Sin Justicia no hay transición: el caso jesuitas de El Salvador

Almudena Bernabeu

Desde que se abrió una investigación en la Audiencia Nacional de España en noviembre de 2008 por el asesinato de dos mujeres, Elba y Celina Ramos y seis sacerdotes en la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas en El Salvador, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López, algunas voces, todas ellas circunscritas a El Salvador, se han pronunciado en contra de este proceso.

Indirecta e irónicamente, con sus alegatos de estupor y crítica dotan a esta causa abierta en Madrid de un poder obstaculizador y sustancial para lo que ellos llaman la estabilidad nacional y la democracia de El Salvador. De pronto, un proceso penal al amparo de nuestra moribunda Ley de Justicia Universal se convierte en el único y a todas luces más poderoso obstáculo de futuro para el país; no así el poder enquistado en los mismos de siempre, o la falta de legitimidad de sus líderes políticos, su sumisión económica o la violencia endémica, todos ellos problemas graves y estructurales de El Salvador. Al parecer, de todo ello, el peligro más grande y más grave es sin duda investigar y perseguir penalmente a los asesinos de mujeres indefensas y sacerdotes. Sigue leyendo

Gallardón, la revolución ‘abortada’

Pepe Reig Cruañes

Este hombre fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo, máxima distinción en materia de justicia, por el mismo Gobierno que le dejó caer y justo antes de anular otra de sus reformas estrella, la del “tasazo”. Lo de este hombre es proverbial … y meteórico: desde las más altas cumbres de aprecio público (era el ministro mejor valorado al empezar, con un 3,54) hasta el profundo abismo de la impopularidad (1,87 en septiembre de 2014).

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El trato deferente del grupo Prisa le había granjeado un sello de transversalidad que le hacía tan tratable para la izquierda, como sospechoso para la derecha. Esa transversalidad “construida”, sin embargo, se evaporó como perfume barato en cuanto tocó poder ministerial. A partir de ese momento le pudo su vieja hiperactividad de alcalde y su mística conservadora, tanto tiempo escondida. Le pudo eso o quizá la oportunidad de encumbrarse entre los suyos por una vez. La batería de reformas que anunció en su estreno merece el nombre de revolución, otra cosa es que muchas de sus grandes ideas hayan acabado en la papelera de reciclaje.

Si nos atenemos a su encendido discurso de toma de posesión se trataba nada menos que de esto:

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Si hubiera que definir las líneas de fondo de semejante programa habría que empezar por el aroma clasista y privatizador de muchas de sus iniciativas. No se trata sólo de las tasas y su disolvente efecto sobre la igualdad en el acceso a la justicia, sino también de la tendencia a poner en manos privadas responsabilidades crecientes del sistema público. Notarios, Registradores y procuradores han visto incrementar su participación en el pastel de la economía judicial y lo agradecieron convirtiéndose en (casi) los únicos apoyos públicos con que han contado las iniciativas de Gallardón. La reforma que cede a los registradores y notarios el negocio de bodas, nacimientos y defunciones mereció un varapalo del Consejo de Estado que tildó de “inconstitucional” y “oscura” la intentona, aunque no hay noticias de que se haya detenido. Otra de sus inclinaciones es estirar el concepto de profesionalización de la justicia hasta condenar –así lo hizo en la presentación de su programa ministerial- como inconstitucional el nombramiento parlamentario del órgano de Gobierno de los jueces. Finalmente, el sesgo religioso de su conservadurismo social se tenía que reflejar en iniciativas que socavan libertades individuales, como las referidas al aborto y la prisión permanente. El “plumero místico” se le ha visto a Gallardón en expresiones osadas que no parecen provenir de ningún acervo jurídico o político, sino de algún recoveco de su bachiller jesuítico o de su paso por el CEU. Un hombre que asegura que “gobernar es repartir dolor”, seguro que bebe más en el pietismo barroco que en la mesura clásica.

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Para ver en detalle la cronología de la “legislatura Gallardón” (el lector puede verla y hacer zoom sobre cada detalle para expandirlo) pulsar AQUÍ.

Tasas sin tasa

Aprobada en solitario por el PP y rechazada por todos los grupos parlamentarios, sectores profesionales, sindicatos, consumidores, abogados, fiscales y jueces, la Ley de Tasas (Ley 10/2012), es la historia de un fracaso. Cinco recursos al TC y varias cuestiones de inconstitucionalidad, o sea que la había recurrido “hasta el Tato”, que diría Rajoy. No así la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que no podía hacerle eso a su amigo, pero le dijo que hiciera alguna rebaja y mantuviera la gratuidad para los menores. Tuvo que rebajarla a los dos meses y ahora su sustituto, Rafael Catalá, la acaba de anular de facto (y solo en parte), al excluir a las personas físicas del pago de tasas judiciales. (Para seguir todo lo relativo a este tema puede verse el blog de Verónica del Carpio).

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Gallardón había intentado justificar su “tasazo” (800€ por recurrir en apelación y 1200 en casación) con una de sus acostumbradas fintas jesuíticas: la tasas se destinarían a financiar la justicia gratuita. Nadie ha sido capaz, sin embargo, de aclarar el destino de los 500 millones recaudados (ni siquiera la cantidad es segura). La otra razón que adujo tampoco sale bien parada. Si se trataba de reducir la litigiosidad, incluso haciendo como que no vemos el sesgo social de esa disuasión económica, es preciso reconocer que algo se redujo en 2013, como venía ocurriendo desde el principio de la crisis, pero también que volvió a subir en 2014, especialmente en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo, donde más había bajado al primer impacto del “tasazo”. Y eso tanto si contemplamos el número de nuevos asuntos ingresados a los juzgados, como si miramos la tasa por mil habitantes o el número de asuntos por juez. Como disuasorio del presunto “abuso en el acceso” no pudo ser más decepcionante.

Poder judicial de ida y vuelta

La otra gran apuesta del ministro de justicia era una tarea pendiente casi desde tiempos del rey Wamba, la reforma del poder judicial. La estrategia fue ir por partes, primero aspectos laborales de los jueces, luego competencias y elección de su gobierno, limitación de la justicia universal y, finalmente, la Ley Orgánica. Es una forma de eludir el verdadero control legislativo.

El cambio en la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial era una promesa electoral, y la calificación como inconstitucional de la elección parlamentaria fue uno de los titulares que se desprendía de aquella primera intervención del ministro en que anunció su (contra)revolución. No pudo ser. Ni siquiera la ya limitada propuesta de que 12 de los 20 miembros de CGPJ fueran elegidos por y entre los propios jueces. Tampoco la división entre aquellos con dedicación exclusiva o sin ella, introducida por Gallardón en su Ley Orgánica 4/2013 de reforma del Consejo. El proyecto final de Ley Orgánica del Poder Judicial, ya con Gallardón en barbecho, reducirá el número de los “exclusivos” y anulará de facto la diferencia entre unos y otros. También la eliminación de los “jueces estrella” y su sustitución por un tribunal de tres ha quedado descafeinada, y el proyecto sólo reorganiza las normas de reparto y permite la especialización de los jueces. Pero el cambio más llamativo, por ser el asunto que más protestas había desatado, es el intento de prohibir que jueces y asociaciones judiciales puedan valorar públicamente casos abiertos, (ver post aquí) y que el CGPJ pueda impedir a un medio de comunicación informar sobre el trabajo de un juez que pudiera ver “perturbada” su independencia judicial. De ese empeño del ministro Gallardón no queda nada en el proyecto final. Como tampoco de la anunciada Ley de Demarcación y Planta, que había de reestructurar las sedes judiciales: desapareció sin dejar rastro a fines del 2013. En poco menos de tres años hemos llegado… al principio.

Código Penal, con pena y sin gloria

Algo más de éxito, a lo que se ve, parece haber tenido el ministro Gallardón en lo penal. La ambición aquí era también crecida y los resultados menguados, pero concretos. El intento de Código Procesal Penal , donde ya planteaba la “instrucción fiscal” y suprimía la acusación popular, desapareció sin llegar al Congreso, aunque sus ideas se subrogaron en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. La intervención de las telecomunicaciones fue considerada inconstitucional por el CGPJ. La instrucción por los fiscales es otro caso claro de reforma de ida y vuelta, ya que Gallardón rectificó la oposición cerrada del PP a esta medida y la asumió como propia, pero el ministro que le sucede en el cargo rectifica la rectificación y deja caer la propuesta del Proyecto presentado finalmente en febrero 2015.

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Del cambio de modelo punitivo de la Ley Orgánica 1/2015 que modifica el Código Penal, (agravamiento de penas y desaparición de faltas) se ha dicho que parece blando con los delitos económicos y duro con la protesta social. Por ejemplo prevé un delito de coacción a la huelga que pone los pelos de punta. También incorpora la llamada “prisión permanente revisable”, lo que ya le ha valido un recurso al Constitucional, una llamada de atención del CGPJ y multitud de protestas de colectivos judiciales y ciudadanos. La indudable vocación de perpetuidad del ministro Gallardón, habrá sufrido aquí una decepción al retirarse del texto definitivo toda referencia a las medidas de seguridad de carácter indefinido, que el Anteproyecto preveía para personas con trastornos mentales que hubieran cometido algún delito. Una suerte de cadena perpetua con base en suposiciones sobre la “peligrosidad” del enfermo, que había levantado protestas en el mundo sanitario.

Justicia universal, pero mucho menos

Este debe ser uno de los pocos logros netos del Ministro Gallardón, ya que su Ley Orgánica 1/2014 que modifica la L.O. 6/1985 del Poder Judicial sobre Justicia Universal, sigue vigente, para alegría de las autoridades chinas (ver post de Javier de Lucas aquí) que instaron, según cree saberse, el cambio legislativo. Esta reforma nos saca de la locomotora del derecho internacional para dejarnos en el vagón de cola. Se hizo sin consenso parlamentario, ni apoyo de la opinión pública, y se tramitó como una Proposición de Ley del Grupo Popular (no como Proyecto, que es la vía gubernativa) para eludir los informes del Consejo Fiscal, CGPJ y Consejo de Estado. Está recurrida al Constitucional y aún podría deparar sorpresas.

Aborto y final

Con la reforma del aborto el ministro Gallardón se empleó a fondo, sin reservas. Ahí brilló todo su entusiasmo redentor y su mística conservadora. Con esta reforma, destinada a privar a las mujeres del derecho a decidir sobre su cuerpo, en nombre de principios y creencias de una estricta minoría religiosa, el ministro destapó el tarro de las esencias. “La libertad de la maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres” ya que, en su criterio, existe una “violencia estructural” que obliga a abortar. Conclusión: vuelta al sistema de supuestos.

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La iniciativa empezó a naufragar frente a la enorme ola de protestas que suscitó, pero la puntilla se la dio el propio presidente del Gobierno cuando calculó el desgaste electoral que le iba a suponer en un año tan cargado como el 2015. La reforma se abandonó y el ministro, coherentemente, dimitió. De aquella cruzada sólo quedó la exigencia de consentimiento paterno en menores de 16 y 17 años, que se llevará por vía de Proposición de Ley Orgánica del Grupo Popular, como en la Justicia Universal y por los mismos motivos, para eludir los informes preceptivos. Será un único articulo en la Ley de Autonomía del Paciente.

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Fuese y no hubo nada, que diría aquel. El plan Gallardón hacía agua mucho antes de lo del aborto, porque con tanta mayoría absoluta y tanta inspiración, se entendía mal con las realidades del mundo.

Ya se sabe que las revoluciones, aunque sean conservadoras, no pueden pararse, porque ahí se pierden. Ésta de Gallardón empezó con ímpetu de caballo, pero se detuvo con firmeza de asno en cuanto tropezó con la pluralidad de la vida. Aún nos colarán lo que puedan de ella pero, de momento, esa revolución acabó en aborto.

El legado y la Justicia. XXV aniversario del asesinato de los Jesuitas y sus empleadas en El Salvador

Almudena Bernabeu

Justicia era lo que los jesuitas perseguían, la justicia inherente a la igualdad, a la equidad, a la erradicación de la pobreza. Enseñanza cristiana fundamental abandonada y tergiversada para la mayoría de los salvadoreños durante siglos. Justicia en sus mentes no era posible sin verdad, la verdad de llamar a las cosas por su nombre cuando no se puede más y a pesar del miedo. La verdad de actuar de manera ecuánime y hacer espacio para todos, la verdad de ser justo aunque conlleve un gran peligro.

Tras su brutal asesinato el 16 de noviembre de 1989, el esfuerzo de obtener justicia en su nombre se ha convertido en uno de los legados más importantes de su muerte; una oportunidad de saberles en lo cierto, de recordarles, de abrazar la honestidad de sus vidas y vocaciones humanas. La realidad de su muerte y su martirio es tan profundo como la realidad de su obra y su vida — y seguramente tan didáctica para el pueblo salvadoreño y para el mundo.

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Ignacio Ellacuria, Ignacio Martin Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López fueron asesinados por soldados del ejercito salvadoreño el 16 de noviembre de 1989 siguiendo ordenes precisas del alto mando del ejército, en aquel momento además, el gobierno. El Estado salvadoreño, por medio de sus representantes, decidió y llevo a cabo el asesinato de los cinco sacerdotes, de su empleada, Elba y de su hija Celina. Este espantoso y políticamente torpe asesinato precipitó el fin de la guerra y la firma de los acuerdos de paz, irónicamente aquello que pretendían postergar los militares. Una paz negociada entre el grupo guerrillero FMLN y el ejercito supuso sentarse a una mesa sin vencedores ni vencidos, y una posible pérdida de las prebendas económicas y sociales que el ejército intentó asegurarse mediante la represión y violencia durante tantos años. Sigue leyendo

Por el “bien de la justicia universal”, y por el monte las sardinas, tralará.

Javier Chinchón Álvarez

Culminado, vía la Ley Orgánica 1/2009, el anterior proceso de modificación de la jurisdicción universal en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, allá por octubre de 2009 escribí un breve artículo en el que tras tratar de explicar todo lo que vivimos aquellos meses, terminaba refiriéndome a “aquellos de nuestros representantes que [habían] votado a favor de [aquella] reforma infame”. En concreto, les compartía entonces que tanto por el fondo pero sobre todo por la forma en que la misma se desarrolló, todos ellos habían perdido mi confianza para las próximas elecciones. Aun tras aquello, y conociendo la vieja máxima de que todo es susceptible de empeorar, he de reconocer que la actual modificación iniciada a finales de enero me está dejando atónito, abochornado, casi sin palabras.

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Todo por la Marca. También los derechos humanos

Javier de Lucas

Algún día habrá que escribir la historia de lo que nos ha costado la ambiciosa operación de imagen, presentada como prioridad del gobierno Rajoy y eje estratégico de la política exterior española: la “Marca España”. De momento, contamos con algunos elementos de juicio. Veamos.

¿Qué quiere decir “Marca España”? ¿Por qué adoptar como santo y seña esta expresión, obviamente mercantil y que podría  llevarnos a sustituir  el vetusto <todo por la Patria>, por  <todo por la Marca>? La primera pista  me parece obvia: detrás de lo que podría parecer una operación de aggiornamento de la presentación internacional del Reino de España, en realidad se encuentra la idea tan trasnochada como cuestionable de que un país es ante todo un producto (bueno, digamos una empresa, al modo en que Reagan y Thatcher veían el mundo por venir, como una batalla entre capitanes de empresa), tal y como reza su Decreto de creación, el R.D. 998/2012, de 28 de junio. En esa norma se nos explica que se trata de “mejorar la imagen exterior de España visibilizada bajo la denominación Marca España, que toma como modelo las iniciativas adoptadas por otros Estados en ejecución del concepto marca-país”. Una ocurrencia formulada casi en los términos apodícticos propios de un catecismo Astete para catecúmenos neoliberales, esos sujetos que dibujan con tanta precisión Forges o Manel Fontdevila.

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Como casi todo en nuestro país, ha necesitado su propia burocracia: un Alto Comisionado, con rango de Secretaría de Estado, Oficina, un Observatorio y, cómo no, un sitio web. En todo caso, el coste al que me refería no es el de esas estructuras administrativas, seguramente prescindibles pero, al fin y al cabo, modestas en comparación con la pólvora de rey de eventos e instalaciones tan elefantiásicas como ruinosas (véanse los penúltimos ejemplos made in Calatrava y Gobiernos de la Generalitat valenciana), o con la nómina de asesores que pueblan todas las administraciones, de la Presidencia del Gobierno del Reino de España, al de Castilla – La Mancha o cualquier Ayuntamiento que se precie. Tampoco se trata sólo de lo que hemos invertido y dejado de recuperar en la promoción de este parto de los montes. Por ejemplo, la reorientación de las prioridades en nuestra diplomacia, que en realidad ha supuesto acomodar buena parte de nuestras embajadas al modelo de oficinas de negocios, para ir a lo mollar: la pasta. Y  lo peor es que apenas se ha querido invertir a fondo –más allá de una retórica trasnochada, la misma de esas fallidas cumbres iberoamericana- en la mejor baza del proyecto de marras, esto es, un idioma global, empeñado como está el gran preboste de nuestra diplomacia en revivir los blasones del imperio.

No. Lo malo, en términos de coste es que resulta que el balance de esta empresa nos ha dejado con el culo al aire. Porque, pese a los grandes logros de Aznar en la escena internacional y en la mesa de centro del rancho de Bush, pese a las coyunturas planetarias de Pajín y Zapatero, pese al “gran esfuerzo que han hecho los que más tienen” (sic) y que nos ha devuelto a la credibilidad internacional -al decir del increíble Floriano-; incluso pese a la reconocida elocuencia de Rajoy, que hace de él una luminaria en los foros internacionales casi comparable a Ana Botella, España, en este juego, no pasa de ser una marca de tercera regional. La Marca España, con una caída del 20%,  se sitúa entre las diez que más pierden en el mundo en 2013, según los datos del último informe de Brand Finance.

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Pero aún hay más. Otros costes, otros daños quizá menos mensurables a corto plazo y que, sin embargo, resultan más letales. Me refiero a la seudo pragmática “filosofía” que esa mal entendida <marca> nos obliga a adoptar cuando, mire usted por dónde, aparece una ¿impensable? colisión entre las exigencias del respeto a los derechos humanos y el interés de la precitada “Marca España”.  Porque viene sucediendo que la arrogancia de la tal Marca se torna vergonzante pleitesía en cuanto nos topamos con el que manda. Ya tenemos testimonio sobre la obsequiosidad de todos nuestros Gobiernos y ministros de exteriores con esos <asuntillos> que molestan al tío Sam (el caso Couso)  y a quienes mandan en el tío Sam (Wert es sólo un penúltimo ejemplo) o a sus aliados (Israel, pongamos por caso). Pero es que ahora, cada vez más, son otros los amos y no estamos acostumbrados a los nuevos protocolos, lo que quizá explica alguna reciente sorpresa.

Los lectores recordarán cómo ante la ofensiva de uno de esos aliados de verdad del tío Sam, Israel, el Gobierno de Zapatero (mediante un acuerdo entre PSOE y PP) promovió en enero de 2009 un primer recorte al marco legal mediante el cual nuestro país se había comprometido en serio con el principio de jurisdicción universal. La halcón israelí y entonces ministra de exteriores, la señora Tzipi Livni, leyó la cartilla al ministro Moratinos para que corrigiera o frenara a la Audiencia Nacional que, a semejanza de los tribunales belgas respecto al benemérito Ariel Sharon, amenazaba con órdenes de busca y captura contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-Eliezer y otros responsables israelíes por la matanza de 14 civiles en el atentado contra un líder de Hamás en Gaza en julio de 2002.. Y así sucedió. Con el añadido de que los españoles no nos enteramos de esas intenciones por nuestro propio Gobierno, sino por las declaraciones de la ministra en ese mes de enero de 2009, que declaró que Moratinos le había comunicado que España iba a cambiar su legislación “para evitar los abusos” de los jueces de la Audiencia Nacional. “El ministro Moratinos me acaba de decir que España ha decidido cambiar su legislación relativa a la jurisdicción universal y que esto puede evitar los abusos del sistema legal español”, declaró Livni a la agencia Associated Press. “Creo que es una noticia muy importante y espero que otros países europeos hagan lo mismo… Sistemas legales de distintas partes del mundo han sido aprovechados por cínicos con el único propósito de dañar a Israel. Es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno”. (La noticia puede verse aquí).

Pues bien, no ha sido bastante. Otra vez algunos tribunales españoles, sin demasiado entusiasmo, todo hay que decirlo, pero obligados por un excelente trabajo jurídico y por la tozudez y aun el coraje de profesionales del Derecho y militantes de los derechos humanos, han tomado decisiones que molestan a poderosos gobiernos implicados muy verosímilmente en asuntillos, como genocidios o crímenes contra la humanidad. El caso de los dirigentes chinos contra los que se había conseguido que la Audiencia Nacional emprendiera acciones propias de la jurisdicción universal por su responsabilidad en el genocidio cometido en el Tibet es abrumador por la desvergüenza con la que han actuado el Gobierno chino y el sumiso gobierno Rajoy, siempre con la coartada del interés superior de la Marca España, entendida exclusivamente en términos de balanza comercial. El 12 de diciembre de 2013, una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió a puerta cerrada con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso y reiteró la “perplejidad” e “incomprensión” de su Gobierno por la actuación de los tribunales españoles en relación con el Tibet, un “asunto doméstico”, interno, propio de la soberanía china. Nada nuevo en la vieja lógica contra la que trata de lucha precisamente el principio de jurisdicción universal. Dando muestra de una celeridad que para nosotros los ciudadanos españoles querríamos, el Gobierno en menos de un mes ha preparado el cambio legal requerido.

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Y lo que es peor, esta genuflexión ante el mercado chino da carpetazo a todas las investigaciones de los jueces españoles en los últimos diez años, como el caso Couso, los vuelos de la CIA o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Son los dos que están en curso ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 (Santiago Pedraz): Caso Couso y genocidio en Guatemala. Los cuatro en el Juzgado Central nº 2 (Ismael Moreno): Genocidio del Tíbet, Falung Gong, vuelos de la CIA y campos de concentración nazis. Uno en el Juzgado Central nº 3. (Javier Gómez Bermúdez), el Caso Vielman. Dos en el Juzgado Central nº 4. (Fernando Andreu): Crímenes de guerra en Irak y genocidio de Ruanda. Tres en el Juzgado Central nº 5 (Pablo Ruz): Torturas en Guantánamo, genocidio del pueblo saharaui y asesinato de Carmelo Soria. Y finalmente, uno en el Juzgado Central nº 6 (Eloy Velasco): el asesinato de Ignacio Ellacuría y otras siete personas en El Salvador.

En fin, a juicio de no pocos, se trataría de una de esos slogans publicitarios con cuyo enunciado solemne pretenden deslumbrarnos (“estamos trabajando en modernizar la imagen e España”) los mismos políticos que no saben resolver las necesidades primarias, las verdaderas prioridades de sus empleadores, los ciudadanos. Los que parecen incapaces de atajar la corrupción, el paro, ni tampoco los conflictos reales que dañan la imagen de <marca> como el problema territorial. Ya sé que todo esto les parecerá a no pocos “expertos” en política exterior (y en cinismo de mesa camilla y tertulia, que disfrazan de realpolitik) un ejemplo de la ingenuidad característica de quien se embarca en política con la denostada <ética de principios>, lo que, al decir del tan reputado como brutal canciller Bismarck, era semejante a quien se adentra en un bosque infestado de bandoleros con un palillo entre los dientes…Pero es lo que tiene dedicarse a enseñar e investigar sobre derechos humanos, que uno se los toma en serio. Porque, en caso contrario, habrá que concluir que no vale la pena hacer política. Dejemos hacer al mercado, ese descrito por Scorsese en The Wolf of Wall Street, que es la única razón universal. Pero no nos llamemos a engaño. Su lógica no es esa filantrópica y al cabo benéfica para todos, tal y como sostienen los partidarios de esa patochada de la mano invisible. De los vicios privados no salen las virtudes públicas como pretendiera Mandeville. No, lo que el mercado, éste de ahora, persigue, aquello en lo que consiste no es otra cosa que la continuación de la guerra por otros medios. Ya lo dijo Warren Buffet, una guerra entre ricos y pobres en la que, claro, van ganando ellos, los ricos, los que mandan de verdad.

que-es-marca-espana Jordi Bernadó

Viñetas: Manel Fontdevila y Peridis
Foto: Jordi Bernadó

El día en que se va a juzgar a Efraín Ríos Montt

Por Almudena Bernabeu

Hoy, quizá, por fin, sea el día en que se juzga en Guatemala por genocidio al ex general, ex dictador y ex presidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt. Hoy, después de algo más de 13 años confluyen en un tribunal colegiado de la capital todos los esfuerzos de investigación y legales que, liderados por las víctimas, se han llevado adelante por abogados en Guatemala, en España, y de nuevo en Guatemala, demandando, esta vez sin fisuras ni medias tintas, la verdad y un juicio justo.

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Se estima que más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas a manos de las fuerzas armadas guatemaltecas entre 1960 y 1996. Lanzo este número consciente de no haber incluido, por ejemplo, a las víctimas de tortura. Con ellas el numero es interminable. A pesar de eso,  el conflicto concluyó a ojos de la comunidad internacional, como debía concluir, con la firma de los Acuerdos de Paz en Oslo en 1996 que a su vez dieron lugar, sentido y mandato a una comisión de investigación, conocida como la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) encargada de investigar los numeroso abusos.

La CEH nació tuerta económica y políticamente –como  como admitiría más tarde ante el Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, su presidente, el jurista alemán Christian Tomuschat–,  sin dinero, mermada en facultades, y sin apoyo de gobiernos, en aquel momento tan importantes, como Inglaterra y España. El informe final fue honesto, claro, pero a todas luces insuficiente para todos y sobre todo, para las víctimas, quienes apenas veinte días después de su publicación se reunían con sus representantes en las diferentes organizaciones en Guatemala para decidir los siguientes pasos. La CEH nunca señaló responsables, era parte de su mandato, y la mayoría de los responsables de aquellos terribles crímenes, siguen viviendo en las mismas comunidades que contribuyeron a destruir y sometieron, lo que no ha hecho más que perpetuar el miedo y la impaciencia.

Aunque  varios procesos menores contra mandos bajos y medios de la policía y el ejercito han salido adelante, en Guatemala no se ha establecido hasta hoy la responsabilidad penal individual de ninguno de los altos mandos. Hasta hace poco, todos los intentos de justicia en Guatemala eran frustrados a golpe de corrupción, actividades ilegales, indiferencia y miedo. En ese sentido, no hay duda que la impunidad por los crímenes del pasado y la impunidad presente están íntimamente relacionadas. La impunidad en Guatemala ha llegado a ser de tal envergadura que en 2007 Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco crearon la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El actual caso del genocidio guatemalteco lleva más de una década en proceso. En 1999, la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) presentó una querella criminal ante la Audiencia Nacional española contra el ex-presidente Efraín Ríos Montt y otros altos oficiales guatemaltecos acusándoles de terrorismo, genocidio y torturas. A pesar del recelo de los más expertos, el caso fue presentado siguiendo el modelo de las causas abiertas contra la Junta Argentina y contra Augusto Pinochet, y fue presentado en España gracias a nuestro principio, hoy mermado, de justicia universal. La querella se interpuso con la esperanza de que las victimas obtuvieran algo de la justicia que en opinión de muchos, el informe de la CEH emprendía pero no aseguraba. Sin embargo, no todas las víctimas ni todos sus representantes apoyaron la iniciativa de la señora Menchu. De hecho hubo quien en Guatemala, como ha venido ocurriendo en muchos países en la región, creía que era necesario probar primero la validez, la legitimidad de los tribunales, de los jueces y fiscales en Guatemala. Sacar el caso de Guatemala era, equivocado o no, rendirse (y eso si lo sé con precisión y por experiencia, los guatemaltecos, no se rinden). En 2000, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) emulaba el paso de Rigoberta, pero esta vez en Guatemala, interponiendo ante la fiscalía la primera denuncia por genocidio en el país en nombre de un grupo de supervivientes del genocidio agrupado en la ya legendaria Asociación de Justicia y Reconciliación o AJR.

La Fundación Rigoberta Menchú Tum me invitó como abogada internacional a sumarme a la causa en 2004. Ese primer paso se lo debo a Gustavo Meoño, en aquel momento director de la Fundación y quien con visión y conocedor del entorno, había seguido cuidadosamente mi trabajo en investigaciones y casos en tribunales estadounidense por crímenes cometidos en El Salvador. Inicialmente, mi trabajo en el caso se limitó casi exclusivamente a investigar el paradero de uno de los querellados, ex ministro del interior, Donaldo Álvarez Ruiz. Junto con la Fundación, dimos con Álvarez Ruiz en Miami y de nuevo en México aunque lamentablemente las autoridades mexicanas, a pesar de la orden de arresto y todos nuestros esfuerzos, le dejó escapar.

Entre enero de 2000 y septiembre de 2005, los abogados de Rigoberta Menchu, con el inestimable y generoso apoyo de entrañables compañeros como Manuel Olle Sese, Carlos Slepoy y otros, enfrentaron una batalla liderada por la fiscalía, brutal en mi opinión, que solo en cuestiones de competencia agotaría la vía jurisdiccional precipitando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por denegación de justicia. En este devenir se cuenta la desconcertante decisión del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003, reconociendo la competencia de los tribunales españoles al amparo del articulo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por genocidio y otros crímenes internacionales, cuando los crímenes y sus consecuencias tuvieran vínculos cercanos con España, o por ejemplo, víctimas españolas. Como consecuencia, y aunque la querella prosperaba parcialmente por los hechos cometidos contra españoles, el delito de genocidio y con ello los anhelos de justicia de la población maya guatemalteca, principales víctimas del conflicto, se desvanecían.

Tras muchas discusiones en Madrid y en Guatemala, se tomó la decisión de presentar un recurso de amparo por violación de la tutela judicial efectiva en la persona de Rigoberta Menchu, y el 26 de septiembre de 2005, en una decisión sin precedentes (con ciertos visos de extralimitación pero excelente,) el Tribunal Constitucional aceptó el amparo y con ello revocó la decisión del Tribunal Supremo. La sentencia dejó clara la vocación universal del art. 23.4 LOPJ y los fundamentos de éste, en el sentido de que lo universal no puede ser constreñido a una nacionalidad, a una decisión legislativa, a un vinculo histórico y mucho menos, a una oportunidad política.

Consecuentemente, la decisión del Tribunal Constitucional supuso la apertura formal de la instrucción y, con ello, la formalización de una estrategia legal para investigar el delito de genocidio cometido contra cientos de miles de indígenas mayas guatemaltecos.

El Juez de Instrucción Santiago Pedraz, titular y recién llegado al Juzgado Central de Instrucción No. 1 de la Audiencia Nacional, decidió formalizar una comisión rogatoria a Guatemala, señalada para junio de 2006, con el fin de tomar declaración a los querellados. Aparentemente,  una comisión similar desde Bélgica había transcurrido sin altercados.

Al llegar el Juez Pedraz a Guatemala se encontró con un recurso de amparo interpuesto por los imputados, que le impedía tomarles declaración. El viaje no fue en vano, porque el juez logró reunirse informalmente con el grupo de sobrevivientes que habían tratado de entablar una investigación local, y oír algunas de sus historias. A su regreso a España, el 7 de julio de 2006, emitió órdenes de arresto internacionales contra los siete imputados por genocidio, terrorismo, tortura y otros delitos. A los pocos meses emitió además solicitudes formales de extradición basadas en el Tratado de Extradición de 1895 entre ambos países.

Las órdenes de arresto sólo se harían efectivas, estando los imputados en Guatemala, si un tribunal guatemalteco las ejecutaba. Dada la debilidad de los tribunales guatemaltecos, esto se presentaba como algo poco probable. Sin embargo, a principios de noviembre de 2006, el Tribunal Quinto Penal, de Narcotráfico y Delitos contra el Medio Ambiente de Guatemala (tribunal de primera instancia) emitió órdenes de arresto para cuatro de los siete imputados.

El proceso en ese momento tomó dos rumbos deseados en cierto modo, interrelacionados pero distintos. Por un lado, había que diseñar una estrategia legal para probar la existencia de un genocidio, lo que se haría a través del testimonio de las víctimas, documentos, y peritajes. Por otro lado, había que intentar lograr poner presión y lograr la extradición de los imputados de Guatemala a España. A pesar de la aparente dificultad respecto de Guatemala, aun cuando no se consiguiese la extradición, debía intentarse con el objeto de impulsar la obligación internacional de juzgar a los acusados en los tribunales guatemaltecos. Ahí empezó, la que ya es sin duda, la otra parte de la historia.

grupo de valientes

Así formalizamos la creación de un equipo legal internacional especializado y capaz de asumir los retos para la nueva fase. Además de la que suscribe el equipo estuvo integrado por Manuel Ollé, abogado español experto en casos de jurisdicción universal, la profesora y abogada Naomi Roht-Arriaza, abogados en La Haya con experiencia en Guatemala y en derecho penal internacional, abogados e investigadores de CALDH y hasta de la Fundación Menchú en Guatemala. Este equipo se propuso dos tareas inmediatas: por un lado diseñar una estrategia para presentar y probar el caso de genocidio ante la Audiencia Nacional y por otro hacer todo lo posible para asistir y luchar legalmente en los tribunales guatemaltecos por la extradición de los acusados a España y con ello, construir una posible vía de justicia en Guatemala.

La preparación y presentación del caso de genocidio y las diferentes diligencias de prueba propuestas por el equipo legal generaron para nuestra sorpresa efectos inmediatos dentro de Guatemala. Parte de la estrategia fue la presentación de testigos provenientes de las múltiples zonas más afectadas por las campañas militares, sobre todo las señaladas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Esto requirió de la estrecha colaboración entre varias organizaciones de víctimas del país. Estas organizaciones jugaron un papel importante en escoger a los testigos, trabajar con ellos y acompañarlos a prestar su testimonio en España.

testigos en Madrid

Simultáneamente se prepararon mas de nueve peritajes por parte de expertos en todo el mundo diseñados para probar todos los elementos del delito de genocidio. Pasaron por Madrid testigos como el presidente de la CEH Christian Tomuschat, Fredy Peccerelli, antropólogo forense y el presidente de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, quien testificaba por primera vez en su vida como perito acerca de la exhumación de más de 400 fosas comunes realizadas por su equipo durante los últimos 15 años. Se presentaron, además, importantes documentos militares como el Plan Sofía, plan militar elaborado en 1982 que implica ampliamente al ejército y al Alto Mando guatemalteco en los asesinatos masivos de civiles.

El trabajo en la Audiencia Nacional (y que éste se diera a conocer en Guatemala) provocó que, en febrero de 2008, el Presidente guatemalteco Álvaro Colom anunciara que ordenaría al ejército abrir sus archivos relativos al período de guerra civil, y que los enviaría al Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (Defensor del Pueblo). Además, en un gesto sorprendente, un juez guatemalteco del caso, decidió que atendería las continuas peticiones del juez Pedraz relativas a una segunda la Comisión Rogatoria, para tomar declaración a testigos.

En mayo de 2010, de la mano de Women’s Link Worldwide, se amplió la querella para incluir por primera vez en un caso de justicia universal en curso la violencia de género en el marco del Derecho Penal Internacional y garantizar el derecho a la verdad en lo relativo al papel que la violencia de género jugó en el genocidio guatemalteco.

Así mismo, la directora de cine Pamela Yates viajó a Madrid en 2009 para testificar y aportar como prueba una entrevista al General Ríos Montt filmada en 1981, en pleno conflicto en Guatemala. En la entrevista Ríos Montt admite haber dirigido y controlado a las tropas que cometieron abusos contra la población civil. Esta experiencia se convirtió en la base del documental que inauguró el Festival de Sundance en 2011, la película Granito, que relata las circunstancias del genocidio y el trabajo del equipo internacional en toda la preparación de su denuncia.

En 2010 Claudia Paz y Paz fue elegida Fiscal General de Guatemala. Desde ese momento fue preciso centrar nuestra atención y esfuerzos de nuevo a Guatemala. Paz y Paz tenía entre sus prioridades procesar a los responsables del genocidio, y para ello, sin duda, todo lo actuado en España, desde y con Guatemala, iba a ser crucial. El 26 de enero de 2012, Paz y Paz acusó al ex dictador y General Efraín Ríos Montt por genocidio y su papel en la campaña de “tierra arrasada” durante la guerra civil.

Tras las pertinentes audiencias probatorias y agotados todos los recursos por parte de la defensa, hoy, 19 de marzo, día del Santo del Silencio, San José a quien solo se conoce por sus obras, no por sus palabras, se sienta en el banquillo para ser juzgado por genocidio el dictador Efraín Ríos Montt. A partir de hoy y durante semanas estará obligado a escuchar el testimonio de cientos de personas supervinientes de los crímenes más horrendos. No hacen falta palabras, ninguna en mi opinión, para entender lo extraordinario de esta acción que hoy, con toda dignidad, llevan adelante los guatemaltecos.

A los abogados del equipo legal internacional, aun cuando éramos conscientes de las dificultades, siempre nos movió la necesidad de incidir en la situación nacional en Guatemala y el hecho de que, para muchos en la sociedad civil guatemalteca, este proceso y otros como éste, eran la única esperanza de cambio y de justicia para las víctimas. Es un honor haber podido contribuir a todo ello.

Fotos

1. Ríos Montt en el mes de febrero en las primeras audiencias de prueba (Foto Marlon García).

2. Equipo legal ante la Audiencia Nacional. (De izda a dcha) Naomi Roht Arriaza, Kate Doyle, Pamela Yates, Almudena Bernabeu y Susan Kemp. (Cortesía de Granito, How to Nail a Dictator).

3. Primeros testigos de Ixil y Rabinal que testificaron en Madrid España en nuestro esfuerzo de iniciar justicia en octubre de 2008 (Foto Almudena Bernabeu).