Diez motivos para el cierre de los CIE (II)

Paco Solans

(Continúa el post de ayer: Diez motivos para el cierre de los CIE (I)

6.- Sesgo social.

Todas las reformas que se han implementado para que el internamiento en un CIE no fuera una norma general, sino para racionalizarla, han derivado en un indudable e innegable sesgo social. Si hablamos de no internar a quienes tienen arraigo en el país, debemos darnos cuenta que estamos consagrando el internamiento de quienes no tienen como atribuible ese concepto tan difuso. Dicho a lo bruto y para entendernos: se interna más a los pobres, por ser pobres, que a los que tengan algo de dinero (no hablaré de ricos, pues en el contexto de nuestras leyes, éstos tienen alfombra roja para entrar o salir o residir). Si de las cárceles de cualquier país civilizado se critica con mucha razón el que haya un alto índice de ocupación de un “extracto social bajo”, o sea, de pobres, no veo por qué no se deba criticar igual de los CIE y se asuma acríticamente ese sesgo.

CIE-Barranco-Seco_GranCanaria AlejandroRamos

Otro aspecto de este mismo efecto aparece cuando se insiste en el carácter delincuencial de los que son internados, falsedad que no por repetirse más veces va a ser más cierta. Si a los que se interna son delincuentes ¿por qué no están en la cárcel, como los demás?. No será que estamos calificando de delincuentes a quienes nos parece, en la estela de la vieja y aciaga ley de vagos y maleantes. Basta rascar un poco y los supuestos antecedentes de todos sólo son de algunos, y no son penales sino esa entelequia antidemocrática llamada “antecedentes policiales”, y muchos de ellos son acusaciones sin fundamento sobreseídas… Sigue leyendo

Constitución y esteladas, la paradoja

Fernando Flores

Creo que vincular la afirmación, o la humillación, de una idea política al resultado de una competición deportiva es absurdo. Un absurdo normalizado, que sucede a cada rato, sobre todo cuando se trata de reforzar las identidades nacionales, sean éstas las que sean. Ahora bien, perseguir esa opción prohibiendo la exhibición de banderas en un campo de fútbol, sean éstas esteladas, republicanas o rastafaris, es absurdo, inconstitucional y, si me apuran, contraproducente.

Es absurdo porque el argumento para explicar la prohibición –evitar comportamientos violentos– carece de peso ante quienes no necesitan motivos para agredir. Quienes buscan bronca no necesitan que el contrario exhiba una bandera, con que se exhiba a sí mismo es suficiente. Si además porta una bandera independentista, la violencia les parecerá más jugosa, pero no más justificada.

Captura de pantalla 2016-05-19 a la(s) 09.22.34

Es inconstitucional porque atenta contra las libertades públicas de las personas. Primero contra las libertades ideológica y de expresión. La gente tiene derecho a pensar lo que quiera, y desde luego a expresarlo públicamente. El límite de esa expresión debe estar claramente establecido por la ley, no en una interpretación sesgada y abierta de la norma por parte de la autoridad gubernativa. El racismo, la discriminación a la identidad sexual, o la incitación a la violencia y al odio justifican aquella limitación. De ninguna manera la hipotética reacción de quien se siente ofendido con la finalidad de reprimir la libertad de los demás.

La prohibición atenta, además, contra la libertad personal que nos protege contra cacheos y registros arbitrarios. Desde esta perspectiva la persecución de las banderas esteladas es, más allá de ridícula, desproporcionada e ineficaz. Que se asemeje a los controles para prevenir actos terroristas en realidad nos muestra que su verdadero objetivo es provocar temor y autocensura en aquellos aficionados que les gustaría llevarla.

En fin, puede ser contraproducente porque aunque las banderas se prohíban en el interior del estadio su exhibición en el exterior será libre, así que los hipotéticos problemas de orden público que la prohición trataría de evitar se pueden producir igualmente.

Así que la decisión de la Federación Española de Fútbol y la Delegada del Gobierno de Madrid de prohibir la exhibición de banderas independentistas –no oficiales pero no ilegales– no cumple ninguno de los requisitos exigidos para limitar los derechos de los ciudadanos: ni acata estrictamente el principio de legalidad, ni es eficaz, ni es necesaria e inevitable (puede obtenerse su objetivo de otras maneras), ni es proporcionada al daño que produce. Todo un logro.

En fin, resulta paradójico que sea precisamente la utilización de banderas esteladas la que justifique un ataque tan directo a los derechos y libertades que la Constitución española reconoce.

adolescentes jugando al futbol tarfaya

Fotos: 1. Esteladas. 2. Muchachos jugando al fútbol en Tarfaya (F.Flores).

De toros, religión y derechos

Fernando Flores

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, anunció hace unos días que su partido acudirá a los tribunales para impugnar los acuerdos municipales y decretos de Alcaldía «que prohíben a concejales asistir a procesiones y otros actos religiosos o corridas de toros en calidad de concejales». Para el PP se trata de una «vulneración de derechos fundamentales» porque «no respeta la legislación vigente». Ya adelanto que creo que tienen razón.

Que el patriotismo es el último refugio de los cobardes es una idea de Samuel Johnson que toma fuerza en ciertos momentos históricos como el que vivimos en la actualidad. Personalmente, comparto la convicción de muchos patriotas que entienden que toros y religión son rasgos de identidad (yo creo que de la identidad de algunos) sin los cuales no seríamos los mismos. Que sin ellos no seríamos los mismos es enteramente cierto, con seguridad seríamos mucho mejores.

Sea como fuere, de lo que se trata ahora es de determinar si se puede prohibir formalmente a los representantes públicos acudir como tales a celebraciones religiosas o espectáculos taurinos. ¿Vulnerarían esos vetos la libertad religiosa o la libertad personal de los creyentes y los aficionados a los toros? ¿Tienen los alcaldes, concejales, diputados, consellers, el derecho (fundamental) a asistir a procesiones y corridas investidos de autoridad pública? ¿Puede un ayuntamiento o una comunidad autónoma prohibir dicha asistencia? Sigue leyendo

Ashya King ¿quién decide el interés superior del menor?

Ana Valero

La detención ordenada por la Audiencia Nacional–por un tiempo máximo de 72 horas- de unos padres que sacaron a su hijo de 5 años de edad, sin consentimiento médico, de un hospital de Southampton (Reino Unido) en el que estaba ingresado por un tumor cerebral, ha reabierto el debate de cómo y quién decide cuál es el “interés superior del menor”.

Este “interés superior” es un concepto jurídico indeterminado que emplea la legislación nacional e internacional para señalar que, en los casos en los que estén en conflicto los derechos de los menores de edad con los de sus padres o con otros derechos de terceros prevalecerán, siempre y en todo caso, los derechos de los niños.

Pero determinar qué es ese interés superior y en qué consiste en cada caso concreto, resulta especialmente difícil cuando es el propio menor o sus padres los que se oponen, por motivos de conciencia, a la práctica de un determinado tratamiento médico que resulta imprescindible para salvarle la vida o evitar un grave daño a su salud física o mental.

Brett King, Ashya King and Naghmeh King

Parece que en el presente caso, sin embargo, la decisión de los padres de abandonar el hospital inglés y buscar en otro país un tratamiento alternativo a la quimioterapia no se funda, según ellos mismos han declarado, en su pertenencia a los Testigos de Jehová, sino que su intención era buscar una terapia por protones, menos agresiva que la radioterapia convencional que se le venía aplicando.

Sea como fuere, a los padres del pequeño Ashya King se les había retirado su tutela y la fiscalía del Reino Unido había dictado contra ellos una euroorden de detención, en la que se alertaba de un riesgo inminente para la vida del niño y se les acusaba de un delito de crueldad contra un menor de 16 años, tipo penal sin equivalencia exacta en la ley española y que podría equipararse a los malos tratos en el ámbito familiar. Sin embargo, tras el desistimiento de la justicia británica, el juez los dejó en libertad.

Ante éste u otros casos similares procede preguntarse ¿hasta dónde llega la condición de los padres como garantes de la salud o la vida del menor cuando su prevalente protección contradice las convicciones, ideológicas o religiosas, que ellos profesan y que han sido inculcadas a su hijo?; o ¿cuál es el papel que asumen los poderes públicos en tales casos? O más difícil todavía, ¿y si es el propio menor el que se opone, haciendo valer su libertad de conciencia? ¿debe ésta ser respetada?

Con respecto a cuestiones tan controvertidas el Tribunal Constitucional español se pronunció ya hace algunos años en una importante Sentencia –la 154/2002, de 18 de julio-, a través de la cual concedía el amparo, sobre la base del derecho de libertad religiosa, a unos padres Testigos de Jehová que habían sido condenados por un delito de homicidio por omisión por no autorizar la transfusión necesaria para proteger la vida y salud de su hijo menor de edad y por no tratar de convencerlo para que él mismo la aceptara.

Empecemos, sin embargo, por la última de las preguntas formuladas: ¿puede un menor de edad hacer valer ante sus padres, ante los médicos o ante un juez su voluntad de no recibir un tratamiento médico sobre la base de sus convicciones? La respuesta a esta cuestión es tan sencilla en su exposición como compleja en su determinación: la libertad de conciencia es un derecho cuyo ejercicio requiere que la persona posea una suficiente madurez intelectual y psicológica, en la medida en que las decisiones religiosas o ideológicas han de ser adoptadas de manera libre y consciente por su titular.

Captura de pantalla 2014-09-10 a la(s) 07.51.43

En el caso que suscitó la Sentencia 154/2002, el Tribunal Constitucional reconoció que el menor de 13 años, que finalmente falleció, era titular y pleno ejerciente de su libertad de conciencia religiosa y de su derecho de autodeterminación sobre su integridad física. Así afirmó que cuando el niño expresó con claridad su voluntad de rechazar la transfusión sanguínea, coincidente con la de sus padres, ejercitó ambos derechos. Concretamente, el Tribunal dijo “la reacción del menor a los intentos de actuación médica pone de manifiesto que había en aquél unas convicciones y una consciencia en la decisión por él asumida que, sin duda, no podían ser desconocidas ni por sus padres, a la hora de dar respuesta a los requerimientos posteriores que les fueron hechos, ni por la autoridad judicial, a la hora de valorar la exigibilidad de la conducta de colaboración que se les pedía a éstos”.

Sin embargo, un elemento fundamental condicionó el fallo del Tribunal Constitucional en este caso: el carácter definitivo e irreparable del resultado al que conducía, con toda probabilidad, el ejercicio autónomo por parte del menor de tales derechos. En este orden de cosas, el Tribunal sostuvo que “no habían datos suficientes de los que pudiera concluirse con certeza que el menor fallecido, hijo de los recurrentes en amparo, de trece años de edad, tuviera la madurez de juicio necesaria para asumir una decisión vital”. La importancia de esta afirmación del Tribunal no es baladí, dado que añade un nuevo criterio a tener en cuenta a la hora de concretar el interés superior del menor. Ya que, si más arriba dijimos que concretar el contenido material de este principio exige atender al grado de madurez que tiene el niño en cada fase de su evolución para ejercer sus propios derechos, ahora añadimos que, cuando dicho ejercicio tiene consecuencias irreversibles para su vida o salud, el interés superior del menor no es otro que la salvaguarda de estos bienes.

Podemos afirmar, en consecuencia, que la decisión de un menor –aun en el caso de que tenga un elevado grado de madurez- adoptada en el ejercicio de su libertad de conciencia no es vinculante para los progenitores ni los exime del deber de velar y cuidar por el interés superior de su hijo cuando dicha decisión posee consecuencias irreversibles para la salud o la vida de este último.

Esto nos conduce, acto seguido, a la primera de las pregunta que nos hacíamos: ¿debe exigirse a los padres que actúen en contra de sus convicciones religiosas, convenciendo a su hijo de que se oponga al tratamiento médico prescrito para salvaguardar su vida o autorizándolo ellos mismos?

El Tribunal Constitucional ha llegado a la conclusión de que no, pues exigir a los padres de un menor que intenten persuadir a su hijo para que acepte la transfusión sanguínea, o que la permitan ellos mismos, supone una restricción excesiva, innecesaria y desproporcionada de su libertad religiosa. Y ello cuando, como en el caso planteado en la Sentencia 154/2002, los padres no se opusieron en ningún momento a las resoluciones judiciales que autorizaron la actuación médica. Además, era imposible estar seguros de que una actitud disuasoria por su parte hubiese producido un resultado distinto al pretendido.

Así pues, nos queda por disipar la segunda de las cuestiones planteadas, esto es, si los poderes públicos están obligados por lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución a la tutela del interés del menor en los casos en que dicha obligación no sea cumplida adecuadamente por los destinatarios originarios de aquélla, los padres o tutores.

escalera

En efecto, dado que la patria potestad es una institución funcional destinada a garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad de todos sus miembros, incumbe a los poderes públicos la tarea de supervisar y comprobar que el ejercicio de aquélla se realiza siempre en atención al mayor interés de los hijos. De este modo, corresponde a la propia Administración pública encargada de la tutela de menores y a los órganos judiciales enjuiciar -de oficio, a instancia del propio menor o de terceros cualificados- las medidas paternas o tutelares que puedan haber causado lesión a los derechos o libertades del menor y adoptar las medidas necesarias para su reparación. Pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional español en su Sentencia 141/2000, “la tutela y protección de los derechos fundamentales del menor de edad corresponde, no única y exclusivamente a aquellos que tienen atribuida su patria potestad, sino también a los poderes públicos. Sobre éstos, y muy en especial sobre los órganos judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio de la patria potestad por sus padres o tutores, o por quienes tengan atribuida su protección y defensa, se haga en interés del menor, y no al servicio de otros intereses, que por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse ante el superior del niño”.

Como hemos visto al examinar la Sentencia 154/2002, cuando exigir a los padres que traten de convencer al niño para que éste admita la transfusión sanguínea o que ellos mismos la autoricen implica una restricción excesiva de su derecho de libertad religiosa, la tutela del interés superior del menor, -que en el caso concreto se correspondía con el derecho a la vida- queda en manos de los poderes públicos.

El “interés superior del menor” es un concepto jurídico indeterminado pero prevalente que vincula, en primer lugar, al propio menor cuando tenga la madurez de juicio suficiente, y no se trate de ejercer derechos con consecuencias irreparables para su integridad física o mental; a los progenitores o tutores del niño, en segundo lugar, siempre y cuando faciliten el libre desarrollo de su personalidad; y a los poderes públicos en última instancia, cuando las dos anteriores fracasen. La inversión de las citadas instancias sólo puede ocasionar, como en el caso del pequeño Ashya King, una vulneración de los derechos de todos los sujetos implicados.

Perpetuo Gallardón

Pepe Reig Cruañes

Al ministro Gallardón le va la perpetuidad. En su Reforma del Código Penal introduce la cadena perpetua revisable para algunos delitos muy graves y también el internamiento preventivo perpetuo para enfermos mentales. Que la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal le hace mucha ilusión al ministro, es algo que se ve. A este hombre siempre le ilusionan las cosas más reaccionarias.

Hasta ahora, cuando una persona no podía ser imputada en virtud de su enfermedad mental, se le aplicaban “medidas de seguridad” consistentes en su internamiento psiquiátrico y tratamiento, por un período nunca superior al que hubiera cumplido de haber sido imputada y condenada. Ese internamiento no podía tener más función que la de tratamiento y curación, y eso determina la duración de la medida, ya que en nuestro ordenamiento constitucional no cabe el simple propósito punitivo. No se adivina qué pueda haber cambiado en la sociedad española para que se nos proponga ahora abandonar reinserción por exclusión, pero eso es, precisamente, lo que el ministro Gallardón nos anuncia: que esa misma persona puede ser internada “sine die”, porque el juez puede mantenerle allí por períodos de cinco años, prorrogables sin limitación, aunque los médicos le hayan dado el alta. No importa, pues, el delito que le condujo al internamiento, sino la consideración de los que podría perpetrar. Este es el núcleo de la Reforma del Código Penal en lo relativo a delitos cometidos por personas inimputables. Un cambio de innegable carga ideológica.

La ideología de la peligrosidad

La única razón para que un juez interne “preventivamente” y, añadimos nosotros, “predelictualmente” es la suposición de un peligro potencial. Careciendo de ninguna concreción fáctica y objetiva, dicha suposición no puede basarse más que en un prejuicio o un estigma o, peor aún, en la preconstitucional “peligrosidad social”. En vez de juzgar el delito, juzgaremos al delincuente. Los hechos y sus circunstancias no cuentan; sólo las características personales del individuo, es decir, el estigma con que la sociedad le marca. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó en 2008, se va a la papelera sin mayor miramiento. Parecida suerte le cabe al artículo 25.2 de la CE, que obliga a que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

rejas

El conservadurismo juega en este asunto con cartas marcadas: al ligar enfermedad mental y peligrosidad, se induce a confundir dos cosas muy distintas, la psicopatía (una especie de maldad consciente) y los brotes psicóticos (delirios o alucinaciones propias de la enfermedad). Aunque la idea de peligrosidad sea bastante popular, es bien conocido que no tiene el menor fundamento científico. La probabilidad de conductas delictivas entre enfermos mentales tiene más que ver con las circunstancias de su medio social y familiar, que con los síntomas de su trastorno. Es de esperar que los jueces soliciten dictámenes médicos para prorrogar el internamiento preventivo, pero es dudoso que los profesionales de la salud mental se presten a esa labor. Y no sólo por motivos éticos: “Aunque dispusiéramos de un instrumento para evaluar la peligrosidad futura -asegura Pepe Leal, miembro del Grupo de Ética y Legislación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), que ha criticado duramente el proyecto- yo no lo pondría al servicio de este propósito, pero es que ni siquiera disponemos de tal instrumento”. La peligrosidad no es un concepto psicopatológico ni clínico, sino otro ejemplo del deslizamiento desde lo sanitario a lo penal.

Es llamativo que todo un Proyecto de Reforma pivote sobre un concepto sin apoyatura científica y que tiene toda la pinta de venir directamente desde el oscuro fondo de la ideología franquista, si no de más atrás todavía. El propio término casa mal con el Estado de Derecho y, como señala la AEN, nos lleva desde “el derecho penal del hecho” (que exige contextualizar las conductas) al “derecho penal del autor” (que permite descontextualizarlas para vincularlas a las características personales del sujeto).

Peligrosidad y sanidad

Es más sencillo apelar a clichés ambientales y populistas, como el de la peligrosidad, invocando un consenso espontáneo no deliberativo, que examinar a fondo las culpas del sistema. Como señala Fernando Santos Urbaneja, fiscal en Córdoba y miembro del Grupo de “Ética y Legislación” de la AEN, “el 83% de los delitos cometidos por personas con enfermedad mental son, en realidad, simples altercados en el ámbito familiar o en la calle, que en la reforma del Código Penal de 2003 se convirtieron en “delitos de violencia doméstica” (art.153 CP). Estos altercados ocurren por falta de tratamiento, porque el sistema sanitario no está funcionando en ese nivel preventivo, esas personas no están atendidas ni medicadas”.

psiquiatria

Este es un fallo de un sistema de salud que todavía es bastante bueno, aunque los recortes lo están pervirtiendo. El asunto es ya mucho peor en aquellas comunidades (Valencia, Madrid) donde hace tiempo que la derecha gobernante abandonó el énfasis en la atención sociosanitaria y preventiva para ponerlo en la hospitalización. Receta segura para que los problemas mentales no diagnosticados o no atendidos se conviertan en problemas penales. La estigmatización hace el resto, “estas personas que han provocado un altercado menor”, recuerda Santos Urbaneja, “saltan rápidamente al sistema judicial, donde entrarán en los supuestos de la Reforma y pueden acabar en un internamiento indefinido, sin haber llegado a cometer ningún delito”. Con una mera falta, más un estigma de peligrosidad social, se pueden convertir en internados perpetuos. Estamos ante un fracaso del sistema del salud, que no previene, seguido de otro fracaso del sistema penal, que renuncia a reinsertar y se limita a incapacitar y encerrar.

El informe de la AEN no puede ser más categórico y sumario: “El proyecto forma parte de un conjunto de medidas legislativas destinadas a la sustitución apresurada de nuestro precario Estado de bienestar por un estado caritativo que culminará con un Estado penal, proceso en el que las políticas sociales están siendo progresivamente sustituidas por políticas de vigilancia y control, que incluye la contención punitiva de las categorías sociales más desfavorecidas”.

Peligrosidad y Derechos

Desde un punto de vista jurídico penal, la barbaridad es tal que el propio Consejo General del Poder Judicial duda de su constitucionalidad. En su Informe oficial denuncia que los internamientos de inimputables o semi-inimputables en centros psiquiátricos podrán producirse “por cualquier delito, también por aquellos que no estén sancionados en abstracto con pena de privación de libertad, basándose simplemente en el peligro que supone para la sociedad”. Simplemente se destruye el principio de proporcionalidad.

El primer Anteproyecto fue severamente corregido antes de convertirse en Proyecto de Ley. Desapareció la llamada “custodia de seguridad”, que se aplicaba una vez suspendido el internamiento, pero en cambio hace casi automática la “libertad vigilada”. Suaviza con nuevas garantías el mecanismo de prórroga del internamiento, al transformarlo en un incidente contradictorio con obligación de oír a la parte, pero sigue siendo una medida contraria a la seguridad jurídica (persiste la posibilidad de devenir perpetua) y discriminatoria (sólo aplicable a personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual). Nada menos.

Dónde está el peligro

Si el ministro esperaba recibir apoyo, al menos, de los familiares de personas con enfermedad mental, primera instancia de afectación del problema, debe haber sufrido otra decepción. La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con enfermedad Mental (FEAFES) dirige una carta abierta a Gallardón en la que desde la primera línea manifiesta su “extrema preocupación y oposición”. También los familiares centran sus ataques al proyecto de Ley en el concepto de peligrosidad y también ellos, como los sanitarios, oponen a ese concepto el de “situación de riesgo por carecer de una atención sociosanitaria integral y adecuada”. Consecuentemente, denuncian que el Proyecto de Ley olvide que la atención temprana es la que puede reducir el riesgo y no la derivación a instituciones penitenciarias, que ni reinsertan ni curan.

elgrito

La perspectiva a la que casi nunca se da cabida es, precisamente, la que tendría que figurar en primer lugar, la del sujeto paciente cuyo internamiento discutimos. Las asociaciones de pacientes vienen reivindicando una voz propia: aún reconociendo la aportación crítica y rigurosa de la AEN, el trabajo inclusivo de las asociaciones como FEAFES, para romper tabúes y clichés, es preciso también dar cabida a la voz directa de los afectados. Como señala Guadalupe Morales, directora de la Fundación Mundo Bipolar, “de lo que se trata es de la dignidad del paciente”. El proyecto de Ley, en un giro fuertemente ideológico, tiende a considerar a todo enfermo mental como irresponsable y carente de albedrío. Se olvida aquí que la persona con esquizofrenia o trastorno bipolar no es irresponsable todo el tiempo, sino sólo durante los brotes de la enfermedad. De ahí que la privación de libertad, potencialmente “perpetua”, y las medidas que la acompañan vulneren la dignidad y la libertad constitucionalmente protegidas.

Cuando se ignora todo propósito terapéutico o de reinserción, en pro del designio punitivo y de apartamiento de la sociedad, se atenta contra la libertad. Cuando se actúa bajo el prejuicio de la peligrosidad, independientemente de la gravedad del delito efectivamente cometido, se vulnera también el principio de igualdad ante la ley, ya que se aplican penas distintas para delitos iguales.

Las objeciones de la representante de la Fundación Mundo Bipolar, como las de la AEN y las familias, apuntan directamente contra el déficit de humanidad de las perspectivas conservadoras sobre este asunto: ni atienden al sujeto, ni actúan sobre el entorno que enferma al sujeto. Sólo castigan y estigmatizan. Esto es como bracear ante el público apelando a la demagogia de los temores más irracionales. Las penas a perpetuidad, que tango gustan a Gallardón, son como ese braceo, consoladoras y populistas, pero inútiles y también injustas.

Aborto: otro gran paso atrás

Joan Carles Carbonell Mateu

Tras varios meses de aparente debate en el seno del PP, el Gobierno acaba de aprobar un Anteproyecto de Reforma de la Despenalización –para pasar a la penalización- de la Interrupción Libre del Embarazo, con abandono del vigente sistema de plazo con información a la embarazada y el regreso a un sistema de indicaciones más rígido que el que estuvo vigente desde 1985 hasta 2010 y que no incluye la despenalización en caso de graves malformaciones en el feto, la mal llamada “indicación eugenésica”.

Actualmente rige en España la L.O. 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que introdujo un sistema de plazo con información, en cierta manera derivado de la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán (BVfG) de 1995, considerando ciertos votos particulares presentados en su día por tres de los nueve Magistrados: no es punible el aborto practicado durante las catorce primeras semanas de embarazo siempre que se cumplan determinados requisitos, el más importante de los cuales es que la mujer haya sido informada de sus opciones y hayan transcurrido 72 horas hasta que adopte su decisión. El sistema se combina con indicaciones transcurridas esas catorce semanas.

abortocero_cartel_dav_590

La vuelta al sistema de indicaciones se realiza, según la declaración gubernamental, “para adaptar la legislación a la jurisprudencia constitucional”. Y, justamente eso, resulta sorprendente por demás. Porque la finalidad expresada constituye una auténtica falacia, toda vez que el Tribunal Constitucional español jamás se ha pronunciado sobre la vigente regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y en su doctrina  en materia de aborto expresada fundamentalmente en la Sentencia 53/1985 de 15 de abril, no se contiene la menor referencia al sistema del plazo en general ni al del plazo con información previa obligatoria a la embarazada de manera específica. El Tribunal tan sólo obligó al legislador a que exigiera mayores garantías en la comprobación de la veracidad de los supuestos alegados. De ahí no puede inducirse, como ahora se pretende, que considerara agotadas las posibilidades constitucionales de no punición.

Sigue leyendo

Mis cuatro verdades sobre la doctrina Parot

José Miguel Sánchez

21 de octubre de 2013. Dean Spielmann, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lee el fallo de una Sentencia de la Gran Sala. Se resuelve la solicitud de remisión realizada por el Gobierno español respecto de la Sentencia de la Sección Tercera de 10 de julio de 2012, recaída en el asunto del Río Prada c. España. La STEDH de 10 de julio de 2012 condenó a España por unanimidad de los siete Magistrados que entonces componían la Sección Tercera por vulneración de los derechos a la libertad (art. 5.1 CEDH) y al principio de legalidad sancionadora (art. 7 CEDH) al aplicarse a la demandante la denominada doctrina Parot. La STEDH de 21 de octubre de 2013 confirma esa condena a España. La violación del derecho a la libertad (art. 5.1 CEDH) es apreciada por la unanimidad de los diecisiete Magistrados que conforma la Gran Sala. La violación del derecho a la legalidad sancionadora (art. 7 CEDH) es apreciada por una mayoría de quince Magistrados contra dos.

TEDH

España se divide en dos. Los que no son capaces de atender a ningún tipo de argumento jurídico y los que no son capaces de entenderlos. Los primeros sólo ven la consecuencia del pronunciamiento. La puesta en libertad de la demandante y la caída en desgracia internacional de la doctrina Parot. Unos ansían que se aceleren las excarcelaciones. Da igual el porqué. Una nueva batalla ganada en Estrasburgo. Parece que desde un poco más lejos las cosas se ven y se ponderan de una manera diferente. Para otros, la sola idea de que la demandante saliera en libertad les resulta insoportable. Peor aún. Se temen la extensión de la doctrina de la Gran Sala y su aplicación sucesiva a todos aquellos que están en prisión por la doctrina Parot. Se cumplen sus peores augurios solo un día después. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, mediante Auto de 22 de octubre de 2013, acuerda la puesta en libertad con el apoyo del Ministerio Fiscal. Inés del Rio tiene un amplio historial criminal vinculado a su pertenencia a una banda terrorista. Fue condenada, entre otros muchos delitos, por diversos asesinatos. Entró en la cárcel el 6 de junio de 1987, con 29 años. Da igual que hubieran transcurrido más de 26 años y tenga ya 55 años de edad. Más repercusiones. Auto de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de octubre de 2013. Excarcelación con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 25 de octubre de 2013. Nueva libertad. Ninguna de las personas de esta España estará interesada en este post. Espero que haya una segunda España. Una dispuesta a intentar entender que es todo este lío de la doctrina Parot. No estoy seguro de que exista. Me gustaría que existiera. No las tengo todas conmigo. A ella dirijo estas cuatro verdades sobre la doctrina Parot. No les engaño. No son las Verdades sobre esta doctrina. Son mis verdades.

Sigue leyendo

Ciudadanía y salud mental. El internamiento involuntario: entre la psiquiatría y el derecho

Por Pepe Reig

FJGF es un ciudadano de un país democrático, pero fue internado el 2 de mayo de 2007 en un centro hospitalario contra su voluntad y permaneció allí hasta que, diecinueve días después, recibió el alta médica. Esta medida de “internamiento involuntario urgente por trastorno psiquiátrico”, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 763.1), fue ratificada por el juzgado de 1ª Instancia número 16 de Granada y después por la sección quinta de la Audiencia Provincial.

Pero FJGF era, después de todo, ciudadano de un país democrático y el Tribunal Constitucional le amparó en Sentencia dictada el 2 de julio de 2012, decretando que había sido “privado ilegalmente de su libertad”, toda vez que no se habían respetado los requisitos legales del internamiento involuntario, los plazos y los informes psiquiátricos, ni se le informó de sus derechos.

Este de los internamientos involuntarios es, a un tiempo, una pieza clave de la teoría de los derechos humanos y un nudo gordiano para la psiquiatría moderna. En el cruce de estos dos mundos podría encontrarse un índice fiable de la calidad de nuestra democracia. Y el examen no es del todo satisfactorio.

Internamientos Psiquiátricos Involuntarios

Dejando de lado las pesadillas más o menos cinematográficas sobre internamientos instados por familiares para despojar al paciente de sus bienes, o las crueldades soviéticas sobre manicomios para disidentes, no cabe duda de que estamos ante un delicado asunto, no por invisible menos real.

Los trastornos mentales son más frecuentes en Europa que el cáncer o las patologías cardiovasculares. Según el Ministerio de Sanidad, el 9% de la población padece trastornos mentales y el 15% los padecerá. De modo que puede presumirse que la regulación sobre el internamiento psiquiátrico, consentido o no, tendrá efectos sensibles sobre la vida de un número importante de ciudadanos.

En la normativa española, los ingresos por trastorno mental pueden ser urgentes u ordinarios (dependiendo de la manifestación patológica que los provoca) y también voluntarios e involuntarios (dependiendo de si se producen o no con consentimiento del paciente).

Aunque la iniciativa pueda originarse fuera del dispositivo sanitario (por ej.: en la familia o la administración), el ingreso de urgencia debe ser indicado por el médico y requiere una autorización judicial a posteriori, que trata de salvar la relativa suspensión de garantías que conlleva el “no consentimiento” del paciente. Urgencia aquí sólo puede significar necesidad de inmediata intervención médica, ya que en nuestro ordenamiento no cabe la finalidad de “aislamiento preventivo”.

El internamiento urgente es el que ofrece más dudas jurídicas, pero es también el más frecuente. En Italia, por ejemplo, el ordinario, es decir, con informe médico ex ante, ni siquiera está previsto y en Alemania apenas se da.

En un proceso donde se ponen en juego derechos y responsabilidades tan sutiles, se hace imprescindible una claridad procedimental que los profesionales no siempre encuentran, por eso se han desarrollo protocolos de actuación reglados que intentan objetivar la toma de decisiones:

algoritmo

* Cuadro 1 (pulsar para ampliar)

Lo que el protocolo no ha podido evitar es una vertiginosa caída en la “calidad” del ingreso, una vez que éste se hace inevitable. Los profesionales más conscientes denuncian allá donde pueden prácticas como el aislamiento familiar, la incomunicación, la videovigilancia, etc. del paciente, en claro abuso de ley.

Sigue leyendo