Las concentraciones políticas el día de reflexión NO están prohibidas

Ana Valero

La Junta Electoral Provincial de Madrid ha prohibido la concentración que ha convocado el movimiento 15M en la Puerta del Sol para hoy, jornada de reflexión, alegando que su finalidad es la “promoción y difusión de distintas consignas políticas”, lo que, según ella, vulnera la ley. Es evidente que este órgano, al igual que la Junta Electoral Central, no quiere enterarse de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia, que dice precisamente lo contrario, y trata con ello de limitar la libertad de expresión política de la ciudadanía.

El ejercicio del derecho de reunión y manifestación en lugares de tránsito público en periodo electoral está regulado por dos leyes distintas. Por un lado, la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, que establece un procedimiento para las reuniones, concentraciones y manifestaciones en lugares de tránsito público, que comienza con una comunicación previa de los organizadores a la autoridad gubernativa correspondiente, la cual podrá prohibir dicha concentración o manifestación sólo cuando haya riesgo de alteraciones graves del orden público con peligro para personas o bienes, o bien, podrá modificar la fecha, el lugar, la duración o el itinerario de la misma.

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La segunda norma aplicable es la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, que establece dos cuestiones importantes: por un lado, que la Ley Orgánica del derecho de reunión es aplicable también a los actos públicos de campaña electoral, pero con una salvedad, cuando se trate de este tipo de actos, serán las Juntas Electorales Provinciales las que asuman las atribuciones que la Ley Orgánica del derecho de reunión encomienda a la autoridad gubernativa. Y, por otro lado, que las Juntas Electorales Provinciales deberán informar a la autoridad gubernativa de la celebración de este tipo de actos para que ésta cumpla con su función de preservación del orden público. Sigue leyendo

El Cabanyal y el secreto de la participación ciudadana

Fernando Flores

Mañana, domingo 6 de abril, la Plataforma Salvem el Cabanyal ha convocado una manifestación en el barrio marinero de Valencia. Con ella se reivindica un nuevo plan de rehabilitación con participación ciudadana. Es decir, se exige que la actuación de los poderes públicos en la vida y entorno de las personas sea legal, cuente con ellas, y esté sometida a la rendición de cuentas. Dieciséis años pidiendo lo mismo.

Mañana, 6 de abril, se cumplirán cuatro años de la paliza que la Policía Nacional propinó a los vecinos del Cabanyal por defender el barrio de una ley del PP que fue derogada hace unos meses por inconstitucional. Ni la paliza por la policía ni la derogación de la fraudulenta ley produjeron actos de responsabilidad entre los representantes políticos, sólo gestos de arrogancia, desprecio y manipulación mediática. En cuanto a los vecinos, lo ocurrido ha fortalecido la convicción de que practicar las libertades públicas no es un privilegio otorgado o tolerado por los poderosos.

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Y es que aunque la participación ciudadana no esté contemplada como un derecho fundamental por nuestra Constitución, los vecinos del Cabanyal la han utilizado como si lo fuera. Se la han creído, la han aprendido (la están aprendiendo) y la han practicado. 

La participación ciudadana real no vive de una idea abstracta. La participación significa asambleas vecinales cada semana del año, los miércoles a las ocho de la tarde; es decir, trabajo después del trabajo y horas hurtadas a la familia. Significa exigir transparencia e información a un Ayuntamiento y a un Consell que solo entienden el lenguaje de la opacidad y engaño; es decir, escribir solicitudes y reclamaciones a sabiendas de que ni siquiera serán contestadas. Significa redactar e interponer recursos judiciales largos y caros; es decir, la complicidad y el compromiso de letrados y letradas dispuestos a pelear en los tribunales sin cobrar por sus servicios. Significa elaborar y discutir documentos de estudio, proyectos alternativos al oficial, acciones culturales…; es decir, el trabajo desinteresado de estudiantes, de arquitectos, de trabajadores sociales, de sociólogos, de artistas. Significa montones de reuniones con miembros de otros movimientos sociales, con universitarios, con concejales, con diputados. Significa organizar protestas, manifestaciones, redactar notas de prensa, desmentidos, artículos de opinión… Significa mantenerse unidos frente al acoso demoledor y disolvente del poder. La participación ciudadana significa mucha implicación, mucha solidaridad, mucho trabajo. Ahí está el secreto.

Mañana, en la manifestación del Cabanyal, miles de ciudadanos exigirán que el comportamiento de los políticos y las instituciones valencianas sea legal, que asuman sus responsabilidades y que cuenten con las personas para gestionar lo común… se pedirá lo que sería habitual en una sociedad democrática. Quien pueda, que vaya.

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Burorrepresión

Fernando Flores

Ayer se presentó en Traficantes de Sueños el libro “Burorrepresión: sanción administrativa y control social”, una publicación de análisis y resistencia contra la utilización política de la sanción administrativa como herramienta represora del Estado dirigida a los movimientos sociales y la protesta ciudadana. Se relatan a continuación algunas ideas que los autores explicaron a los asistentes.

El fenomenal acoso y evidente derribo que el Estado Social de Derecho está sufriendo por parte de las agresivas políticas neoliberales ha producido una reacción de protesta ciudadana -colectiva, solidaria, creciente-, que los gobiernos (bien aliados, bien secuestrados por el capital) han tratado de atajar desde un principio. Sobre todo tras el 15-M de 2011.

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Sin embargo, al advertir el precio que pagan en pérdida de imagen al reprimir esa protesta con violencia policial, el poder ha cambiado el enfoque de la respuesta, arrastrando ésta hacia la sombra que impide el escrutinio público de la actividad del Estado. Nace entonces la palabra “burorrepresión”, que comprendería tanto el uso de sanciones por parte de la Administración para reprimir la protesta social (aspecto “duro”, del que ya dio cuenta Patricia Goicoechea en Reprimir al fuego lento), como el conjunto de trabas burocráticas que implican la denegación de derechos básicos a las personas más vulnerables (aspecto “blando”). El aspecto duro comprendería, por ejemplo, las identificaciones masivas e indiscriminadas seguidas de sanciones económicas. Mientras que la mejor representación del blando sería la híper-regulación de extranjería y el desigual e impredecible trato que los inmigrantes reciben en las oficinas de la Administración. Dependiendo del objetivo a reprimir o marginar, el Gobierno utilizará la violencia directa, las sanciones administrativas o las infinitas trabas normativas.

La característica básica de la burorrepresión es la “extracción” del ciudadano del colectivo solidario a través de su individualización, la privatización del castigo. Con él se invisibiliza la represión y se impide la reacción mediática, tan temida (tan querida) por el poder. El manifestante recibe “su multa” semanas después, en el buzón de su casa, solo, alejado en ese momento de la solidaridad colectiva que caracteriza el ejercicio del derecho de reunión y manifestación.

Resulta llamativa la manipulación y retorsión de ordenanzas varias dirigidas en principio a mejorar la convivencia ciudadana (sobre ruido, basura, etc) que son interpretadas con absoluta arbitrariedad por los agentes de la autoridad para sancionar al ciudadano activo políticamente. El uso de un megáfono, la instalación de pequeñas mesas en la calle, la pegada de carteles… son acciones que, consideradas contrarias a los buenos comportamientos ciudadanos, deben ser reprimidas. Así, de forma simbólica, se convierte en “basura urbana” todo el material de protesta y se denigran los movimientos sociales que usan la calle y los derechos constitucionales de expresión para protestar contra el saqueo político y económico que el país está sufriendo.

En último término, con este modelo de represión el poder no sólo pretende obligar a los ciudadanos a ejercer un “autocontrol” en el ejercicio de sus derechos, sino también que los movimientos sociales negocien su presencia en la calle, el “cómo se debe estar en la calle”. De este modo, limitando su espontaneidad, domesticándolos, conseguirán desactivarlos aparentando respetarlos. Conseguirán una protesta institucionalizada agradable a las bases del sistema. El ideal máximo de esta idea (que no es reciente en Madrid) es crear un “manifiestódromo” con wi-fi.

Estamos asistiendo a la deriva del Estado Social en Estado Penal. Se vacía la atención a los más vulnerables y el espacio resultante se completa con contenido policial. Se penaliza la solidaridad y se aleja a los jueces del control administrativo, principal elemento de un Estado de Derecho. Y es que un Estado en manos de lo privado (esa es la deriva original) no piensa políticas sociales sino en riqueza, no entiende de reinserción sino de castigo, no habla de ciudadanos sino de enemigos.

Frente a la deriva autoritaria del Estado los movimientos sociales plantean respuestas variadas: respuestas jurídicas a cada “no” (a través de recursos administrativos y contenciosos), cajas de resistencia, desobediencia civil… y, a no olvidarlo, solidaridad social, implicación ciudadana, responsabilidad y compromiso.

La publicación de Burorrepresión es un muy buen trabajo que, con los pies en la realidad, nos informa de lo que tratan de escondernos, nos indica lo que no debemos tolerar y, así, nos prepara para una resistencia y una acción política informada.