#SinJusticia

Rights International Spain lanza hoy una campaña dirigida a informar sobre la agenda de  reformas del Gobierno que restringen derechos y  libertades y reducen las  garantías de los  ciudadanos ante la Justicia. La intención de esta campaña es mostrar las conexiones entre las diferentes reformas (Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Justicia Gratuita, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Tasas ya en vigor) del gobierno como parte de un solo plan para dejarnos #SinJusticia

Esta es su presentación

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de nosotros impedirlo.

Frente a una sociedad civil que manifiesta de forma activa su rechazo a las políticas de recortes del Gobierno, éste, en lugar de atender a las demandas de la ciudadanía, se protege aplicando una agenda de reformas que restringen derechos y libertades y reducen las garantías de los ciudadanos ante la Justicia. No son acciones aisladas, todas ellas forman parte de un mismo plan para dejarnos #SinJusticia.
En Rights International Spain (RIS) creemos que es necesario conocer y denunciar esta situación. Por eso os proponemos una campaña informativa en la que podréis encontrar material elaborado por RIS con la intención de que cualquier persona, desde un ciudadano de a pie a juristas expertos, pueda usarlo para informarse e informar a otros sobre las siguientes reformas del gobierno.

SIN JUSTICIA alturas

Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana: el Gobierno quiere reformar la “Ley Corcuera”, en vigor desde 1992. La reforma actual ya ha sido calificada como “ley anti-protesta” y “ley mordaza” porque en ella se sancionan actos que son claros ejemplos de ejercicio pacífico y responsable por parte de la ciudadanía de sus derechos fundamentales a la participación en asuntos públicos, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión.

Reforma del Código Penal: la reforma del Código Penal propuesta por el Gobierno es muy criticable. Primero, porque no es necesario en este momento reformar precisamente el Código Penal; segundo, porque las modificaciones que incluye la reforma tendrán por consecuencia restringir derechos de la ciudadanía; tercero, porque aquellos delitos que sí deben ser incluidos o modificados no lo son.

Tasas judiciales: parece que al Gobierno le preocupa que los ciudadanos vayamos a los tribunales para reclamar nuestros derechos y que la Justicia nos proteja. Por esa razón se están poniendo obstáculos para acceder a los tribunales.

Justicia Gratuita: el Proyecto de Ley para reformar la asistencia jurídica gratuita (es decir, el poder disponer de un abogado de oficio por no tener recursos económicos para pagarlo) supondrá que menos personas podrán beneficiarse de ese derecho.

SIN JUSTICIA CARTEL

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la reforma que quiere hacer el Gobierno de la ley procesal penal hiere de muerte la acción popular, un derecho reconocido en la Constitución. Además pondrá en manos del fiscal, que depende del Gobierno a través del Fiscal General del Estado, la fase destinada a la investigación. Los fiscales tendrán el monopolio de la acción penal, sin contrapesos que hagan frente a su falta de independencia. 
 


Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: se ha disminuido la plantilla del Poder Judicial. Esto es una manera de debilitarlo y de reducir las posibilidades de los ciudadanos de obtener Justicia. Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial demuestran la desconfianza del Gobierno hacia los jueces. Para impedir las quejas y críticas por parte de los jueces también se pretende amordazarlos.

No queremos que nos dejen #SinJusticia. Depende de todos nosotros impedirlo. Empecemos por informarnos, informa a los tuyos, comparte.

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La Defensora del ministro, y el Pueblo

Fernando Flores

Entre la Defensora del Pueblo y el Pueblo se ha entrometido un ministro. No es la primera vez ni, me temo, será la última. Cuando esto sucede, los derechos de los ciudadanos no salen bien parados. Tampoco la Defensoría.

Ha sido con ocasión de la Ley de Tasas. Ésta, impulsada por un convencidísimo ministro de Justicia, se aprobó con cierta prisa en noviembre. A su favor el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular. En contra, todos los demás: la oposición al completo, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía Española, las organizaciones de consumidores, numerosos jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia, organizaciones defensoras de los derechos humanos…

No ha sido por falta de discusión, enmiendas, informes, manifestaciones, concentraciones, paros… el ministro Gallardón era consciente del malestar, de la frontal oposición y de los argumentos de quienes consideran la Ley de Tasas una mala norma que, además, es inconstitucional… Quede claro que no es necesario ser doctor para darse cuenta que la Ley era (y es) un atropello contra el derecho a la tutela judicial, que deja indefensos a los ciudadanos con menos recursos, que maltrata a los abogados, y que avergüenza a jueces y secretarios judiciales.

En fin, la Ley se aprobó sin mayor discusión, y el ministro fue capaz de decir al mismo tiempo que la Ley iba a tener un “contenido social extraordinariamente positivo” y que “gobernar era a veces repartir dolor”.

Pero la arrogancia combina mal con la improvisación (y no digamos con la incompetencia). Al parecer, con las prisas, el Gobierno no sólo no había caído en que para cobrar las tasas necesitaba un modelo de autoliquidación (por lo que se vio forzado a dictar una Instrucción al día siguiente y posponer la entrada en vigor de la Ley algunas semanas), sino que había olvidado la existencia de la Defensora del Pueblo, el encargo que tiene de las Cortes Generales de proteger los derechos de los ciudadanos, y su competencia para plantear recursos de inconstitucionalidad.

Así que ahí tenemos a la Defensora, acuciada por abogados y organizaciones sociales, exigiéndole la presentación de un recurso contra la Ley de Tasas ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho de acceso a la Justicia, un recurso sin duda ganador.

Pero la Defensora no quería ni interponer el recurso contra el ministro (se sospecha que esto puede ser debido a su pasado como diputada y senadora del Partido Popular), ni aceptaba quedar mal del todo con el Pueblo. Por eso redactó un papel con ocho recomendaciones sobre la Ley de Tasas (ninguna de ellas desconocida para el Gobierno) y, pocos días antes de que expirase el plazo para presentar el recurso, se lo entregó a Gallardón. Se desconoce por qué no se le había ocurrido a la Defensora esa misma iniciativa durante la tramitación parlamentaria, o en el momento en que la Ley entró en vigor (en diciembre). Se desconoce pero se sospecha.

Así que tres meses después de la entrada en vigor de la Ley de Tasas, el viernes 22 de febrero, el Gobierno aprueba un Decreto Ley (norma reservada para la urgente necesidad) en el que modifica aquélla e incorpora alguna de las recomendaciones, no todas, de la ya desactivada Defensora. (Aquí podría aventurarse una idea, y es que de igual modo que se habla de fraude de ley, podría hablarse de fraude de institución).

En concusión, el Decreto Ley es, en sí mismo, un reconocimiento de la arbitrariedad de la Ley de Tasas modificada (no hay más que leer la exposición de motivos), aunque no prueba que él mismo no sea arbitrario. Más bien al contrario: las tasas siguen sin estar fundamentadas en el principio de capacidad económica del ciudadano, obstaculizan el acceso a la Justicia de las clases medias y bajas y favorecen a quienes más tienen. Quizás la Defensora (si es del Pueblo y no del ministro) estudie ahora el Decreto, y, a la vista de que no ha recogido todas sus recomendaciones, se plantee la posibilidad de impugnarlo. Tiene tres meses para hacerlo.

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