La reputación constitucional de Dios

Fernando Flores

‘No sé si Dios existe, pero sería mejor para su reputación que no existiera’, decía el poeta francés Jules Renard. Yo, por mi parte, cada día le pongo una vela. Al poeta.

Los representantes oficiales de aquél no fallan. Semanalmente nos afligen con una o varias acciones, si no como creyentes (cada cual con sus contradicciones), sí como defensores de las libertades de conciencia, religiosa y del Estado laico. Es decir, como creyentes en un sistema constitucional decente.

En realidad todo encaja. En un país en el que los ministros y los altos cargos juran su Constitución teóricamente aconfesional frente a una biblia y un crucifijo, y en el que el homenaje institucional a los fallecidos (sean estos cristianos, musulmanes, ateos o budistas) por un accidente o un acto terrorista se realiza invariablemente en una catedral católica, el resto tiene que venir por añadidura.

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Estos días ha trascendido la Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la enseñanza de la religión católica en la educación obligatoria. Esta Resolución, desarrollo de la LOMCE y publicada en el BOE, lleva a cabo la decisión política del Partido Popular y la Conferencia Episcopal de hacer del catolicismo una asignatura de oferta obligatoria evaluable y cuya nota cuenta para hacer media del curso. Ana Valero ya advirtió hace unas semanas en este blog (A vueltas con la religión en la escuela: aclaraciones desde la Constitución), que la obtención de la carta de naturaleza académica de la asignatura de religión católica no es sino el paso previo a justificar su incursión en el currículo educativo de la escuela pública mediante el revestimiento de pretendidos tintes científicos. No ha pasado mucho tiempo para que los hechos le den la razón. En la Resolución, cuando se detallan las directrices curriculares, se afirma:

  • “la educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona”;
  • “la enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad”;
  • “la estructura del currículo de Educación Primaria intenta poner de manifiesto la profunda unidad y armonía de la iniciativa creadora y salvífica de Dios”;
  • “si la persona no se queda en el primer impacto o simple constatación de su existencia, tiene que reconocer que las cosas, los animales y el ser humano no se dan el ser a sí mismos. Luego Otro los hace ser, los llama a la vida y se la mantiene…”;
  • “no obstante, el ser humano pretende apropiarse del don de Dios prescindiendo de Él. En esto consiste el pecado. Este rechazo de Dios tiene como consecuencia en el ser humano la imposibilidad de ser feliz”

Por lo demás se pide al alumno (quinto de primaria) que “dramatice con respeto algunos milagros narrados en los evangelios”, o que “argumente el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de Dios” (primero de secundaria).

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A muchas personas les ha sorprendido (en algunos casos indignado) que se haya utilizado la propia letra del BOE (no solo manuales, apuntes, videos o material al efecto) para decir estas cosas. Es decir, ha llamado la atención que haya sido el principal portavoz documental del Estado (obligado a respetar la Constitución –art.9.1 CE–, y por lo tanto la neutralidad, la aconfesionalidad y la libertad de conciencia) el que haya publicitado contenidos que como mínimo chocan con la historia (se habla de la intervención de Dios en ella, aunque en el currículo general de primaria no existen referencias a la evolución), y con las ciencias naturales. Por el contrario, para los obispos el currículo es coherente con una asignatura cuyo objetivo no es enseñar historia de la religión (o de las religiones), sino formar a los alumnos en los valores y creencias del catolicismo.

Mi opinión es que la Conferencia Episcopal acierta, por la sencilla razón de que quien puede lo más puede lo menos. Si impones –siquiera como optativa– una asignatura cuyo contenido es dogmático (al menos en parte), no puedes pretender que dicho contenido lo enuncie un funcionario civil; al revés, tiene todo el sentido que lo confeccione un funcionario religioso. Con el resultado referido. De hecho, la misma LOMCE (y antes la LOE) dispone que la determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas” (DA 2ª.apdo 3).

Así que la clave no está en el currículo educativo, la clave está en el poder legislativo, en la Ley. Una vez incorporada la religión como asignatura evaluable, resulta coherente que exista una Resolución del Ministerio (que se publica en el BOE) que contenga sus directrices fundamentales. Así sucede con el resto de asignaturas y, en consecuencia, es normal que también suceda con la de religión. Lo que muestra esta consecuencia de aquella decisión política y legislativa es hasta qué punto con ella se permite a las confesiones –especialmente a la Iglesia Católica– penetrar en lo más profundo del Estado, hasta confundirse (en directa contradicción con el art.16.3 CE) con él.

Llama la atención que pocos hayan advertido el contenido de la Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Formación Profesional, por la que se publica el currículo del área Enseñanza Religión Islámica de la Educación Primaria. Las capacidades que respecto de la confesión islámica y con carácter general se establecen para toda la Educación Primaria son, entre otras:

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  • “conocer y arraigar la fe en Al-lah, Creador del Universo, de todos los seres vivos y Único Dios adorado“;
  • “valorar y apreciar la importancia de la Creación y reconocer en el mundo natural la acción y atributos de Dios“;
  • “apreciar el valor de la vida humana como don de Dios y derecho a su existencia, comprender su sentido para la vida mundana y la consecución de la vida venidera“;
  • “reconocer el Corán como palabra de Dios revelada al Profeta Muhammad (P.B.) y comprender el significado de su mensaje“;
  • “leer, recitar y memorizar diferentes fragmentos del Corán, profundizar en su estudio para comprender mejor su significado, lenguaje y, en último término, la palabra de Dios“; etc.

Esta Resolución también está publicada en el BOE.

¿Alguien se imagina una asignatura, siquiera optativa, en el marco de la libertad de conciencia, para Primaria o Secundaria, cuyo currículo negara la existencia de Dios o de Al-lah, que afirmara que el pecado no existe, que la religión es –además de contraria a las leyes de la física– perjudicial para el desarrollo de la personalidad, y que Dios es una ‘ficción suprema’? Probablemente la Iglesia y el Islam lo considerarían una afrenta y un ataque imperdonables, y reclamarían su supresión. Si Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos –que sólo propugnaba el aprendizaje de los valores de la Constitución española– acabó como acabó por la presión de la reacción católica institucional, no hace falta mucha perspicacia para intuir qué pasaría con una asignatura como la imaginada.

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No debe dejar de decirse que cada paso, cada acción que contribuye a la confusión del Estado, de los poderes públicos, de los servidores civiles, con una confesión religiosa, es un atentado contra los mandatos constitucionales y contra la libertad. Y por qué no decirlo,  también resulta un atentado contra la esencia de la propia religión, al menos de la religión católica, contra el principio de dar al (y recibir del, creo yo) césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios.

Hace unos días supimos que el cura de Santoña había intervenido (con hisopo) en la inauguración oficial de los juzgados de esa localidad. Si sucesos como éste no ocurrieran diariamente a lo largo del territorio español, lo comentaríamos como una anécdota graciosa o folclórica. Pero no lo son. Esta confusión de lo público y lo católico es habitual entre nosotros y vulnera la libertad de conciencia y religiosa de los ciudadanos, amén de la obligatoria aconfesionalidad del Estado.

La libertad religiosa y de cultos es un derecho tan respetable como cualquier otro recogido en la declaración constitucional, y debe ser garantizado, pero su límite está en la libertad de los demás (la de conciencia y la misma religiosa) y en la rigurosa aplicación de aquella aconfesionalidad. En España esos límites no son respetados, al contrario, por ahora la experiencia nos demuestra que los dioses oficiales se llevan mal con la Constitución y con la libertad. Si existieran, su reputación debería estar por los suelos. Al menos en una sociedad que creyera en el Estado democrático.

Ciencia-y-Religión

La fe no se impone: la “libre” formación de la conciencia de los menores de edad

Ana Valero

                                 “El hombre sólo es digno cuando en todo, también en su religiosidad,                        camina por sí mismo (KANT: ¿Qué es la Ilustración?)

La semana pasada tuvimos conocimiento de que la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla dictó un Auto que obliga a un niño de ocho años de edad a hacer la primera comunión según el rito católico y a que asista a las clases preparatorias de catequesis, pese a la oposición de su madre y del propio menor.

En la fundamentación jurídica del Auto la jueza, apelando al “interés superior del menor”, se alinea con la opinión del Ministerio Fiscal, según el cual, que los progenitores se hubieran casado según el rito católico y que hubiesen bautizado al niño eran motivos suficientes para atribuir la decisión última al padre, titular de la patria potestad, respecto a si su hijo debe o no recibir clases de catequesis para la preparación de la primera comunión.

Con esta resolución la jueza y el Ministerio Público dejan de lado las últimas interpretaciones que, en materia de patria potestad, derechos educativos paternos y libertad de conciencia de los menores de edad, han dictado distintas Cortes Constitucionales, incluida la española, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sigue leyendo

Ashya King ¿quién decide el interés superior del menor?

Ana Valero

La detención ordenada por la Audiencia Nacional–por un tiempo máximo de 72 horas- de unos padres que sacaron a su hijo de 5 años de edad, sin consentimiento médico, de un hospital de Southampton (Reino Unido) en el que estaba ingresado por un tumor cerebral, ha reabierto el debate de cómo y quién decide cuál es el “interés superior del menor”.

Este “interés superior” es un concepto jurídico indeterminado que emplea la legislación nacional e internacional para señalar que, en los casos en los que estén en conflicto los derechos de los menores de edad con los de sus padres o con otros derechos de terceros prevalecerán, siempre y en todo caso, los derechos de los niños.

Pero determinar qué es ese interés superior y en qué consiste en cada caso concreto, resulta especialmente difícil cuando es el propio menor o sus padres los que se oponen, por motivos de conciencia, a la práctica de un determinado tratamiento médico que resulta imprescindible para salvarle la vida o evitar un grave daño a su salud física o mental.

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Parece que en el presente caso, sin embargo, la decisión de los padres de abandonar el hospital inglés y buscar en otro país un tratamiento alternativo a la quimioterapia no se funda, según ellos mismos han declarado, en su pertenencia a los Testigos de Jehová, sino que su intención era buscar una terapia por protones, menos agresiva que la radioterapia convencional que se le venía aplicando.

Sea como fuere, a los padres del pequeño Ashya King se les había retirado su tutela y la fiscalía del Reino Unido había dictado contra ellos una euroorden de detención, en la que se alertaba de un riesgo inminente para la vida del niño y se les acusaba de un delito de crueldad contra un menor de 16 años, tipo penal sin equivalencia exacta en la ley española y que podría equipararse a los malos tratos en el ámbito familiar. Sin embargo, tras el desistimiento de la justicia británica, el juez los dejó en libertad.

Ante éste u otros casos similares procede preguntarse ¿hasta dónde llega la condición de los padres como garantes de la salud o la vida del menor cuando su prevalente protección contradice las convicciones, ideológicas o religiosas, que ellos profesan y que han sido inculcadas a su hijo?; o ¿cuál es el papel que asumen los poderes públicos en tales casos? O más difícil todavía, ¿y si es el propio menor el que se opone, haciendo valer su libertad de conciencia? ¿debe ésta ser respetada?

Con respecto a cuestiones tan controvertidas el Tribunal Constitucional español se pronunció ya hace algunos años en una importante Sentencia –la 154/2002, de 18 de julio-, a través de la cual concedía el amparo, sobre la base del derecho de libertad religiosa, a unos padres Testigos de Jehová que habían sido condenados por un delito de homicidio por omisión por no autorizar la transfusión necesaria para proteger la vida y salud de su hijo menor de edad y por no tratar de convencerlo para que él mismo la aceptara.

Empecemos, sin embargo, por la última de las preguntas formuladas: ¿puede un menor de edad hacer valer ante sus padres, ante los médicos o ante un juez su voluntad de no recibir un tratamiento médico sobre la base de sus convicciones? La respuesta a esta cuestión es tan sencilla en su exposición como compleja en su determinación: la libertad de conciencia es un derecho cuyo ejercicio requiere que la persona posea una suficiente madurez intelectual y psicológica, en la medida en que las decisiones religiosas o ideológicas han de ser adoptadas de manera libre y consciente por su titular.

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En el caso que suscitó la Sentencia 154/2002, el Tribunal Constitucional reconoció que el menor de 13 años, que finalmente falleció, era titular y pleno ejerciente de su libertad de conciencia religiosa y de su derecho de autodeterminación sobre su integridad física. Así afirmó que cuando el niño expresó con claridad su voluntad de rechazar la transfusión sanguínea, coincidente con la de sus padres, ejercitó ambos derechos. Concretamente, el Tribunal dijo “la reacción del menor a los intentos de actuación médica pone de manifiesto que había en aquél unas convicciones y una consciencia en la decisión por él asumida que, sin duda, no podían ser desconocidas ni por sus padres, a la hora de dar respuesta a los requerimientos posteriores que les fueron hechos, ni por la autoridad judicial, a la hora de valorar la exigibilidad de la conducta de colaboración que se les pedía a éstos”.

Sin embargo, un elemento fundamental condicionó el fallo del Tribunal Constitucional en este caso: el carácter definitivo e irreparable del resultado al que conducía, con toda probabilidad, el ejercicio autónomo por parte del menor de tales derechos. En este orden de cosas, el Tribunal sostuvo que “no habían datos suficientes de los que pudiera concluirse con certeza que el menor fallecido, hijo de los recurrentes en amparo, de trece años de edad, tuviera la madurez de juicio necesaria para asumir una decisión vital”. La importancia de esta afirmación del Tribunal no es baladí, dado que añade un nuevo criterio a tener en cuenta a la hora de concretar el interés superior del menor. Ya que, si más arriba dijimos que concretar el contenido material de este principio exige atender al grado de madurez que tiene el niño en cada fase de su evolución para ejercer sus propios derechos, ahora añadimos que, cuando dicho ejercicio tiene consecuencias irreversibles para su vida o salud, el interés superior del menor no es otro que la salvaguarda de estos bienes.

Podemos afirmar, en consecuencia, que la decisión de un menor –aun en el caso de que tenga un elevado grado de madurez- adoptada en el ejercicio de su libertad de conciencia no es vinculante para los progenitores ni los exime del deber de velar y cuidar por el interés superior de su hijo cuando dicha decisión posee consecuencias irreversibles para la salud o la vida de este último.

Esto nos conduce, acto seguido, a la primera de las pregunta que nos hacíamos: ¿debe exigirse a los padres que actúen en contra de sus convicciones religiosas, convenciendo a su hijo de que se oponga al tratamiento médico prescrito para salvaguardar su vida o autorizándolo ellos mismos?

El Tribunal Constitucional ha llegado a la conclusión de que no, pues exigir a los padres de un menor que intenten persuadir a su hijo para que acepte la transfusión sanguínea, o que la permitan ellos mismos, supone una restricción excesiva, innecesaria y desproporcionada de su libertad religiosa. Y ello cuando, como en el caso planteado en la Sentencia 154/2002, los padres no se opusieron en ningún momento a las resoluciones judiciales que autorizaron la actuación médica. Además, era imposible estar seguros de que una actitud disuasoria por su parte hubiese producido un resultado distinto al pretendido.

Así pues, nos queda por disipar la segunda de las cuestiones planteadas, esto es, si los poderes públicos están obligados por lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución a la tutela del interés del menor en los casos en que dicha obligación no sea cumplida adecuadamente por los destinatarios originarios de aquélla, los padres o tutores.

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En efecto, dado que la patria potestad es una institución funcional destinada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad de todos sus miembros, incumbe a los poderes públicos la tarea de supervisar y comprobar que el ejercicio de aquélla se realiza siempre en atención al mayor interés de los hijos. De este modo, corresponde a la propia Administración pública encargada de la tutela de menores y a los órganos judiciales enjuiciar -de oficio, a instancia del propio menor o de terceros cualificados- las medidas paternas o tutelares que puedan haber causado lesión a los derechos o libertades del menor y adoptar las medidas necesarias para su reparación. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional español en su Sentencia 141/2000, “la tutela y protección de los derechos fundamentales del menor de edad corresponde, no única y exclusivamente a aquellos que tienen atribuida su patria potestad, sino también a los poderes públicos. Sobre éstos, y muy en especial sobre los órganos judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio de la patria potestad por sus padres o tutores, o por quienes tengan atribuida su protección y defensa, se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses, que por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el superior del niño”.

Como hemos visto al examinar la Sentencia 154/2002, cuando exigir a los padres que traten de convencer al niño para que éste admita la transfusión sanguínea o que ellos mismos la autoricen implica una restricción excesiva de su derecho de libertad religiosa, la tutela del interés superior del menor, -que en el caso concreto se correspondía con el derecho a la vida- queda en manos de los poderes públicos.

El “interés superior del menor” es un concepto jurídico indeterminado pero prevalente que vincula, en primer lugar, al propio menor cuando tenga la madurez de juicio suficiente, y no se trate de ejercer derechos con consecuencias irreparables para su integridad física o mental; a los progenitores o tutores del niño, en segundo lugar, siempre y cuando faciliten el libre desarrollo de su personalidad; y a los poderes públicos en última instancia, cuando las dos anteriores fracasen. La inversión de las citadas instancias sólo puede ocasionar, como en el caso del pequeño Ashya King, una vulneración de los derechos de todos los sujetos implicados.

Cuando la religión ocupa el espacio público

Ana Valero

El pasado lunes se ofició en la catedral de la Almudena de Madrid el último de los actos destinados a despedir al fallecido expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, un funeral de Estado. El acto, cuya polémica venía garantizada por la asistencia del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang, ha resultado doblemente controvertido por el contenido de la homilía del encargado de su oficio, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Ante más de 1.000 asistentes, entre los que se encontraban las principales autoridades del Estado, Rouco afirmó que Suárez trajo la “concordia” y la “reconciliación” a España, una España “que, con sus jóvenes, quería superar para siempre la Guerra Civil, los hechos y las actitudes que la causaron, y que, la pueden causar”.

Con esta extraña alusión a los riesgos actuales de una guerra civil, el cardenal hizo una vez más algo que ya es habitual en sus homilías, desprenderse de la sotana cardenalicia y sustituirla por una indumentaria política cargada de irresponsable provocación. Pero más allá de sus polémicas declaraciones, debemos preguntarnos ¿qué hace el ministro de culto de una confesión religiosa haciendo discursos políticos frentistas en un acto destinado a despedir al primer presidente de la democracia? ¿Por qué dicha despedida tiene lugar en el contexto de un llamado “funeral de Estado? ¿La celebración de este tipo de actos se compadece con el principio de laicidad garantizado por la Constitución?

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Desde mi punto de vista el tema admite poca discusión, no cabe, en nuestro ordenamiento constitucional, dotar de contenido religioso a este tipo de ceremonias que se celebran en nombre del Estado. Es cierto que nada impide la celebración de ceremonias privadas de contenido religioso si quienes en ellas participan así lo desean, pero el principio de laicidad impide de manera taxativa dotar de contenido religioso a ceremonias de Estado, esto es, públicas. Por ello es inadmisible que el ministro de culto de una determinada confesión haga propaganda de ésta en el espacio público institucional. Pero si esto es así ¿por qué siguen oficiándose? La respuesta es clara, los funerales de Estado son uno más de los numerosos residuos que en el plano sociológico traen causa, sin que ningún Gobierno ni legislador haya hecho nada por remediarlo, de la confesionalidad católica que ha caracterizado nuestro modelo durante siglos. Residuos que, se mire como se mire, no encuentran amparo jurídico alguno en nuestra Constitución.

Así, tampoco se justifican, desde la perspectiva del principio de laicidad del Estado, la presencia de autoridades o instituciones públicas en ceremonias religiosas. Tal es el caso de la presencia de miembros de las corporaciones municipales o de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las procesiones religiosas católicas, en algunos casos incluso en calidad de Hermanos Mayores de determinadas Cofradías. Tratar de justificar dicha vulneración del principio de separación entre Iglesia y Estado sobre la base de motivos de índole puramente cultural, folclórico o festivo implica desconocer que el derecho de libertad de conciencia de los ciudadanos que no profesan dicha confesión puede quedar en entredicho al ver cómo sus representantes se identifican con las manifestaciones de culto de dicha religión.

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El último de los residuos de dudosa constitucionalidad, por vulnerar el principio de laicidad del Estado y, por ende, la libertad de conciencia de los ciudadanos, es la presencia de símbolos y emblemas religiosos en los edificios públicos. Algo con respecto a lo cual se ha pronunciado recientemente la Defensora del Pueblo en su último Informe Anual, desaconsejando la presencia de crucifijos en la sala de plenos de las corporaciones locales. Presencia que también se da en los centros docentes públicos, junto con el belén navideño, y en los juzgados. Pues bien, en todos estos casos queda comprometida la neutralidad del Estado porque dicha presencia implica una suerte de preferencia por parte de las autoridades públicas de una concreta creencia frente a otras y, además, preside la actividad pública de que se trate, confundiendo la función pública y la función religiosa. Confusión que se agrava cuando de la presencia de símbolos religiosos en las aulas de centros docentes públicos se trata. Y ello porque el símbolo de que se trate –principalmente el crucifijo-, además de presidir la actividad docente e identificarla a ella y a los encargados de impartirla con la confesión que representa, ejerce un influjo indudable sobre el alumnado que carece todavía de la madurez suficiente como para que les resulte indiferente.

La “laicidad” del Estado es el único marco posible para que la “libertad” de todos ciudadanos en materia de conciencia sea real y efectiva. Exijamos, por tanto, a nuestros representantes que dejen de ser continuistas con prácticas que se remontan ya al siglo pasado y avancen de una vez por todas por la senda de la neutralidad.

Si San Bernardo levantase la cabeza (sobre funerales de Estado)

Fernando Flores

Si San Bernardo levantase la cabeza estaría la mar de contento con España, pues comprobaría cómo la doctrina de las dos espadas que inventó allá por el siglo XI sigue vigente y en buena forma.

Ayer, una vez más, y en el contexto de una tragedia tan impactante y demoledora para la sociedad como la del accidente de tren que ha costado la vida a setenta y nueve personas, el Estado español mostró su incompetencia para cumplir adecuadamente el artículo 16 de la Constitución. Como en otras ocasiones (11M, incendio de Guadalajara, víctimas del metro en Valencia…) ni se respetó la aconfesionalidad del Estado, ni se respetó, lo que es especialmente grave, la libertad de conciencia y religiosa de los fallecidos (y familiares) que no profesaban la religión católica.

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A las siete de la tarde los representantes civiles del Estado (los Príncipes de Asturias, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, junto a su esposa Elvira Fernández, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la duquesa de Lugo, Infanta Doña Elena, que presidieron la misa “oficial”; cuatro ministros, el Fiscal General del Estado, el secretario general del PSOE …) ocupaban sus asientos en la catedral de Santiago. Unos centímetros más arriba de ellos, en el altar, celebraba el Arzobispo Julián Barrio. Esa es la imagen de nuestro país, unas instituciones incapaces de estar a la altura que se requiere, incapaces de consolar a los ciudadanos en sus peores momentos sin un cura de por medio. Suena fuerte pero así es.

Dice el Tribunal Constitucional español, cuyo presidente ocupaba la primera fila de autoridades en el mencionado funeral, que la libertad religiosa “garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual…” (STC 177/1996).

Es lo que se ha dado en llamar vertiente interna o negativa de la libertad religiosa. Junto a ella, y completándola, existiría la dimensión externa de la libertad religiosa, que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros, es decir, para mostrar públicamente las mismas.

Pero no nos alejemos de la vertiente interna. El Tribunal Constitucional dice que la libertad religiosa es esgrimible ante “actos de los poderes públicos que, incumpliendo el mandato constitucional de no confesionalidad del Estado, obliguen a una persona a participar en un acto de culto, en contra de su voluntad y convicciones personales”. Me pregunto si los familiares posiblemente agnósticos o ateos (o judíos, musulmanes, protestantes, budistas…) de las víctimas del accidente tenían opción de abstenerse de asistir al funeral, o estaban “obligados” a presentarse en el mismo. ¿Acaso va a haber otro homenaje de Estado diferente? Además, la sola “opción” de asistir ¿no se entromete ya en la libertad de conciencia del familiar? ¿Dónde queda su “claustro íntimo de creencias vinculado a la propia personalidad y dignidad”, si el hecho de no asistir a la catedral viene a revelar su “posición intelectual ante el fenómeno religioso”?

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El funeral oficiado por un obispo en una catedral católica obliga a los familiares no católicos a renunciar al homenaje del Estado al que tienen derecho, o a asistir a él en el marco de una celebración religiosa que no comparten. Eso vulnera su libertad de conciencia y religiosa. Sucedería lo mismo para los no musulmanes si ese funeral oficial se celebrase por un imam en una mezquita, o para los no judíos si se oficiase por un rabino en una sinagoga.

Se dirá por algunos que no es el momento de hablar de este tema. Nunca lo es. Cuando se argumenta “en caliente”, como es el caso, porque se trata de ruido innecesario que falta el respeto al dolor de los familiares de las víctimas (siempre, claro, que nos refiramos a los familiares católicos y nos olvidemos del dolor del resto, que suman a éste la afrenta de un homenaje a través de un rito ajeno). Cuando se argumenta “en frío”, porque no es un problema que preocupe a la sociedad, porque busca el enfrentamiento y la crispación, porque trata de arrinconar a la Iglesia en lo privado y perseguir a los creyentes.

Sí es el momento, cualquier momento lo es. Al menos habrá de serlo mientras, anclados en el siglo XI, se continúe incumpliendo la exigencia constitucional de neutralidad del Estado (que “veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y estatales”, STC 177/1996), y con ella la libertad de conciencia y religiosa de personas que ya tienen suficiente con la tragedia de perder a sus seres más queridos.

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