La Iglesia despide profesoras de religión porque puede

Fernando Flores

La Iglesia acaba de retirar la idoneidad como docente de religión en un colegio público a una profesora, por estar separada, por tener hijos con su nueva pareja y por recurrir a la fecundación “in vitro”. La Iglesia ha perdido su confianza en ella, pues no se comporta según sus reglas y su conducta no es testimonio de vida cristiana, y ella, en consecuencia, ha perdido la missio canonica.

No es la primera vez que sucede algo así. Todavía colea desde 2001 el caso de Resurrección Galera, profesora de religión en Almería, despedida por contraer matrimonio civil con un divorciado. El Tribunal Supremo dio la razón a la profesora, pero ni aún así la han readmitido y, si se me permite el espoiler, no la van a volver a contratar. Sigue leyendo

La Virgen María también abortaría

Joaquín Urías

El ordenamiento jurídico español protege la práctica religiosa incluso a través de normas penales que castigan a quien ofenda los sentimientos religiosos. Se trata, simplemente, del desarrollo de la garantía constitucional de la libertad de expresión.

Así, constituye un delito la profanación de lugares de culto. También el que ofenda de manera grave y gratuita a quienes practican una religión, o a quien no lo hacen. Este tipo de ofensas se castigan en nuestro ordenamiento en la medida en que constituyan exclusivamente una burla grave e hiriente de los sentimientos religiosos -o areligiosos- de otra persona; sólo pueden apreciarse de manera muy excepcional: únicamente cuando no haya en juego ningún otro derecho constitucional. La Constitución en ningún caso permite utilizar este delito para limitar la libertad de expresión política o el derecho de crítica; mucho menos, para imponer a la generalidad de la sociedad los dogmas de determinada religión. Sigue leyendo

Tus deseos no son derechos. La necesidad de prácticas de armonización intercultural

Ángeles Solanes

Samia lleva siete años en España, con una autorización de larga duración que a ella le da la tranquilidad que otras personas extranjeras no tienen. Trabaja en una cadena de montaje. Samia considera que se ha adaptado bien a las costumbres españolas, y sólo lamenta que en todo ese tiempo no ha podido ir ni un solo viernes a la mezquita porque es incompatible con su horario laboral. Samia ha intentado muchas veces pactar con su empleador, proponiéndole pasar su día festivo laboral del domingo al viernes, al menos alguna semana, para poder ejercer su libertad religiosa. La respuesta de su empleador siempre ha sido la misma “tus deseos no son derechos”.

El caso de Samia no es aislado, estamos acostumbrados a un calendario laboral y escolar, o a menús en los centros sanitarios, educativos o penitenciaros, por citar sólo algunos ejemplos, que responden a una costumbre que no es laica. Que el domingo sea el día festivo, como celebrar la Navidad y la Pascua, proviene de una tradición católica que se aplica en sociedades, como la española, en las que la diversidad, de religiones y culturas, es y será cada vez mayor. Sigue leyendo

Un enfoque jurídico al asunto del burka y el burkini

Ana Valero

La polémica surgida este verano a raíz de la prohibición del uso del burkini en distintos municipios franceses, ha abierto un nuevo capítulo en la interpretación del principio de laicidad en Francia poco respetuosa con el sistema de derechos y libertades, principalmente de la comunidad musulmana.

La treintena de órdenes municipales que establecen dicha prohibición en las playas francesas, señalan expresamente que con ello se trata de dar respuesta a los ataques terroristas que viene sufriendo el Estado galo en los últimos meses, apelando a motivos de seguridad pública y de orden público.

En apoyo a las órdenes municipales, el Primer Ministro francés, Manuel Valls, afirmó en declaraciones a la prensa francesa que la prenda “es la traducción de un proyecto de contra-sociedad, fundado entre otros en el sometimiento de la mujer” y que, por tanto, “no es compatible con los valores franceses”. Sigue leyendo

Caso Rita Maestre: ¿la fiscal también puede ofender?

Fernando Flores

Si a la fiscal Morando se le aplicase la Ley con el rigor subjetivo con que defiende la condena penal a la concejal Rita Maestre, podemos estar seguros de que en breve ella misma sería objeto de sanción por una “falta grave de desconsideración a los ciudadanos” (art.63.3 EOMF). La causa: el contenido del Escrito con el que impugna la apelación contra la sentencia que condenó a Maestre por los sucesos de la capilla de la complutense.

La fiscal es severa en su apreciación con lo que ocurrió aquel día. A su modo de ver, la protesta no puede de ninguna manera defenderse como pacífica, porque los manifestantes “irrumpieron” en el templo católico y “empujaron” al capellán que estaba en la puerta. Y hubo delito de profanación (art.524 CP) porque no hubo respeto, sino, a través de un acto de cierta entidad y magnitud, “ánimo de ofender, molestar y ridiculizar” a los católicos allí presentes, elemento subjetivo necesario para aplicar el tipo.

En su argumentación, discutible (véase el post de Ana Valero) pero bien razonada, la fiscal opta por una severidad que no se aplica a sí misma, lo que no parece lógico ni justo. Amparándose en una pretendida “literalidad” de lo que las manifestantes llevaban pintadas en sus cuerpos (“putas, libres, lesbianas, bolleras”), Morando afirma que “las señoritas están en su derecho de alardear de ser putas, libres o bolleras o lo que quieran ser”, descontextualizando irónicamente (¿o deberíamos pensar que con ánimo de ofender?) un mensaje que en la manifestación tiene un sentido muy diferente al que se refleja en el Escrito.

Más aún, la fiscal considera que es necesario incorporar al texto de su impugnación consideraciones subjetivas sobre el comportamiento de las manifestantes:

“Es un ejercicio lamentable que grupos universitarios pretendidamente liberales y progresistas quieran imponer sus ideas y sus pretensiones por la fuerza. Y es un ejercicio de cinismo pretender amparar esa conducta en el ejercicio de la libertad de expresión”.

Y sobre los argumentos del abogado:

“Resultan infantiles y lamentables las observaciones que realiza el recurrente al respecto de si no se actúa con contundencia ante delitos de odio. La fiscalía actúa siempre en defensa de la legalidad cuando le llega la ‘noticia críminis’ y es bochornoso que haya que recordárselo al recurrente”.

En mi opinión, tanto aquella mención (llamar a las manifestantes “señoritas” que alardean de ser putas) como este rapapolvo paternalista están fuera de lugar, pues no añaden nada a una posición –discutible pero absolutamente legítima– que podía argumentarse sin ellas. Son, claramente (si aceptamos el rigor que gusta a la fiscal), una desconsideración grave con las ciudadanas que se manifestaron, con la concejal Maestre y con el abogado.

No se trata de un tema menor. El Escrito de Morando también tiene “cierta entidad o magnitud” (elemento a tener en cuenta a la hora de valorar su contenido), pues el de Maestre es un caso público muy notorio. Por ello, y siguiendo el mismo argumento que la fiscal aplica a la concejal, no se puede decir que ella (la fiscal) no sepa cuál es la repercusión que dicho Escrito va a tener (como al parecer Maestre no podía desconocer las repercusiones de lo que hacía en la capilla). No en vano también Morando “es persona física, universitaria y por tanto con cultura suficiente” para entender lo que ha escrito, su intención y lo que el EOMF prevé cuando existe una falta de consideración con el ciudadano. Como es su caso.

En fin, como dice Jesús Maraña, nos ahorraríamos todas estas disquisiciones si dejase de prevalecer un concepto parcial de libertad de expresión que nos hace cada vez más pequeños como Estado Democrático de Derecho.

Gerrit Dou. Astronomer by Candlelight ca. 1665

Ilustración: Gerrit Dou. Astronomer by Candlelight, 1665.

Laicidad y pactos políticos

José Manuel Rodríguez Uribes

La laicidad presenta dos proyecciones diferenciadas y, al tiempo, interconectadas, una objetiva y otra subjetiva. La primera afecta a la estructura normativa-institucional, al tipo de Estado, y la segunda a los representantes políticos y a los ciudadanos, a sus relaciones y al modelo más idóneo de convivencia y de participación pública, aunque ambas se necesitan en la práctica.

En relación con la primera, la laicidad como principio objetivo, se concreta en la separación nítida entre Iglesia(s) y EstadoAl Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios–, entre pecado y delito y entre Religión y Política, limitando el poder eclesiástico, exclusivamente, a su espacio propio, circunscribiéndolo al ámbito particular de la confesión religiosa y de sus fieles y reclamando, por consiguiente, la autonomía de la política democrática. Es el principio de neutralidad institucional. La Iglesia no tiene en este ámbito poder político alguno, en ningún caso formal y su participación en la conformación de la opinión pública y en la voluntad general es en pie de igualdad con el resto de organizaciones y el conjunto de los ciudadanos. Sigue leyendo

Rita Maestre no ha vulnerado la libertad religiosa

Ana Valero

La concejal del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha sido condenada a pagar 4.320 € (12 euros diarios durante 12 meses) por ofender los sentimientos religiosos, como consecuencia de haber participado en el año 2011 en una protesta pacífica en la capilla de la Universidad Complutense.

Para dicha condena la Jueza ha aplicado el artículo 524 del Código Penal, cuyo bien jurídico tutelado son los sentimientos religiosos, pero no la libertad religiosa de las personas ni de las comunidades en las que se insertan.

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Desde el año 2006 el Consejo de Europa (Resolución 1510) viene reiterando que ni el insulto religioso ni la blasfemia deberían establecerse como delito en los Estados europeos, siempre que no concurra el elemento de la incitación al odio; y que la libertad de expresión, regulada en el artículo 10 del CEDH, no debe ser restringida para proteger las sensibilidades de algunos grupos religiosos.

A pesar de que el legislador español no ha incorporado la posición del Consejo de Europa en la legislación penal, debe quedar claro que la tipificación penal de la “ofensa a los sentimientos religiosos” no trata de proteger ningún derecho humano ni, más concretamente, el derecho de libertad religiosa protegido por nuestra Constitución en el artículo 16. Sigue leyendo

Rita Maestre: criticar y reivindicar no es delito

Ana Valero

Este jueves, 18 de febrero, tendrá lugar ante el Juzgado de lo Penal núm.6 de Madrid, el juicio oral contra la concejala del Ayuntamiento Rita Maestre, por un delito contra los sentimientos religiosos tipificado en el artículo 524 del Código Penal con la pena de un año de prisión y, subsidiaria o alternativamente, por el delito del artículo 525 del Código Penal castigado con la pena de doce meses de multa.

La acusación (encarnada por el Ministerio Fiscal, el Centro de Estudios Políticos Tomás Moro y Alternativa Española), sostiene que Rita, junto con otro compañero, guiados por el ánimo de ofender los sentimientos religiosos de los allí presentes y de todo el colectivo católico, entraron en la capilla de la Universidad Complutense y, en presencia del capellán y de varios estudiantes que se hallaban allí orando, invadieron el espacio destinado al altar portando imágenes del Papa con una cruz esvástica. Ella, junto con otras mujeres se desnudaron de cintura para arriba y, posteriormente, abandonaron la capilla gritando las siguientes frases: “vamos a quemar la Conferencia Episcopal”, “el Papa no nos deja comernos las almejas”, “menos rosarios y más bolas chinas”, “contra el Vaticano poder clitoriano”, “arderéis como en el 36”, y “sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios”. Sigue leyendo

Blasfemar en el siglo XXI: un pecado constitucionalmente inadmisible

Ana Valero

Hace unas semanas se produjo la imputación de varios representantes de CGT Andalucía por llevar en procesión el llamado “coño insumiso”, como consecuencia de la querella interpuesta por la Asociación de Abogados Cristianos. La misma asociación que ha interpuesto otra querella contra el artista Abel Azcona por su exposición titulada Desenterrados, en la que se exhiben 242 hostias consagradas para formar la palabra pederastia. La Delegación de Gobierno de Navarra, ha trasladado al Ministerio Fiscal un informe para que estudie si la obra incurre en el delito previsto en el artículo 525 del Código Penal, el mismo en el que se fundamentaron las causas emprendidas en su día contra el cantante Javier Krahe y el cómico Leo Bassi, y que tipifica el escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa para ofender los sentimientos de sus miembros. Sigue leyendo

De toros, religión y derechos

Fernando Flores

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, anunció hace unos días que su partido acudirá a los tribunales para impugnar los acuerdos municipales y decretos de Alcaldía «que prohíben a concejales asistir a procesiones y otros actos religiosos o corridas de toros en calidad de concejales». Para el PP se trata de una «vulneración de derechos fundamentales» porque «no respeta la legislación vigente». Ya adelanto que creo que tienen razón.

Que el patriotismo es el último refugio de los cobardes es una idea de Samuel Johnson que toma fuerza en ciertos momentos históricos como el que vivimos en la actualidad. Personalmente, comparto la convicción de muchos patriotas que entienden que toros y religión son rasgos de identidad (yo creo que de la identidad de algunos) sin los cuales no seríamos los mismos. Que sin ellos no seríamos los mismos es enteramente cierto, con seguridad seríamos mucho mejores.

Sea como fuere, de lo que se trata ahora es de determinar si se puede prohibir formalmente a los representantes públicos acudir como tales a celebraciones religiosas o espectáculos taurinos. ¿Vulnerarían esos vetos la libertad religiosa o la libertad personal de los creyentes y los aficionados a los toros? ¿Tienen los alcaldes, concejales, diputados, consellers, el derecho (fundamental) a asistir a procesiones y corridas investidos de autoridad pública? ¿Puede un ayuntamiento o una comunidad autónoma prohibir dicha asistencia? Sigue leyendo