LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PROPAGANDA ELECTORAL EXTREMISTA (Al hilo de una sentencia reciente del Tribunal Constitucional Federal alemán)

Joaquín Urías

Durante la campaña electoral de las recientes elecciones europeas el Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha dictado una sentencia (Sentencia del BVfG 43/19, de 15 de mayo de 2019) que ha pasado desapercibida fuera de aquel país pero que resulta altamente instructiva en la discusión acerca de los límites del discurso político. En esencia, el tema surgió cuando la cadena pública televisiva RRD se negó a difundir los espacios del partido neo-fascista NPD (Partido Nacional de Alemania). Se trataba de un spot para las elecciones europeas en el que se decía, entre otras cosas, que los alemanes eran “víctimas, casi a diario” a causa de la “masiva inmigración descontrolada” producto de una “apertura arbitraria de las fronteras” y se llamaba a la creación de zonas seguras para los europeos. Ante el recurso de la formación política, varios tribunales de instancia consideraron que el anuncio constituía discurso de odio y suponía una amenaza para todos, de modo que ratificaron la decisión de no emitirlo.

En su decisión, el Tribunal Constitucional Federal comienza recordando que el principio de igualdad de armas a todos los partidos políticos implica que las cadenas televisivas sólo puedan rechazar sus anuncios electorales cuando supongan una violación evidente de las normas de derecho penal. La idea es que todos los partidos han de tener el mismo derecho a emitir su propaganda política para ofrecerse como opción electoral. Por lo que hace al límite de que el spot constituya un delito, el artículo 130 del código penal alemán castiga el discurso que insulta a parte de la población, difamándola intencionadamente y atacando con ello a la dignidad humana. El factor decisivo es que se niegue la dignidad como persona de parte de la población. Así que si un anuncio televisivo lo hace de manera evidente, puede ser rechazado por los medios que deben emitirlo.

En el caso, sin embargo, el Tribunal entiende que las alusiones a la inmigración masiva como amenaza para los alemanes no suponen una negación de su dignidad. Para ello insiste en que el examen de estos mensajes publicitarios solo puede hacerse a partir del contenido mismo de cada anuncio sin que quepa, como hicieron los tribunales inferiores, utilizar el programa electoral del partido para deducir de él un significado adicional. O sea, que si el spot en sí mismo no ataca a la dignidad de los inmigrantes debe emitirse aunque del programa electoral del partido sí se deduzca ese daño a la dignidad. El sentido de esta interpretación restrictiva parte de la lógica de atribuir la máxima protección a los mensajes electorales, reservando cualquier limitación a los mismos para casos muy evidentes de daño a terceros. Al excluir que se acuda al contexto externo al anuncio electoral se pretende evitar que el análisis sobre la licitud de la propaganda se construya sobre prejuicios ideológicos, juzgando los planteamientos generales de la formación política. Tiene sentido porque, además, un juicio ideológico de esa entidad sólo resulta posible desde la asunción de los valores propios de quien lo hace mediante la adscripción a un sistema concreto. Incluso aunque ese sistema fuera el previsto en la Constitución, las especialidades del momento electoral hacen que no pueda utilizarse para impedir hacer llegar a la ciudadanía las opciones de las fuerzas que concurren pidiendo el voto.

Se trata de una decisión interesante que, en cierto modo,  desmonta muchos de los tópicos que se repiten en artículos de prensa y científicos sobre los límites a la libertad de expresión en un sistema de democracia militante y su comparación con el sistema español que sería -se dice- mucho más abierto.

La decisión alemana contrasta especialmente con la que en el año 1999 adoptó el Tribunal Constitucional español a propósito de la Mesa Nacional de HB. En aquella ocasión una formación política había enviado para su difusión por la televisión pública como espacio electoral gratuito un video en el que tras indicar que cedían la palabra a quienes realmente querían la paz en el País Vasco reproducían mensajes de la organización terrorista ETA. Como consecuencia de ello todos los miembros de la directiva del partido político (la mesa nacional de Herri Batasuna) fue encarcelada y condenada por un delito de colaboración con banda armada. El Tribunal Constitucional entendió en primer lugar que los condenados no se desmarcaron suficientemente del mensaje emitido, subscribiéndolo y asumiéndolo como propio. En cuanto al contenido mismo de éste, consideró que se trataba de un mensaje amenazante. Para el Tribunal, los mensajes electorales deben gozar de un margen especial de libertad y en ellos es frecuente que se amenace a la ciudadanía con calamidades en el futuro. Sin embargo, cuando la amenaza es tan grave que puede afectar a la libertad del voto, los discursos dejan de tener protección constitucional “aun sin hallarse incursos en alguno de los tipos penales de amenazas o coacciones”. En el caso concreto, el Alto Tribunal entendió que los videos y cintas en cuestión transmiten la idea de que de no otorgarse el voto a la entidad política en cuestión la violencia terrorista continuará.

Más recientemente, fue nuestra infausta Junta Electoral Central (uno de esas agencias con competencias administrativas y tendencia ilimitada a ocupar espacios reservados al legislador o los jueces) la que se permitió vetar anuncios electorales por estar en desacuerdo con su contenido. Se trata del caso de unos anuncios televisivos elaborados en 2014 por la formación animalista PACMA en las que se incluía una imágen del Rey. En el acuerdo 127/2014, de 12 de mayo, la Junta Electoral Central considera que la utilización de un fotograma en el que aparecía el monarca se opone a lo dispuesto en el artículo 46.5 de la LOREG, que impide que las candidaturas puedan presentarse con símbolos que reproduzcan la bandera o el escudo de España, o con denominaciones o símbolos que hagan referencia a la Corona. Lo cierto es que la prohibición legal de que se usen signos genéricos del Estado para identificar a cualquier formación política responde a un interés público evidente de evitar la patrimonialización de los mismos y sólo afecta al derecho a elegir libremente la denominación y los símbolos de una formación electoral. Su asimilación al uso crítico de la figura del Rey como límite a la libertad de expresión carece de toda cobertura constitucional. De la manera en que la usa el junta Electoral se convierte en una traba impuesta no ya a la manera en que se identifica una formación sino al contenido mismo de sus reivindicaciones. Se limita el derecho de crítica política que constituye la esencia de la libertad de expresión y se prohíbe que ningún anuncio electoral utilice la imagen del Rey para criticar su actuación.

Ahora, la sentencia alemana que comentamos pone de manifiesto que en nuestro país se está implantando un modelo de intervención estatal sobre los mensajes políticos electorales mucho más intenso que el habitual en el resto de la Unión Europea. En los países de nuestro entorno, la importancia de la comunicación pública en período electoral aconseja que la ciudadanía pueda oír todo tipo de mensajes políticos para decidir con cuál se identifica más. Aquí, en cambio, ese modelo amplio de democracia parece no haber calado. Nuestro Tribunal Constitucional permite la prohibición de mensajes que carecen de reproche penal si un juez entiende que pueden implicar una amenaza implícita. El modo en que se aplica es una pura valoración ideológica: el propio tribunal español decidió que implícitamente se decía que, de no votar a un partido, no cesaría la violencia terrorista. Olvidaba que también cabía presentar el mensaje en términos propositivos, si se vota se puede acabar con la violencia, diluyendo todo contenido coactivo. La Junta Electoral va más allá y prohíbe mensajes críticos con la monarquía.

Aunque insistamos en atacar el modelo alemán de libertad de expresión por reprimir las ideas contrarias a la Constitución y saquemos pecho por nuestro permisivo sistema de libre expresión insistiendo en que no somos una democracia militante, la realidad judicial cada vez es más clara en el sentido de que nuestros órganos jurisdiccionales se encuentran entre los más restrictivos d ela liberatd de expresión. Incluso en lo que hace a los mensajes electorales.

¡Menudo Cristo! ¿Qué hacemos con el delito de blasfemia?

Joaquín Urías

El mundo, incluso el mundo del derecho, está a veces lleno de casualidades. Y una de estas casualidades ha querido que se publiquen con pocas horas de diferencia dos sentencias muy dispares sobre un mismo tema: el uso lúdico de la imagen de Jesucristo. Una es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la otra de un juez de Jaén. En la primera se juzgaba el caso de unas fotografías publicitarias que usaban la imagen de Jesucristo y la Virgen María para vender ropa. En la segunda, el fotomontaje publicado por un joven jiennense superponiendo su propia cara a la de un cristo de la ciudad. Los casos son parecidos, pero las soluciones diametralmente opuestas.

En el asunto Sekmadienis Ltd. contra Lituania el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al país báltico por una decisión de su agencia de protección al consumidor contra una cadena de ropa. La empresa había publicitado tres carteles. En uno aparecía una imagen de Jesucristo, con el cuerpo alegremente tatuado y vestido únicamente con unos pantalones vaqueros de la empresa y el lema ¡Jesús, qué jeans!; en otro aparecía la Virgen con un vestido de la marca y el lema ¡Virgen santa, qué vestido!; el tercero juntaba a ambos y decía ¡Jesús, María, menuda ropa! La agencia lituana de protección al consumidor -tras escuchar al órgano de autocontrol de la publicidad y a la conferencia episcopal-  le impuso una multa por atentado contra la moral. En su decisión consideraba que los anuncios “promocionaban un estilo incompatible con el de una persona religiosa” y “degradaba a Jesús y María como símbolos sagrados de la cristiandad”. Sigue leyendo

Noticias falsas (fakenews) y derecho a la información

Joaquín Urías

El prestigioso diccionario británico Collins publica a final de cada año su listado de las nuevas palabras y expresiones que más se han usado. El número uno de esa lista durante el año 2017 lo ha ocupado la expresión “fake news”, que se suele traducir como ‘noticias falsas’, aunque debería hacerse como ‘noticias falseadas’.

Se trata de una categoría que hace tan sólo unos meses no usaba nadie y que sin embargo de pronto se ha colado en nuestro lenguaje cotidiano. En su difusión extraordinaria ha tenido mucho que ver el Presidente norteamericano Donald Trump, que lo usa con frecuencia en sus tuits, apropiándose de una idea que empezó a utilizarse precisamente contra él: para denunciar la manipulación operada por algunas empresas informativas estadounidenses que, durante la campaña electoral, no dudaron en inventarse noticias escandalosas con la intención de perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Así que en poco tiempo se ha puesto de moda anunciar con tono apocalíptico que las fake news son una de las grandes amenazas actuales para la prensa y el derecho a estar informados. Sin embargo, aunque las noticias falsas construidas expresamente para crear opinión pública a partir de hechos inexistentes es un peligro para la libertad de información, el uso indiscriminado de la propia expresión fake news supone un peligro aún mayor: una vez que se ha puesto nombre a los peores mecanismos de manipulación, es difícil no caer en la tentación de aplicarlo a cualquier noticia que queramos descalificar. El resultado es que se acaba por poner en duda la veracidad de cualquier información, dejando a la población en manos de bulos de cualquier tipo. Veamos cómo pasa esto. Sigue leyendo

Publicar fotos de muertos y heridos

Joaquín Urías

Los atentados del verano en Cataluña han abierto un cierto debate público sobre la publicación de fotos y vídeos de víctimas de atentados, de los cadáveres de sus autores y de menores implicados en los hechos. El debate ha sido especialmente virulento en las redes sociales, de modo que la polarización ha sido instantánea.

Por un momento pareció que todo el que fuera más o menos conservador o “de orden” tenía que estar a favor de que se publicara todo tipo de imágenes horribles. Primero de las víctimas del atentado, luego de los cuerpos de sus autores. Por otro lado, cualquiera que se calificara de progresista o de izquierdas parecía obligado a indignarse con la publicación de cualquier representación, siquiera lejana, de personas heridas o muertas por esta causa. Sigue leyendo

La Virgen María también abortaría

Joaquín Urías

El ordenamiento jurídico español protege la práctica religiosa incluso a través de normas penales que castigan a quien ofenda los sentimientos religiosos. Se trata, simplemente, del desarrollo de la garantía constitucional de la libertad de expresión.

Así, constituye un delito la profanación de lugares de culto. También el que ofenda de manera grave y gratuita a quienes practican una religión, o a quien no lo hacen. Este tipo de ofensas se castigan en nuestro ordenamiento en la medida en que constituyan exclusivamente una burla grave e hiriente de los sentimientos religiosos -o areligiosos- de otra persona; sólo pueden apreciarse de manera muy excepcional: únicamente cuando no haya en juego ningún otro derecho constitucional. La Constitución en ningún caso permite utilizar este delito para limitar la libertad de expresión política o el derecho de crítica; mucho menos, para imponer a la generalidad de la sociedad los dogmas de determinada religión. Sigue leyendo

El último vuelo del almirante Carrero Blanco

Joaquín Urías

Los delitos de opinión están de moda. Es una moda que vuelve periódicamente, pero esta vez lo hace con una virulencia desconocida. El repunte de condenas, investigaciones e imputaciones a quienes expresan sus opiniones políticas parece tener dos causas: la generalización del uso de las redes sociales que permiten que las expresiones personales lleguen ahora a miles de receptores y la aceptación social de los ‘delitos de odio’ que amparan a las víctimas de otros delitos y reprimen las expresiones de intolerancia.

Respecto a las redes sociales poco se puede decir que no resulte evidente. Las opiniones que se escriben en la red llegan a un número indeterminado de personas y por todo el mundo. Además permanecen indefinidamente, ya sea en los dispositivos del emisor ya en los de cualquiera que las capture y las reproduzca. Lo que antes se decía en un bar y lo oían sólo los parroquianos, ahora está escrito y a disposición del mundo. Eso es terreno abonado tanto para los ofendidos de piel fina que corren a judicializar todo lo que les molesta como para cualquier fiscal con vena de inquisidor. Sigue leyendo

La dictadura de la verdad… y la libertad de expresión

Joaquín Urías

Últimamente se ha puesto de moda entra la prensa “seria” española dedicarle artículos sesudos al tema de La Verdad. Lo más granado y tradicional de nuestro periodismo se rasga las vestiduras ante la falta de rigor de algunos medios en el contraste de sus noticias y la fe injustificada que despierta Internet.

Uno de los detonantes fueron las informaciones (erróneas) de que un jugador de la selección española de fútbol había cortado las mangas de su camiseta para (se decía) borrar cualquier rastro en ellas de unas banderitas rojigualdas. La anécdota ha servido para enarbolar a diestro y siniestro la enseña de la verdad. Así que parece que éste es un buen momento para recordar que esta feroz invocación de la verdad es sin duda el mayor enemigo de la libertad de expresión, seguido de cerca tan sólo por lo políticamente correcto.

Los derechos fundamentales nacen y sirven exclusivamente para proteger a la minoría frente a la mayoría. En términos jurídicos, desde hace siglos la mayoría se expresa a través de la ley. Y la mayoría, -y su ley- tiene siempre la tendencia de machacar a las minorías. Por eso nacen los derechos fundamentales. Frente a la ley. Constituyen ese reducto inalterable, necesario para ser persona, que ni siquiera la expresión de la voluntad mayoritaria puede eliminar. Sigue leyendo

Detener a periodistas en manifestaciones

Joaquín Urías

El fotógrafo de un periódico está cubriendo una manifestación. El acto se vuelve violento y entonces la policía le pide a todos que desalojen la calle. La mayoría de la gente lo hace. Se queda, sin embargo, un grupo de unos veinte irreductibles que organizan una sentada. Junto a ellos permanece el fotógrafo, a quien su periódico le ha pedido que documente si se producen incidentes finales. Hasta que la policía, cansada, los detiene a todos y los acusa de desobediencia. Al fotógrafo también.

La acusación lleva a un proceso y en él el tribunal competente dicta una sentencia declarando al periodista culpable de delito de desobediencia. Sin embargo, el mismo tribunal toma en cuenta el hecho de que estaba trabajando como informador y por ello decide no condenarlo a ninguna pena. Es decir, lo declara culpable, pero no le impone ningún castigo.

El periodista, no obstante, está disconforme. Cree que su detención ha sido ilegal y que a él no se le puede declarar culpable de nada. Así que decide recurrir la sentencia… incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sigue leyendo

La (in)Justicia que tenemos

Joaquín Urías

En estos tiempos en los que tanto nos cuestionamos la vigencia del sistema político e institucional de 1978 resulta que prácticamente nadie pone en duda el funcionamiento de la Justicia.

Se ponen en solfa la capacidad de los políticos profesionales y sus privilegios. Se duda de la necesidad de instituciones como el Senado y de la utilidad de otras como el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. Arrecian las críticas contra un sistema autonómico que no termina de ser federal y deja a todos descontentos. Y sin embargo de la Justicia no habla nadie.

Tenemos un sistema de selección de jueces que sólo permite el acceso a la carrera judicial a las clase altas y promueve su desconexión de los problemas reales de la gente. Las leyes procesales dan a menudo a los tribunales un poder prácticamente arbitrario sobre la vida de las gentes. Con demasiada frecuencia las decisiones judiciales responden a intereses económicos, políticos o simplemente personales. Pero de todo eso no se habla. Por no criticar, la mayoría ni se atreve a criticar siquiera las sentencias más evidentemente injustas. Sigue leyendo