Un deber universal: el asilo es de todos

Javier de Lucas

“Nos quieren en soledad, nos tendrán en común*

No son estos tiempos propicios para hablar de deberes. Incluso de deberes básicos. Menos aún en nuestro país, cuando los ciudadanos sufren muy considerables sacrificios impuestos so pretexto de que es nuestra contribución obligada para salir de una crisis… que no ha sido producida por los ciudadanos en cuestión, sino muy abrumadoramente por una elite que apenas se ha visto perjudicada ni exigida en el mismo sentido.

Tampoco la ideología dominante, atomista más que individualista (“pornoindividualista”, canta Nacho Vegas), facilita una pedagogía sobre los deberes. Más bien parecería que sucede lo contrario: esa concepción dominante justifica, 150 años después, la crítica formulada por Marx en La cuestión judía, cuando criticaba una noción de los derechos basada en la noción de los seres humanos no ya como individuos, sino como islas (pese al exhorto de John Donne, “ningún hombre es una isla”), si no incluso como mónadas o átomos. Tenía razón Marx: si arrancamos de esa ideología, estamos de nuevo ante la ley de la selva, del más fuerte: sólo tendrá derechos quien puede permitirse prescindir de los demás, vivir aislado. Si a ello se suma la exaltación del libertarianismo consumista, que postula la consagración como un derecho de lo que en muchos casos no es sino una mera expectativa, si no un capricho o arbitrariedad, está claro que hoy resulta difícil explicar la noción de deberes básicos. Sigue leyendo

El derecho a la vida significa derecho a elegir la muerte

Javier de Lucas

Derecho a la vida, derecho a la muerte

El suicidio asistido de la joven norteamericana Brittany Maynard ha vuelto a plantear, siquiera sea indirectamente, el profundo malentendido que, a juicio de muchos de nosotros, subyace frecuentemente a los argumentos de los autopresentados “defensores del derecho a la vida”. Se trata de la confusión que consiste en presentar ese derecho como un deber, porque entienden la vida como un bien indisponible, sobre el que no debemos decidir.

En otros lugares he debatido sobre la pertinencia de la despenalización de la ayuda a la eutanasia o del suicidio asistido (otras aportaciones pueden consultarse aquí y aquí). Pero mi propósito en este post es volver sobre lo que me parece el núcleo del asunto, que es la formulación correcta, completa, del derecho a la vida. Una formulación que, a mi juicio, no es coherente si no incluye expresamente el derecho a disponer de ella, es decir, el derecho al suicidio. O, dicho en los términos que sostiene, por ejemplo, el ideario de la Asociación DMD“no se puede hablar de dignidad en la muerte –ni en la vida- si no se tiene la libertad de decidir”. Sigue leyendo

Mos Maiorum: de nuevo el discurso del miedo y la xenofobia institucional

Javier de Lucas

Mos maiorum: ¿Un operativo policial más?

Este lunes 13 de octubre comienza una operación de política migratoria que está previsto que se mantenga hasta el 26. Se trata de la denominada Mos maiorum, una iniciativa del Consejo Europeo, adoptada en el mes de julio de 2014. El conjunto de actuaciones que se desplegarán en esos días será coordinado por la secretaría general del Consejo Europeo y el Directorio Central de Inmigración y Política de Fronteras italiano, (recordemos que nos hallamos bajo presidencia italiana de la UE). En ella  se ha invitado especialmente a participar a todos los países de la zona Schengen, que sufragarían el coste, junto con la agencia de fronteras Frontex.

Ese operativo policial conjunto (J.O Mos maiorum) habría pasado desaparcibido, de no ser por la ONG State Watch, que publicó el documento. Tras esa publicación, se despertó un considerable interés en la prensa (cfr. por ejemplo Diagonal y eldiario.es). Sigue leyendo

Gallardón y Rajoy no quieren a Atticus Finch

Javier de Lucas

Cualquier jurista medianamente formado y mayor de cincuenta años conoce a Atticus Finch. El ministro de Justicia y el Presidente del Gobierno reúnen ambas condiciones, creo. Pero está claro que en su mundo no hay cabida para Atticus. Lo prueba, a mi juicio, el nuevo proyecto de ley de justicia gratuita, una pieza más de la reforma del sistema judicial que el ministro y el Gobierno construyen para dejar su impronta. Un ladrillo más en un muro como el que aplastaba a Pink, el personaje concebido por Roger Waters para el álbum de Pink Floyd, The Wall, que seguro que también resulta familiar incluso a juristas  de esa edad.

Por si acaso hay algún lector que no lo recuerde, quizá vale la pena anotar que Atticus Finch es el abogado protagonista del único libro que escribió la novelista Harper Lee, To kill a Mockingbird, publicado en 1960. La novela ganó el Pulitzer y obtuvo un éxito enorme, en no poca medida gracias a su adaptación cinematográfica (con guión de Horton Foote), estrenada en 1962, dirigida por Robert Mulligan, producida por Allan Pakula y protagonizada por Gregory Peck. La película obtuvo tres premios Oscar, uno de ellos para Peck, cuya interpretación resulta inolvidable para cualquiera que la haya visto, como lo es también la breve intervención de Robert Duvall (en el papel de Boo Radley). Y, desde luego, la de los niños que encarnan  a la protagonista (Scout, es decir, la propia Lee, a la que da vida Mary Badham), a su hermano Jem (Phillip Alford) y a su amigo de verano “Dill” (en realidad, Truman Capote, gran amigo de Lee, al que interpreta John Megna, cuyo parecido con el Capote niño resulta extraordinario). En los EEUU, los niños estudian el libro en las escuelas y Atticus Finch ha sido objeto de estudio y comentario por parte de alguno de los más notables juristas norteamericanos, aunque el personaje no es presentado como un genio del Derecho. Aquí se llamó Matar a un ruiseñor, aunque Mockingbird, en puridad, no es un ruiseñor, sino un sinsonte. Tanto el nombre náhuatl, Centzontototl, (“Ave de las cuatrocientas voces”), como el griego de su denominación científica, Mimus polyglottos, aluden a su capacidad canora: parece que los machos experimentados pueden expresar entre 50 y 200 canciones. Ruiseñor o sinsonte, no causa ningún daño; al contrario, nos deleita con sus cantos  y por eso Atticus les explica a los niños que matarlo es un pecado, porque es lo mismo que matar la inocencia.

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¿Qué es lo que hace atractiva la figura de Atticus para los juristas y también para cualquier ciudadano, para cualquier justiciable? Atticus se gana la vida modestamente ejerciendo como abogado en Maycombe (trasunto de Monroeville, Alabama, el pueblo de Lee), en medio de la Depresión que golpea también a este villorrio. Su carácter recto, independiente, su honradez, se ponen a prueba cuando acepta la defensa de oficio de Tom Robinson (el actor es Brock Peters), un negro acusado de violar a una chica blanca, hija de un granjero borracho, maltratador y violento. Un jurado compuesto por doce hombres blancos hace prever el veredicto de culpabilidad, contra el que Atticus despliega toda su capacidad argumentativa, en balde…Y, sin embargo, no es tanto el abogado hábil y experimentado lo que nos queda de Atticus, sino el ser humano de una pieza que encarna el modelo de abogado de oficio, la institución clave para que pueda existir la justicia gratuita que garantiza el acceso al derecho a la defensa (por tanto, a la tutela judicial efectiva) a cualquiera. Y sin ese derecho, no existe el derecho a tener derechos para quien no tenga medios o se encuentre en situación de particular vulnerabilidad. Así sucede, por ejemplo, cuando se pertenece a un grupo que, por diferentes razones y factores que varían temporal y geográficamente, sitúa a determinados seres humanos en posición de prejuicio y desventaja: mujeres, niños, extranjeros, minorías raciales, religiosas, lingüísticas, de opción sexual, etc.

LIBRO EL BUEN JURISTA

¿Por qué encarna Atticus los valores del abogado de oficio? La mejor explicación la encuentro en un excelente volumen sobre deontología de jueces y abogados, editado por la profesora García Pascual, El buen jurista. Deontología del Derecho (Tirant lo Blanch, 2013). Varios de los autores del libro se refieren a las tesis de David Luban, autor de Legal Ethics and Human Dignity (Cambridge University Press, 2009), quien ofrece, a mi entender, la mejor justificación de la tarea del abogado de oficio, aunque no se refiera expresamente al personaje de Harper Lee.

DAVID LUBAN Legal Ethics and Human DignityPara Luban, en efecto,  la figura del abogado de oficio enlaza directamente con la defensa de los principios de dignidad y autonomía, fundamento a su vez de la noción misma de derechos humanos. Y es así porque, como escribe, el abogado de oficio defiende a un cliente al que las circunstancias sociales impiden o dificultan que tenga voz ante el Derecho. De esa forma, la institución de la justicia gratuita evita una humillación incompatible con la dignidad, con la autonomía, la de ser silenciado e ignorado, la de no ser valorado como alguien al que hay que escuchar en los tribunales de justicia. La de no ser considerado un igual ante el Derecho. En definitiva, concluye Luban, el deber deontológico de los abogados que les vincula con los principios de dignidad y autonomía, prohíbe “humillar a las personas y tratarlas como si sus historias y compromisos subjetivos propios fuesen insignificantes.”

Pues bien, esa tarea es la que se ve en peligro con la propuesta de reforma de la ley que ha presentado el Ministro Gallardón. Así lo argumentaron recientemente Carlos Carnicer, Presidente del Colegio general de la Abogacía de España y el Decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán (como lo han hecho prácticamente todos los Decanos), en una rueda de prensa con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. En su opinión, el proyecto de ley de justicia gratuita que propone el ministro Gallardón supone un notable entorpecimiento del sistema actual, una reforma de la ley vigente que carece de justificación en términos de la defensa del justiciable sin medios: acaba con la territorialidad que asegura la proximidad y adecuación del abogado de oficio a la causa, no incluye la asistencia previa al proceso judicial, ni a presos, ni la posible intervención de diversos profesionales que podrían ser necesarios en el proceso. Además, pone en serio peligro la ya muy depauperada situación de estos profesionales, los abogados de oficio, pues “no se garantiza totalmente las prestaciones económicas a los abogados que prestan el servicio», además de incrementar su carga burocrática.  Si este proyecto se une a la reforma de las tasas judiciales que ha implantado el mismo ministro, “se dará la puntilla al sistema”, en opinión de los Colegios de Abogados.

El ministro de justicia (y, no lo olvidemos, el Gobierno que preside el Sr Rajoy) alega que sus reformas “modernizarán” el acceso a la justicia y supondrán una gran racionalización y mejorarán la percepción de la justicia que tienen los ciudadanos. Es evidente que, para los señores Gallardón y Rajoy, Atticus Finch debe pertenecer a esa denostada categoría de progres radicales, que ignoran la verdaderas exigencias de la sociedad. Es lo mismo que pensaban una parte de los conciudadanos de Maycombe. Uno, la verdad, prefiere estar en el otro lado, en la compañía de Atticus Finch, no de esa mayoría que, aunque se evoque como silenciosa, pudiera resultar más próxima a otra cosa. Me refiero, claro, al proceso que nos describiera aquella otra película de 1966 de Arthur Penn, también con un texto de Horton Foote y Lillian Hellman, difícil de olvidar por el personaje del sheriff Calder, encarnado en este caso por Marlon Brando: La jauría humana.

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Un simulacro de vida: en el Día internacional de los refugiados

Javier De Lucas

Otra vez el día 20 de junio se nos recuerda la condición de esos millones de seres humanos que viven un remedo de vida,  una existencia peor que virtual, vicaria. Porque no es vida, sino simulacro de vida, la situación de incertidumbre, de espera, de angustia, en una tierra de nadie en la que esos seres humanos se encuentran confinados. Es la angustia de la vida en suspenso,  sin saber si obtendrán el reconocimiento mínimo, esa seguridad jurídica básica que es el derecho a tener derecho, que todos tenemos asegurado; todos menos ellos, los refugiados.

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Hay que insistir una vez más en la indignidad, la miseria moral que supone que a nuestro lado (porque en el mundo global ya no hay lejanía), ante la mirada en tiempo real que nos sirven las televisiones y las radios, vivan millones de personas  que hoy, en el mundo de la tecnología y el progreso, se encuentran todavía en un estadio anterior al de esa chispa de civilización que supone la aparición del Derecho. Porque, como sabemos casi desde los albores de la cultura, de la humanidad, el primer gesto de civilización consiste en eso, en recibir al otro que huye del peligro para su vida. Reconocerle como igual a nosotros en cuanto ser humano. Ese el sentido más noble del Derecho en su origen: otorgar una protección básica frente al daño que supone la condición de vulnerabilidad, de ausencia de recursos para protegerse contra las formas del mal: la miseria, la persecución, el aniquilamiento.

Charles Péguy, el filósofo francés, recordaba que ese ideal moral mínimo, el de una ciudad sin exilio, es una obligación moral que nos corresponde a todos. Construir una sociedad en que nadie deba vivir privado del reconocimiento de la condición de sujeto de derecho, que es la del ser político, el que, como ciudadano, goza de la protección del derecho que dispensan los Estados.

No sucede así con los refugiados: los poderes públicos, las instituciones de sus Estados, que deberían garantizárselo, se lo niegan activamente o por omisión. Son sólo seres humanos sin más atributos, privados del rasgo político, la condición de pertenencia, el título de ciudadanos de un Estado, sin el cual esos derechos humanos proclamados como universales en 1789 son papel mojado. Porque los derechos del hombre no son nada si no se es ciudadano. O en todo caso son muy poco si no se es titular del pasaporte de un Estado que cuenta.

El asilo otorga ese primera protección que consiste en no rechazar a quien busca refugio, en no dejarle abandonado o, aún peor, en manos de quien le persigue. A eso están obligados todos los Estados que son parte del sistema de derecho internacional de refugiados en cuyo centro están las Convenciones de Ginebra que reconocen la protección en que el asilo consiste. Y sin embargo, en un mundo en que cada vez más seres humanos necesitan recibir esa protección, porque cada vez hay más riesgos, más amenazas, el asilo no deja de retroceder.

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Lo ha dejado claro, en particular para España, el Informe anual que presenta CEAR, la ONG más importante entre las que se ocupan de la protección de los refugiados, cuyo trabajo altruista, profundamente cívico,  fruto del esfuerzo y la generosidad sobre todo de centenares de voluntarios, representa lo mejor de lo que el ideal de humanidad expresado por Péguy pueda significar, y que no podemos dejar de agradecer. En estos días se ha hablado y se hablará de ese exhaustivo Informe. Sólo quiero recordar un dato estremecedor, un dato que nos habla de nuestra responsabilidad por la indiferencia, la dejación de nuestro deber como ciudadanos de exigir a quienes nos gobiernan que respeten ese mínimo de deber jurídico (y no sólo moral) que es la extensión de la garantía del asilo a quien lo necesita. En 2013, en España, se registraron un total de 4.502 solicitudes de asilo, en gran medida como consecuencia de los conflictos en Siria y Mali, que han incrementado el flujo de refugiados. Un 1% del total que se recibe en la UE, que son en total algo más de 435.000 solicitudes, de las que 49.510 obtuvieron una respuesta positiva. Y de esas 4500 solicitudes, España sólo otorgó 206, un 0.4%.

¿Es eso un país decente? ¿Es ese país el que aspira a difundir la Marca España en el mundo? ¿Es esa la medida de nuestra dignidad? Hoy hemos vivido un acontecimiento histórico. Un nuevo Jefe de Estado ha presentado su declaración de intenciones. ¿Es este un problema tan ajeno, tan irrelevante, tan poco significativo que no ha merecido ni una línea en el discurso del nuevo rey, Felipe VI, que no ha considerado oportuno mencionar ni a inmigrantes ni a refugiados en el proyecto de España al que quiere servir? Yo no lo creo así. Y, afortunadamente, en esto, como en tantas otras cosas, buena parte de la sociedad civil española va por otro lado. Está comprometida con algo más que nuestro propio ombligo. Está más próxima a intentar poner remedio a aquel duro dictamen de Benedetti, que tantas veces he propuesto aplicar a los refugiados:  «El mundo es esto / en su mejor momento, una nostalgia / en su peor, un desamparo«.

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Un viejo test para la democracia y los nacionalismos: los derechos de los otros

Javier de Lucas

Comenzaré por una cortesía elemental. Reconocer que no soy nacionalista, de ninguno de los nacionalismos posibles aquí y ahora, que ya es decir. Porque es imposible negar que hay donde elegir en el mapa plural en el que vivimos hoy los europeos. No digamos los españoles.

Quizá la razón más importante que nos aparta a algunos de nosotros de una ideología como el nacionalismo, a la que tantas veces -equivocada e irresponsablemente- se ha dado por muerta y enterrada y que, evidentemente, goza de tan buen salud, son los derechos y en particular aquellos que se relacionan con el fenómeno de la diversidad. Más aún hoy, cuando su condición estructural y su visibilidad la han hecho imposible de ignorar.

Hablo en primer lugar de los derechos de los otros. De los derechos de los que no son, no somos como la mayoría. En particular, de los derechos de aquellos que se encuentran en situación manifiestamente vulnerable y heredada, por su condición de minoría. Minoría en el sentido, sobre todo, cualitativo, esto es, su posición de inferioridad, que se concreta en un status de discriminación y dominación, fruto de la ignorancia y el prejuicio y del afán de dominación de quienes victimizan esa condición minoritaria: sexo, clase, edad, opción sexual,  pero también otros marcadores de identidad: nacionalidad, raza, lengua, religión .

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Y por eso hablo también de diversidad. Nuestras sociedades se han vuelto tan interdependientes y tendencialmente abiertas que ya es imposible recurrir a los modelos de antaño con los que se ha gestionado política, cultural, socialmente la diversidad. Modelos que algunos parecen empeñados en mantener contra viento y marea o, lo que es peor, en resucitar para sus proyectos de nuevos Estados.  Son los modelos que consisten en ocultarla, invisibilizarla; no digamos expulsarla, eliminarla. Es decir, ocultar, invisibilizar, expulsar o eliminar a las personas que son agentes visibles de esa diversidad, sobre todo la que molesta a nuestra ignorancia y a nuestros prejuicios. La que resulta inconcebible, la que es vista como un mal, como patología, desde  la pulsión primaria del monismo. Cuando resulta que precisamente ese monismo, el que subyace al mito de Babel, es la verdadera patología social. Lo ha recordado recientemente entre nosotros el profesor de la Universidad de Montreal, Jean Leclair, en su bien argumentado alegato a favor de la solución federalista en sociedades complejas como Canadá o, desde luego, España.

Por eso, cada vez que me topo con amigos que hacen del nacionalismo bandera, sea el que fuere (españolistas, valencianistas, catalanistas, vascos, andaluces también, sardos, flamencos o escoceses) he decidido, en lugar de contar hasta diez, practicar un pequeño reflejo mental: recordarme a mí mismo lo que soy: un inmigrante. Un inmigrante laboral.  Eso me sirve para intentar saber si el nacionalismo de que se trata practicaría conmigo aquello que sigue pareciéndome, lo siento, una cuadratura del círculo: una sociedad plural e incluyente, construida desde ese nacionalismo como ideología-guía.

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Voy a recurrir a una experiencia personal, pero que es común a muchos de nosotros. Como otros muchos emigrantes interiores en España, salí de mi ciudad y región de origen y me fui a otra. Lo hice por razones de trabajo. Eso sí: tuve la inmensa suerte de poder hacerlo libremente (no como la inmensa mayoría de los inmigrantes que llamamos laborales), como he escogido también libremente otros destinos laborales. Algunos en otro país y durante un período de tiempo que bien podría considerarse propio de un título de residencia estable, casi ocho años. No por necesidad. No por obligación. Los elegí para tener mejor formación, más oportunidades laborales, una vida mejor.

Por eso me produce un rechazo inmenso cada vez que alguien ha intentado imponerme un criterio de aceptación de mi presencia en condiciones de igualdad con los indígenas de turno: lengua o acento lingüístico, aprecio por usos y costumbres (siempre mejores que los míos, claro), «amor por la tierra» (como Sarkozy pretendía exigir). Y me digo y les digo que los disfrute el que tenga esos sentimientos, el que tenga la suerte o el gusto de experimentar orgullo, satisfacción u orgasmo viendo su bandera, entonando sus himnos o practicando sus ritos y usos ancestrales (o no tanto). Pero ni hablar de imponérmelos. Menos aún, pretender condicionar mis derechos a esos sentimientos o mitos.

Y si eso me pasa a mí, ¿cómo no voy a rebelarme cuando unos y otros tratan de condicionar a esos sentimientos o mitos los derechos elementales de gentes que huyen de su país por necesidad, por supervivencia? No: ese “patriotismo” del que se disfrazan los nacionalismos monistas, excluyentes, discriminadores, siempre ávidos de dominar a algún otro, es sólo un refugio de indignidad, de la incapacidad para reconocer los vínculos con cualquier otro, por lejos que esté de mi sangre o mis sueños.

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Por eso, hay un test de aceptabilidad que, a mi juicio, debe superar cualquier proyecto político hoy, y en primer lugar el de los nacionalismos viejos y nuevos, los periféricos y los centralistas. También y sobre todo los de ese gran enemigo de Europa, del proyecto europeo en el que creo, que es el nacionalismo fundamentalista europeo construido desde otra ideología-eje. Esta vez, no una basada en el Blut und Boden, sino en un modelo de mercado presidido por el totem del beneficio y sus corolarios (el déficit fiscal como tabú). Una ideología de efectos profundamente desigualitarios y excluyentes, incluso entre los propios europeos, como sabemos los griegos, portugueses o españoles, por ejemplo.

Es el test es del reconocimiento de plenos derechos, de igualdad, a esos otros que son los inmigrantes. No digamos, el de reconocimiento de un primer derecho por el que pugnan millones de seres humanos, el de recibir refugio frente a la persecución: el derecho al asilo.

Por eso, creo que si queremos hablar de nueva democracia, podemos dar un primer paso: comenzar por modificar las política europeas de inmigración y asilo, incompatibles con una democracia incluyente y plural. Y algunos de nosotros valoraremos la actuación de partidos y movimientos (como lo hicimos con sus programas) con la atención puesta en sus hechos a este respecto.

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Testigos del otro. El Método Villoro.

Javier de Lucas

Para Javier Baeza y todos los Javier Baeza

Como a muchos otros ciudadanos de este país, me avergüenza que haya transcurrido un mes desde la tragedia de El Tarajal, en la que murieron 15 personas, sin que nadie haya asumido la más mínima responsabilidad política por un suceso luctuoso que, si hubiera ocurrido en un accidente de tráfico o por una explosión fortuita de gas, por poner dos ejemplos conocidos, ya habría concitado el esfuerzo de los políticos profesionales por hacer saber en prime time su decidida voluntad de establecer responsabilidades y llegar a las últimas consecuencias. Aún más, como a muchos otros, me indigna la inmundicia que se arroja sobre quienes han/hemos pedido que se investiguen los hechos, porque con ello –aseguran- ponemos bajo sospecha nada menos que a la Benemérita. Precisamente por todo eso, me parece más necesario que nunca acudir al pensamiento intempestivo, tal y como lo ejerció Luis Villoro, el filósofo mexicano de origen español que nos acaba de dejar.

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La inmigración no debe ser un tema de seguridad

Fernando Flores


Mientras escribo estas líneas Ana Pastor entrevista

a la eurodiputada Marine Le Pen en #ObjetivoUltraderecha.

Oigo a ésta hablar del interés superior de Francia,

de la inmigración útil e inútil, del obligado cierre de fronteras,

y el tono me resulta familiar, pues estas últimas semanas

he escuchado varias veces las declaraciones

del Ministro del Interior y del Director General de la Guardia Civil

 

Cada Telediario de TVE de los últimos diez días comienza con una “avalancha de subsaharianos fuertes y violentos” contra las vallas de Melilla o de Ceuta. Varios policías marroquís heridos. Todos los días. A mediodía y por la noche. “Han conseguido entrar 100, 200…”, proclama la locutora, pero con las veces que lo repite se diría que han entrado miles. Imágenes de muchachos negros, enloquecidos de alegría por haber podido alcanzar territorio español. Centros de acogida desbordados. Entrevista a agentes de la autoridad. Misión de siembra cumplida: avalanchas humanas de africanos, violencia, desesperación, euforia desatada y descontrol, no caben, hay que mandarlos a la Península… Imposible que no crezca la desconfianza y el temor.

Para España, para Europa, digan lo que digan la Constitución, las leyes, los tratados internacionales vigentes en materia de derechos y los discursos de los políticos, la inmigración se plantea como un tema de seguridad, no como un tema de derechos humanos. Por eso cuando las personas tratan de llegar a nado se les dispara pelotas de goma, en vez de lanzarles flotadores.

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