Derecho a la desinformación

Carlos Penedo

La igualdad, la libertad, la cultura requieren el compromiso del interesado:

El titular con el que comienzo el presente artículo es claramente una provocación para despertar interés, como tantos que abundan, la diferencia es que éste no pretende monetizar la sorpresa mientras que el texto del mismo sí pretende ofrecer un contenido equivalente al esfuerzo de su lectura.

Por tanto, más que un ejemplo de clickbait, es decir, de titulares-cebo que únicamente buscan accesos, aumento de tráfico, visitas y la consiguiente decepción del lector, en este caso se trata de la clásica reducción al absurdo, que si está bien construida no es tan reducida ni tan absurda.

Entrando en el tema, existe una preocupación real sumada a alguna otra forzada que traer causa del crecimiento de la desinformación (fake news, noticias falsas) en el ecosistema digital que marca hoy toda nuestra vida y que afecta especialmente -y se ve afectado- a los ámbitos periodístico, empresarial y político.

Dese por hecho que en una democracia la libertad de expresión y de información es uno de sus ejes fundamentales, y que su ataque rivalizaría en gravedad con muy pocos comportamientos, quizá solo con el espionaje a contrincantes políticos. La actualidad dice que hoy estos derechos informativos se ven obligados a convivir en un escenario donde también habitan contenidos averiados, manipulados, que despiertan altas dosis de inquietud periodística, empresarial y política.

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información:

Se repite que los ciudadanos tenemos el derecho a la información. ¿Qué significa esto?

En el artículo 20 de la Constitución española, en el capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, “se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”; y “a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”. Este artículo incluye también la libertad de cátedra; y garantiza el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. “El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”, advierte. Y, “Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

De su lectura se deduce, por tanto, que el ciudadano tiene el derecho a informar (“expresar y difundir libremente”) y a ser informado (“recibir libremente información”). Habría que matizar a este respecto que el panorama ha cambiado desde 1978 y que la clásica distribución de tareas -el derecho a informar para los medios de comunicación y el papel de informado pasivo al ciudadano- ha saltado por los aires. En la actualidad, al menos como planteamiento, todos somos emisores y receptores de información. Si la información ya no es exclusiva del gremio periodístico cabría abrir el debate, para otra ocasión, de si no serían exigibles esos requisitos de veracidad informativa a todo el que difunda información.

La Constitución establece claramente como límites a esa información el delito y la censura, marco que se aconseja también aplicar a la desinformación.

Aquellos padres fundadores de la democracia española, asistidos por un muy amplio equipo detrás, incluyeron una expresión realmente controvertida, “información veraz”, que con los años se ha convertido en centro de atención cuando el volumen desmesurado de contenidos por los canales digitales impide aparentemente distinguir la calidad de lo que circula.

La “información veraz” puede tener una doble interpretación, desde el punto de vista de la comunicación y desde el ámbito del Derecho.

Desde el punto de vista de la comunicación, se trataría de acercarse al concepto de verdad periodística, verdad informativa, la verdad comunicada, que no es algo tan rotundo como una verdad científica, sino la reconstrucción que hace el periodista de la realidad a partir de unos hechos. Lo que habría que exigir a los profesionales de la información y a las empresas informativas no sería, por tanto, una verdad matemática, sino la honestidad-profesionalidad en los procedimientos.

Desde el punto de vista jurídico, la sinopsis que ofrece el Congreso en su web del articulado de la Constitución  aclara que “el precepto constitucional exige la veracidad en el caso de la información, lo cual se ha interpretado como necesidad de veracidad subjetiva, es decir, que el informante haya actuado con diligencia, haya contrastado la información de forma adecuada a las características de la noticia y a los medios disponibles, puesto que de exigirse una verdad objetiva eso haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información”.

Cuando hablamos entonces de la veracidad de la información, en el fondo estamos haciendo referencia a la calidad de los contenidos informativos, que puede interpretarse como una consecuencia de la profesionalidad en su elaboración, de la actuación profesional del periodista. Circunstancias, en cualquier caso, difícilmente garantizables por contrato, teniendo en cuenta que a menudo se etiquetan como información contenidos de ocio que inundan las redes o contenidos manipulados publicados por medios de comunicación perfectamente respetables, o respetados por muchos.

Recibir y difundir información rigurosa requiere un trabajo profesional y un compromiso individual:

No es posible garantizar por ley o por censor la calidad de la información, otra cosa es limitar físicamente métodos de difusión fraudulentos y de generoso uso como las cuentas automatizadas, o exigir transparencia en los contenidos patrocinados, que es por donde avanzan iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea.

Lo anterior justifica el título del presente artículo, pues en una democracia tenemos el derecho a ser desinformados, ya que el derecho a difundir y recibir información no puede ser limitado salvo por el Código Penal, lo que no equivale a vivir permanentemente en un basurero informativo.

Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía y referencia feminista, ha dejado escrito que “si queremos realmente que este mundo nuestro, que es bastante mejor y más habitable que los anteriores, perviva, tenemos primero que saber bien qué es, y aprender a defenderlo con las mejores razones. Nuestro mundo -añade- no pertenece a la cadena espontánea de las cosas. La democracia no viene de serie, la igualdad no viene de serie, la libertad no viene de serie”.

Es error muy extendido considerar asuntos complejos y valiosos, la información rigurosa, la democracia, el progreso o la igualdad, como materiales acabados, empaquetados y disponibles en el lineal del supermercado, en lugar de procesos que requieren el esfuerzo del interesado y además de forma continuada.

Nunca estaremos suficientemente informados, nunca la igualdad entre sexos estará garantizada, nunca la democracia española alcanzará un punto de perfección y no retorno, nunca España estará suficientemente vertebrada (y esto es lo contrario al pesimismo de Ortega continuamente revisitado durante los últimos cien años) … se trata de procesos.

Tenemos derecho a desinformar y ser desinformados, porque otra cosa sería vivir en un Estado no recomendable, aunque por supuesto el objetivo es recibir y emitir una información rigurosa pero que requiere su trabajo y es un proceso que nunca se puede dar por finalizado.

Damos por hecho que la información rigurosa implica un esfuerzo profesional y económico en su elaboración, la buena información es lenta y cara de producir; no resulta tan admitido que estar informado también requiere un esfuerzo individual, personal, acudiendo y premiando a quienes nos ofrecen contenidos de calidad, cuando no pagando por esos contenidos como parece que se nos pedirá en breve por parte de las principales cabeceras.

Exigir una verdad objetiva haría imposible o dificultaría en extremo el ejercicio de la libertad de información:

La solución a estos asuntos complejos suele ser multifacética y de largo plazo, ligada a la educación (alfabetización digital), a la cultura, a la salud democrática que no sólo hay que exigirla a los políticos profesionales, al trabajo continuado que va construyendo lentamente una reputación profesional y al reconocimiento del papel de ciertos mediadores que nos ayudan a digerir la actualidad (a los que no ayuden no hay que reconocerles nada).

Huyamos de las soluciones simplistas e inmediatas; las de quienes alarman con la seguridad amenazada sin ofrecer datos que lo sustenten, de quienes amagan con limitar contenidos; y las de quienes nos desinforman; pero huir de estos caramelos requiere un esfuerzo.

El sistema de libertades y el entorno tecnológico facilitan que seamos desinformados… y en manos de quien quiera evitarlo está que no sea así. Nunca han existido mayores oportunidades para informarse y formarse con contenidos de calidad, lo que requiere un comportamiento activo por parte del interesado.

 

Noticias falsas (fakenews) y derecho a la información

Joaquín Urías

El prestigioso diccionario británico Collins publica a final de cada año su listado de las nuevas palabras y expresiones que más se han usado. El número uno de esa lista durante el año 2017 lo ha ocupado la expresión “fake news”, que se suele traducir como ‘noticias falsas’, aunque debería hacerse como ‘noticias falseadas’.

Se trata de una categoría que hace tan sólo unos meses no usaba nadie y que sin embargo de pronto se ha colado en nuestro lenguaje cotidiano. En su difusión extraordinaria ha tenido mucho que ver el Presidente norteamericano Donald Trump, que lo usa con frecuencia en sus tuits, apropiándose de una idea que empezó a utilizarse precisamente contra él: para denunciar la manipulación operada por algunas empresas informativas estadounidenses que, durante la campaña electoral, no dudaron en inventarse noticias escandalosas con la intención de perjudicar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Así que en poco tiempo se ha puesto de moda anunciar con tono apocalíptico que las fake news son una de las grandes amenazas actuales para la prensa y el derecho a estar informados. Sin embargo, aunque las noticias falsas construidas expresamente para crear opinión pública a partir de hechos inexistentes es un peligro para la libertad de información, el uso indiscriminado de la propia expresión fake news supone un peligro aún mayor: una vez que se ha puesto nombre a los peores mecanismos de manipulación, es difícil no caer en la tentación de aplicarlo a cualquier noticia que queramos descalificar. El resultado es que se acaba por poner en duda la veracidad de cualquier información, dejando a la población en manos de bulos de cualquier tipo. Veamos cómo pasa esto. Sigue leyendo

Sobre las imágenes de niños muertos

Jesús García Cívico

Llevo tiempo recogiendo datos sobre un tema doloroso del que, por una u otra razón, nunca me he atrevido a publicar nada, ni siquiera a hablar de ello en voz alta. Es un texto al que, lamentablemente, regreso una y otra vez. Es un texto sobre niños muertos y lo de regresar a él una y otra vez se debe a que los niños no dejan, nunca han dejado, de morir. El texto adquiere cada cierto tiempo una lúgubre actualidad y es por ello que me atrevo a compartir una parte muy sintética de él en este blog.

De forma muy resumida podríamos convenir en que entre todas las causas por las que mueren los niños, la más terrible es el suicidio. Tal es el inasumible contraste entre la esperanza y la felicidad que tradicionalmente asociamos al territorio de la infancia y el desesperado y triste cálculo que el niño realiza tan tempranamente entre la dureza que le ofrece la vida y la salida que le permite la muerte. A menudo, el suicidio del niño resulta de un infierno en el entorno que consideramos más apropiado para él: la escuela (ese lugar con el que los padres del «Centro», los otros padres, se apresuran a solidarizarse). Otras veces el suicidio del niño es resultado del infierno en el hábitat que consideramos especialmente monstruoso para él: redes de tráfico de menores, pederastia, esclavitud sexual. En esa gradación del horror más incomprensible, deberían aparecer en una posición pareja, los niños que mueren maltratados por sus propios padres. En tercer lugar, uno situaría todos los crímenes cometidos contra los niños. ¿Y la guerra? Sigue leyendo

Detener a periodistas en manifestaciones

Joaquín Urías

El fotógrafo de un periódico está cubriendo una manifestación. El acto se vuelve violento y entonces la policía le pide a todos que desalojen la calle. La mayoría de la gente lo hace. Se queda, sin embargo, un grupo de unos veinte irreductibles que organizan una sentada. Junto a ellos permanece el fotógrafo, a quien su periódico le ha pedido que documente si se producen incidentes finales. Hasta que la policía, cansada, los detiene a todos y los acusa de desobediencia. Al fotógrafo también.

La acusación lleva a un proceso y en él el tribunal competente dicta una sentencia declarando al periodista culpable de delito de desobediencia. Sin embargo, el mismo tribunal toma en cuenta el hecho de que estaba trabajando como informador y por ello decide no condenarlo a ninguna pena. Es decir, lo declara culpable, pero no le impone ningún castigo.

El periodista, no obstante, está disconforme. Cree que su detención ha sido ilegal y que a él no se le puede declarar culpable de nada. Así que decide recurrir la sentencia… incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Sigue leyendo

Libertad de información: versión original

Fernando Flores

Resulta curioso que una página web llamada “Versión Original” haya provocado una suma de sobreactuaciones (en el ámbito político y mediático) tan concentrada en tan poco tiempo.

La página en cuestión, creada por el equipo de gobierno recién llegado al Ayuntamiento de Madrid, declara como objetivo “ofrecer directamente a la ciudadanía información contrastada sobre la actividad municipal… (así como) rectificaciones y matizaciones sobre noticias aparecidas en medios de comunicación”. El origen de la misma es conocido: desde que Carmena llegó a la alcaldía, una parte considerable de su trabajo consiste en rectificar y matizar declaraciones de sus concejales, bien porque estos no han sido especialmente hábiles haciéndolas, bien porque algunos informadores las han interpretado mal (sin mala intención), o sencillamente las han tergiversado (con mala intención). Sigue leyendo

Los derechos de la víctima frente a los medios de comunicación

Rosario Serra Cristóbal

Acaba de aprobarse la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, de 27 de abril 2015, que entrará en vigor en 6 meses. Debemos felicitarnos por ello, habida cuenta de la dispersión y carencias legales que existían al respecto. No obstante, no todas sus previsiones han logrado el consenso que se hubiese deseado. Quisiera detenerme sólo en una insuficiencia de esta nueva norma, más bien en una oportunidad desperdiciada que hubiese coadyuvado a una mejor protección de las víctimas del delito frente a los medios de comunicación y frente al afán voraz del público por acceder a cualquier detalle sobre el delito y el proceso penal que le sigue.

Estamos demasiado acostumbrados a informaciones elaboradas por periodistas no demasiado documentados en asuntos judiciales, a conocer datos que están bajo el secreto del sumario, a noticias que presentan errores o simplifican enormemente la realidad, o a reportajes que únicamente vienen a alimentar una avidez sin sentido de información por parte de la ciudadanía. Pensemos igualmente en el fenómeno de los juicios paralelos o en la transformación del proceso mismo en una especie de espectáculo informativo. Cuando todo ello sucede, no sólo desaparece la funcionalidad de la libertad de informar, sino que, además, pueden ocasionarse daños en los derechos de la personalidad de cualquiera de las partes implicadas en el proceso.

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Especialmente las víctimas de determinados delitos, como los de violencia por motivos de género (agresiones sexuales, acoso, trata de mujeres, violencia doméstica, etc.) o los perpetrados contra menores, sufren un menoscabo superior en sus derechos de la personalidad cuando el tratamiento dado por los medios de comunicación a la noticia no es el apropiado. Esto conlleva el riesgo de agravar la situación de la víctima, fundamentalmente porque la libertad informativa ejercida sin limitaciones puede suponer un grave atentado a su dignidad, dificultando, aún más, su reintegración en su vida cotidiana y generándose una segunda “victimización”.

Tradicionalmente se ha considerado que esto se origina cuando se produce cualquier incremento innecesario de los perjuicios producidos a la víctima como consecuencia de sus relaciones con el sistema penal. Pero, la victimización secundaria puede provenir no sólo de la interacción de la víctima con los agentes policiales y judiciales, sino también, en paralelo, por el tratamiento que los medios de comunicación dan a determinados delitos.

La información que transmiten los medios sobre los procesos penales tiene una doble finalidad: Por un lado, garantiza la publicidad del proceso (y los derechos de la defensa) y, por otro lado, coadyuva a la formación de una opinión pública libre. La existencia de un flujo de información permite a los ciudadanos estar al tanto, entre otras cosas, del funcionamiento de los poderes públicos y conocer los problemas sociales y las soluciones propuestas por las administraciones públicas. Aquí es donde cobra protagonismo el derecho fundamental a ser informado. Sin duda, existe un interés por parte de la ciudadanía en estar informados de estas cuestiones. Nos importa conocer el tipo de delitos que se cometen a nuestro alrededor, la peligrosidad o seguridad que existe en nuestros días, cómo reaccionan los poderes públicos para prevenir y perseguir las infracciones penales, etc. Queremos información para cubrir necesidades de naturaleza muy distinta, desde poder adoptar medidas de precaución ante los posibles peligros, “que conocemos que existen porque fluye la información”, hasta poder ejercer un control-crítica sobre la respuesta de las instituciones del Estado al delito.

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Lo que debemos plantearnos entonces es si la información sobre lo que sucede en el proceso viene efectivamente a cubrir alguna de las funciones de la libertad informativa, si esa información promueve o responde al cumplimiento de una función, y si viene a satisfacer una necesidad informativa de los ciudadanos.

A este respecto debemos recordar que el derecho a ser informado solo cubre, y no siempre, el derecho a serlo de lo que es de “interés público”. Debemos partir de la finalidad del derecho a comunicar y recibir información, recordando los requisitos necesarios para entender que el ejercicio de tales derechos se ajusta a la finalidad perseguida. Esos requisitos son: la veracidad, la relevancia pública de los datos o información que se transmiten y que la información sea necesaria para la comprensión de la noticia de la que forma parte (STC 46/2001, de 25 de febrero).

Por lo tanto, no tenemos derecho a conocerlo todo, o todo lo que despierta nuestro particular interés, ni siquiera cuando ese interés se convierte en algo generalizado en la colectividad. Desgraciadamente, muchas veces, el interés por determinados hechos delictivos y sus víctimas viene a alimentar más al “morbo” que al puro derecho a ser informado.

El problema es que, en no pocas ocasiones, la identificación de la víctima o los contenidos que difunden los medios sobre la vida de ésta, sus hábitos y conductas, sus relaciones sentimentales, y otros tantos aspectos, generan un notable daño en su intimidad y privacidad. Es más, el modo en que esa esfera privada es transmitida por los medios al público puede contaminar de un cierto aire de sospecha la opinión del lector, de tal modo que acaba explicándose el porqué de los malos tratos en un caso concreto de violencia de género (cuando éstos jamás pueden tener una justificación), o culpabilizando a una prostituta que ha sido violada por su vida licenciosa, o haciendo responsable a una víctima de la trata por su falta de precaución.

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Realmente, ¿tiene algún interés para el público el conocer la identidad de la víctima, su pasado, o sus relaciones afectivas, en definitiva, su intimidad? Debemos recordar de nuevo que el derecho a informar lo es sólo de aquello que es relevante. Y difícilmente podemos imaginar que la intimidad de una persona, bien entendida, pueda comportar algún interés público. Ni podemos pensar que determinada información sobre los aspectos íntimos de las circunstancias que concurren en una víctima de un delito pueda estar cumpliendo ningún fin social.

Por lo tanto, cuando lo que se está trasmitiendo no cumple con uno de los elementos necesarios de la libertad informativa, “la justificación, finalidad social o la necesidad para la comprensión de la noticia”, estamos moviéndonos fuera de la esfera de actuación que protege el art. 20.1.d) de la Constitución. No se está ejerciendo propiamente un derecho fundamental. Los detalles morbosos sobre la comisión de un delito, las relaciones afectivas que la víctima de un delito de violencia sexual pudo tener en el pasado (sin relación con hecho delictivo mismo), las imágenes de mujeres hacinadas en un piso que han sido víctimas de trata de seres humanos, y que aparecen en nuestra pantalla del televisor cuando la policía descubre una red de esta naturaleza, y otros muchos más, son ejemplos de “noticias” que escapan al objeto del derecho a informar y recibir información. Son hechos superfluos cuya transmisión por los medios de comunicación dañan de forma gratuita derechos de las víctimas y conducen a una segunda victimización.

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Evitar esa segunda victimización y salvaguardar derechos de la víctima como la vida privada, intimidad y dignidad son objeto de protección principal en la Ley del Estatuto de la víctima del delito que acaba de aprobarse. Sin embargo, en el cuerpo de la misma no se hace expresa referencia a la responsabilidad que corresponde a los medios de comunicación. Y ello cuando la Ley, precisamente, viene a implementar la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Y el art. 21.2 de dicha Directiva indica que: “Respetando la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo, los Estados miembros instarán a dichos medios a aplicar medidas de autorregulación con el fin de proteger la intimidad, la integridad personal y los datos personales de las víctimas”.

No nos encontramos ante la mejor de las garantías normativas de la víctima frente a los medios de comunicación, pero la Directiva abría una oportunidad a nuestro legislador para que diese respuesta a la realidad que se describía más arriba. Lógicamente, la dificultad del recurso a la autorregulación de la función periodística reside en la naturaleza que tienen las normas de carácter deontológico. Los códigos deontológicos pueden establecer loables reglas de comportamiento y respetuosas normas de actuación en el ejercicio del periodismo, pero fallan los mecanismos que aseguran un eficaz cumplimiento de las mismas. Aún así, con invitación de la Directiva o sin ella, el legislador tenía la ocasión de proteger a las víctimas frente a la desmesura informativa y no lo ha hecho.

Tan sólo podemos apuntar que en la Disposición final primera de la Ley del Estatuto de la víctima sí incluye una modificación de los arts. 680-82 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desarrollando con más detalle la posibilidad de que el Juez prohíba la publicación de información o divulgación de imágenes de la víctima y sus familiares, o partes del proceso. Ello con el fin de salvaguardar “el derecho a la intimidad de las víctimas, el respeto debido a la su familia, o la necesidad de evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso”. Pero son medidas que, de un modo u otro, ya estaban recogidas en la Ley de testigos protegidos, de violencia doméstica u otras.

En fin, se podía haber ayudado a minorar uno de las perversiones del afán del público por saberlo todo, y a reglar (e incluso sancionar) el ejercicio de la libertad de información ejercida sin mesura, actitud que acaba lesionando los derechos de la víctima del delito en demasiadas ocasiones. Porque son supuestos en los que no se está ejerciendo la libertad de informar o el derecho a ser informado, sino otra cosa.

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TVE y servicio público: ¿De qué estamos hablando?

Ana Valero

El pasado martes 25 de febrero TVE emitió, como todas las tardes desde el pasado mes de agosto, el más polémico de los programas de su parrilla, Entre Todos. Un programa que la propia web de RTVE define, propagandísticamente, como de “servicio público”, entrevista a personas que se encuentran en situaciones extremas de necesidad, cuando no de exclusión social, para que cuenten en directo su drama personal. Una presentadora con un discutible sentido de la ética y la estética periodística, hurga en su desgracia mientras canaliza las llamadas de ayuda de los tele-espectadores. En un país donde el “Estado del bienestar” está siendo desmantelado a marchas forzadas, y donde se hacen retroceder los derechos sociales y las libertades civiles, no puede negarse cierta coherencia a eso de sustituir servicio público por caridad. Si quitas algo, lo mejor es que pongas otra cosa, aunque sean migajas. Esta es la ideología que nos traen los que abominan de la ideología, y nos la traen desde la radio y la televisión públicas.

En el último programa de Entre todos, la presentadora Toñi Moreno traspasó la línea roja al alentar a una presunta víctima de la violencia de género a que volviese con el que definió como el “hombre de su vida” y la reprendió afirmando que “quien no denuncia los malos tratos, debe callar para siempre”. Pero es que esa misma semana, en otro magazine llamado La Mañana de la 1, su conductora, Mariló Montero, organizó una mesa de debate sobre un curso que se iba a celebrar en Barcelona el 22 de febrero bajo el título “Ser puta no es fácil”. En dicho debate la directora del curso defendió el interés que en tiempos de crisis puede tener para las mujeres aprender las “claves del oficio” y la presentadora se negó a que, lo que muchos podríamos entender como “apología de la prostitución”, pudiera ser discutido y contrarrestado por el punto de vista de otra de las invitadas, la abogada y feminista Lidia Falcón, al suspender de manera inesperada el debate.

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Cláusula de conciencia del periodista, se necesitan héroes

Pepe Reig Cruañes

Cuando tres periódicos se deshacen de sus directores sin que las plantillas digan ni mu, quizá sea el momento de poner las lealtades informativas a remojar. No es que el cambio de director no pueda ser una simple opción empresarial sin consecuencias en la línea informativa de esos diarios, es sencillamente que en este caso sería milagroso que fuera sólo eso. Deudas bancarias, pérdida de lectores y presiones políticas son demasiadas realidades para tanto milagro. Así que tenemos, no uno, sino tres diarios (¿sólo tres?) sometidos a cambios que podrían considerarse sustanciales en “la línea editorial”.

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Los dos apellidos de la democracia (a propósito de la grabación de plenos municipales)

Por Sergi Tarín y Fernando Flores

1. La idea de grabar plenos municipales y otras reuniones en que los representantes públicos discuten y deciden sobre temas de interés general se va extendiendo. Estas grabaciones ponen en común algunas elementos esenciales del sistema democrático: la información, el control y la responsabilidad.

La información sobre lo que se discute. De qué se habla y en qué términos, quién defiende qué cosas, y con qué argumentos lo hace.

El control por parte de los ciudadanos. Esa información les permite vincular las tomas de posición, las decisiones y las acciones sobre lo público, con los representantes y los partidos políticos que las adoptan. Éstos, al sentir el aliento cercano de sus electores, se ven más presionados para actuar como les prometieron en campaña.

Y la responsabilidad de los representantes. Porque todo lo anterior –la información de los hechos y la detección de sus causantes (causantes para bien y para mal)– permite reclamarles con conocimiento de causa, favoreciendo la claridad de lo sucedido y evitando el tan hábil como habitual escapismo de los responsables.

Por lo demás estas grabaciones no son pasivas, sino que suelen acompañarse de intervenciones de los vecinos dirigidas a obtener información, aclaraciones o, simplemente, hacer llegar a los gobernantes su malestar por cualquier circunstancia. Es decir, las grabaciones son una muestra de la voluntad participativa de algunos ciudadanos en la toma de decisiones y en la gestión de la cosa pública. Una voluntad que encaja perfectamente en lo que, por ejemplo, predica la web del Ayuntamiento de Valencia respecto de las juntas municipales:

“Las juntas municipales son órganos de gestión desconcentrada cuya finalidad es aproximar la gestión municipal a los vecinos e incentivar su participación en los asuntos de competencia municipal”.

2. Pero la verdad es que estas grabaciones producen cierta (en ocasiones mucha) incomodidad entre los alcaldes, concejales y algunos vecinos palmeros. ¿Por qué?

Si los plenos municipales tratan cuestiones que afectan a la gente y abordan cosas públicas de interés general. Si quienes trabajan en ellos, los representantes, están pagados por los ciudadanos, a quienes sirven. Si son votados por ellos tras arduas campañas de seducción electoral… Si esto es así, ¿por qué muchos de esos representantes hablan de las grabaciones como un boicot a las instituciones? ¿Por qué vinculan a los activistas como minorías insignificantes pero ruidosas y molestas? ¿Por qué, en no pocas ocasiones, tratan de impedir con la fuerza pública esas grabaciones?

Afortunadamente estas actitudes están cambiando, aunque, hay que decirlo, lo están haciendo obligadas por sentencias judiciales, informes jurídicos que las rechazan y mucha presión popular.

Los jueces han dicho que:

– Los plenos son sesiones públicas que, por esencia, implican que cualquier ciudadano pueda conocer pormenorizadamente lo que sucede en ellos.

– Los poderes públicos en democracia se caracterizan por su transparencia. Esto supone que sus decisiones no solo pueden sino que deben ser conocidas por los ciudadanos.

– El derecho a la elaboración y transmisión de la información no sólo pertenece a periodistas y administraciones. También los ciudadanos, cualquier ciudadano, tienen la facultad de informar por cualquier medio sobre hechos de interés público, y, por supuesto, mostrar su opinión respecto de los datos que transmite.

– El límite al ejercicio de ese derecho viene dado por la salvaguarda del orden público. Si la obtención de información alterase el buen funcionamiento del pleno (circunstancia difícilmente producible si el que graba simplemente se limita a grabar), quien preside el mismo (alcalde o concejal), podrá impedirla o reconducirla. Cualquier limitación a ella deberá ser, en todo caso, motivada.

Y para fundamentar estos argumentos los jueces se han basado en jurisprudencia constitucional, como la que afirma que:

– Las libertades de expresión e información no tienen más límites que los fijados por la Constitución, y estos límites son los derechos y las libertades de los demás. No cabe la censura previa.

– Los poderes públicos no solo no pueden tomar medidas que prohíban la elaboración y difusión de información, tampoco tienen legitimidad para adoptar aquellas que simplemente restrinjan, obstaculicen o disuadan al ciudadano de llevar a cabo su derecho.

– Las sesiones plenarias de los Ayuntamientos son públicas y –salvo en casos puntuales, que pudieran declararse formal y motivadamente reservadas– no hay restricción alguna al derecho de la ciudadanía a su directo e inmediato conocimiento.

3. Pero no solo grabar. Grabar es una acción que simplemente da fe de lo que ocurre en los plenos, pero obviamente lo importante es “lo que ocurre” en ellos.

El pasado miércoles día 20 de marzo tuvo lugar en el distrito marítimo de Valencia una junta municipal. Previamente, la Asamblea del 15M Pobles de la Mar había presentado dos preguntas: una de ellas referida a las propiedades municipales en el barrio del Cabanyal-Canyamelar y los desalojos que se están produciendo en él (con las consiguientes consecuencias para las familias en riesgo de exclusión social); y otra relativa al Consorcio de la Copa del América, en relación a la cesión de la dársena a la ciudad, que el Ayuntamiento de Valencia vende “como un gran logro y un gran acontecimiento para la ciudad”, pero que en realidad y desde hace años se trata de un espacio público abandonado.

En esa reunión sucedieron dos cosas reseñables:

La primera es que no se facilitó la grabación. La Policía local trató de impedir la entrada al periodista que llevaba la cámara y, sólo tras mucha insistencia, cierta tensión y habiendo esgrimido argumentos jurídicos y sentencias, quien presidía la junta dio permiso a la Policía para que le permitiera la entrada.

La segunda es que, una vez dentro, no se facilitó de forma adecuada la información requerida por los ciudadanos. Se quiso “cubrir el expediente” de manera formal, y pasó esto:

¿Para qué necesito ir personalmente y en grupo a una Junta municipal a leer unas preguntas si la autoridad política me da las respuestas por escrito para que me las lea en casa? ¿Cómo puedo pedir, por ejemplo, aclaración de lo que no entienda? ¿En la siguiente Junta, el mes que viene? ¿Sólo podré quejarme por escrito de las tramposas, publicitarias y evasivas respuestas? ¿También he de reírme por escrito si éstas me llevan a la carcajada? Es antológica la risotada general del público -minuto 2:40- ante la información leída finalmente por la secretaria según la cual el Ayuntamiento solo tiene 15 casas en los barrios marítimos. Todo el mundo sabe que, simplemente, eso es falso. Desde que se aprobó el PEPRI en el 2001 (con la propuesta estrella de la alcaldesa Rita Barberá de demoler 1650 viviendas para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar) el Ayuntamiento ha comprado, según sus propios informes de urbanismo, 559 viviendas. De éstas, 123 ya han sido demolidas. El resto, salvo 21 que están alquiladas, permanecen tapiadas, en estado ruinoso o ocupadas por familias pobres que, en su mayoría, llevan años en lista de espera para obtener una vivienda de protección social.

4. En conclusión. La burocratización extrema del sistema democrático es la prueba no solo de una inclinación práctica del ser humano a la hora de resolver las cosas del modo más fácil y rápido posible; también y sobre todo es la muestra de una profunda falta de respeto al ciudadano.

La reivindicación social y la presión continua de los ciudadanos comprometidos con la democracia se están mostrando como el único medio para obtener la realización de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente, y para provocar el cambio político y social. Esto es debido a que los poderes públicos solo parecen capaces de aceptar (y a rastras) las reglas básicas de la democracia formal, pero no de (siquiera) imaginar la necesidad y la obligación de hacer de ese sistema algo real.

La participación ciudadana en las juntas de distrito o en los plenos municipales ejercitando el derecho a la información es un ejemplo más de la creciente conciencia ciudadana de que su implicación en los asuntos públicos es un derecho y un deber, y que de ella también depende que un sistema pueda llamarse democrático. Y es que la democracia, para serlo, debe contar con dos apellidos en condiciones de igualdad. La democracia es participativa y representativa. O no es.

El video 1 fue realizado por el Canal de 15MRussafa.
Los videos 2 y 3 son de Sergi Tarín.

Sentencia del TSCV sobre grabaciones de los plenos municipales en Manises