo que hemos vivido en estos días es una confirmación de la tesis sostenida por la red euroafricana de ONGs Migreurop desde 2013, con su campaña FRONTEXIT: la UE está en guerra (una guerra que en no pocos aspectos tiene las características de guerra sucia y clandestina) contra los inmigrantes y ahora también, contra los refugiados.

Los acuerdos de Bruselas de 23 de abril de 2015, adoptados para abordar lo que se denominaba con pretensión de contundente denuncia (¡??) “tragedia humanitaria”, que debía ser abordada “con urgencia”, según proclamaban indistintamente Renzi, Hollande, Merkel, Cameron y ¡Rajoy!, no sólo dejan claro la ausencia de voluntad política, la ceguera, incluso, de quienes no entienden, no quieren entender qué es lo que está en juego. Después de los golpes de pecho y las lágrimas de cocodrilo, nuestros líderes paren un ratón. Peor, un viejo y tramposo ratón, que tenía como guinda –o cola- el recurso a la antiquísima y reaccionaria, imperialista y colonial “política de cañoneras”, de la mano de Renzi. El mensaje, simplista y maniqueo, pero terriblemente eficaz, insiste en presentarnos a la fortaleza Europa como una ciudadela asediada, y a nuestros gobernantes como los arriesgados héroes que nos defienden contra un “peligro mortal”: las avalanchas de inmigrantes y refugiados, amenaza para la estabilidad de la UE, para el sostenimiento de nuestro bienestar, nuestro estilo de vida, nuestros valores.

Item más, nuestros adalides han de tomar decisiones que les desgarran la conciencia, pero son por nuestro bien: no aumentarán las operaciones de salvamento y rescate (en el fondo, les gustaría, son altruistas, tienen corazón), porque producen efecto llamada, como ya sostuvo Cameron y ha repetido García Margallo. Sí, es cierto, esas operaciones (como la Mare Nostrum que Italia mantuvo en 2014) salvan vidas. Pero claro, eso mismo fomenta que los inmigrantes se lancen en masa a la aventura, sabedores de que los salvaremos, y enriquece a las mafias, que ven negocio redondo. Sería risible si no fuera trágico. Y menos mal que la preocupación por las formas ha permitido detener un proyecto presentado como panacea, bombardear los barcos de los traficantes de personas, los que utilizan mafias africanas (en contacto con las mafias europeas, no lo olvidemos, y con quienes compran su mercancía) que dominan la costa libia, entre el reducto gubernamental del este (de Bengasi a Tobruk, desde donde se garantiza la exportación de petróleo y gas) y el guetto yihadista en que se ha convertido Trípoli.

ceuta

Pero las decisiones de Bruselas revelan que persistimos en el error. Como algunos llevamos denunciando desde hace años, son la prueba de que la UE practica verdadera xenofobia institucional, convirtiendo a unos y otros en amenaza, hasta el límite perverso de identificar en ellos el enemigo que justifica la prioridad de blindar nuestras fronteras y, aún más, convertir la legislación de inmigración en un Derecho de excepción, en el que vale todo (como contra el terrorismo yihadista): recortes de derechos y garantías, hasta el intento de legitimar lo ilegal, como lo muestra el torpe empeño del Gobierno Rajoy por legalizar las “devoluciones en caliente” mediante una reforma legislativa express y fuera de lugar (sobre ello, entre otros informes, me parece muy útil el del Servicio Jesuita de Migraciones), un objetivo que parece haber encontrado eco muy recientemente en alguna decisión judicial. Pero claro, según nos dicen los periódicos, la UE trata de seguir el ejemplo de España en su “lucha contra la inmigración irregular”, ¡atiza!.

El mismo propósito es el que hay detrás de las crecientes medidas que buscan dificultar que se pueda plantear el asilo, y reducen a cuotas vergonzosas (5000 refugiados) la “carga” asumible por la UE (pensemos en que sólo la guerra en Siria ha provocado 4 millones de desplazados y refugiados, la inmensa mayoría en los países limítrofes), y que tratan de externalizar la acogida y atención de los refugiados, fuera de nuestras fronteras, un proyecto, por cierto, en el que la urgencia por quitarse de en medio el problema como sea queda ejemplificada en la iniciativa del para mí incomprensiblemente elogiado Renzi, de quien parte la iniciativa de pagar a países como Egipto (recordemos, presidido por el golpista Al Sisi, líder en sentencias de pena de muerte y por tanto, alguien en quien confiar para defender los derechos humanos), Somalia y Túnez (que necesitan ser ayudados, en lugar de echarles la carga de remediar lo que en buena medida causa el caos libio) para que asuman vigilancia y recepción de inmigrantes y refugiados. Contra lo que el ignorante ministro García Margallo sostiene, los refugiados no son sólo quienes huyen por motivos políticos, sino de persecución de todo tipo: lo saben bien en Italia donde en 2014, de los casi 150000 personas que arribaron sin papeles, más del 35 % provenían de Siria, Eritrea y Mali.

Síntomas y causas de un desafío que es un problema

Por supuesto que la UE debe luchar contra quienes explotan a esas personas que huyen del hambre, la enfermedad, la miseria y la persecución o que simplemente (qué escándalo, ¿verdad?) pretenden trabajar y encontrar una vida mejor. Debemos luchar contra las formas contemporáneas de esclavitud que acechan a inmigrantes y refugiados, contra quienes controlan y envían esos barcos de la muerte. Nada nuevo. Hace siglo y medio, en 1839, el genial William Turner pintó su archifamoso The Slave Ship (cuyo título original era Slavers through the Deadd and Dying-Typhoon coming on), tras leer The History of the Slave Trade (Th. Clarkson), un cuadro que se exhibió en la Anti-SlaverySociety Convention celebrada en Londres en 1840, junto a unos versos del propio Turner que parecen describir los naufragios de Lampedusa o Libia: “… Hope, fallacious Hope! / Where is thy market now”.

Turner

Pero las medidas, las políticas efectivas no consisten sólo ni prioritariamente en la lucha contra semejantes criminales. Entre otras cosas, porque se trata de intermediarios, no de los causantes de la existencia de esos éxodos que nos preocupan. Y no se nos diga que no hay soluciones.

Las soluciones pasan ante todo por entender la dimensión del desafío migratorio y de asilo. Una viñeta explica mejor que mil palabras y tratados. Escojo ésta:

Roto

Frente a las causas complejas y globales de los desplazamientos e población, que tienen en su fondo el problema de la desigualdad radical en las relaciones internacionales, no se pueden oponer recetas simplistas ejecutadas por agentes nacionales.

La UE debe plantearse propuestas a medio y largo plazo, como ha planteado la resolución 2050/2015 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (aun provisional), titulada “The human tragedy in the Mediterranean: immediate action needed”, que en todo caso insiste en la prioridad: medios suficientes para asegurar el rescate, el objetivo de salvar vidas. Medios que pasan en primer lugar por una política de codesarrollo, no instrumental ni cortoplacista, ni centrada en las relaciones entre los Gobiernos de la UE y los gobiernos (en no pocos casos, elites corruptas y dictatoriales) de los países de origen y tránsito de los flujos migratorios y de asilo. Lo han explicado bien Tapinos o Naïr. No insistiré en ello ni en los riesgos de manipulación de esas políticas.

Y si insisten en preguntarme ¿qué hacer? Responderé que no faltan iniciativas. Hay buen número de ejemplos, como los proporcionados por acciones que pasan por crear corredores humanitarios, por políticas de visados que permitan ampliar los cauces legales, por la recuperación de la posibilidad de solicitar asilo en un tercer país, o reactivar el asilo diplomático. Desde diferentes ONG se han resumido algunas de esas medidas urgentes, que contemplan sobre todo cuatro líneas de acción, tal y como lo resumía un artículo reciente de Daniel Ríos.

Mientras tanto, me sumo a la propuesta de los ante mencionados eurodiputados Keller y Urtasun: bloqueemos los presupuestos de la UE si no hay una respuesta eficaz para el cumplimiento de un deber elemental. Y si no cumplimos ese deber, caiga sobre nosotros, como recordó el importante discurso de Francisco en Lampedusa, la vergüenza. Malditos seamos si no somos capaces de entender cuán profunda y terrible es esa vergüenza.

 Frank Wilbert Stokes (American, 1858-1955), The Phantom Ship, Atlantic Ocean

‘Nosotros estamos a favor de los derechos humanos’

Javier de Lucas

Uno de los efectos perniciosos de las convocatorias electorales es que parecen otorgar carta abierta no ya para el populismo, sino para la demagogia y la desvergüenza. Carta abierta, insisto, sin límite; ya lo avisó Tierno…

El fundamento es el consabido pragmatismo, que emerge descarnadamente en cuanto suena el disparo de salida de la campaña. Como enuncian tan campanuda como, a mi juicio, cínicamente los supuestos expertos en ciencia política y sociología electoral que hoy pululan como setas, lo único importante es ganar (véase el descarnado tecnocratismo del que hacen gala no ya los Arriola y demás gurús de los “viejos” partidos, sino alguno de los cerebros de Podemos, como Carolina Bescansa, por ejemplo). Por eso, a la caza del voto, todo vale.

Se me ocurre que sería buena idea (y así lo he propuesto a mis amigos de la SER) dar un premio diario durante la inminente campaña electoral para municipales y autonómicas a “quien la diga más gorda”, si me permiten la expresión. En todo caso, es a los ciudadanos a quienes corresponde separar el trigo de la paja y por eso, desde este rincón, me atrevo a proponer a los lectores que ejerzan una labor de vigilancia diaria en la campaña electoral, para denunciar las propuestas/promesas más demagógicas y las más inaceptables que comprometan a los derechos humanos. Serán pistas par orientar nuestro voto.

Empecemos ya, que no faltan ejemplos en la precampaña. Y les propongo comenzar con algunas perlas desgranadas por PP y C’s, en torno al tan publicitado como falaz “giro social”, emprendido supuestamente por el Gobierno y, muy concretamente, a propósito de los derechos de los inmigrantes. Un caso concreto que ayuda a perfilar la retórica obligada de “nosotros defendemos los derechos humanos”.

sanidad extranjeros

La medalla de oro a la falacia y el cinismo hay que dársela a mi juicio al Gobierno y a su ministro Alonso, por la supuesta marcha atrás en el RD 16/2012. Como se recordará, el Gobierno Rajoy, a través de su Ministro de Sanidad e Igualdad, el señor Alonso, que se distinguió como portavoz parlamentario en la defensa de los recortes a la sanidad universal que supuso el malhadado Decreto, anunció a fines de marzo que los inmigrantes irregulares recuperarían la asistencia sanitaria más allá de la reconocida a las urgencias y a las embarazadas, alegando razones pragmáticas de salud pública y racionalidad hospitalaria (no bloquear las urgencias). Sin embargo, como de inmediato denunciaron todas las ONG y un buen número de expertos, ese supuesto giro es mero maquillaje. Ante todo, porque no deroga el RD 16/2012 y, además, porque en realidad es muy limitado y niega a los inmigrantes irregulares ser titulares de tarjeta sanitaria.

La segunda, aunque confieso que tengo serias dudas sobre su lugar en el podio, la gana Esperanza Aguirre y su campaña sin complejos, en la mejor tradición inmortalizada por Brel en su Les dames patronneuses (aquí texto y video), se ha hecho una foto que ha recorrido de inmediato todas las redes sociales, para mostrar que a toda una baronesa no se le caen los anillos por quedar inmortalizada con “minorías étnicas”. Es decir, se trata del rancio paternalismo de “siente un pobre a su mesa” genialmente recreado por Berlanga (aquí la crítica de Diego Galán), ese que piensa en que hay que portarse bien con los “pobres inmigrantes”, sobre todo ahora que vuelven las vacas gordas y nos podemos permitir otra vez ser caritativos y recuperar la buena conciencia (“los españoles somos muy solidarios”).

Espe

La foto, sin duda, es una de las cumbres de la desvergüenza por parte de quien ha practicado con saña, allí donde ha gobernado, políticas de restricción de derechos de los inmigrantes, entre las que no es la menor su invento de crear albergues en Marruecos para menores inmigrantes marroquíes no acompañados y así librarse de cumplir con lo que exige la Convención de Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor.

Medalla de bronce, por fin, en esta “primera edición”, para C’s que, en una excelente muestra de coherencia con su ya veterana política antimigratoria, repleta de todo el repertorio de coartadas xenófobas, si no incluso en el borde del racismo, se niega incluso al “giro social” y sostiene muy pragmáticamente que aquí no hay para todos y es ilusorio, contraproducente y económicamente insostenible eso de reconocer derecho a la salud a personas que para ellos siguen siendo “ilegales”, es decir, los irregulares, gente que en todo caso ha cometido una irregularidad administrativa, no un delito, como se cansan de insistir todas las autoridades europeas e internacionales en materia de derechos humanos. Peregrina concepción de los derechos humanos básicos, como el de la salud, que o son universales o no son derechos. Ciudadanos se ha distinguido siempre por hacer bandera coherente del mensaje “los españoles primero”, lo que no les separa, por cierto, del “moderno” Front Nationale de Marine Le Pen (sí, ciertamente, del racista y antisemita J.M Le Pen o de PEGIDA).

Veremos qué proponen los demás partidos en lo que se refiere a los aspectos concretos de reconocimiento y garantía de los derechos humanos, más allá, insisto, de la obvia retórica de que están a favor (sólo faltaba lo contrario…). Dejo a la vigilancia y buen juicio de los lectores seguir con esta tarea… antes de votar.

¡Igualdad, no tolerancia!

Javier De Lucas

Los abominables crímenes terroristas cometidos en Paris han provocado una reacción ciudadana contundente y han permitido escenificar –como casi siempre- una supuesta unidad de las fuerzas políticas, incluso más allá del marco europeo. Tiempo habrá para valorar cuánto haya de representación escénica y cuanto de voluntad real a la hora de formular medidas que puedan ser aceptadas por la mayoría de los ciudadanos y, además, que respeten las exigencias básicas de la legitimidad democrática. Recordemos que no hay seguridad si no es ante todo seguridad en los derechos. Una seguridad que recorta la libertad no es tal: es la victoria precisamente de aquellos a quienes se trata de combatir, porque significaría reconocer que nuestra prioridad no es garantizar los derechos y libertades.

Pero quisiera dedicar estas líneas para llamar la atención sobre lo que considero un error fatal: esa apelación a la tolerancia que, como mantra o monserga habitual, como tópico del catecismo de lo políticamente correcto, se reitera y predica enfáticamente en muchas de esas manifestaciones y declaraciones. Quiero tratar de volver a proponer a los lectores una tesis que me parece capital para la cultura de los derechos: la necesidad de dejar de hablar de tolerancia para tomar en serio la igualdad o, como propone Balibar, la egalibertad. Sigue leyendo